Relaciones Perú-Chile

Un inesperado tropiezo

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La estratégica alianza entre Chile y Ecuador ha enturbiado las siempre complejas relaciones bilaterales entre Santiago y Lima, cuya Cancillería exige una investigación exhaustiva que aclare la participación chilena en un eventual rompimiento del embargo internacional de ventas de armas durante la “Guerra del Cóndor”.

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Bastaba que alguien encendiera una mecha para que nuevamente las relaciones entre los gobiernos de Perú y Chile estén a punto de explotar. En el marco de un proceso judicial por la adquisición de armamento obsoleto triangulado desde Buenos Aires hacia Quito, el prófugo ex jefe del Comando Conjunto de la Defensa de Ecuador, general en retiro Víctor Bayas, desató la tormenta al ventilar que Chile vendió armas a Ecuador durante la “Guerra del Cóndor”, entre enero y febrero de 1995. El también llamado conflicto bélico de Alto Cenepa duró 22 largos días y dejó al menos 66 víctimas fatales.

La apresurada investigación ordenada por el ministerio de Defensa chileno descartó ese hecho, puntualizando que el envío se autorizó en septiembre de 1994, meses antes de gatillarse el conflicto peruano-ecuatoriano. “Chile no está involucrado en proveer armamento a Ecuador con ocasión del conflicto que meses después tuvo con el Perú y lo único que nosotros aprovisionamos fue una cantidad de municiones con montos bastantes mínimos”, dijo enfático el ministro Jaime Ravinet.

Esa aclaración fue tachada lapidariamente como insuficiente desde Lima. La reacción puede ser hasta comprensible si se atiende a las confusas intervenciones de los diputados Jorge Burgos (DC, ex subsecretario de Guerra y ex embajador en Quito) y de Jorge Tarud (PPD). Burgos dijo conocer la venta de armas a Ecuador en 1994, pero aseguró desconocer cuándo se envió ese material: “No tengo el año exacto porque nosotros lo que veíamos era la autorización de venta”. Por su parte, Tarud reconoció al influyente diario peruano La República que tenía conocimiento de que los últimos despachos de municiones a Ecuador fueron hechos una vez estallado el conflicto.

El siempre polémico vicepresidente peruano, David Waissman, puso conscientemente más leña al fuego al sugerir que nuestro país debería entregar una compensación económica al país vecino –al margen de su responsabilidad penal– de comprobarse esta venta efectuada, según la denuncia, mientras regía un embargo internacional. Por si fuera poco, Chile es uno de los cuatro países garantes del Protocolo de Rio de Janeiro de 1942, que fijó los límites entre Perú y Ecuador, y que obliga guardar estricta neutralidad en este caso.

Intentando a toda costa apaciguar los ánimos, un apurado comunicado conjunto divulgado desde Santiago por los ministerios de Exteriores y de Defensa entregó una correcta señal al explicitar que “el gobierno de Chile, en vista de los lazos de confianza y amistad existente entre ambas naciones, invita al gobierno de la República del Perú ha establecer un diálogo, en el marco del mecanismo ‘2+2’ existente para el efecto”, como se conoce a los encuentros bilaterales conjuntos entre esos respectivos ministerios.

No obstante, el ejecutivo limeño ordenó el inmediato regreso del canciller, Manuel Rodríguez Cuadros, abortando así un rumoreado encuentro con su homólogo chileno, Ignacio Walker, que se iba a efectuar en Marruecos este 24 de marzo, aprovechando una reunión entre países árabes y latinoamericanos. Para dejar aún más explícito el mensaje, Palacio Pizarro anunció también que deja en suspenso los acuerdos de cooperación y confianza entre Fuerzas Armadas. Y para disipar majaderamente cualquier futura controversia, las autoridades peruanas dispusieron su propia investigación, al margen de la que deba hacer Chile.

Consultado por Ercilla, el analista chileno Esteban Silva –ex asesor del presidente Alejandro Toledo– dice desde Lima que en estricto rigor no hay claridad sobre los alcances de este último altercado entre Perú y Chile, confirmando de ese modo la permanente compleja dimensión de las relaciones bilaterales, más allá de efímeros “flirteos” de acercamiento.

Silva cree que si bien esta reciente crisis puede que no dañe la agenda entre ambos gobiernos, sí la puede “climatizar” de otra manera.  Por lo demás, a su juicio, la cancelación de la visita a Lima del comandante en jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, al igual que la del buque escuela “Esmeralda” al puerto de Callao, facilitan más que enturbian la presente crisis, ayudando a aminorar esta tensión fuera de libreto.

La contraparte ecuatoriana salió también al paso en este incidente. El comandante del Ejército de ese país, general Luis Aguas, desmintió al autor de la denuncia, Víctor Bayas, declarando al rotativo El Comercio de Quito que tiene “conocimiento de que en la  Junta de Defensa Nacional no existe ningún tipo de contrato de defensa con Chile. Prácticamente, las informaciones que dan ciertos generales en servicio pasivo quedarían desvirtuadas”.

 

LO EXTERIOR ES LOCAL

 

Aún cercano al oficialismo peruano, Estebán Silva reconoce además que este “ruido de mayor intensidad” constituye un “regalo” para ciertos sectores políticos en Perú, modificando o al menos temperando la pauta noticiosa referente a la torpedeada y cuestionada gestión de Toledo. De ser así, se confirmaría esa máxima que aventura que toda política exterior no es más que una ampliación de la política local.

La sospecha de tal estratagema no es menor, ya que el mismo día –el pasado 23 de marzo– que el debilitado Toledo convocó a los asesores del Consejo de Defensa, éste debía comparecer ante una comisión parlamentaria para aclarar su eventual participación en la supuesta falsificación de firmas para la inscripción electoral en 2000 de su partido “Perú Posible”.

Toledo ya sabe que el arte de la política, más aún cuando debe hacer frente a un magro apoyo popular que bordea un 10% y a escaso un año de las próximas elecciones generales, lo lleva a asemejarse a un equilibrista en los márgenes del precipicio.

Siguiendo al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso peruano, Gustavo Pacheco, quien si bien aseguró que de confirmarse la denuncia “sería un hecho deplorable cometido por Chile, por ser integrante del Protocolo de Rio de Janeiro”, pidió además “cautela y prudencia”. Este nuevo tropezón en los dificultosos esfuerzos de acercamiento e integración bilateral así lo exigen.

Andrés Pérez González