Bolivia
Cuando el Estado es el problema
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El “eslabón más débil” de América latina prosigue su trayecto para convertirse en un “Estado fallido”. Tímidamente el presidente Carlos Mesa logra equilibrarse en el poder, sabiendo que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
Andrés Pérez González, Santiago de Chile
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Hace unos meses el siempre inestable mandatario boliviano, Carlos Mesa, no titubeó en reconocer, durante una extensa entrevista a un canal de televisión chileno, que su anhelo es lograr terminar su gobierno el 2007 y ser “recordado como un presidente que hizo su trabajo en uno de los momentos más difíciles del país”.
El destacado analista chileno Raúl Sohr –autor de varios libros sobre los nuevos conflictos internacionales en el siglo XXI– puntualiza en conversación con este corresponsal que “la situación de Bolivia es muy precaria. El presidente Mesa ha sido hábil en el manejo de la crisis, pero él no tiene el mandato. Es decir, él fue una solución constitucional para mantener el sistema democrático, pero él no tiene legitimidad real. Él está gobernando sin partidos. Es decir, es una situación muy artificial en lo político. La situación social es absolutamente tensa, no se ha resuelto nada de los problemas que causaron la insurrección contra Gonzalo Sánchez de Lozada (que culminó con su renuncia a la presidencia en octubre de 2003). Por lo tanto, con una conducción política muy débil, con una situación social de alta explosibidad, con una situación económica absolutamente precaria, yo creo que Bolivia está caminando por una cuerda floja, y que ojalá llegue a buen destino”.
Varios observadores latinoamericanos no pierden de vista el acontecer boliviano, ya que saben que ese país altiplánico constituye el “eslabón más débil” del complejo panorama político regional. Desde Buenos Aires, Rosendo Fraga –director del Centro de Estudios Nueva Mayoría– no duda en tildarlo de “Estado fallido”, siguiendo el término anglosajón “failed state”.
El propio actual ministro de Defensa argentino, José Pampuro, parece que no se dio cuenta de la presencia de reporteros, al asegurar –a principios de julio– que Bolivia se estaría “libanizando”, haciendo hincapié así en la insurgente ola que cuestiona radicalmente a las autoridades centrales de La Paz. A mediados de junio, el alcalde del poblado de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, cayó muerto bajo la furia popular en una suerte de ajusticiamiento colectivo. El Estado –para bien o para mal de muchos– no existe en muchas localidades bolivianas, regidas –por el contrario– por las ancestrales autoridades comunitarias.
Precisamente, a fines
del siglo XIX una treintena de soldados que se reponían
de sus heridas en la iglesia de Ayo Ayo fue martirizada hasta la muerte por una
turba indígena. Fue el episodio más sangriento de la Guerra Federal de 1899,
que permitió a La Paz convertirse en sede de gobierno.
Según
el periodista boliviano Sergio Molina Monasterios, en un reciente artículo
aparecido en el rotativo conservador chileno El Mercurio, “el asesinato de Ayo
Ayo parecería más la constatación de que los problemas más importantes del país
altiplánico siguen irresueltos... exclusión social y cuestión indígena, entre
otros... antes que el anuncio del fin del Estado boliviano o el anuncio de una
etapa insurreccional”.
Lo que sí está claro es que “el precario equilibrio sociopolítico que vive ese país desde 2000 ha entrado en una fase de definiciones”, de acuerdo a Naciones Unidas; organismo que no pasa por alto las predicciones del Fondo Monetario Internacional que reajustó recientemente la tasa de crecimiento para Bolivia, aumentando de un 2,9% a un 3,6%.
Resurgiendo el fantasma de la desintegración nacional, como si fuera poco, sectores acomodados de la ciudad de Santa Cruz quieren validar a través de otro referéndum un petitorio de autonomía administrativa.
El ya mencionado Sergio
Molina estima que Bolivia es “un país construido
sobre otras nacionalidades –la quechua, aimara y guaraní– y que no ha resuelto ni su problema étnico ni el estatal.
Por eso es más cierto afirmar que se trata de un Estado fallido antes que un
país en vías de extinción”.
Al aproximarse el referéndum sobre la utilización estratégica del gas boliviano, uno de los informes desarrollados para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea que el punto focal de la coyuntura de ese país es la agenda hidrocarburífera. Esta genera cuatro escenarios posibles: “El oficialista que supone una negociación satisfactoria en torno a la propuesta presidencial, que desbloquea el conflicto. El escenario opositor que supone, en cambio, un conflicto abierto entre gobierno y actores sociales y un posible desenlace caótico. El escenario oficialista autoritario, que supone la imposición de la agenda presidencial sin negociación. Finalmente, el escenario opositor negociado que supone adelantar los comicios”.
Las estimaciones más probables, según el PNUD, son el primero y el último.
El
presidente Mesa sabe que su función es imprescindible para el principal actor
internacional en Bolivia, el gobierno de Estados Unidos. Esto lo demuestra,
siempre según Molina, el hecho que el secretario adjunto de la hiperpotencia
para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, haya asegurado
recientemente que la actual Administración Bush considera “que es decisivo que
el presidente Mesa complete su mandato constitucional”.
Por cierto, el mandatario altiplánico ha sabido equilibrar la centenaria reivindicación marítima con Chile, ventilando una y otra vez añejas rencillas patrioteras que sólo benefician a la élite dominante.
En una entrevista concedida a mediados de junio a BusinessWeek, el gobernante manifestó que el tema del acceso al mar “es una cuestión que Chile y Bolivia tienen que resolver. Chile tiene que entender que el proceso de integración regional requiere de una solución a este problema”. Por lo demás y como demostración de sus credenciales políticas, Mesa dijo que cuenta con un 70% de respaldo popular y reconoció que si gana el referéndum del próximo 18 de julio tendrá “mayor legitimidad”.
Ambos Estados no tienen relaciones diplomáticas desde 1962, salvo un breve paréntesis entre 1975-1978, debido a la demanda de Bolivia de recuperar una salida soberana al mar que perdió en la denominada Guerra del Pacífico (1879-1884).
Lo que continúa repercutiendo en La Paz, y pone a más de algún dirigente los pelos de punta, es que después de la ejecución del alcalde de Ayo Ayo se escuchó una sola voz colectiva: “Todos lo matamos”, “Que nos lleven presos a todos”.