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Publicado en EL PAÍS, 24 de junio
de 2002 La hegemonía como
destino RAMÓN VARGAS-MACHUCA
ORTEGA Decía Gramsci que la
hegemonía es una aspiración política y una categoría interpretativa. Como
aspiración casi ha desaparecido de la jerga de los partidos, probablemente
porque tiene un sesgo totalitario incompatible con las intuiciones
democráticas. Pero como categoría interpretativa aún conserva fuste
explicativo. En la inspiración gramsciana del concepto, la hegemonía no evoca
simplemente la supremacía de un grupo político determinado, sino que remite
tanto a los mecanismos que estructuran las relaciones asimétricas de poder
como a la representación de sus contenidos, factores gracias a los cuales se
reproduce de modo estable la centralidad del grupo y la de su cultura
política. Una caracterización así del concepto resulta, a mi juicio, un
recurso conceptual apropiado para evaluar la posición predominante de la que
goza en el País Vasco el movimiento nacionalista, cuya vocación hegemónica,
por cierto, lejos de ser vergonzante, se proyecta casi como un destino para
todos los miembros de aquella comunidad. 1. Que
el nacionalismo vasco aspire a la secesión de las provincias vascas, a la
anexión de Navarra y a la creación de un nuevo Estado independiente debería
ser, en principio, una manifestación más del pluralismo político. El problema
es que dicha aspiración nunca se presenta como tal, sino como la expresión de
un 'conflicto originario' con las comunidades políticas de referencia, en
particular con España. Ciertamente, un mínimo de solvencia jurídica
desestimaría vincular el caso con alguno de los supuestos del 'derecho de
autodeterminación' establecidos en las resoluciones de Naciones Unidas o el
derecho internacional. Tampoco cabe fundar el conflicto en la fuerza
legitimante de una inexistente mayoría social amplia, duradera y equilibrada
que apoya las reclamaciones nacionalistas. En realidad, el punto de vista
nacionalista y la voluntad hegemónica de sus promotores se alimenta del
llamado 'contencioso histórico'. El ser como nación de dicha comunidad y su
derecho inviolable a conformar su propio Estado se determinan a partir de
supuestos derechos sempiternos e irrenunciables que encarnan los territorios
vascos, que sobreviven a las transformaciones históricas y sociales
experimentadas por los mismos y que prevalecen frente a cualquiera de las
formas modernas de legitimidad. En consecuencia, el soberanismo e
irredentismo se configuran como destino, lo nacionalista se confunde con lo
vasco, y su 'comunidad imaginada', con el conjunto de la sociedad. El
resultado es una definición excluyente de la comunidad política. Con este
bagaje se comprende que el movimiento nacionalista se crea portador de un
designio y una misión histórica, convierta su voluntad particular en voluntad
general, y sus deseos de poder, en un derecho cuasi natural al gobierno de la
comunidad. 2. Una
impronta comunitarista y legitimista de este tenor produce, en primer lugar,
dificultades de integración en estructuras políticas allende el propio
ámbito, dando lugar a las ambigüedades que Linz bautizara en su día como la semilealtad
del nacionalismo vasco. En segundo lugar, y puesto que la hegemonía
nacionalista se toma por lo normal, su ausencia se proyecta como un estado de
excepción, de subyugación y negación de derechos de grupo. Por idéntica razón
el punto de vista de los no nacionalistas, tolerado por 'razones morales', no
tiene otro horizonte político que la progresiva adecuación a ese proyecto
primigenio, expresión de identidad, sentido y meta de la comunidad. Dicha
asimilación de 'los otros' se irá produciendo por las vías del 'toma y daca',
la convicción, el adoctrinamiento y demás recursos que la ocupación del poder
habilita. En resumidas cuentas, y como para todo proyecto hegemónico, el
pluralismo representa un coste o una servidumbre y la democracia tiene un
carácter meramente autoconfirmatorio. 3. Las
cosas se complican aún más en el País Vasco con la presencia de la violencia
etarra y la capacidad intimidatoria de su entorno. La irrupción en la arena
política de un recurso tan extraordinario por su potencia e ilegitimidad no
sólo ha sobredimensionado el 'problema vasco' hasta convertirlo en el asunto
central de la restaurada democracia española, sino que ha determinado una
situación en el País Vasco de hegemonía (nacionalista) reforzada por
coacción -para valernos de la terminología de Gramsci- que ha devenido en
degeneración democrática: deterioro del Estado de derecho, dificultades muy
serias para el ejercicio de las libertades y un campo impracticable para la
competición política a la vista de la asimetría y condiciones de intimidación
en que aquélla se tiene que producir. En ese sentido, cualquier observador
externo mínimamente imparcial concluiría que en estos momentos el verdadero
problema vasco es el de la presencia en la arena política de una violencia
continuada, difusa, ilegítima y muy cruel no sólo por su duración e índole
arbitraria, sino por el grado de indiferencia y comprensión con que se
asimilan sus golpes en aquella sociedad. 4. Por
eso, desde los parámetros normativos de una democracia mínimamente exigente
resulta extravagante el grado de tolerancia con la violencia política que
determinadas actitudes denotan. Hay quienes se resignan a convivir con el
terrorismo etarra y su entorno como si de una desgracia natural se tratara y,
en consecuencia, reaccionan ante sus golpes simplemente expresando su
contrariedad o lamentando la mala suerte de los afectados. Otros enfatizan el
reproche ético al uso de la violencia, subrayan su solidaridad 'humana' con
las víctimas o señalan la equivocación de quienes ejecutan o secundan
acciones de esa naturaleza. Unos y otros pasan por alto que en una sociedad
democrática el recurso a la violencia terrorista no es sólo un mal moral o un
error, sino ante todo un crimen político que destruye las condiciones de la competición
política, arruina las razones en cuyo nombre se intimida o mata y demanda una
respuesta activa de autodefensa democrática en consonancia con la agresión
padecida. Por eso, dado que durante los últimos veinticinco años la presencia
continuada de la violencia ha resultado determinante para el desarrollo de la
vida política en el País Vasco, sorprende que no se hayan extraído las
consecuencias políticas que demanda el normativismo democrático: primero, que
el chantaje de la violencia corrompe la licitud de unos fines que dejan de
ser expresión del pluralismo político para transformarse en coartada de
intimidación o aniquilamiento del adversario político; segundo, que en esas
condiciones la contienda política se vuelve un combate tan desigual que hace
sospechosos tanto sus resultados como la renta de situación que en términos
de poder los mismos consolidan. No me cabe duda de que si en cualquiera de
las democracias consolidadas de nuestro entorno se experimentara una
situación de emergencia como ésta, es decir, si los políticos de la oposición
fueran asesinados o tuvieran que ejercer sus funciones en situación análoga a
la del País Vasco, además de cuestionarse la legitimidad de unos comicios celebrados
en tales circunstancias se activarían todos los mecanismos legales y
políticos de autodefensa democrática y se pondría en marcha una apuesta
consociacional, un frente democrático contra la violencia política, en favor
del restablecimiento de las condiciones básicas de una actividad política
normalizada. 5. Pero
las circunstancias de nuestra historia, las peculiaridades de la transición
política y la propia bisoñez de nuestra democracia han vinculado el final de
la violencia de ETA a la cancelación del 'conflicto legitimista vasco'. Desde
el comienzo de la democracia, tanto la izquierda por exigencias de una
justicia correctiva como el centro-derecha por prudencia política adoptaron
una estrategia cuyos pilares básicos han sido el apaciguamiento de los
sectores extremistas del nacionalismo vasco y la deferencia con la
expresión histórica y moderada de dicho movimiento. Esa parecía la clave para
acabar con el terrorismo. Se trataba, en parte, de conceder por las buenas lo
que los violentos exigían por las bravas, de reducir la represión al mínimo a
fin de ni criminalizar ni aislar al entorno social de aquéllos y, por
supuesto, de reconocer como natural la supremacía del PNV en el territorio.
Ciertamente, la amnistía y la restauración alzaprimada de las instituciones
de autogobierno y demás referencias identitarias han restado excusas a la
reivindicación separatista; pero ni han satisfecho las aspiraciones de los
nacionalistas ni han desactivado la pulsión violenta de los extremistas. Lo
alcanzado, a juicio del nacionalismo, es insuficiente o fraude; y en cualquier
caso no resuelve 'el contencioso'. Por el contrario, todo este largo proceso
de estrategias de apaciguamiento y deferencia ha debilitado la lucha
antiterrorista y ha convertido las oportunidades de autogobierno colectivo en
instrumento eficaz de consolidación de la hegemonía de un grupo sobre la
totalidad de la sociedad vasca. De esta manera el nacionalismo ha
multiplicado sus recursos de poder sin por ello dejar de alentar un
victimismo tan viejo como poco fundado, amplificando su capacidad de presión
hasta convertirla en una espiral de reclamaciones sin fin. Para remate, la
lógica del apaciguamiento llevada por el PNV a sus últimas consecuencias en
Lizarra ha comprometido muy seriamente el moderantismo tradicional de este
partido al asumir como propio lo esencial del programa rupturista de ETA-HB
cuyos objetivos están corrompidos además de políticamente inhabilitados por
el chantaje y el ventajismo de la violencia terrorista. 6. Es
sabido que para la consolidación y reproducción estable de una 'hegemonía
reforzada por la coacción' la propaganda resulta ser un recurso clave.
Pues bien, para ello se tergiversa la historiografía, se prima la memoria
histórica del nacionalismo otorgándole casi el monopolio de la lucha
antifranquista y se fabula con el agravio y la ficción del 'contencioso'. La
acción de la propaganda, además, puebla el ambiente con falacias que
distorsionan las prioridades normativas y la percepción de la realidad hasta
convertir lo inverosímil en relato de curso ordinario: los derechos de los
individuos devienen derechos de la nación; la democracia española se toma
casi por un trasunto del franquismo; las salvajadas de una violencia
callejera análoga a la de los camisas pardas se tienen por arrojo
revolucionario o chiquillada; y la nómina de delatores, financiadores y demás
coadyuvantes del crimen organizado se presenta como expresión del pluralismo
que la democracia debe amparar. ¿A quién extraña, entonces, que en extensas
capas juveniles del País Vasco incube un odio a España que actúa como
munición argumental de una violencia terrorista que no cesa? También, por
último, los efectos de la propaganda mezclados con esa deferencia inercial
hacia el nacionalismo y la presión de los violentos inducen a un tipo de
reacciones de acomodación y aceptación resignada del statu quo, sobre
todo en sectores no nacionalistas de la sociedad vasca que, dispuestos a
hacer de la necesidad virtud, terminan modificando sus propios criterios,
extraviando sus aspiraciones genuinas y hasta convirtiendo su posición
subordinada en principio estratégico de su acción. 7. Ante
una situación de asfixia política y emergencia democrática como la descrita
no caben excusas retardatarias, sino una reacción no mojigata de autodefensa
democrática que, tal como pedía Karl Loewenstein contra el nazismo, debería
ser también de democracia militante: una combinación de resistencia
cívica y represión legal de la impunidad de quienes con sus métodos
violentos, acciones antidemocráticas y trampas al Estado de derecho vuelven
impracticable la competición política y el pluralismo. De ahí la pertinencia
de dificultar legalmente al máximo la presencia institucional, la disposición
de recursos, la capacidad organizativa y el margen de maniobra del consorcio
de intimidación colectiva ETA-HB. Pero el rendimiento de una democracia
militante no depende sólo de iniciativas legales, sino de la activación de
ciertas disposiciones cívicas incompatibles con el actual desistimiento
social, la deserción democrática y la resignada aceptación de la realidad
como destino. Y es que, como decía Rosa Luxemburgo, quien no se mueve no
siente sus cadenas. Ramón Vargas-Machuca
Ortega es catedrático de Filosofía Política. |