Argentina y consecuencias del tráfico de armas a Croacia
"Si no hay pan, démosles circo"
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"Antes que incendien a la Argentina, liberen a Menem", rezan las consignas de los partidarios del detenido ex presidente argentino. Y es que más que la crisis de corrupción, la crisis económica ha provocado el caos en el gobierno de Fernando de la Rúa, quien se limita a administrar las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por Andrés Pérez González,
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"Si no hay pan, démosles circo". En esa frase pareciera resumirse la estrategia del actual gobierno del centroizquierdista Fernando de la Rúa para capear la aguda crisis económica que sufre Argentina.
Y es que recién a principios de agosto se reactivó el proceso judicial por el tráfico ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones que desde ese país sudamericano se enviaron, entre 1991 y 1995, a Croacia y Ecuador, cuando ambos países enfrentaban sendos conflictos armados. El polémico ex mandatario Carlos Menem firmó la autorización respectiva que determinaba como supuestos destinos del cargamento a Panamá y Venezuela.
Así, el juez federal Jorge Urso dictó el pasado 7 de junio el arresto preventivo de Menem, quien por ser mayor de 70 años goza del privilegio de cumplir la sentencia en la residencia de Don Torcuato, en las afueras de Buenos Aires.
No obstante la gravedad de esos hechos, la población argentina se muestra más interesada en conseguir un plato de comida. Al cierre de esta edición, multitudinarias manifestaciones civiles protestaban contra el sofocante ajuste económico implantado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ajustado a las directrices superiores del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esa angustiante situación surgen suspicacias. Varios observadores advierten que el aparente manejo errático de la ortodoxia neoliberal obedece más bien a un plan mayor para mantener al peso argentino en paridad con la moneda estadounidense. Todo esto a costa de la recesión.
Ante inmensa adversidad, según analistas, la administración de De la Rúa desplegó un plan comunicacional –conocido como "Mani Pulite"- para aminorar las consecuencias sociales de la recesión económica, salir ilesa en las próximas elecciones parlamentarias de octubre y crear una pantalla de que, a pesar de las dificultades, se lucha contra la corrupción y que el poder judicial actúa con "normalidad".
Al cierre de esta edición, los partidarios del detenido ex mandatario habían programado una marcha con la proclama "Antes que incendien a la Argentina, liberen a Menem".
"LOGICA DE COMEDIA"
En materia judicial, el pasado 7 de agosto la defensa del alto dirigente del Partido Justicialista entregó sus argumentos en contra de la resolución del juez Urso, la que calificaron como "una extravagancia jurídica carente de sustento legal". Catalogaron además su labor de "irresponsable", "arbitraria" y motivada con "afán persecutorio" que guarda una "lógica de comedia", según el diario Clarín, el de mayor tirada en Argentina.
En más de 250 páginas, los abogados defensores de Menem, Oscar Roger y Oscar Salvi, aseguraron que el juez Urso malinterpretó la decisión de la Cámara Federal que dictaminó el pasado 4 de abril que el magistrado investigara hasta las altas esferas de poder.
Esos profesionales de la ley no pudieron explicarse las razones para que Urso aún no haya llamado a declarar al ministro Domingo Cavallo, quien también cumplió funciones durante el periodo de Menem y firmó el acta oficial que intentó ocultar el tráfico de armamento. Con la severa recesión económica, Cavallo parece contar con la inmunidad de ser el encargado de evitar el descalabro definitivo de las finanzas argentinas. Y, además, el valioso apoyo de Estados Unidos y las principales entidades financieras internacionales.
Según Clarín, los magistrados Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun definirán a fines de agosto o comienzos del siguiente mes la situación judicial del ex gobernante de la Casa Rosada.
A principios de julio, el semanario croata Globus entregó otro supuesto antecedente a la causa. La publicación de Zagreb aseguró que el criminal de guerra Dinko Sakic había sido el intermediario entre argentinos y croatas, aprovechando su doble ciudadanía. "Aunque los investigadores y fiscales argentinos nunca tuvieron acceso a la documentación que solicitaron, ésta existe, aunque haya sido ocultada o destruida en parte", precisó Globus. Sakic, en tanto, cumple cadena perpetua en ese país por crímenes en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, tras ser deportado desde Argentina.
Un periodista argentino-croata, consultado desde Zagreb, desechó la participación de Sakic en el tráfico de armas. "Está claro que Croacia tuvo que armarse de alguna manera y en Zagreb no se preocuparon si Argentina violaba el embargo o no. Eso fue un problema argentino. Lo problemático para la parte croata fue el dinero que se tragaron tipos como (el hoy retirado general Vladimir) Zagorac en coimas y comisiones", reconoció la fuente. Antecedentes judiciales detallaron en cien millones de dólares el monto de la transacción armamentista. De esa cifra, por lo menos, 60 millones de dólares debió ser utilizado en diversas formas de soborno.
Globus detalló que en ese caso actuó como encubridor el hijo mayor del difunto ex presidente Franjo Tudjman, Miroslav, quien en esos años era jefe de los servicios secretos y hoy ocupa un destacado puesto en la derecha nacionalista.
PRETEXTO PARA MILITARES
Un artículo aparecido el pasado 22 de julio en el rotativo conservador argentino La Nación, retomó las pistas por un hecho que ha pasado casi desapercibido. Ocho meses después de que el juez Urso iniciara las investigaciones, una explosión redujo a cenizas la bodega de la estatal Fabricaciones Militares en Córdoba, dejando ese 3 de noviembre de 1995, además, tres barrios de esa ciudad convertidos en escombros, siete víctimas fatales y unos 350 heridos.
Lo que en un principio se sugirió que fue un accidente, tomó un sospechoso carácter. Precisamente en ese sitio, el Ejército argentino almacenó las armas que serían ilegalmente enviadas a Croacia y Ecuador. En ese lugar se les quitaron de los cañones y obuses los logotipos de la institución castrense local y se repintaban los proyectiles viejos para que parecieran nuevos.
De acuerdo a La Nación, la explosión intentó servir de "buen pretexto a los militares para tratar de justificar la falta de decenas de miles de proyectiles, cañones y de documentos comprometedores".
A pesar de que esta vez la defensa de Menem prácticamente no hizo mención a la participación de Estados Unidos en el contrabando, el mismo ex mandatario declaró cuatro días antes de su detención en un programa de televisión, que la venta de armas fue una "cuestión de Estado, de relaciones internacionales y no judiciales". Y aconsejó a quienes llevan la causa judicial que consulten a Washington, ya que en esos años las naves de guerra del país más poderoso del planeta ejercían un estricto control en el Mediterráneo, debido al embargo decretado por Naciones Unidas sobre la ex Yugoslavia.
Una de las hipótesis que no se puede descartar es la participación de la siniestra CIA, en un intento por beneficiar circunstancialmente a Ecuador y a Croacia. "No es la primera vez que Estados Unidos realiza este tipo de acciones, en particular la CIA, recordemos el caso Irán-Contras", opinó un observador argentino.
La misma fuente agregó que tras la caída de Manuel Antonio Noriega en Panamá, es imposible pensar una triangulación de armas sin la participación de Washington.
OSCUROS PODERES
Analistas explicaron, por otra parte, que el Partido Justicialista (PJ) no se "cuadró" detrás de Carlos Menem, debido a que cualquier defensa a favor del ex presidente, significaba una jugada a favor del gobierno de De la Rúa.
Observadores advirtieron, además, que la suerte de "libanización" en Argentina esconde varias intenciones, utilizando la maquiavélica "Realpolitik". Desde la sede del Ejecutivo, la apuesta sería generar "un operativo para darle credibilidad al actual gobierno, ya que por las medidas económicas de ajuste sobre ajuste, ha perdido popularidad y apoyo, y sólo una operación de transparencia podría devolverles algo de este crédito perdido", puntualizó una fuente en Buenos Aires.
Si la apuesta fue desplegar un "circo" político-judicial -en el que finalmente no habría sentencias definitivas y abundarían los indultos-, pareciera que éste se ha desperfilado, sucumbiendo ante la grave situación económica.
Pese al escepticismo generalizado, aún existen observadores que creen en los tribunales y no descartan que "si la investigación es a fondo", no sólo caería todo el menemismo al interior del PJ, sino también "muchos funcionarios del actual gobierno... y no nos referimos sólo a Cavallo". Lamentablemente, el descalabro social en Argentina depende de oscuros poderes que no están dispuestos a dar la cara ni arriesgar sus intereses.