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El pañuelo de las
musulmanas y la vorágine culturalista §
La inmigración como
sofisma, la xenofobia como realidad 01
EL PAÍS, 20 de febrero
de 2002
El pañuelo de las
musulmanas y la vorágine culturalista Tranquilidad.
Enváinense de nuevo las espadas de la guerra cultural, que, aun estando
montada sobre bases engañosas y ficticias, puede tener consecuencias trágicas
y muy reales. Cada vez que los
aspectos culturales se colocan en el centro del debate sobre la inmigración,
como está ocurriendo ahora con el asunto del pañuelo de Fátima Elidrisi, lo
que se logra es culpabilizar a los inmigrantes de las dificultades para su
integración social y reforzar las peregrinas ideas que hablan de
incompatibilidades entre su cultura y nuestro Estado de derecho; con lo que,
además, se les ponen nuevos obstáculos para superar las situaciones de
segregación y discriminación que padecen y no precisamente debido a sus
pautas culturales. No cabe duda de que los
aspectos culturales merecen cierta consideración. Los inmigrantes traen
consigo aspectos a veces novedosos, que en unos casos se convierten en
aportaciones muy positivas para nuestra sociedad, en la medida en que amplían
nuestras opciones culturales en muchos terrenos, y en otros chocan con
ciertos avances en materia de derechos humanos que aquí se han producido.
Pero lo primero que ha de tenerse bien en cuenta es que no hay un choque
entre nuestra cultura y la de los inmigrantes, porque ambas son entelequias,
sobre todo la segunda. No existe una cultura de los inmigrantes; la
diversidad cultural entre la inmigración que estamos recibiendo es muy
amplia, incluso entre la de procedencia musulmana. Si nos parásemos a
analizar el asunto del pañuelo de las niñas musulmanas, veríamos que la
mayoría de ellas no lo llevan, lo que indica que la importancia que los
musulmanes dan a este asunto es variada, y que respecto a sus hijas, lo que
la mayor parte de los padres desea es que saquen sus estudios adelante y que
logren un lugar reconocido en esta sociedad. Dentro de esa
diversidad cultural, efectivamente aparecen aspectos contrarios a los avances
de los derechos humanos y de nuestro estado de derecho. Pero conviene señalar
que tales aspectos no los aportan sólo los llegados de fuera, ni siquiera
ellos aportan los más importantes; ¿o es que no estamos continuadamente
sufriendo fuertes ataques a nuestra laicidad por parte de determinadas
fuerzas internas? ¿O no es cierto que la igualdad hombre-mujer sólo avanza en
lucha continuada contra hábitos y resistencias que proceden de muy dentro de
nuestra sociedad? (Por citar dos de los aspectos que más suenan cuando se
habla de inmigración). Cuando los inmigrantes
muestran aspectos culturales regresivos respecto a los derechos humanos, el
tratamiento que se les ha de dar es parecido al que damos a los nuestros:
deben ser discutidos (sin publicidad a ser posible) buscando una perspectiva
superadora. No hay que tener complejos a la hora de discutir un
comportamiento concreto, porque el avance de los derechos humanos, en nuestra
sociedad y en todas las demás, se ha logrado siempre desechando aspectos
culturales contrarios a ellos. Precisamente la opción intercultural, por la
que la comunidad educativa y las organizaciones sociales se están inclinando
en nuestro país, comporta reconocer la riqueza cultural que aporta la
inmigración, al tiempo que se defiende la posibilidad de discusión e
interacción para superar determinados aspectos culturales propios y ajenos. Pero dicho esto, hay
que señalar de inmediato que la integración de las personas inmigradas en
nuestra sociedad tiene poco que ver con los aspectos culturales. Son otros
los que determinan las posibilidades de integración. Y cuando se dice que los
inmigrantes no se integran por causa de su cultura, lo único que se hace es
camuflar las condiciones de inserción social y laboral a las que esta
sociedad los está sometiendo. La integración social no es un asunto de adaptación
cultural, es ante todo un proceso de equiparación de derechos y deberes, de
desarrollo de la igualdad de oportunidades y de trato, de alcance de un
estatus laboral y social normalizado y de acceso en los cauces participativos
con los que la sociedad cuenta. Lo que se opone a la
integración social es una política de inmigración que canaliza su entrada por
vías irregulares; que mantiene a una parte de esta inmigración en situación
de irregularidad impidiendo la normal contratación laboral y favoreciendo la
exclusión social; que no dedica los esfuerzos necesarios a la lucha contra la
discriminación racial; que no desarrolla las políticas sociales que una
sociedad de inmigración debe desarrollar. Es en las condiciones legales y
socio-laborales en las que se hallan los inmigrantes donde hay que buscar la
clave de muchos de los problemas de integración y de convivencia que se están
produciendo, incluso de aquellos relacionados directamente con el
comportamiento de los inmigrantes. Ciertos comportamientos, que aparecen como
contrarios a la convivencia (hacinamiento, guetización, etcétera), responden
a una determinada situación social y tienen que ver muy poco, o nada, con las
pautas culturales de origen. Al cargar sobre la
cultura la responsabilidad del conflicto se escamotea la responsabilidad de
quienes deberían estar haciendo unas políticas de inmigración muy distintas
de las que hacen. Y, ¿cómo logran que la cultura aparezca como culpable? Pues
haciendo un totum revolutum con todos los aspectos culturales para que
aquellos que son más extremos y que sólo practica una pequeña minoría
aparezcan como la muestra de todo lo demás y afecten a toda la inmigración.
Eso es lo que ha hecho el Ministro de Trabajo al mezclar el asunto del
pañuelo con otro tan extremo y minoritario como es la ablación del
clítoris.Con todo esto no estoy diciendo que no se pueda hablar en serio
sobre el tema del pañuelo, pero debe hacerse sin mezclarlo con ningún otro
tema cultural, evitando todo tipo de generalizaciones y no haciendo de ello
un paradigma de la no integración. Si hemos de hablar del pañuelo, lo primero
que hemos de tener en cuenta es que se trata de un elemento simbólico. El
argumento de quienes quieren impedir la entrada de una niña con pañuelo en la
escuela es que es un símbolo de discriminación de las mujeres. Las
asociaciones de marroquíes están diciendo que no es así, y probablemente
tienen razón en que el pañuelo simboliza también otras muchas cosas. Pero,
por otra parte, es un hecho que las mujeres están discriminadas (no sólo las
marroquíes, pero también las marroquíes). De todo esto, lo primero que cabe
deducir es que el debate se está situando en el lugar equivocado. El problema
es la discriminación de la mujer y no el pañuelo. Aun aceptando que éste
puede ser un símbolo del problema, e incluso un elemento que agrave el
problema, en lo que nos habremos de centrar no es en la eliminación del
símbolo, sino en el combate contra el problema. ¿No hay muchas mujeres
españolas no musulmanas que no llevan pañuelo, y sin embargo, están más
discriminadas que algunas de las musulmanas que sí lo llevan? Impidiendo el
uso del pañuelo lograremos dejar de ver el problema, pero poco más. Si de lo que se trata
es de combatir la discriminación de las mujeres, eso no se hace de un
plumazo, ¡pañuelos fuera! Se hace con un trabajo educativo prolongado,
ofreciendo instrumentos sociales a las mujeres y mejorando las condiciones
socio-laborales (las de ellas y las de sus maridos). Es una barbaridad que se
discuta la escolarización de una niña que lleva el pañuelo, porque si se le
impide la escolarización lo que se hace es elevar a la enésima potencia la
discriminación que sufre y, por supuesto, se le quitan todas las armas para
superar en el futuro esa discriminación. Quiero concluir
insistiendo en que, aunque los aspectos culturales pueden discutirse, hay que
esforzarse en hablar menos de cultura y más de condiciones sociales y de
políticas de promoción de los derechos de las personas. En una sociedad en la
que se trata injustamente a la población inmigrada no carecen de importancia
las argucias que se utilizan para culpabilizar a los inmigrantes de la
situación que sufren, porque ello es lo que permite el mantenimiento de esa
situación sin que sintamos que nuestros valores democráticos entran en crisis.
Y como a los inmigrantes no se les puede culpabilizar por querer ganarse la
vida trabajando o por querer tener una vida digna, se les culpabiliza por su
cultura. El ministro de Trabajo
estigmatiza a todos los inmigrantes envolviéndolos con el asunto de la
ablación del clítoris, cuando acaba de poner en marcha una de las actuaciones
más regresivas, en política de inmigración, de los últimos 17 años: ha hecho
un contingente completamente inviable que no permitirá la inmigración legal a
casi nadie, al tiempo que ha cerrado el llamado régimen general que permitía
un lento acceso a la residencia legal a las personas que se hallaban en
situación irregular, régimen que ha venido funcionando desde 1985.
Inmigración cero, ésa parece ser la apuesta actual del Gobierno. Léase,
inmigración legal cero, porque la irregular seguirá produciéndose y seguirá
viniendo muy bien a determinados sectores de nuestra economía a los que
provee de mano de obra barata. Resulta lamentable que cuando el Gobierno
acaba de tomar esta grave medida un pañuelo esté ocupando el lugar central en
el debate sobre la inmigración. 02
EL PAÍS, 19 de junio de 2002
La inmigración como
sofisma, la xenofobia como realidad Estamos viviendo una
fuerte acentuación de lo que ha sido el error más grave de las políticas de
inmigración de las últimas décadas: reducirlas a una cuestión de orden
público o de control policial; error que nos sumerge cada vez más en la
incapacidad para abordar el asunto desde la perspectiva de la cohesión social
y la integración ciudadana. Todas las noticias que nos llegan desde las
instancias gubernamentales europeas transmiten la idea de que la inmigración
es el mayor problema que tiene Europa y que la lucha contra la inmigración
ilegal es una de las mayores prioridades. El Consejo Europeo de Sevilla está
destinado a centrarse en esta prioridad, y con este mismo objetivo se están
justificando algunas de las reformas legislativas más recientes (Dinamarca,
Italia) y otras que se están anunciando (España). No cabe duda de que
debe lucharse por cambiar las formas actuales de inmigración canalizadas por
vías ilegales. No vamos a insistir en este artículo en lo que hemos explicado
otras veces: que la lucha contra la entrada ilegal no puede hacerse sólo con
medidas policiales, exige también la apertura de cauces accesibles de entrada
legal; aunque ciertamente también ha de haber una actuación policial más
eficaz contra quienes gestionan y hacen el gran negocio de la inmigración
ilegal. Por tanto, no estamos en contra de que la lucha contra la inmigración
ilegal sea un aspecto importante de la política migratoria, pero los medios
policiales y de coordinación intergubernamental necesarios para ello pueden
articularse sin tanto discurso político sobre el tema y sin las reformas
legislativas que se están haciendo. Hay algo más detrás de todas estas
actuaciones. De entrada hay que
preguntarse, si el problema es la inmigración ilegal, por qué las reformas
legislativas se están centrando en reducir los derechos y precarizar la
situación de los residentes legales. En Dinamarca, la nueva ley introduce
mayores plazos y dificultades para que los residentes legales adquieran el
permiso permanente, para que adquieran la nacionalidad danesa y para que
ejerzan el derecho a la reagrupación familiar. En Italia, los residentes
legales serán sometidos a una toma de huellas dactilares de la que los
italianos están exentos, se les recorta la duración de los permisos y se les
somete a la amenaza de expulsión por pérdida del empleo. En España, se nos
anuncia también que el derecho a la reagrupación familiar va a sufrir
recortes. ¿Qué utilidad tiene todo esto en la lucha contra la inmigración
ilegal, o en la regulación del flujo de entrada? Ninguna. Salvo que se esté
queriendo decir a quienes aspiran a emigrar que 'os vamos a tratar tan mal,
incluso aunque seáis legales, que es mejor que no vengáis'. Pero, en todo
caso, este mensaje hace más daño a la inmigración legal que a la ilegal. Por otra parte, lo que
se presenta como justificación de este endurecimiento del discurso político y
de las leyes sobre la inmigración es un supuesto riesgo de invasión que
padece Europa: 'Aquí no cabe todo el mundo' (Aznar), 'Europa está llena' (Le
Pen, Fortuyn). Es decir, el flujo de entrada de inmigrantes parece ser el
meollo de la cuestión. Pero ¿estamos realmente ante un aumento de la
inmigración que en sí mismo hubiese de ser motivo de preocupación? Veamos.
Los últimos datos sobre residentes extranjeros en los Estados de la UE, dados
el mes pasado por Eurostat, dicen que a finales de 2000 (no hay datos más
recientes) había 18.692.100 residentes extranjeros; los datos de finales de
1998, dados por SOPEMI (OCDE) y Eurostat, dicen que había 18.979.000. Es
decir, lo que los datos nos dicen (¡oh, sorpresa!) es que la inmigración no
aumenta. Sabemos que el hecho de que las cifras no aumenten no quiere decir
que no entren inmigrantes; quiere decir que las entradas se compensan con las
salidas (algo que también existe y se tiene poco en cuenta) y con el volumen
de personas que van adquiriendo la nacionalidad. También sabemos que esas
cifras no incluyen la entrada irregular de inmigrantes, pero esto es así
desde que Europa cerró las puertas a la inmigración legal, hace casi treinta
años, y ha podido comprobarse que el posterior acceso a la legalidad de esas
personas sólo genera un crecimiento moderado de las cifras de residentes (con
algunos momentos de mayor crecimiento como el que vivieron los países
centroeuropeos a principios de los noventa o el que ha vivido España en los
últimos dos años). Las cifras reales, en definitiva, no permiten afirmar que
haya un crecimiento desmesurado de la inmigración, aunque la imagen de las
pateras y los barcos cargados de inmigrantes provoquen esa impresión. Así pues, si la
inmigración neta no es algo que crezca significativamente en el conjunto de
Europa, ¿qué es lo que crece? Lo que realmente crece de forma alarmante es la
xenofobia. Y es aquí donde está la explicación de las actuaciones de algunos
gobiernos en torno a este tema. En Europa tenemos una extrema derecha de
creciente influencia que ha basado su discurso en la estigmatización de los
inmigrantes, lo que, apoyado sobre los problemas reales que tiene nuestra
sociedad (merma del Estado del bienestar, desorientación ante el proceso de
globalización, etcétera), ha generado un importante desplazamiento de la
opinión pública hacia posturas xenófobas. El resultado es que actualmente se
ganan más votos hablando de expulsar a los inmigrantes que hablando de sus
derechos y su integración social. Frente a tal realidad,
los partidos políticos democráticos tenían dos opciones. Una sería la de
intentar cambiar este estado de opinión combatiendo firmemente el discurso de
la extrema derecha, opción que daría a la larga el resultado buscado a favor
de la democracia, pero que a la corta podría comportar pérdida de votos para
el partido que la asumiese. La otra es la de no preocuparse excesivamente por
la salud de nuestra democracia, y tratar de obtener votos presentándose como
'más firme que nadie frente a la amenaza de la inmigración'. Esta segunda es
la opción que muchas de las fuerzas políticas gobernantes han hecho. Lo grave
es que, al apuntarse a tal opción, están reforzando el discurso de la extrema
derecha, convirtiéndolo en el hegemónico y casi en el único que llega a la
opinión pública. Algunos gobernantes lo
han dicho así: 'No podemos dejar el discurso sobre la inmigración en manos
sólo de la extrema derecha', pero lo que no se han planteado es que lo que ha
de cambiarse es el propio discurso. Para no dejar espacio a la extrema
derecha, han optado por no ser beligerantes contra sus planteamientos y han
acabado por decir exactamente lo mismo que ella; ahora ya es muy difícil
distinguir entre lo que dicen Aznar, Blair o Berlusconi de lo que dicen
Haider o Le Pen. Por lo que se refiere a nuestro país, la cosa es aún más
grave, porque aquí aún no hay una extrema derecha que rentabilice
electoralmente las posiciones xenófobas, lo que indica que el Partido Popular
ha decidido evitar su desarrollo asumiendo directamente su papel en este
tema. La insistencia con la que han estado identificando inmigración con
delincuencia y la reforma planteada de la ley de Extranjería así lo indican. El Partido Popular hizo
su primer ensayo en esta dirección en las anteriores elecciones generales con
su campaña contra la anterior ley de Extranjería (4/2000), y comprobó que en
lugares como Almería, donde el tono de sus manifestaciones xenófobas había
sido mayor, los resultados eran buenos. Ahora, a la vista de lo que ha pasado
en las últimas votaciones de otros países europeos, y ante la perspectiva de
nuestras nuevas consultas electorales (municipales, Andalucía), vuelve a la
carga con una nueva reforma de la ley. Como la reforma anterior, no resolverá
ninguno de los problemas que en relación con la inmigración se están
planteando (de formas de entrada, de acogida, de inserción laboral, de
discriminación, de integración social, de convivencia), ni reducirá el flujo
de entrada irregular de inmigrantes, pero mostrará esa mano dura que tan
buenos resultados da electoralmente. Aunque será, eso sí, al precio de
aumentar la xenofobia en nuestra sociedad. Paralelamente a este anuncio
de la reforma de nuestra Ley de Extranjería, el Gobierno ha preparado el
Consejo Europeo de Sevilla con la inmigración como tema estrella, centrando
el debate sobre los aspectos policiales y las medidas regresivas. La
propuesta de retirar los ya escasos fondos de cooperación que Europa aporta
para el desarrollo de los países más pobres si éstos no toman las medidas
sobre inmigración que desde aquí les marquemos sólo puede calificarse como
inmoral. Pero, además, la pretensión de que en Sevilla se visualice la
inmigración como 'el gran problema de Europa' es otro acto más a favor de la
xenofobia. Por suerte, la convocatoria de huelga general hecha por CC OO y
UGT para la víspera de ese Consejo pone en evidencia que la población tiene
otros problemas mucho más serios, provocados por el propio partido del
Gobierno, que nada tienen que ver con la inmigración. Miguel Pajares es
miembro del Ceres (centro de estudios de CC OO de Cataluña) y experto del
Comité Económico y Social Europeo para temas de inmigración y asilo. |