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Publicado en EL PAÍS, 5 de agosto
de 2002 El éxito de lo
impreciso ANTONIO IZQUIERDO
ESCRIBANO Quien diga que los
números de la inmigración son fríos es que no se ha bañado en ellos. Si me
sigue el lector unos minutos, verá que no miento. Sucede, además, que cuando
las estadísticas resultan imprecisas y los conceptos impropios, se enturbia
nuestra mirada. Y si, por último, las malas prácticas sustituyen a los datos,
entonces las noticias queman. Pues bien, un tanto de todo ello ha habido en
estos días. Antes de entrar en
materia, permítanme una cita. El Informe sobre el desarrollo humano 2000
tiene un capítulo que trata sobre las cualidades y el uso de las
estadísticas. Allí se dice que deben servir para fomentar el diálogo y la
rendición de cuentas. Y que han de ser pertinentes, fiables, válidas,
desagregadas, tener continuidad y posibilitar la separación entre el
supervisor y lo supervisado. Pero los autores del informe también nos
previenen sobre los malos usos. Y uno de ellos es el mal uso político con el
fin de desacreditar a determinados actores. Primero fue el censo de
la población, que en su recuento de noviembre de 2001 dice que el número de
extranjeros superó el millón y medio. A continuación pronostica que, de
seguir así las cosas y 'en el medio plazo', la proporción de extranjeros en
España se situaría en el 9%. Usted y yo nos quedamos sin saber cuál es la
cifra exacta de extranjeros y cuántos años componen ese medio plazo. Pues
bien, según el Anuario estadístico de extranjería, a 31 de diciembre
de 2001 había 1.109.060 extranjeros con el permiso de residencia en vigor. Es
la primera vez que el registro administrativo anda por detrás de la
estadística censal. ¿Quién está más cerca de la realidad? En mi opinión, el
censo. ¿Teníamos entonces 400.000 inmigrantes ilegales? No es tan sencillo,
aunque es el Gobierno el que debería explicarlo. Con los datos en la
mano y hasta el día de hoy, la mayoría de los inmigrantes no han entrado con
un contrato de trabajo bajo el brazo. Nueve de cada diez residentes legales
de países terceros han vivido situaciones de irregularidad. Además, los que
entran legalmente no tienen asegurada la renovación de su permiso. Miren
ustedes, desde 1985 se han sucedido cinco procesos de regularización
explícitos y otros tantos (contingentes) encubiertos. En total se han
presentado 1.094.417 solicitudes y se han rechazado 415.249. Claro que ha
habido repeticiones y también se han producido entradas y salidas del país y
de la irregularidad. Contando con todo, si la asociación entre inmigrante
irregular, marginación y delincuencia hubiera funcionado, esto sería un
infierno. El vocablo 'inmigración
ilegal' es pobre en contenido y no da cuenta de los cambios de situación.
Pero se usa machaconamente como si, a fuerza de insistir en un concepto
impropio, se cargara uno de verdad. Es el éxito de lo impreciso y el triunfo
de las asociaciones borrosas como la de inmigración irregular y delincuencia.
Pero, aunque la expresión haya cosechado 'fortuna mediática' y rinda fruto
electoral, tengo para mí que, al darla por buena, todos perdemos algo. Se
busca el voto del centro mientras se polariza al elector, y me temo que lo
que va a resultar sea una mala siesta y un despertar malhumorado. Porque yo
participo de la opinión según la cual la política de inmigración es el espacio
de los matices y no el coto de las frases tajantes y de las adhesiones
masivas. Si una de las virtudes de la mano de obra extranjera es la
flexibilidad, a ella debiera responder el político con la misma cualidad. Y ahora toca pensar en
las unanimidades. Cuando, en una encuesta, una acción migratoria concita la
adhesión de una abrumadora mayoría de ciudadanos, suele ser una
simplificación de imposible cumplimiento. Pues si un fenómeno tan heterogéneo
en su composición recibe una respuesta simple por parte de los entrevistados,
es que la pregunta está mal configurada. Y si al movimiento migratorio, que
es muy plural en sus motivaciones, se le ofrece una única vía de entrada,
estoy convencido de que la medida está condenada a resultar ineficaz. De
suerte que no es para ufanarse, sino todo lo contrario, cuando en una
encuesta una propuesta sobre cómo gestionar la inmigración obtiene un
respaldo apoteósico. Algo falla. Una opinión pública
bien informada se distribuirá por las varias opciones razonables que se le
planteen, eso sí, con la duda de cuál de ellas vaya a resultar más adecuada y
cuál menos útil. En el bien entendido de que se trata de un acción destinada
a paliar o reducir un problema, no a suprimirlo de raíz. En este caso, el
objeto es el de la inmigración clandestina. Y ello porque no hay una sola y
misma causa de la ilegalidad, ni un único impacto querido o no previsto. De
modo que las afirmaciones de 'todo o nada' debieran desaparecer de los
sondeos de opinión y de las declaraciones públicas. Ya debiéramos haber
aprendido que en inmigración el cero no existe. Es un número que no escucha y
que no habla. Un número ensimismado e irreal. Y eso es lo que ha
ocurrido en el último barómetro del CIS. Dos de las tres opciones que se han
presentado para averiguar cuál sería la política más adecuada respecto de los
trabajadores extranjeros son voces vacías y autoritarias que nos separan de
la realidad. Ni prohibir por completo la entrada ni no poner ningún obstáculo
legal son acciones verosímiles. Se trata de extremos que simplifican hasta el
absurdo las alternativas posibles ante un asunto complejo. De modo que el
cierre improcedente de una cuestión genera una opinión pública en el limbo.
Sólo una de las alternativas presentadas al entrevistado tiene sentido. Y ahí
es donde reside el error, porque no hay una única medida que sea eficaz para
reducir la inmigración indocumentada. Son necesarias varias vías para que
mengüen las tasas de irregularidad. ¿Qué se dice cuando se
habla de inmigración ilegal? Pues no se piensa en el ecuatoriano que entra
sin necesidad de visado. Y, sin embargo, ésa ha sido la nacionalidad que más
solicitudes ha presentado en la legalización por arraigo de 2001. Tampoco es
sinónimo de clandestino (aquel que no deja ninguna huella al entrar) y que
supone el 20% de los indocumentados que solicitaron regularizar su situación
en 2000. Y si hablamos de aquellos que han puesto su vida en manos de una
organización profesional de coyotes, entonces nos limitamos al 6% de los
clandestinos. De modo que ilegal no equivale a clandestino, y menos aún es
igual que inmigrante en situación irregular. ¿Dónde se produce la
irregularidad? Aquí dentro, entre nosotros. En la agricultura, en la
construcción, en las cafeterías y en los hogares que no dan la cara por sus
empleados. No en la entrada, sino en la permanencia. No en la actitud del
inmigrante que quiere contrato, sino en la economía sumergida y en la cultura
de la ilegalidad por parte del empresario autóctono. Sin duda, hay
inmigrantes que prefieren la irregularidad. Aunque no sepamos cuántos. Pero
sí que sabemos que de los 597.706 irregulares que solicitaron su legalización
en los dos últimos años, un 28% había visto su solicitud denegada. Es la
'producción institucional' de irregulares que ha dejado a 162.000 en la
sombra. Nadie en su sano juicio pensará que en su mayoría vayan a delinquir. De modo que es más
prudente plantearse el balance de una política mantenida durante cierto
tiempo con el fin de confirmar si acrece o reduce la inmigración clandestina.
Y si levanta o achica las fronteras interiores que producen irregularidad
entre los legales que ya están dentro. Me refiero a las contrataciones
laborales, a la renovación administrativa de los permisos y a los abusos de
estafadores autóctonos o foráneos. Desde luego, cabe exigirles a los
inmigrantes que cumplan con sus deberes de acuerdo con la Constitución del
país adonde han ido. Y a los países de origen hay que pedirles que no
practiquen el victimismo ni el doble lenguaje. Pero la falta de adecuación
entre el proyecto migratorio y la política de inmigración es el espacio donde
medran los traficantes. Antonio Izquierdo
Escribano es catedrático de Sociología de la Universidad de A
Coruña y miembro del Sistema de Observación Permanente de Migraciones
Internacionales (Sopemi) de la OCDE. |