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Publicado en EL PAÍS, 15 de febrero
de 2002 El 'éxito' de la
(no) política de inmigración JOAN SUBIRATS El pasado 23 de enero
se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería. Esa ley
sigue pendiente de que se resuelvan diversos recursos de anticonstitucionalidad
presentados ante el Tribunal Constitucional. Como recordarán, fue aprobada en
medio de una notable polémica y tras un debate en que se mezclaron los
aspectos sustantivos de la ley con el proceso electoral que dio la mayoría
absoluta de la que goza el Partido Popular. El actual delegado del Gobierno
para la extranjería, Enrique Fernández Miranda, ha afirmado en diversas
ocasiones que con esa ley se acababa la situación anterior en la que, según
sus palabras, 'en España teníamos un cartel en la frontera que decía: Entrada
Libre'. En esa ley y en el despliegue posterior de la misma se dibuja una
estrategia muy clara: traspasar todo el peso del protagonismo en relación a
la inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al Ministerio del
Interior; cerrar a cal y canto las fronteras para los que traten de entrar en
el país de forma irregular; expulsar a los que no tengan papeles en regla;
establecer acuerdos bilaterales con los países más significativos desde el
punto de vista del origen de los inmigrantes, y fijar cuotas anuales de
entrada a partir de las necesidades expresadas por los agentes del sistema
productivo español. Un año después, el balance no puede ser calificado de
otro modo que de desastre si atendemos a las premisas de partida. La policialización del
tema no ha acabado en absoluto con el famoso 'efecto llamada'. Han seguido
entrando inmigrantes de forma irregular, y lo han hecho en mayor cantidad que
en años anteriores. No se ha logrado, pues, cerrar las fronteras. Tampoco se
ha logrado expulsar a los sin papeles que vivían de forma ilegal en España.
Se calcula que deambulan por el país cerca de 15.000 inmigrantes que sólo
tienen como documento que acredita su existencia precisamente la orden de
expulsión del país. Su situación es dramática. No existen legalmente. No
pueden ser ya regularizados de manera alguna. Pero tampoco pueden ser
expulsados, ya que sus países de origen, de conocerse, no admiten su
reingreso (sólo han sido realmente expulsados unos 1.500). La cosa alcanza
ribetes de opereta cuando esos inmigrantes llegan a las puertas de SOS
Racismo o de la red Acoge con su documento de expulsión en el bolsillo y una
nota de las delegaciones del Gobierno que les invitan a acudir a una ONG para
que les atiendan. Por otro lado, el proceso de regularización sigue una
dinámica que probablemente va por debajo del ritmo de entrada de irregulares.
Hace unos días, este mismo periódico informaba de que se ha regularizado la
situación de la mitad de personas que lo solicitaron, aunque muchos no han
recibido aún la notificación y, por tanto, siguen sin papeles. Por otro lado,
la tan cacareada política de convenios bilaterales ha resultado un fracaso.
Fernánez Miranda no ha dejado de declarar que la solución de la inmigración irregular
dependía de la firma de convenios de regulación de flujos con el máximo
número de países. Pues bien, se han firmado sólo cinco convenios. El más
importante, el de Marruecos, no es operativo. Y el firmado con Nigeria sólo
afecta a la repatriación. La fijación de cuotas se ha retrasado de manera
increíble, y acaba sirviendo básicamente para regularizar. La cosa no ha
llegado a culminar en un desastre absoluto gracias a que, desde que Mayor
Oreja dejó de ser titular de Interior, no se ha seguido soliviantando al
personal. A pesar de todo ello, o
mejor dicho, gracias a todo ello, podemos afirmar que el Partido Popular ha
logrado sus objetivos esenciales en este terreno. Por un lado, desde los
lamentables sucesos de El Ejido, los populares consiguieron 'formatear' los
temas de inmigración convirtiéndolos en sinónimo de ilegalidad, miseria,
conflictividad y delincuencia. En el disco duro de la gente ésa es la imagen
que se grabó, y a ello contribuyeron los medios de comunicación, convirtiendo
el tema en uno de los primeros de la agenda de preocupación de los españoles.
Opiniones expresadas más teóricamente (Sartori) o más burdamente
(Pujol-Ferrusola-Barrera) apuntaban a la imposibilidad de la incorporación de
los colectivos de procedencia árabe debido a su irreversible fundamentalismo
religioso. Todo ello ha contribuído a que las demás fuerzas políticas se lo
hayan estado pensando dos veces antes de tratar de presentar diseños
alternativos a la legislación y a la estrategia de los populares. Los costes
electorales, de salirse de ese marco conceptual, les preocupaban y les
preocupan. Por otro lado, la virtualidad económica de la situación actual no
es ajena tampoco al mantenimiento de una política que, si bien es meramente
retórica, es operativa para los que se aprovechan de la situación. Como
apunta el manifiesto que ha publicado SOS Racismo estos días, el
mantenimiento de una masa de sin papeles resulta muy conveniente para
aquellos empleadores que aumentan su cuota de beneficios gracias a mantener
en condiciones de miseria a unos inmigrantes sin posibilidades de defensa. Todo ello desemboca en
una paradójica situación. Las instituciones, organismos y entidades a las que
se ha apartado desde hace meses de los escenarios de decisión en materia de
inmigración y extranjería (comunidades autónomas, municipios, organizaciones
no gubernamentales...) son precisamente los que tienen que asumir los costes
de ese aparente dislate. Fernández Miranda insiste en que no es necesario
construir nuevos centros de acogida, ya que no llegarán más emigrantes
irregulares (véase lo que ocurre en Fuerteventura). Para el delegado del
Gobierno no existen los expulsados inexpulsables (tampoco para el alcalde de
Las Palmas, que se limita a enviarlos a Madrid). Según la opinión del Partido
Popular, no debería censarse a los inmigrantes sin papeles, ya que ello les
permite tener aceso a servicios públicos como sanidad y enseñanza, y luego
resulta que los ayuntamientos o las comunidades autónomas reclaman más
dinero. A pesar de todo ello, el Gobierno del Reino de España firma tratados
internacionales de protección de derechos humanos, realiza planes de
inclusión social, o habla de acabar con la explotación que sufren los
inmigrantes sin papeles. Pura retórica, pero retórica económica y políticamente
rentable. Lo que está en juego es la ciudadanía de todos los que viven y
trabajan en un país. Construir una alternativa a esa política del Partido
Popular puede ser electoralmente gravoso a corto plazo. Pero tenemos ya
demasiadas experiencias históricas acumuladas en Europa como para no exigir a
las fuerzas políticas de la izquierda de este país que sean capaces de
construir alternativas, atreverse a hacer pedagogía política, asumiendo, en
definitiva, los retos de la convivencia intercultural. Joan Subirats es
catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. |