Colombia
La sórdida lógica de la guerra
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Las Farc y el debutante gobierno de Alvaro Uribe han iniciado un muñequeo mortal. Ambas partes estrenan municiones: la nueva administración declara el estado de "conmoción interior" y la longeva guerrilla colombiana lleva el conflicto armado a las grandes ciudades. ¿El fin justifica los medios?
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Dicen que el debutante presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez (50), heredó la audacia y la temeridad de su padre, quien fue asesinado en 1983 por un destacamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), luego de resistirse a balazos a un intento de secuestro en el próspero estado de Antioquía.
Apoyado por el 77% de la población que optó por su candidatura de "mano dura y corazón blando", y a sólo cinco días de haber asumido en la sede del Ejecutivo, el actual mandatario inició el ataque frontal a los grupos guerrilleros marxistas y a los paramilitares de extrema derecha. En la madrugada del 12 de agosto, Uribe decretó el estado de "conmoción interior", tratando así de frenar la última oleada de ataques insurgentes, que ocasionaron el mismo día de su juramento -y justamente en los alrededores del Palacio presidencial de Coriño- 21 víctimas fatales y unos 70 heridos. Y en la primera semana de su gobierno, más de un centenar de muertos.
Según la periodista Salud Hernández, en una reciente nota aparecida en el diario español El Mundo, este ataque al "corazón de las instituciones democráticas, al golpear la sede presidencial con un mortero, puso a temblar a los ciudadanos de las grandes urbes, acostumbrados a ver la guerra por televisión".
¿Y qué hace un Estado cuando es víctima de un ataque? La declaración de conmoción interior -que exige la aprobación de la Corte Suprema de Justicia- está prevista ante una "grave perturbación del orden público, que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana", aduce el ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño.
Al declarar el estado de excepción, Uribe se desmarcó además de su antecesor, el cuestionado Andrés Pastrana, quien barajó hace más de un mes la posibilidad de utilizar el mencionado decreto 1837 –estipulado en la Constitución de 1991-, tras el anuncio de las Farc de que los recién electos alcaldes engrosan su lista de "objetivos militares".
"Uribe es la personificación del líder anti-Pastrana", asegura el analista colombiano Fernando Cepeda. "Y podemos estar seguros de que si la situación se vuelve mala con este gobierno, nadie podrá decir que fue por falta de esfuerzo".
PODERES ESPECIALES
El grupo armado del mítico Manuel Marulanda, alías "Tirofijo", se ha anotado un punto en su delirante estrategia belicista, al trasladar el conflicto armado desde el tradicional escenario rural a las grandes urbes. La medida de excepción anunciada por el actual mandatario regirá por noventa días, prorrogables por otros 180 días con la venia del Congreso, y podrá restringir varias libertades civiles: la intercepción de llamadas a celulares, la información en los medios de comunicación, la movilización de la población y el uso de servicios o artículos de primera necesidad.
"Todo ello ‘conmueve’, pues se refiere a un ambiente de pre-guerra o, por lo menos, a un Estado militarista que se nos ha intentado vender como necesario para restablecer el orden y la autoridad, pero que puede degenerar en actitudes autoritaristas, cuyas consecuencias ya hemos padecido mucho en Latinoamérica", expresa a este medio Paloma Méndez, columnista del diario colombiano El Espectador.
Como primera medida concreta, este trabajólico ex gobernador de Antioquía y abogado con estudios en Oxford y Harvard, anunció un impuesto al patrimonio que constituirá –de acuerdo al ministro de Hacienda, Roberto Junguito- el aporte "de los más pudientes a la seguridad democrática". El Estado cobrará un 1,2% a quienes tengan un patrimonio líquido declarado igual o superior a 57 mil dólares y se hará efectivo desde el próximo octubre.
Se presume que esa medida afectará a unos 420 mil colombianos -equivalentes al 1% del total de la pobblación- y permitirá recolectar este año unos 800 millones de dólares, destinados preferentemente a las Fuerzas Armadas. Según la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, ese presupuesto servirá para fortalecer los organismos de seguridad con diez mil nuevos agentes de policía y para la formación de dos brigadas móviles del Ejército, compuestas por unos tres mil soldados.
Una fuente periodística chilena, radicada hace dos años en Bogotá y que quiso guardar el anonimato, confirma esa línea de acción: "La verdad es que lo que pueda resolver Uribe en el corto plazo será muy difícil de medir. Creo que el gran objetivo de la ‘conmoción’ es conseguir fondos urgentes para las Fuerzas Armadas. Porque las otras medidas que se han anunciado, como la interceptación de celulares, si bien es útil, no es ninguna novedad, seguramente antes también pinchaban los celulares".
Este ambicioso plan de contrainsurgencia prevé además la incorporación de un millón de civiles como informantes de los servicios de Inteligencia. Para el legislador Antonio Navarro Wolf, ex jefe del grupo guerrillero M-19, "tener un millón de civiles armados es peligrosísimo, porque el nivel de enfrentamiento va a aumentar".
Lo cierto es que –de acuerdo al prestigioso analista colombiano Alejo Vargas, en contacto con este medio- probablemente "la situación no se modificará sustancialmente. El incremento de la fuerza pública no se concretará antes de unos seis meses, por razones obvias de procedimiento y reclutamiento".
"ECHAR MÁS COMBUSTIBLE"
Los reparos de las Farc -que emergió con una retórica marxista-bolivariana en 1964- no se hicieron esperar. En un comunicado transmitido por su agencia de noticias Anncol, advirtieron que la decisión de Uribe supone "echar más combustible" al conflicto armado. "A toda máquina se está configurando un Estado fascista que le garantice a la oligarquía seguir gobernando sin las incomodidades del movimiento popular colombiano, en sus más variadas expresiones".
En los hechos, esta organización insurgente ha visto como el "pueblo" que dice defender, le ha restado su apoyo. En el último tiempo el número de víctimas civiles creció notoriamente: en 2000 fueron 1075; en 2001, 1251; y en el presente año, la cifra amenaza con superar las 1300 personas no uniformadas, de acuerdo a la revista Cambio, que preside el novelista Gabriel García Márquez.
Y es que en el presente año, las Farc -el principal grupo armado con unos 18 mil combatientes a sueldo- ha llegado a utilizar animales, cadáveres, bicicletas y autos como artefactos explosivos, aumentando su saldo de víctimas inocentes.
A juicio del ex candidato presidencial del izquierdista Polo Democrático, Luis Eduardo Garzón, los últimos actos terroristas de los guerrilleros dieron "un argumento irrefutable al gobierno para declarar el estado de conmoción interna", advirtiendo de paso la posibilidad de que se desate una "cacería de brujas" contra supuestos ayudistas de los guerrilleros.
Y es que la principal preocupación está centrada en "la falta de responsabilidad y en los abusos cometidos por los militares y la policía", asegura desde Washington el especialista en la región Eric Olson, de Amnistía Internacional.
Para la mencionada fuente periodística en Bogotá, "obviamente que hace mucho tiempo que se está pidiendo un régimen legal más estricto y la tesis del gobierno es que este nuevo régimen legal es para proteger a ‘los buenos’ y atacar a ‘los malos’, o es lo que se espera que ocurra en la práctica".
¿DICTABLANDA?
Definitivamente, el país cafetero está al borde de un abismo. El conflicto bélico ha dejado en la última década un saldo de más de 40 mil muertos y los índices económicos tampoco son muy optimistas: sólo el desempleo rural ya supera el 50%, el crecimiento de la economía bordearía a fin de año el 1,5% y el déficit alcanzaría el 6% del producto, según estimaciones gubernamentales.
A juicio de la fuente periodística antes citada, no existe riesgo de "una ‘dictablanda’, porque Uribe y todo su equipo han sido elegidos democráticamente, son muy capaces y respetuosos de la legalidad. No veo tampoco que se vaya a generar una catástrofe en cuestión de derechos humanos, porque la catástrofe ya existe, y es justamente por los grupos armados ilegales".
La columnista Paloma Méndez advierte, no obstante, que "más que ‘dictablanda’, lo que padece Colombia es una ‘pluridictadura’: de la guerrilla, los paramilitares y narcos. Ese es nuestro drama. Parece que nos fascina ese estilo de sociedad. Por ello ganó un candidato que, de cierta forma, ofrece otra dictadura: la de la democracia autoritaria, la de la democracia de la conmoción interior".
Un editorial del rotativo bogotano El Tiempo, publicado el pasado 13 de agosto, expresó que "las medidas decretadas por el gobierno de Álvaro Uribe han recibido un explicable respaldo colectivo en un país saturado de barbarie. El estado de conmoción es el reflejo jurídico de una realidad política y social, y señal de que Colombia ha llegado a un límite... Las Farc, en suma, tienen lo que querían".
"Evidentemente, cada parte está apostando a la disuasión militar del adversario y eso tiene riesgos muy grandes, si el conflicto se escala -declara por su parte el politólogo Alejo Vargas-. Pero también lo real es que la guerrilla no está por ahora interesada en una negociación en serio y uno también tiene dudas si el establishment tiene interés en una negociación en serio. Ante esa circunstancia aparece el recurso de la guerra".
Y es cierto, el actual mandatario simplemente está cumpliendo lo que prometió y por cual obtuvo la primera mayoría en las elecciones del pasado 26 de mayo, superando por un 20% de las preferencias a su principal contrincante, Horacio Serpa. Aunque también es cierto que la esquiva tierra del vallenato -¿y el resto del mundo?- se silencia ante el nuevo escenario prebélico y pierde cada vez la capacidad de asombro.
A.P.G.
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(RECUADRO) EL PLAN COLOMBIA ESTA EN MARCHA
Estados Unidos terminó por reconocer que su pretendida lucha contra el narcotráfico en el tradicional país cafetero incluía directamente a los grupos insurgentes. Así, el Plan Colombia muestra su verdadero rostro. Luego de aportar con dos mil millones de dólares en los últimos dos años a Bogotá, Washington ha dado su autorización a la debutante Administración Uribe para utilizar, además contra objetivos guerrilleros, los cerca de ochenta helicópteros donados por el gobierno de George W. Bush. Funcionarios del Pentágono explican el cambio de actitud desde el cuestionado nuevo teatro de operaciones, desatado tras los atentados del pasado 11 de septiembre.
"Eso va en sintonía con los propósitos del gobierno de Uribe y con la realidad de que casi todos los grupos armados se financian en gran parte con recursos que llegan del narcotráfico. Al distinguir la lucha contra las drogas y la contrainsurgente se estaba haciendo una distinción irreal", asegura a este medio una fuente periodística chilena radicada en Bogotá. "Yo mismo estuve en la zona de distensión varias veces y veía coca en los municipios, amapola en las laderas de los cerros. Eso siempre existió y en el fondo, ahora se está enfrentando la realidad", agrega.
En declaraciones a la BBC, el polémico Otto Reich -encargado de asuntos latinoamericanos en la Casa Blanca- aseguró que su gobierno no tiene intención de "introducir tropas de combate" en Colombia; a la vez, pidió el apoyo de los países vecinos para que el gobierno de Uribe pueda ganar su "guerra contra el terrorismo" dentro de sus fronteras.
Por si fuera poco –de acuerdo al reciente anuncio del zar antidrogas estadounidense, John Walters-, Estados Unidos tiene previsto reanudar probablemente en octubre su programa de vuelos antinarcóticos sobre Colombia y Perú. "Estamos trabajando para entrenar personas" en ambos países, puntualizó desde la Casa Blanca.
"Evidentemente, hay un riesgo muy preocupante y es que cada vez la política estadounidense se involucra no sólo en Colombia, sino principalmente en el área andina. Y no sólo en materia económica, también operativa", precisa el politólogo colombiano Alejo Vargas.
¿Producirá el declarado apoyo contrainsurgente de Estados Unidos un cambio en el balance militar a favor del Estado colombiano? Al menos las Farc -en sus planes de la "conquista del poder"- llevan casi cuarenta años alzados en armas y, al parecer, nada ha cambiado.
Este artículo aparece en la edicion impresa de El Periodista Quincenal (Año1, nº18, lunes 19 de agosto de 2002. Págs. 36 y 37)