El movimiento ciudadano conocido como PLATAFORMA CONTRA LAS PRIVATIZACIONES EN OVIEDO, integrado por Asociaciones de Vecinos y de Consumidores, así cómo por Sindicatos, Partidos Políticos, Organizaciones ecologistas, y otros colectivos ciudadanos, mantiene en el tiempo su compromiso con los ovetenses, no siendo ajeno a ninguna de las circunstancias que conforman la actividad municipal.

         Su indeclinable labor de denuncia de cómo en muchas ocasiones se pervierte la confianza política depositada en el equipo de gobierno que encabeza (acaudilla sería mas exacto decir) Gabino de Lorenzo, y su llamamiento a la rebeldía ante el abuso de esa confianza en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos, ha convertido a esta Plataforma cívica en uno de los mejores referentes críticos de este municipio.       

         De ahí que nuestra Plataforma haya sido objeto de muchas acciones de ataque e intimidación debido a su simple presencia en él, ya que su credibilidad ciudadana se ha confirmado como una de las bases mas firmes de la lucha contra el despotismo practicado por el Alcalde, al que secunda un numeroso grupo de acólitos políticos cuya cara es la que se ponía al frente de esos hechos despreciables social y políticamente.

         Uno de los recursos mas utilizados en esta labor de amedrentamiento es el de desviar la acción ciudadana a la vida judicial, por lo que la Plataforma en su conjunto, o alguno de sus miembros, a título individual, ha padecido, y padece actualmente, este acoso traducido en demandas cuya sinrazón ya viene siendo demostrada, (y volverá a serlo ahora), en todas las ocasiones en que se ha tratado de atemorizar, con el indudable objetivo de que se abandone la ejemplar denuncia ciudadana que se está realizando desde hace muchos años.

         Precisamente en un momento extremadamente delicado para el equipo de gobierno de Gabino de Lorenzo, con nuevos y alarmantes escándalos puestos de relieve ante la opinión pública; que obligaron a importantes relevos en áreas de máxima confianza de la Alcaldía, como es la de Seguridad, con el cese fulminante del responsable de la Policía Local, ¡¡ nada menos !!, y cuando se ha puesto de relieve que la gestión económica en el Ayuntamiento, (ni siquiera con las numerosas ayudas recibidas por la vía de subvenciones, incluidas las que llegan de la Unión Europea, cifradas en millones de euros), se sostiene más que a base de la permanente solicitud de nuevos créditos bancarios, cuya devolución, sumados los intereses, cada vez es mas dificultosa, y a las puertas de un año en el que la revisión de uno de los impuestos mas conflictivos en nuestro Municipio; el de Bienes Inmuebles, IBI nos encontramos con que otra vez un miembro de esta Plataforma, como Presidente de una de las Organizaciones que la integran, la Asociación de Contribuyentes de Asturias, ha sido emplazado judicialmente.

         El pretexto; unas declaraciones realizadas en una de las ruedas de prensa ofrecidas por este colectivo en la que, como en todas, se examinaba la vida municipal y se denunciaban, para conocimiento de los ciudadanos, lo que considerábamos que era irregularidades en la gestión de nuestros bienes colectivos.

         Lo llamativo en esta ocasión, como en otra anterior, de similares características, y de la que fue objeto de demanda otro de los miembros de esta Plataforma, aquella vez a través de una Institución muy ligada, vía subvenciones, al equipo de gobierno del Ayuntamiento, es que en esta ocasión, decimos, la queja ante los Juzgados llega ¡¡CASI DOS AÑOS DESPUÉS!! de producirse la citada rueda de prensa. Ello indica que no se trata de una reacción instintiva, sino de un hecho largamente pensado con la misma finalidad de amedrentarnos.

         Pero, al igual que hicimos en ocasiones anteriores, lo haremos ahora de nuevo defendiendo el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, pleno en un Estado de Derecho, frente a quienes quieren, por este medio coactivo, acallar la voz de la libertad que es el único arma que este colectivo ciudadano ha empleado, y seguirá empleando, frente a estas maniobras, políticas de dudosísima legitimidad en quienes, por ser cargos electos, necesariamente han de estar, mal que les pese, sometidos a la crítica que éstos crean conveniente realizar sobre el modo de cómo se realiza la gestión de su confianza y de sus bienes. Y, al tiempo que nos defendemos, defendiendo al tiempo esa parcela de libertad constitucional que es el derecho a la libertad de expresión, vamos a seguir con nuestra labor de vigilancia sobre el discurrir municipal, y de denuncia sobre aquellos extremos que, con razonables datos, creamos que debe de ser puesta en conocimiento de los ciudadanos para que, si éstos lo consideran así, rechacen el modo de llevarla a cabo.

                                                                                                                                    Oviedo, 25 de febrero de 2005