Victoria de mediocres

* La Corte Suprema de Chile anunció públicamente el pasado martes que el ex dictador, Augusto Pinochet, quedaba relevado de su fuero como senador vitalicio. La sentencia definitiva, sin embargo, podría tardar inclusive hasta ocho años.

Por Andrés Pérez González, Santiago de Chile

El militar que rigió de facto por 17 años los designios de Chile regresó legalmente, el pasado martes, al día anterior al Golpe de Estado contra Salvador Allende, cometido el 11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet (84) se convirtió, de ese modo, en un "ciudadano común y corriente" al perder por 14 votos contra seis su fuero parlamentario en el máximo órgano de la Justicia chilena, por el crimen de 19 opositores a su régimen ocurrido en octubre de ese año.

Sólo tras la ratificación de la decisión anunciada hace un mes por la Corte de Apelaciones, el general benemérito de las Fuerzas Armadas entendió el significado de la "igualdad de los ciudadanos ante la ley" que estipula su propia Constitución de 1980, actual sustento de la "democracia tutelada" en este país.

TENSIÓN

Desde la semana anterior al comunicado del fallo, surgieron trascendidos de prensa que indicaban que el resultado final de la Corte Suprema sería desfavorable para las pretensiones del anciano ex dictador, quien hace cinco meses regresó al país después de estar retenido por más de 500 días en Londres.

Aún así, la expectación no se pudo disimular ese martes tanto entre detractores como partidarios del ex jerarca ultraderechista. Una vez que el ministro Humberto Espejo confirmó la decisión inapelable de los tribunales, a eso de las 10.30 de la mañana, la algarabía se desató entre los opositores a la dictadura que encabezó Pinochet. A tal punto que el abogado querellante Eduardo Contreras -quien en enero de 1998 interpuso la primera de las actuales 158 querellas criminales contra el desaforado senador vitalicio a nombre de Gladys Marín, secretaria del Partido Comunista-, dedicó esa victoria judicial a "los caídos y víctimas del pasado régimen". El mismo profesional, no obstante, predijo que el proceso en los tribunales recién comienza y que, incluso, podría durar "hasta ocho años".

Entre las filas pinochestistas, entretanto, no pudieron ocultar las lágrimas por el nuevo tropiezo judicial que debe enfrentar el, por ellos llamado, "libertador de la Patria". Nuevamente, la violencia derechista llevó a que algunos de sus adherentes quemaran huesos frente a los tribunales, simbolizando los restos de los "detenidos desaparecidos".

Mientras en su acomodada residencia en el cordillerano barrio capitalino de La Dehesa, el general en retiro -según su hija Jaqueline- sólo comentó: "¡No es el fin del mundo, no se ha muerto nadie!".

RECHAZO

La derecha, acostumbrada a practicar la "ley del embudo" (de aceptar sólo lo que le conviene), criticó duramente la decisión del máximo órgano judicial de este país. Según Marco Antonio Pinochet -hijo del ex dictador-, simplemente se trató de un "juicio político". Consideró, además, el fallo "nada respetable y poco serio", aunque aclaró que como ciudadano lo acataría.

En la Fundación Augusto Pinochet, el secretario ejecutivo de esa entidad, el general en retiro Luis Cortés Villa, fue más allá al calificar el antejuicio como "el último eslabón de una venganza orquestada por el socialismo nacional e internacional".

Parlamentarios del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI) advirtieron, a su juicio, que Chile entra en una crisis política que amenaza con "abrir las heridas del pasado". El secretario de ese partido, Juan Antonio Coloma, denunció el intento de los sectores de izquierda por "reescribir la historia", asegurando hipócritamente que quienes hoy persiguen a Pinochet son los mismos que "trajeron la violencia y el caos a Chile".

En ese sentido, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta -tras realizar una visita de "solidaridad" a Pinochet-, declaró que "el juicio de la historia no se ha hecho todavía... y, de seguro, mi general Pinochet ocupará un sitio destacado en ella".

Como de costumbre, el pánico sobrepasó al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Walter Riesco, quien aseguró que el dictamen repercutirá en el proceso de reactivación económica chileno e incidirá en la inversión extranjera.

EXAMEN MÉDICO

El gobierno del socialdemócrata Ricardo Lagos jugó sus cartas por la independencia del Poder Judicial, el respeto a sus dictados y la moderación social tras el veredicto. Claudio Huepe, portavoz de La Moneda -sede del Ejecutivo-, reiteró que se deben acatar los fallos "sin presiones ni intervenciones de ningún tipo". Según Huepe, el país debe "avanzar hacia una nueva etapa que consolide la normalidad institucional".

El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez -uno de los seis que se opuso al desafuero del senador vitalicio-, defendió la autonomía de esa instancia judicial y confirmó que en el texto final "no hay mención a exámenes médicos".

Por ley (artículo 349 del Código de Procedimiento Penal), el juez Juan Guzmán está obligado a someter a Pinochet (toda persona mayor de 70 años) a tales exámenes para determinar si está apto, en lo que concierne a sus facultades mentales, para enfrentar un juicio. Se espera que esa diligencia la realice la próxima semana.

Sin embargo, cercanos a la familia Pinochet han advertido que el caudillo militar no aceptará someterse a exámenes médicos, ya que eso significaría una deshonra para el general en retiro. La opinión de su hijo Marco Antonio fue clara en ese sentido: "Yo no voy a aceptar que haya un fallo médico". Agregó que su padre enfrentará esta "oportunidad histórica" para defender personalmente en los tribunales la obra de su régimen.

En declaraciones a la revista chilena Ercilla, el director ejecutivo de la Fundación Pinochet, general Luis Cortés Villa, comentó que "el problema no es que sea un capricho, sino que no se vaya a tergiversar ante la opinión pública, sobretodo ante la historia, como que se está escudando en su estado de salud para eludir la responsabilidad que le asista en los cargos que le están imputando".

Para el abogado querellante Eduadro Contreras, si el senador vitalicio se niega a ser sometido a las pruebas mentales, se le puede declarar en rebeldía y ordenar su detención, porque, a su juicio, "los exámenes médicos tienen el mismo nivel que un careo o una reconstitución de escena". Por otra parte, el abogado de la defensa Pablo Rodríguez (ex líder de la agrupación fascista Patria y Libertad) argumentó que como el trámite se realiza en beneficio del inculpado, el ex comandante del Ejército tiene derecho a elegir si lo acepta o no.

¿TRIUNFO?

Tras la resolución de la Corte Suprema se espera que los abogados querellantes ordenen la encargatoria de reo de Pinochet. En ese sentido, el profesional comunista Eduardo Contreras advirtió que "dada la gravedad de los delitos que se le imputan al acusado, se solicitará de inmediato la detención preventiva, en caso que no la ordene el juez Guzmán". El jurista adelantó que si el magistrado le concede la libertad bajo fianza al ex dictador -que de acuerdo con actuaciones previas de Guzmán podría fijarse en el equivalente a unos cuatro mil dólares-, los querellantes apelarán la medida. De todos modos, dice que para ellos el lugar de detención es irrelevante, "puede ser en su casa, el Hospital Militar u otro recinto".

Otro punto conflictivo será la suerte de la denominada "Mesa de Diálogo" sobre abusos a los Derechos Humanos cometidos por agentes de Estado durante la dictadura militar (1973-1990). La derecha -ya con anterioridad al veredicto- ha reiterado que el fallo adverso a Pinochet estancará la búsqueda de información sobre los "detenidos desaparecidos", aunque los ex uniformados involucrados en el asesinato o desaparición de más de tres mil adherentes a la Unidad Popular, estén amparados por una "ley de secreto" de su identidad.

Sectores de izquierda aseguran, no obstante, que la decisión de los tribunales chilenos no alterará la determinación de quienes aún se niegan a entregar datos sobre el paradero de las víctimas.

Fuentes ligadas a los abogados de causas de derechos humanos no ocultan que el desafuero a Pinochet es "la gran victoria". Ante el temor de un prolongado juicio, característico en el precario y obsoleto sistema judicial chileno, pocos piensan que el caudillo derechista alcance a ser condenado en vida.

Sectores de Gobierno comparten silenciosamente esa postura. Según el diario chileno La Tercera, para éstos el desafuero ya constituye una "sanción moral". Y de prolongarse el caso judicialmente su administración tendría serios inconvenientes para sacar adelante los compromisos de la "Mesa de Diálogo" y enfrentar la difícil tarea en el área económica. @@@

publicado el 16 de agosto del 2000 en el semanario berlinés Jungle World