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Publicado en EL CORREO, 21 de marzo
de 2002
Multiculturalismo y emigración (I)
JUAN ARANZADI
Las posturas defendidas por Mikel Azurmendi como
presidente del Foro para la Integración de los Inmigrantes, expuestas en
varias entrevistas y artículos recientes en distintos medios de comunicación,
al igual que la xenófoba política de inmigración del Gobierno del PP a la que
sirve, se basan en una monumental confusión entre los diversos significados
de las palabras cultura y democracia que sólo cabe atribuir a la ignorancia o
a la más demagógica mala fe.
Es realmente sorprendente que alguien que ha sido profesor de Antropología
confunda sistemáticamente el sentido del término cultura en la tradición
ilustrada (la cultura como un conjunto de ideas, valores, hábitos y
habilidades superestructurales -literarios, artísticos, etcétera- que pueden
o no adquirirse y que pueden poseerse en distinto grado) con el sentido nuevo
que la Antropología, desde Tylor y Boas, dio al término cultura como un
sistema de pautas de pensamiento y de conducta en todos los ámbitos de la
vida humana, desde los modos de producción y de gobierno o control social
hasta las prácticas artísticas pasando por las formas de organización
familiar y los sistemas de parentesco. Azurmendi se desliza constantemente de
uno a otro sentido cuando pontifica con arrogante simplismo sobre cultura
democrática y multiculturalismo .
Por cultura democrática cabe entender en primer lugar -asignando a cultura su
significado ilustrado- ideología democrática, es decir, la democracia
entendida como modelo ideal con arreglo al cual se propone organizar el
Estado y/o la sociedad. En este sentido, ha habido históricamente en la
tradición moderna de pensamiento socio-político, que sólo muy tardíamente ha
valorado de modo positivo la democracia de forma mayoritaria, dos modos
principales muy distintos de entender ésta: 1. El modelo francés,
rousseauniano, que entiende la democracia como modelo de sociedad, de la
sociedad en todas sus esferas, incluyendo la económica; y 2. El modelo
anglosajón, liberal, que concibe la democracia, exclusivamente, como forma de
gobierno, como modelo de Estado, quedando la sociedad estructurada con
arreglo a los principios del mercado, que no tienen en sí mismos absolutamente
nada de democráticos.
La historia de los siglos XIX y XX ha deparado una doble paradoja: 1. La
realización práctica del modelo francés de democracia como modelo de
sociedad, intentada y conseguida en grado variable por socialdemócratas,
socialistas y comunistas, ha producido sociedades socialistas con Estados
totalitarios, lo que llevó muy pronto a algunos teóricos liberales a
calificar ese modelo, que lleva de Rousseau a Lenin, como democracia
totalitaria; 2. La realización práctica del modelo anglosajón de democracia,
impuesto en Europa por EE UU después de la Segunda Guerra Mundial, ha
limitado la aplicación de los principios y valores democráticos a la esfera
política, a la estructuración del Estado, dejando intacta la sociedad de
mercado y subordinando la forma democrática de gobierno a las leyes del
mercado, de tal forma que al resultado -a lo que actualmente tenemos en
Occidente- no cabe llamarlo, hablando con precisión, sociedades democráticas
sino sólo, como mucho, sociedades de mercado con Estado democrático.
No obstante, así como es sociológicamente mixtificador calificar nuestras
sociedades como sociedades democráticas, es totalmente legítimo calificarlas
como sociedades liberales, pues la ideología liberal -claramente diferenciada
de la ideología democrática hasta mediados del siglo XX, tanto en sus
fundamentos teóricos como en su desarrollo histórico- tiene como núcleo
central un modelo de sociedad basado en la conversión del trabajo, la tierra
y el dinero en mercancías, al que supedita el modelo de Estado, que para un
liberal en modo alguno tiene por qué ser democrático.
Si utilizamos el término cultura en su sentido antropológico -como hace
Azurmendi al hablar de cultura democrática - es completamente engañoso decir
que nuestra cultura (entiéndase por ello la cultura occidental moderna o la
actual cultura española) es una cultura democrática. Como mostró
magistralmente Karl Polanyi, el rasgo específico y diferencial de la cultura
occidental moderna, lo que la distingue de todas las demás culturas que en el
mundo son y han sido -lo que la distingue, por ejemplo, tanto de las culturas
acéfalas sin escritura como de las culturas con Estado y modos de producción
pre-industriales, basadas respectivamente en la reciprocidad y en la redistribución-
es precisamente la transformación de la sociedad en un mercado supuestamente
autorregulador como resultado de la imposición por el Estado moderno del
modelo ideológico liberal que concibe y trata el trabajo y la tierra como
mercancías. La ideología democrática y la democracia como forma de gobierno
han sido siempre y siguen siendo, tanto en Occidente como en España, un rasgo
secundario y subordinado de nuestra cultura .
Por eso miente y engaña Azurmendi cuando escribe por ejemplo -entendiendo el
término cultura en su sentido antropológico- que «aquí, de momento y ojalá
para siempre, sólo existe una cultura democrática» (El País, 23-2-02). Lo que
Azurmendi expone como cultura antropológica realizada en España, como valores
democráticos socialmente encarnados en la conducta social, económica y
política de los españoles no es sino su particular versión de la ideología
democrática, que dista mucho de ser una descripción adecuada de la cultura
española real.
Por añadidura, Azurmendi confunde el reconocimiento de la multiculturalidad
efectiva que subyace a los procesos migratorios y que la emigración
inevitablemente desplaza a su lugar de destino con la promoción por el Estado
de una política multi-comunitaria de apartheid con la coartada ideológica del
multiculturalismo . Lo primero es simplemente un hecho, lo segundo una opción
política xenófoba que Azurmendi y el PP rechazan de boquilla y promueven de
facto.
Es muy cierto que el régimen racista sudafricano de apartheid , antes incluso
de buscar justificación ideológica en el racialismo biologista, encontró
legitimación en una política multiculturalista de desarrollo cultural
separado diseñada y apoyada por algunos antropólogos. Pero no debiera olvidar
Azurmendi que aquellos africanos cuya cultura se discriminaba y destruía bajo
la coartada del respeto a la diferencia estaban plenamente integrados en los
escalones más bajos y explotados de la economía sudafricana, pese a lo cual
carecían de derechos cívicos y eran discriminados políticamente por una sociedad
con un Estado democrático para los blancos, una sociedad que podía presumir
de profesar desde sus orígenes una de las más arraigadas culturas
democráticas del planeta, aunque se tratara de una democracia sólo para
blancos.
Como también fue una democracia sólo para varones propietarios WASP (blancos,
anglosajones y protestantes) la que, antes de promover una discriminatoria
política multiculturalista en las reservas indias como Azurmendi denuncia,
practicó algo que Azurmendi prefiere olvidar: una política genocida y
etnocida con los nativos y sus culturas tribales , así como la esclavización
primero y la privación de derechos cívicos después con la población de origen
africano.
En Israel puede encontrar Azurmendi otro ejemplo chirriante de Estado democrático
para judíos que practica una política multicultural discriminatoria para
otras etnias y religiones, un Estado que se fundamenta en la Ley del Retorno
a Israel de cuanto judío del mundo lo desee pero que rechaza radicalmente el
derecho al regreso de los refugiados palestinos a los que expulsó de sus
casas y sus tierras e impide inmigrar a quien no sea judío según el criterio
étnico-religioso de los rabinos.
Quizá estos ejemplos debieran llevar a Azurmendi a intentar ir un poco más
allá de la simplista apología de la cultura democrática y a reflexionar un
poco sobre la envenenada complejidad de las relaciones entre democracia,
liberalismo, nacionalismo, xenofobia, racismo y multiculturalismo. Azurmendi
hace bien, por ejemplo, en rechazar como modelo multicultural el Toledo de
las Tres Culturas, que no era sino una sociedad de castas religiosas
jerarquizadas bajo la hegemonía política de la casta cristiana, pero no
estaría de más que extendiera su rechazo al resultado de la desaparición de
aquella multiculturalidad tras la expulsión de judíos y moriscos, es decir,
al nacional-catolicismo español antisemita y anti-moro de la casta
cristiano-vieja , del que deriva el nacionalismo vasco racista y anti-maketo
de Sabino Arana que Azurmendi tan bien conoce y de cuya versión originaria,
española, tanto le cuesta desprenderse.
Publicado en EL CORREO, 3 de abril
de 2002
Multiculturalismo y emigración (y II)
JUAN ARANZADI
En su cruzada democrática contra sus propios fantasmas
multiculturalistas, Mikel Azurmendi oculta y deforma varias cosas. En primer
lugar, si utilizamos el término cultura en su sentido antropológico, se hace
preciso reconocer que, como consecuencia de la globalización (que no es,
diría Lévi-Strauss, sino la difusión universal del virus del mercado, que
obliga a las sociedades en las que penetra a adaptar a sus leyes su programa
genético de reproducción cultural), el mundo entero comparte hoy la misma
infraestructura económica, de tal forma que las diferencias culturales se
limitan a otras importantes dimensiones de la vida humana (políticas,
familiares, religiosas, artísticas, etcétera), seriamente alteradas pero no
completamente suprimidas por el mercado.
En este sentido, los inmigrantes ya estaban integrados en nuestra cultura en
sus países de origen, pues ya estaban integrados, en mayor o menor medida, en
el mercado global como fuerza de trabajo. Y cuando emigran a nuestro país se
integran aún un poco más en nuestra cultura al integrarse en un eslabón
nacional de ese mercado global y al integrarse además -de forma legal o
ilegal- en nuestra sociedad liberal y en nuestro Estado democrático como
súbditos sin derechos, sometidos sin protección jurídica alguna a los poderes
coactivos del Estado.
El problema que los inmigrantes legales e ilegales plantean a nuestra
sociedad y a nuestro Estado no es, por lo tanto, integrarlos o no, pues ya
están integrados en sus estratos más explotados, oprimidos y marginados, sino
integrarlos con derechos humanos y cívicos o integrarlos sin derechos. El
derecho al multiculturalismo (es decir, el derecho a preservar algunos de los
pocos rasgos culturales específicos que han logrado sobrevivir a su
integración laboral en nuestra cultura ) es sólo una de las dimensiones
secundarias de ese problema. Centrar la atención sobre él como hacen
Azurmendi y el PP es una interesada operación de mixtificación política.
Si Mikel Azurmendi comprendiera y profesara los valores democráticos que
predica en su artículo y que injustificadamente atribuye a nuestra cultura ,
tendría que defender que el primer derecho de los inmigrantes -tanto para la
ideología liberal como para la ideología democrática- es el derecho a la
libre inmigración, lo cual implica el derecho a permanecer en el país al que
se ha inmigrado libremente y el derecho a no ser expulsado.
No deja de ser curioso que, durante la Guerra Fría, los países con cultura
democrática de Occidente denunciaran con razón como una intolerable violación
de los derechos humanos de la población en las sociedades cerradas comunistas
que no les dejaran salir de ellas, y que ahora, tras la caída del muro de
Berlín, sean esas mismas sociedades abiertas las que no les dejan entrar: ni
a los europeos del Este ni a los africanos, americanos y asiáticos que, al
parecer, se han visto tan beneficiados por la destrucción de sus culturas por
la civilización occidental que, agradecidos, han decidido emigrar a la
metrópoli.
Es la globalización la que ha producido un brutal incremento de los flujos
migratorios, y no se adivina en virtud de qué principio ideológico podría un
liberal que defiende el sacrosanto derecho a la libertad de circulación de
mercancías anular o restringir el derecho a la circulación de una de ellas,
la fuerza de trabajo. En caso de que invoque para hacerlo algo así como los
intereses de la sociedad o la necesidad de evitar los problemas sociales que
la libre emigración puede crear, tendrá que reconocer que ese mismo argumento
es válido para cualquier intervención estatal en la libertad de mercado, como
las que proponían en el pasado sus enemigos socialistas.
En cuanto a un demócrata consecuente a lo Azurmendi , que no se cansa de
proclamar que todos los hombres son iguales, que sólo la voluntad es
fundamento de la ciudadanía y que ni la cultura , ni la etnia, ni la
nacionalidad deben ser fuente de derechos, no se ve cómo puede escapar a la
conclusión de que un Estado democrático consecuente debe conceder la
ciudadanía plena a cualquiera que lo solicite, sea cual sea su raza, etnia,
cultura u origen, y debe reconocer los mismos derechos a todos cuantos vivan
y quieran vivir en el territorio bajo su dominio. El principio del apartheid
no es el respeto al multiculturalismo (que Azurmendi confunde con el
multicomunitarismo), sino la discriminación legal entre ciudadanos de primera
(los nacionales) y ciudadanos de segunda (los inmigrantes). Por esa brecha
legal y política se han colado siempre en la historia las discriminaciones
culturales, étnicas y raciales, tanto cuando la cultura dominante es una
cultura democrática como cuando no lo es.
Si Azurmendi fuera consecuente con los valores democráticos que predica,
debería dimitir como presidente del Foro para la Integración de los
Inmigrantes, luchar para suprimir la Ley vigente al respecto y repasar un
poco la disciplina que hasta hace poco enseñaba: quizá llegara a entender que
el problema de los inmigrantes no es que les concedamos una integración en
nuestra cultura democrática que ya padecen, sino lograr el reconocimiento
pleno de su igualdad y de sus derechos humanos y cívicos.
Juan Aranzadi es antropólogo.
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