Posdatas
«Apuntes virtuales
sobre el mundo real»
|
|
|
IR AL BLOG EN:
|
Publicado en EL PAÍS, 10 de
enero de 2002 Privatizaciones,
liberalización y geografía del poder económico en España ANTÓN COSTAS En las dos últimas
décadas estamos asistiendo a una profunda modificación de lo que podríamos
llamar la geografía del poder económico existente en España desde que, a
mediados del siglo XIX, la aparición de la industria moderna hizo surgir una
serie de áreas económicas y élites empresariales regionales sobre las que se
articuló lo que hoy llamamos España. Hasta hace poco era una cuestión que se
debatía en círculos académicos, pero ahora está encontrando formulaciones y
apoyos de mayor proyección social y política. Un reciente documento del
Círculo de Economía de Barcelona ha venido a dar carta de naturaleza a esta
percepción. El eco que ha tenido en los medios de comunicación y el amplio
apoyo que ha encontrado en las élites empresariales, sociales y políticas
catalanas es como una fe de vida de la existencia de ese cambio. La
convocatoria de una cena en Barcelona del presidente del Gobierno, José María
Aznar, con un grupo de conocidos empresarios, a la que se invitó
especialmente al presidente del Círculo, muestra que ese sentimiento preocupa
al Gobierno, aunque no comparta el diagnóstico. En esencia, ese cambio
implica una redistribución del poder económico en beneficio de Madrid y en
perjuicio del resto del territorio nacional, en particular de aquellas áreas
geográficas que tienen como principal centro a Barcelona, Sevilla y Bilbao.
Parece como si se estuviesen estableciendo las bases de un nuevo modelo de
crecimiento, con un centro donde se concentrarían las decisiones económicas estratégicas
y los servicios de alto valor añadido y una periferia donde continuarían
localizadas las fábricas. Un proceso de esta naturaleza necesariamente
provocará consecuencias importantes, aunque difíciles de predecir. En todo
caso, no serán sólo de naturaleza económica. De la misma forma que las
políticas económicas liberales de finales del siglo XIX favorecieron una entente
entre las burguesías industriales y las corrientes del regionalismo y del
nacionalismo, ahora este cambio en la geografía del poder económico puede
alimentar de nuevo fenómenos de naturaleza política. Conviene, por tanto,
pararse a analizar las causas que están detrás de este proceso y en qué
medida puede hacérsele frente. Lo que se quiere decir
con el término 'poder económico' no está del todo claro. En cualquier caso,
no se trata de que esté cambiando de forma significativa el peso de las
distintas regiones dentro del PIB o de la renta nacional. Se refiere a
aspectos más difusos, pero importantes desde el punto de vista de la toma de
decisiones económicas relevantes. Citaré algunos ejemplos: el desplazamiento
de sedes de algunas empresas regionales importantes como Sevillana o
Fecsa-Enher; la localización en Madrid de prácticamente todas las nuevas
empresas surgidas de la liberalización de las telecomunicaciones y de la
televisión; el hecho de que todas las fundaciones creadas por las grandes
empresas tengan su sede en Madrid; la ubicación de todas las nuevas agencias
reguladoras; la tendencia de las grandes consultoras, los grandes despachos
profesionales y las empresas de publicidad a trasladarse a Madrid; el diseño
radial de toda la nueva red de infraestructura de transportes, y la decisión
de construir un macroareopuerto central en perjuicio del resto, o, para no
alargar la lista, la tendencia a llevar todo lo que funciona bien en la
periferia, como algunas ferias, a Madrid. Algunos pueden pensar
que esta centralización económica es inevitable. Las fuerzas económicas y
tecnológicas que impulsan la globalización favorecen a la vez la concentración
económica. Pero las fusiones y adquisiciones en EE UU o en Europa no han
significado en ningún caso que las nuevas empresas localicen sus sedes o sus
centros de decisión en Washington o en Bruselas. No se debe identificar, por
lo tanto, la concentración empresarial con la centralización del poder
económico. Es necesario diferenciar esos dos procesos para comprender mejor
por qué en el caso español se produce esa identificación. Las privatizaciones y
las fusiones en las que han participado las empresas privatizadas están
siendo un factor que impulsa la centralización del poder económico. Pero nada
obliga a que tenga que ser ése el resultado. De hecho, se puede impulsar la
privatización sin fomentar la centralización. Un ejemplo de lo que pudiera
haber sido es el caso de Seat. Una vez privatizada, el nuevo propietario, la
alemana Volkswagen, trasladó la sede de la empresa desde Madrid a Barcelona,
donde estaba el principal centro de producción. Por el contrario, cuando la
privatización ha favorecido a grupos nacionales, el proceso ha funcionado en
sentido contrario. Pero una buena
comprensión de las fuerzas que impulsan la centralización del poder económico
requiere dar entrada en la narración a otros factores. La coincidencia en el
tiempo de este proceso de redistribución del poder económico con la puesta en
marcha del Estado de las autonomías abre el interrogante de en qué medida la
autonomía política no está también detrás de este reequilibrio. Pero, dejando
de lado en esta ocasión este factor, hay otros dos que claramente influyen en
la tendencia centralizadora. Por un lado, el proceso de liberalización. Por
otro, la nueva economía de los servicios, que ha venido a complementar la
vieja economía industrial. Vayamos por partes. La forma en cómo se ha
llevado a cabo la liberalización de los mercados de servicios -en particular,
los servicios públicos, como la telefonía, la electricidad, el gas o los
transportes- ha contribuido de forma poderosa a generar una percepción de
centralización del poder económico. En sí misma, la liberalización es una
consecuencia positiva de la revolución tecnológica que se ha producido con la
informática, la digitalización de las señales de voz, sonido e imagen y el
desarrollo de las telecomunicaciones. Esta revolución ha hecho posible
introducir competencia en actividades hasta hace pocos años consideradas como
'monopolios naturales', y en las que, por tanto, era mejor para los intereses
generales la existencia de una sola empresa que varias compitiendo entre sí.
Como nos muestra el ejemplo de EE UU, cuanto más liberalizada está una
economía mayor número de regulaciones necesita. De ahí que la liberalización
haya venido acompañada de la creación de nuevos organismos reguladores, como
la Comisión del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía o la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Nada obligaba a que esta
nueva administración reguladora estatal fijase su sede en Madrid. Al
contrario, hay muchos argumentos extraídos de la teoría de la captura del regulador
que aconsejan su localización lejos del poder político. Así ocurre en la
mayoría de los países europeos. En Italia, la Comisión de las
Telecomunicaciones está en Nápoles, y la de la electricidad, en Milán. En
Alemania, la comisión eléctrica está en la pequeña ciudad de Eschborn; la de
telecomunicaciones, en Bonn, y la del mercado de valores, en Francfort. Ese
comportamiento descentralizador es el seguido también por la Unión Europea al
decidir la localización de las agencias reguladoras comunitarias. Pero no ha
sido así en nuestro caso. Lo más sorprendente no es que el resultado haya
sido éste, sino que ni siquiera se haya planteado que pudiese ser de otra
forma. Pero no hay por qué tomar esta situación como irreversible. Como ha
ocurrido en algunos países, las propias comisiones o el Gobierno pueden
decidir en cualquier momento un cambio de sede. Algunos otros
resultados de la liberalización muestran también ciertos sesgos
centralizadores. Ha ocurrido con las nuevas concesiones a empresas de
telecomunicaciones y de televisión, tanto terrestre como digital. Hubiese
sido bueno para el equilibrio territorial a largo plazo el que alguna de esas
concesiones hubiese permitido crear empresas de ámbito estatal localizadas en
la periferia. Por otro lado, al calor de la privatización y la liberalización
ha surgido un grupo emergente de nuevos empresarios, en muchos casos sin
tradición previa en las actividades liberalizadas. En sí mismo este hecho no
es malo. Ocurre en otros países y ha ocurrido en nuestro caso en el pasado.
Lo objetable es que ahora haya beneficiado fundamentalmente a personas que se
movían en el círculo de los negocios de Madrid. Un factor adicional que
parece estar empujando la centralización es la dinámica de la nueva economía.
Da la impresión de que así como la economía industrial del siglo XIX y XX
tendió a localizarse en la periferia, la nueva economía de los servicios que
emerge a principios del siglo XXI tiende a localizarse en Madrid. Si es así,
¿a qué responde este comportamiento? En buena parte, puede ser debido a la
permanencia en nuestro país de un estilo de hacer negocios basado en las
relaciones personales y en el contacto directo. Las comidas y cenas de
negocios siguen siendo elementos muy característicos de la cultura
empresarial autóctona. Esta cultura favorece y hace muy útil la existencia de
lo que podríamos llamar una 'corte de los negocios'. Si no perteneces o no
eres asiduo lo tienes más difícil. El primer ejecutivo de una empresa de
ámbito nacional, pero con sede en provincias, me comentaba que cuando le
dicen 'te vemos poco en Madrid' sabe que tiene que aparecer más por las cenas
y cócteles de la capital. Este comportamiento es un indicador indirecto de
que muchas decisiones empresariales y económicas importantes dependen aún más
del amiguismo y de la discrecionalidad política que de la lucha competitiva
en mercados libres. Pero hay que ser optimista. Esta forma de hacer negocios
irá poco a poco siendo sustituida por una filosofía de gestión y de toma de
decisiones basada en el uso de las nuevas tecnologías. Y las nuevas
tecnologías tienen una elevada capacidad descentralizadora. Hay ejemplos
magníficos. Uno es la gallega Inditex (Zara). Otro es la noticia de hace unos
días de que Gas Natural acaba de vender por Internet su sede histórica en
Barcelona. No es la nueva economía, sino la permanencia de una vieja cultura
de hacer negocios y de la permanencia de una elevada discrecionalidad
política lo que favorece la tendencia centralizadora. La conclusión que se
podría extraer de este relato es que las fuerzas económicas y tecnológicas
que están detrás de la globalización y de la integración de los mercados
introducen, ahora como hace un siglo, una fuerte tendencia a la concentración
económica. Pero no hay ningún designio divino ni mano invisible que lleve a
que esta tendencia a la concentración empresarial se identifique con la
centralización del poder económico. El que eso ocurra depende
fundamentalmente del juego de la política y de cómo se instrumenten las
políticas públicas. Pero, en la medida en que el resultado de esas políticas
sea el desequilibrio económico territorial, es muy probable que se generen
dos efectos. Por un lado, la aparición de un sentimiento de agravio. Por
otro, un cambio en el modelo de crecimiento y una pérdida de dinamismo de la
economía nacional en su conjunto. Desde el punto de vista
de los efectos políticos, el agravio es una semilla poderosa que germina
lentamente y bajo tierra, pero que acaba floreciendo con fuerza disruptiva.
Dado que la vida política tiende a comportarse de acuerdo con una especie de
ley de Gay Lussac social, el vacío dejado por esa pérdida de poder económico
tenderá a ser ocupado por un mayor peso e intensidad de la reivindicación
política. Desde el punto de vista de los efectos económicos, lo que tenemos
que plantearnos es si queremos favorecer un modelo de desarrollo de estilo
latinoamericano, donde un centro macrocefálico a modo de distrito federal
domine sobre el resto del territorio, o un modelo europeo, de tipo alemán,
donde varias ciudades dotadas de fuerte dinamismo compiten entre sí en
beneficio del conjunto. Pienso que éste es un debate que no podemos omitir. Antón Costas es
catedrático de Política Económica de la UB. |