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Publicado en EL PAÍS, 22 de octubre
de 2002 Un desempleo
perpetuo IGNACIO SOTELO Al plantear la cuestión
acuciante del desempleo, conviene empezar preguntándose ¿desde cuándo tenemos
parados? La repuesta, no tan obvia como a primera vista parece, reza: lo más
pronto desde que existe empleo que, entendido como trabajo asalariado, es algo
bastante reciente. Surge con el capitalismo industrial a comienzos del siglo
XIX. Hasta entonces, la nobleza vivía de las rentas de la tierra; la
burguesía naciente, del comercio y de algunas, muy pocas, actividades
profesionales (clérigos, juristas, médicos) o artesanales asociadas en los
distintos gremios. La mayor parte de la población no tenía oficio ni
beneficio, y se daban por contentos si eran admitidos como criados, lo que
implicaba vínculos personales, además de económicos. Palabra hoy desprestigiada,
ya no quedan criados, pero que tuvo en su origen un sentido positivo: vasallo
criado en la casa del señor. Era considerable la cantidad de vagabundos que
merodeaban por los caminos de Europa y de indigentes que se agolpaban en las
ciudades, así como muy extensa la legislación que se ocupaba de ellos. Había
cantidad de mendigos, vagos, truhanes, pobres de solemnidad, pero no parados.
Pocos esperaban salir de esta situación dando el salto fabuloso de entrar al
servicio de un señor. Nada más lejano de la mentalidad, y sobre todo de las
posibilidades del antiguo régimen, que pensar que cada persona tendría
derecho a un puesto de trabajo. Y, sin este supuesto, no hay parados. El empleo implica ya un
salario a cambio de trabajar la jornada, adjetivo que se sustantivó para
significar el tiempo diurno en oposición al nocturno, de donde deriva jornal,
precio de un día de trabajo, y jornalero, que trabaja a jornal. El
capitalismo industrial trajo consigo un cambio completo al convertir la
fuerza de trabajo en mercancía que, como cualquier otra, el mercado fijaría
su precio. El trabajo deja de ser una actividad o servicio, con una serie de
implicaciones personales, además de las económicas, para convertirse en una
relación meramente mercantil: el trabajador, como sujeto libre, vende su
fuerza de trabajo a un precio que se mide por el tiempo empleado, al
principio, la jornada, y después, la hora, y cuyo monto se pretende
establecer según la ley de la oferta y la demanda. La lógica del mercado
contribuye a homogeneizar a una sociedad que se había caracterizado por una
amplia variedad de posiciones sociales. El mercado termina así engullendo a
la sociedad que, como concepto, había emergido al monopolizar el Estado todo
el poder (soberanía). La sociedad civil se configura así como el conjunto de
individuos que son iguales en cuanto todos han perdido el poder. La sociedad,
concebida ahora como un conjunto de individuos a los que se les ha arrebatado
cualquier forma de poder, termina absorbida por el mercado, que, al suprimir
cualquier diferencia social o cultural que no se cotice, supone una
igualación todavía más radical. Este proceso de
individualización, al despojar al individuo de todas las conexiones sociales
que no pasen por el mercado, constituye una fuerza ingente de igualación
social. El resultado más patente es haber suprimido la base económica sobre
la que reposaba la familia, la institución principal entre las muchas
intermedias, que configura el amplio espectro -vecindad, cofradía, club,
partido- entre el individuo y el Estado. Igualación social que va eliminando
las diferencias de edad, de sexo, de estatus, de profesión y un largo
etcétera, sin tomar en consideración más que las que influyen en el modo de
insertarse en el mercado. En este proceso de individualización-igualación, al
final la única diferencia que queda (eso, sí fundamental) es la de aquellos
que pueden comprar fuerza de trabajo y aquellos que están obligados a
venderla, aunque, claro está, entre estos últimos es muy distinta la
capacidad de negociar o de imponer condiciones, de la que proviene la variada
heterogeneidad social que todavía comprobamos. Ahora bien, por fuerte
que sea esta tendencia igualitaria del mercado, nunca ha llegado a ser plena
la conversión de la sociedad en mercado, entre otras razones porque nunca ha
funcionado el mercado de trabajo tal como establece el modelo de la economía
clásica. El fallo original de la economía de mercado es que el trabajo, por
mucho que se considere y se trate como una mercancía, no se comporta como tal.
Y no sólo porque la fuerza del trabajo no puede separarse de la persona y su
dignidad, sino porque impone condiciones que van más allá de las leyes del
mercado. Ya en el inicio del
proceso de absorción del trabajo en el mercado hubo que empezar por eliminar
la legislación e instituciones caritativas tradicionales que protegían a los
indigentes para que no tuviera otro remedio que acudir al mercado de trabajo.
Establecida una jornada de 16 horas, por fuerte que fuera la presión del
mercado, el descanso necesario impedía que se ampliase. Por mucho que se
idolatre al mercado, atribuyéndole un poder mágico de autorregulación,
tampoco los salarios pueden bajar del mínimo indispensable para la
subsistencia del trabajador y de su familia sin matar la gallina de los
huevos de oro. Además de salario más alto y jornada más corta, la primera
reivindicación obrera fue que se reconociese el derecho a aliarse para
aumentar el poder de negociación. La aparición del sindicato, al igual que
los acuerdos y carteles entre empresarios para aumentar los precios,
convirtieron la autorregulación de la economía de mercado en lo que realmente
es: un mito con un contenido exclusivamente ideológico. Todos hablan contra
los monopolios y a favor de la libre competencia, y todos se esfuerzan por
eliminarla tanto como sea posible formando oligopolios, cuando no verdaderos
monopolios. Durante la segunda
mitad del XIX, el desarrollo de la industria en la Europa occidental
necesitaba de una mano de obra creciente, que por lo general proviene del
campo y que vive a su vez un rápido proceso de modernización que desaloja
población. Más que de desempleados, en esta fase hay que hablar de población
todavía no integrada en el mercado de trabajo que configura un 'ejército de
reserva', imprescindible para que la producción pueda responder a la demanda,
sin que la escasez de mano de obra acarree un aumento sustancial de los
salarios. Con la Primera Guerra
Mundial, el panorama cambia por completo. La movilización de millones de
trabajadores trajo consigo la experiencia fascinante del pleno empleo. Cuando
el empresario encuentra con dificultad mano de obra, entonces es cuando el
trabajador organizado puede negociar en condiciones más parejas. Es la virtud
principal del pleno empleo que le coloca en la situación de poder formular
otras exigencias. Como consecuencia de la guerra hay que consignar el acceso
de la mujer al mercado de trabajo, que posibilitó el ulterior proceso de
emancipación; en segundo lugar, el reconocimiento de los derechos sindicales
con lo que se posibilitó una mejora sustancial de las prestaciones sociales.
La Constitución de Weimar da un paso adelante al establecer el derecho al
trabajo. Como en una sociedad capitalista el Estado no puede ofrecer a cada
persona un puesto de trabajo, sólo cabe garantizarle un subsidio que le
permita mantenerse mientras no encuentre empleo. Ahora es cuando surge el
parado: es aquel que tiene un derecho reconocido a un puesto de trabajo, pero
que nadie se lo ofrece. ¿Qué hacer ante un derecho fundamental del que se ven
excluidas millones de personas? En los años veinte y
treinta del siglo pasado hubo que enfrentarse al desempleo como un fenómeno
social masivo que la economía clásica, empeñada en que se regula a sí misma,
no está en condiciones ni siquiera de plantear. Lo único que le cabe hacer es
lamentarse de que los sindicatos impidan que los salarios desciendan hasta el
punto que deberían para recobrar el equilibrio. Hoy se predican los mismos
remedios -caída de los costes salariales y de los impuestos- con los mismos
resultados. La economía clásica, otra vez en candelero, depués de ofrecer una
solución imposible de llevar a la práctica -dejar que el mercado de trabajo
se regule a sí mismo, estableciendo los precios adecuados-, se lava las
manos. Si no se hace lo que habría que hacer, habrá que acostumbrarse a un
paro alto, que tiene, entre otras, la virtud de disciplinar a los asalariados
(ante el temor del paro, nunca en Alemania habían descendido tanto las bajas
por enfermedad), reduciendo todas las reivindicaciones a una sola, que
disminuya el paro. Tres han sido las
respuestas no ortodoxas que acabaron realmente con el desempleo. El modelo
soviético que supuso la estatalización de la economía y su planificación con
los altísimos costes conocidos en la pérdida de libertad personal y de
eficacia económica. Una fórmula que semeja a aquélla de quitar el dolor de
cabeza cortando la cabeza. Aun así, en los antiguos países comunistas se
mantiene la nostalgia del pleno empleo. La segunda fue la del nacionalsocialismo:
una economía de guerra, potenciando al máximo los gastos militares, acabó
efectivamente con el paro en tres años, pero en sólo 12 arrasó una buena
parte de Europa. Y la tercera fue la socialdemócrata, basada en un
keynesianismo que elimina el laissez-faire sin suprimir el
capitalismo. Por medio de las inversiones y de la fiscalidad, el Estado
podría controlar los momentos de recesión, de modo que cupiera un crecimiento
continuo de la economía, garantizando el pleno empleo a la vez que una subida
constante de los salarios reales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el
modelo socialdemócrata, inspirado en el keynesianismo, funcionó bastante bien
hasta la crisis del petróleo de comienzos de los setenta. Ahora bien, el
keynesianismo resulta operativo sólo dentro de un mercado nacional que
controla el Estado. La internalización de la economía lo convirtió en
obsoleto. El aumento de la demanda interna, privada o pública, en vez de
empujar la producción propia, puede incrementar las importaciones con una subida
del déficit comercial, que, junto al adeudamiento del Estado, desencadene una
inflación acelerada. También bajar los impuestos puede conducir los
beneficios empresariales a la especulación financiera, o a ser invertidos en
países muy lejanos que ofrecen mejores rendimientos. La única posibilidad de
mantener el modelo keynesiano hubiera exigido el control de las inversiones.
Una medida ante lo que los empresarios se hubieran opuesto con violencia,
además de los riesgos enormes, algunos conocidos y otros por conocer, que
implicaría la superación de hecho del capitalismo. Ninguno de los gobiernos
socialdemócratas, ni siquiera los más avanzados como el sueco, se atrevieron
a tomar medida tan opuesta al gradualismo reformista que los caracteriza. Desde los años ochenta
tenemos en Europa un desempleo en torno al 10%, que se mantiene constante con
pequeñas oscilaciones. Los partidos que se alternan en el poder, sean de
centro-derecha o de centro-izquierda, en la oposición se presentan como
poseedores de fórmulas eficaces para reducir el desempleo -desregulación y
bajada de los impuestos- que luego cuando gobiernan no se muestran tan
eficaces, en el fondo porque no las aplican con la rotundidad que el modelo
clásico exigiría. Las medidas que hasta ahora se ofrecen para eliminar el
desempleo, o no son eficaces -meros parches para bajar el paro, sobre todo en
las estadísticas, y ahorrar en el subsidio de desempleo: véase la lista
elaborada por la comisión Hartz en Alemania- o no son aplicables mientras los
ciudadanos mantengan el derecho de voto, como son las neoliberales. Una vez que se ha
perdido el miedo que las capas dirigentes tuvieron en los ochenta a los dos
dígitos, nos hemos acomodado a vivir con un paro alto. Más que de reducirlo,
de lo que realmente se trata es de bajar su coste para la Hacienda pública.
La economía sumergida y los servicios más elementales, aunque muy necesarios
para mantener una cierta calidad de vida, se cubren en el nuevo mercado de
trabajo desregulado que ofrece la inmigración. Si la duración de la llamada
sepultura perpetua es de 99 años, no parecerá exagerado hablar entonces de un
desempleo perpetuo. Ignacio Sotelo es
catedrático de Sociología. |