Bolivia: pese a la nueva ley de gas, sigue el conflicto
La norma establece que las petroleras extranjeras que operen en Bolivia
deben pagar al Estado 18% de regalías más 32% de impuestos
sobre la producción en boca de pozo, no deducibles. Consecuencias
para Argentina.
La
nueva ley de hidrocarburos promulgada en Bolivia abrió nuevas incógnitas
sobre el futuro del sector económico más importante de ese
país país y no logró
aplacar las protestas sociales que exigen la nacionalización
del gas y petróleo.
La norma establece que las petroleras extranjeras que operen en Bolivia
deben pagar al Estado 18% de regalías más
32% de impuestos sobre la producción en boca de pozo, no
deducibles.
Eso no es todo, la
ley generará un doble impacto sobre las exportaciones de gas que
se destinan a la Argentina:
En primer lugar, podría verse seriamente afectado el actual suministro
diario de 4 millones de metros cúbicos si las petroleras privadas
que explotan los yacimientos del Altiplano deciden abandonar sus operaciones
en rechazo al aumento de la carga fiscal que establece la nueva legislación.
Otro problema, es
que las nuevas reglas de juego y el incremento de las regalías
implicarían un golpe letal para el megaproyecto del Gasoducto del
Nordeste, con el cual el Gobierno de Néstor Kirchner esperaba atender
el crecimiento de la demanda de los próximos años con la
importación de 20 millones de metros cúbicos/día.
Bolivia posee en la actualidad la segunda reserva de gas más importante
de América Latina. Con 52,1 trillones de pies cúbicos/ día
(TPC) secunda a Venezuela que encabeza el ranking con 147 trillones de
pies cúbicos. Argentina—que viene consumiendo sus reservas
desde el 2001—cuenta con sólo 23,5 TPC, equivalentes a algo
más de 12 años de consumo.
La advertencia de
las compañías petroleras de que defenderán sus derechos
frente a la nueva norma, que consideran "confiscatoria", y las
movilizaciones y una huelga anunciada en la ciudad de El Alto para los
próximos días mantiene los problemas sobre la nueva ley.
La normativa fue promulgada
este martes por el presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, después
de que Mesa dejara en sus manos esa responsabilidad.
No obstante, Mesa
ratificó durante la presentación de su nuevo plan de Gobierno
que asumirá "la administración de esa ley con todos
los conflictos, dificultades, problemas pero también con los beneficios
que pueda traer".
La preocupación
alude al anuncio de la Cámara de Hidrocarburos (CBH) de que "cada
empresa tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso
respeto a la legalidad, a fin de proteger sus derechos", lo cual
preludia los arbitrajes con los que amenazaron las empresas en los pasados
meses.
Para las compañías,
la normativa afectará los derechos adquiridos en los contratos
firmados con el Estado para obtener concesiones para la explotación
del gas y el petróleo durante 40 años.
La Cámara consideró
que la nueva legislación ignora los "derechos reconocidos
por los contratos, las leyes, la Constitución y los convenios internacionales"
que tiene suscritos Bolivia.
Para las empresas
es real el riesgo de que la nueva legislación ahuyente la llegada
al país de más capitales y el desarrollo de los proyectos
de exportación del energético boliviano, en los que el país
cifra parte de sus esperanzas de desarrollo.
En
el plano social, la promulgación de la ley tampoco aplacó
las protestas que buscan la nacionalización de los recursos energéticos
y que comenzaron el lunes en las ciudades de El
Alto y La Paz.
Durante
la semana varias manifestaciones se trasladarán desde esa urbe
a La Paz y el próximo lunes se pretende iniciar una huelga para
exigir al Gobierno y el Congreso dar pasos hacia la nacionalización
del gas y el petróleo.
www.terra.com
(18Jul2005)
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