Tráfico ilegal de armas desde Argentina
El gran negocio
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Se ha roto el pacto de silencio. Tras las últimas confesiones en el escándalo del contrabando de armamento a Croacia y Ecuador, un juez federal se presta a interrogar al ex mandatario Carlos Menem y a otros altos funcionarios de su administración. A Menem se le sindica como "jefe" de una "asociación ilícita", por lo que arriesga un arresto domiciliario de por lo menos cinco años y, además, despedirse de su ambición de recobrar la presidencia en el 2003.
Por Andrés Pérez González,
Santiago de Chile
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Ante los preparativos para su glamoroso matrimonio con la ex Miss Universo, la animadora chilena Cecilia Bolocco (36), el carismático ex presidente argentino Carlos Saúl Menem (71) ha debido sortear varios imprevistos en los tribunales de su país.
La avalancha judicial contra Menem y varios altos funcionarios de su gobierno se desencadenó tras la sorpresiva confesión que hace un mes realizó el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga. El funcionario era hasta ese momento el único procesado por el tráfico ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones que entre 1991 y 1995 salieron desde ese país rumbo a Croacia y Ecuador, cuando el primer país se encontraba bajo embargo militar por el conflicto bélico en los Balcanes y el segundo, en hostilidades limítrofes con Perú. Al parecer, Sarlenga se sintió abandonado por los restantes implicados en un caso que comienza a adquirir consecuencias imprevisibles.
El primer "intocable" que cayó en manos del juez federal argentino Jorge Urso -bajo detención preventiva por ser "uno de los organizadores de una asociación ilícita"- fue Emir Yoma, ex cuñado y asesor de Carlos Menem. Inmediatamente, el controvertido empresario -también de origen sirio- movió sus piezas y advirtió que está dispuesto a "prender el ventilador" si no lo ayudan. Eran las primeras señales de lo que promete, según algunos analistas, convertirse en un "sálvese quien pueda".
Ahora, el futuro de Menem pende de un hilo. De acuerdo a la acusación de la Segunda Sala de la Cámara Federal, en este caso "las decisiones habrían partido desde niveles superiores del Estado". Una reciente editorial del diario argentino Clarín se sumó a esta perspectiva: "dada la magnitud de la operación y el tiempo que duró, no puede haber sido llevada a cabo sin el conocimiento y/o la complicidad de funcionarios civiles y militares del más alto rango".
Según antecedentes judiciales, la transacción armamentista debió ascender a unos 100 millones de dólares. De esa cifra, sólo 40 millones habrían llegado a la estatal Fabricaciones Militares; el resto, se debió repartir bajo forma de comisiones y sobornos.
Recientemente, el juez determinó que Menem deberá comparecer el próximo 13 de julio para responder a las acusaciones que lo sindican como supuesto "jefe" de la "asociación ilícita" que llevó a cabo el contrabando. De comprobarse esas acusaciones, el ex mandatario puede enfrentar una condena de entre cinco a diez años, ya que el delito establecido no es excarcelable. Aunque por ser mayor de 70 años, se le permitiría el beneficio del arresto domiciliario.
"Es la primera vez en la historia de Argentina que se llama a indagatoria a un presidente elegido democráticamente", precisó a este semanario el periodista de Clarín, Daniel Santoro.
Antes de que Menem coloque la guinda a este desfile de altos funcionarios implicados en este escándalo de armas y dólares, ya debieran haber pasado por tribunales el ex jefe del Ejército Martín Balza (13 de junio), el ex ministro de Relaciones Exteriores Guido Di Tella (24 de mayo) y el ex ministro de Defensa Erman González (4 de mayo).
Al comenzar este destape de denuncias, el rotativo de izquierda Página12 alertó sobre las implicancias de la confesión del ex interventor de la empresa estatal. "Éste rompió un pacto de silencio cuyas consecuencias son imprevisibles y le dieron una dinámica propia a la causa", se lee en la publicación. El artículo advirtió, además, que no se puede descartar que los implicados vuelvan a protagonizar acusaciones cruzadas en una suerte de "todos contra todos". En ese sentido, una crónica del matutino La Prensa, que lleva por título "Las armas siempre dividen", explicó que la intención sería que quien primero revele más antecedentes, quedaría en mejor posición para acceder a algún beneficio. "Ninguno quiere cargar con todas las culpas y todos quieren salvarse de la pena mayor", según La Prensa.
A juicio del politólogo argentino Rosendo Fraga, consultado por este semanario, un hipotético procesamiento al ex presidente constituiría un "problema adicional en momentos de crisis e incertidumbre económica" para su sucesor, el radical Fernando de la Rúa. No obstante, reiteró que en política "no todo puede ser controlado".
Por lo pronto, según la prensa argentina, la estrategia del menemismo se sintetiza en: lo político, catalogar a la investigación como una "persecución" contra el anterior gobierno; y en lo judicial, probar que en la gestión de Carlos Menem no hubo voluntad de armar una organización para delinquir.
El mismo Menem ha avalado esta táctica judicial. Al festejar el 1 de Mayo en su tierra natal de Anillaco, en la provincia de La Rioja, el ex mandatario insistió en su denuncia. "(Se trata de) una tremenda persecución política, pero lo lamentable es que es en un régimen democrático. Todo (la acusación) es una mentira, una verdadera trampa para tratar de destruir, ya no tan sólo al hombre que transformó a la Argentina, sino al Partido Justicialista".
Sin embargo, lo lamentable -según una editorial de Clarín, aparecida el pasado 4 de mayo- es que "no debe olvidarse que la sujeción de todos los ciudadanos a las mismas reglas es lo que diferencia al estado de derecho de un orden dictatorial signado por la arbitrariedad".
Al parecer, la clase política comienza a "cuadrarse" y a defender a uno de sus emblemáticos integrantes. Dejando atrás su enemistad con el ex mandatario, el actual ministro de economía, el polémico y pragmático Domingo Cavallo, advirtió que "debe existir un alto respeto por lo difícil que es la labor de gobernar". Y agregó, citando inconscientemente a Maquiavelo, que "sea el ex presidente que sea, Menem o (Raúl) Alfonsín, hay que entenderlo en la complejidad de lo que ha tenido que administrar". Incluso, hizo mención a que Argentina debía seguir el ejemplo de países como España, donde es la Corte Suprema de Justicia la que juzga a importantes personalidades.
Con esas declaraciones, Cavallo intenta preparar por anticipado su defensa, en caso de que él también deba comparecer ante la justicia. Su firma aparece en los decretos del tráfico de armas.
Y para colmo, a Menem se le abre otro difícil frente judicial. El abogado Ricardo Monner Sans ha insistido en que se investigue el patrimonio de cada implicado en este caso. Un proceso paralelo por "enriquecimiento ilícito" significaría el término absoluto de la carrera política de Carlos Menem. Para nadie es un secreto que incluso los privilegios que gozan los ex jefes de Estado no alcanzan –por lo menos en América latina- para satisfacer el estilo de vida de este descendiente sirio, acostumbrado a los continuos viajes de noviazgo a Miami, a sus frecuentes prácticas de golf, elegantes celebraciones, lujosos trajes y exclusivos departamentos.
Los expertos de ese país no se atreven, además, a descartar de plano una "salida política" a ese caso. Si la situación se pone peor para los intereses menemistas, no extrañaría que se invocara que la venta ilegal de armas fue una "razón de Estado" avalada por Estados Unidos. Sin embargo, el periodista Santoro rechazó absolutamente esa posibilidad. "En estos momentos no hay espacio para una salida al margen de los tribunales", declaró, aunque reconoció las enormes presiones que ejercen los cercanos al ex mandatario para hallar una solución de ese tipo.
Mientras se desarrolla este proceso judicial, la incertidumbre económica reinante en Argentina amenaza con desatar una ola de inestabilidad en el sistema financiero de la región. Incluso, la revista estadounidense Newsweek advirtió en un artículo aparecido a principios de abril, que la tercera potencia latinoamericana constituye una verdadera "bomba de tiempo". En ese escenario, el ministro Cavallo utiliza sus "herramientas" políticas y técnicas para ganarse la confianza de los inversionistas, acreedores y de las poderosas instituciones financieras internacionales.
De ese modo, y para que el barco no se hunda, Cavallo logró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgue en el presente mes un préstamo por 1.300 millones de dólares. Por su parte, el gobierno argentino se comprometió a alcanzar un déficit fiscal anual inferior a los 6.500 millones de dólares. Para eso, la administración de De la Rúa deberá recortar sus gastos en 900 millones de dólares. Naturalmente, el FMI tuvo que otorgarle, además, un "perdón" a su deudor, ya que Argentina no había cumplido su pauta de déficit trimestral, excediéndose en mil millones de dólares.
Por otro lado, la Cámara de Diputados se alineó bajo las órdenes de Cavallo, aprobando la ampliación de la convertibilidad del peso argentino -que desde 1991 se equipara al dólar- para dar paso a una canasta de fluctuación entre el euro y moneda estadounidense.
Mientras en Buenos Aires Carlos Menem trabaja todo el día junto a sus abogados preparando su defensa, sus detractores ya dan por muerto su nuevo intento por repostularse a la presidencia el 2003. El analista Rosendo Fraga se pregunta si para la ex Miss Universo -quien cumplirá 36 años este 19 de mayo- "sigue teniendo sentido un matrimonio al perder Menem sus posibilidades de volver al poder".
publicado en semanario JungleWorld el 9 de mayo del 2001