ALUMNO:
POLION III QUINTERO G.
CI: 9.697.994
Conflicto
armado en Colombia
ANTECEDENTES
Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], Unión Camilista-Ejército de
Liberación Nacional [UC-ELN] y Ejército Popular de Liberación [EPL] tuvieron su
origen en la década de los años sesenta.
Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas
come reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido
Conservador (1946-1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge
Eliécer Gaitán (abril 9/48), hecho que dio origen a una revuelta popular que se
conoce como "El Bogotazo" y a un largo periodo de violencia
liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.
Luego de un periodo de dictadura militar (1953-1957), los partidos
Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo
periodo de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió
alternarse el ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas
fueron entonces excluidas de la contienda política.
Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa
frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina
lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años
setenta construyeron una estrategia política global frente al Estado
colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes,
organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país.
La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un
proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario
Liberal -MRL- que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los
cincuentas, planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta
con unos 5 mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de la
UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo
de desmovilización con el gobierno de César Gaviria.
El EPL tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de
la Costa Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo
particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las
exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción
considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria
en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.
Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80,
firmaron acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en
movimientos o partidos politices. Son éstos, el Movimiento 19 de Abril -Ml9-,
el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT- y el Movimiento Quintín
Lame.
Las FARC, la UC-ELN y el EPL, no obstante sus diferencias de
trayectoria, políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar.
Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar
influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares
urbanos, el Estado colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia
contrainsurgente bajo la orientación de la llamada "doctrina de la
seguridad nacional", que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno
del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los derechos
humanos.
No obstante que la pretensión aparente de la política
contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en
forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y
del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados.
Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias
derrotas militares, en la última década han aumentado su poder militar, hasta
el punto que desde comienzos de los años ochentas se ha planteado por
diferentes analistas, y por los propios actores del Conflicto armado -Gobierno
y Guerrilla-, la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes,
lo que invalida la salida militar.
Más de diez años de conversaciones de paz entre los sucesivos
gobiernos y los grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de
desmovilización, ya enunciados, pero no han logrado la firma de un acuerdo de
paz global con las organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor
capacidad militar.
Quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado las
negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización, sin
atender a la búsqueda de la solución de las causas originarias del
levantamiento en armas, explique los precarios alcances de las políticas de paz
hasta ahora aplicadas.
El Gobierno del presidente Samper, aparentemente con mayor
realismo político que sus antecesores, ha iniciado el diseño de una nueva política
de paz, cuya principal virtud parece ser el reconocimiento de que ninguna de
las partes en el conflicto está en posibilidad de imponer condiciones a la
otra, que por tanto los diálogos deben iniciarse para acordar una agenda en la
que en principio no hay temas vedados, y que los diálogos se realizarán en
medio del Conflicto.
El proceso de solución politiza al conflicto armado deberá partir del
compromiso y de las acciones Concretas para dar solución al Conflicto social
que subyace a aquél. Esa es la aspiración que expresan crecientemente diversos
sectores de la sociedad colombiana, que reclaman la urgente necesidad de solución
a un conflicto armado de tan profundas raíces y de mas de tres décadas, y que
ha terminado por degradarse, lo que reclama un acuerdo urgente de humanización.
En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de
"quitarle el agua al pez", no ha reconocido limites a los objetivos y
a los medios empleados para la guerra, afectando a la población civil y dando
lugar a crímenes de tesa humanidad, cometidos en muchas ocasiones con
particular sevicia.
De otra parte, aunque en proporción menor según revelan las cifras
conocidas por las ONGs de derechos humanos, los grupos guerrilleros han
cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario, como
homicidios deliberados, masacres y acciones que han comprometido la vida y la
seguridad de la población civil.
Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y
los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de
la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del
Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado
mecanismos prestos a la eliminación del "enemigo interno",
representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.
Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década
se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación
de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha
anticomunista". En desarrollo de tal propósito es dietado el decreto 3398
de 196S, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través
de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para
la organización de la "defensa nacional", la "defensa
civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas".
Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordándolas,
miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron
habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera
directa a la población dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos
oficiales en la lucha contrainsurgente.
Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos
aparece el amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera
de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales,
políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la
inconformidad social.
Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares
han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de
actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos
(explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa
de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.
En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un
sólo modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el
nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento
popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al
accionar de la Fuerza Pública.
En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a)
El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una
estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción;
c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten
crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.
También se ha constatado la contratación de mercenarios
extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado, los
cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de
militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.
Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte
de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los
habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se
enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como
"autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de
"campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se
promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios,
la consecución de la libreta militar y otros beneficios.
Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado
que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil
para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares
son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares
han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas
estructuras criminales.
El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de
agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el
cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente
recaudados para el mantenimiento de estos grupos.
Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de
El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del
departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana.
Para la conformación de estos grupos ha sido importante la
participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su
financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública
en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a
ejercer control en determinadas zonas.
Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló
la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de
estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de
estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de
agentes del Estado en su promoción y protección.
Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba,
Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de
acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta
la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de
Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.
Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como
Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido expedidas órdenes de captura,
es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.
Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de
Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso
de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus
redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o
departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas,
desapariciones.
Este accionar tiene como finalidad el dificultar las
investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la
comisión de crímenes de tesa humanidad.
Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha
intervenido para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al
momento y lugar de ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en
los crímenes.
Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama
jurisdiccional ha sido ampliamente documentada la conformación de estos grupos,
sus mecanismos de financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su
responsabilidad en la ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría
de los hechos permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública
han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y
poderío en el territorio nacional.
Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de
estos grupos se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de
excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la
ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través
de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno.
Frente a los anuncios de la administración del Presidente Samper
en materia de políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del
Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones, constituye la más profunda
preocupación de los organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades
estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por
sobre todo, a tomar las decisiones que se requieren para poner control a su
acción criminal.
En efecto, la actitud de las autoridades de negar los diversos
grados de conexidad entre los grupos de particulares armados y unidades
militares, con el consentimiento o la tolerancia de los mandos de las Fuerzas
Militares, las ha conducido a pretender a toda costa evitar la discusión sobre
la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de
la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas
gubernamentales.
Durante los seis meses que trascurridos de la administración del
Presidente Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado
interno, se aprecia una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el
surgimiento de los grupos "Muerte a Comunistas y Guerrilleros' -Macogue- y
"Colombia sin Guerrilla" -Colsingue-, los cuales tienen un radio de
acción nacional y quienes han dirigido sus acciones especialmente contra
dirigentes políticos y sindicales.
En noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las
autodefensas de Colombia , en la que, según un documento de 57 páginas que
ha sido conocido por las ONGs colombianas, se aprobó "... seguir
considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la
extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y
continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los
familiares de los miembros de las autodefensas".
De otra parte, constituye motivo de preocupación la aprobación del
Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Privada, en cuyo Art. 34 se lee: "... la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada podrá expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas
de acción comunal o empresas comunitarias para operar el servicio comunitario
de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la comunidad.
Podrán operar con o sin armas".
En noviembre pasado, el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea,
informó al país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de
seguridad, que luego fueron denominadas "asociaciones", las cuales, a
juicio de las ONGs de Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse
en formas legalizadas de los grupos paramilitares para realizar acciones
armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada
"simpatizante" o "colaboradora" de los grupos guerrilleros.
Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno de
Colombia para responder a las preocupaciones expresadas por diversos sectores
de la sociedad colombiana en relación con las asociaciones de seguridad rural,
se fundamentan en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán
un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de
su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las
autoridades y dotadas con armas de defensa personal.
Al respecto es preciso anotar que resulta difícil aceptar que el
Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas
asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas del
Paramilitarismo, si se tiene en cuenta que uno de los argumentos de las
autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados en el combate a
este fenómeno es precisamente que las autoridades militares y de policía han
estado imposibilitadas para controlarlo.
Desmontar los grupos paramilitares, e investigados y sancionados
los crímenes de tesa humanidad provenientes de estos grupos, e igualmente debe
impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional.
Además, hacer efectivas las ordenes de captura existentes contra
miembros de grupos paramilitares
Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las
autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección.
Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos,
cuasi-amnistías, cuasi-indultos) en virtud de eventuales negociaciones de paz
con el ejecutivo.
Derogar todas las normas o actos administrativos que autoricen,
ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así
como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el
Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994.
Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal
de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o
internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de
este tipo de grupos.
http://www.colombia.com/gobierno/especial1/
http://www.revistanumero.com/27plan.htm
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm