Perú

Otro sablazo de Fujimori

* Tras los hechos de violencia cometidos durante el juramento presidencial, el oficialismo interpuso acciones judiciales contra Alejandro Toledo, líder opositor. Su sector denuncia como responsables a infiltrados a sueldo del Servicio de Inteligencia Nacional.

Por varias horas el centro de Lima, la capital peruana, estuvo irrespirable. Gases lagrimógenos y vomitivos conformaban una densa nube que, desde los aires, únicamente era captada por un helicóptero policial. Ese 28 de julio, cuando Alberto Fujimori juró por tercera vez consecutiva como primer mandatario y Perú celebraba otro aniversario de sus fiestas patrias, los cielos limeños estaban -extrañamente- cerrados a las cámaras periodísticas.

En las calles, cerca de 50 mil manifestantes se congregaron en la "Marcha de los Cuatro Suyos" -en referencia a las zonas del extinto imperio inca-, reclamando por el "fin de la dictadura" oficialista. A pesar del carácter pacífico de la convocatoria, los opositores debieron enfrentar una dura reacción de los agentes de seguridad que terminó con un saldo de seis muertos, un centenar de heridos y un número mayor de detenidos.

TERROR

Las víctimas fatales se produjeron al culminar ese agitado día. Según diversos informes de prensa, algunos supuestos manifestantes prendieron fuego -casi simultáneamente y sin mediar ninguna reacción policial- al Palacio de Justicia, al Jurado Nacional de Elecciones y al Banco Nacional. En ese último, seis guardias de seguridad murieron calcinados al no poder abandonar las dependencias.

Fujimori no perdió tiempo y acusó como autores intelectuales de los desmanes al líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, y a otros organizadores de la movilización. "Un país azotado por el terrorismo durante 15 años no merece ser atacado por episodios de salvajismo que enlutan hogares peruanos y destruyen la propiedad privada y pública", declaró el re-reelecto mandatario. La diputada oficialista Martha Moyano ganó terreno e inició una acción legal contra los dirigentes opositores.

Según el antifujimorista diario La República, la táctica del terror oficialista se fraguó días antes de las protestas del 27 y 28 de julio. Así, el sensacionalista rotativo "El Men" tituló "¡Confirmado! Toledistas llevan armas y dinamita" (26/07), mientras "El Referéndum" aseguraba que "Sendero estará presente en Marcha de los Cuatro Suyos" (23/07), refiriéndose al desarticulado grupo maoísta Sendero Luminoso que causó estragos durante la década de los ochenta.

La oposición también sacó su artillería. El empresario Carlos Bruce precisó que "un alcalde allegado al gobierno contrató a más de mil 200 matones, maleantes y gente de mal vivir" para que causaran los desórdenes. Sus cabecillas obedecerían al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

El obispo de Tacna, monseñor Hugo Garaycoa, templó los polarizados ánimos, advirtiendo -de todos modos- que no se pueden identificar culpables "sin una investigación seria e imparcial".

DESMOVILIZACIÓN

El torpedeado líder opositor, Alejandro Toledo, salió al paso de las acusaciones y denunció el nuevo golpe de Fujimori por "desmovilizar al país, empezando por las fuerzas democráticas y con el fin de tener el terreno libre para continuar gobernando sin fiscalización". En su opinión, se pretendería, además, minar su credibilidad como interlocutor válido de la oposición ante la llegada de una desacreditada misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista para el 7 de agosto.

"Es una maniobra política, no tiene ningún sustento legal, sólo busca servir de base para la campaña de propaganda que ha desatado el gobierno contra Toledo y la oposición. Así pueden mantener el asunto en primera plana mucho tiempo", explicó a Ercilla el analista de la revista Caretas, Fernando Rospigliosi.

Angél Páez, encargado de la unidad de investigación del matutino La República, precisó a Ercilla que el mandatario ya logró "neutralizar a la oposición". Aparte de los 12 congresistas "tránsfugas" -quienes repentinamente engrosaron las filas oficialistas, destacándose como jefe del nuevo gabinete al ex candidator opositor Federico Salas- el conglomerado antifujimorista estaría "bastante asustado" ante la amenaza judicial que podría derivar en una acusación por terrorismo, que en Perú significa condenas de 20 a 30 años de cárcel. Esta cautela, sin embargo, no desbarataría sus intentos por conformar unitariamente un Frente Democrático Nacional.

Y con la terquedad y pragmatismo que caracterizan al presidente peruano -dejando atrás la disolución del Congreso en 1992, su exitosa reelección en 1995 y las denuncias de irregularidades en los pasados comicios electorales de abril y mayo-, algunos analistas no dudan en catalogarlo como el "Boris Yeltsin sudamericano". Angel Páez reconoció a Ercilla que la intención de "Fujimori, de hecho, es terminar sus cinco años de gobierno, no sin antes haber constituido una fórmula para que alguien de su entorno continúe en el poder".

Andrés Pérez González

RECUADRO: "DETRÁS DE LA CORTINA"

Si hubiera nacido en la Rusia zarista del 1900, Vladimiro Montesinos -el misterioso asesor personal del mandatario Alberto Fujimori- encarnaría al siniestro Rasputín. Y es que el "monje negro" del Palacio Pizarro en Perú personifica el centro de las críticas opositoras. Inicialmente, según una recomendación de la OEA, se dijo que Montesinos ocuparía un cargo público. Eso no se cristalizó. Fuentes consultadas por Ercilla detallaron, incluso, que en sectores de la oposición se propuso tenderle un "puente de oro" para que se fuera del país. Otros, en cambio, sólo piden que se le enjuicie. El cerebro del cuestionado Servicio de Seguridad Nacional (SIN) sigue intacto en su papel "detrás de la cortina".

publicado el 7 de agosto del 2000 en Ercilla