Las jugosas ganancias:

¡Gracias a Fox!

 

Recién concluida la fase militar de la Revolución Cubana, los Estados Unidos de Norteamérica suspendieron el intercambio comercial con la isla (organizaron el Bloqueo Económico). Al figurar el azúcar entre estos intercambios, México se vio fortalecido como abastecedor del mercado norteamericano. No obstante, por más de tres décadas, nuestro país ha tenido problemas estructurales en este ramo. En el sexenio del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, los industriales del azúcar utilizaban los créditos que les otorgaban en inversiones ajenas al ramo y desde esa fecha, una y otra vez, ha habido malos manejos en esta industria.

La supuesta reestructuración y modernización de la industria azucarera en el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid sentó las bases para que en el sexenio siguiente se privatizara esta industria. Así, el pretexto de la administración salinista fue de que los empresarios del ramo refresquero, galletero y confitero fueran los dueños de estos ingenios, ya que era un producto complementario para su ramo.

Los favorecidos de ese entonces fueron Enrique Molina Sobrino del grupo ‘CAZE’, Juan Gallardo Thaurlow del grupo ‘GAM’, éste, causante entre otros, de inundar de alta fructuosa al país y beneficiado en el sexenio de Zedillo por el Fobaproa; Alberto Santos Hoyos del grupo ‘SANTOS’, Teresita Machado del grupo ‘MACHADO’, entre otros.

El problema se da a raíz de la sobreproducción del dulce y de la entrada de fructuosa y jarabe de maíz provenientes de EEUU. Este país no abrió sus fronteras para la comercialización, incumpliendo los acuerdos establecidos y plasmados, un año antes, en el Tratado de Libre Comercio (TLC). Según lo pactado, México tenía que exportar 700 mil toneladas de azúcar, pero el vecino país del norte sólo compro 116 mil toneladas, mostrando esto el predominio de los intereses empresariales estadounidenses, como lo hace constar, por otra parte, la ley aprobada por el congreso norteamericano para impedir la entrada de transportes mexicanos a territorio estadounidense, poniéndose de manifiesto, una vez más, el vínculo de dominio-subordinación que priva en la relación existente entre los EE.UU. y nuestro país.

Después del primer informe de gobierno de la administración foxista, orientada a encubrir los resultados de 0% en el crecimiento de la economía - en medio de fricciones con una parte del Congreso de la Unión y algunos sectores de la sociedad –, el propio Vicente Fox anunció la ‘expropiación’ de 27 ingenios azucareros. 

Las causas de la supuesta expropiación - según el gobierno federal – son las siguientes: contribuir a un funcionamiento eficaz del mercado; garantizar el empleo a 12 millones de familias; el inicio de la zafra 2001-2002 y la probabilidad de que los ingenios no cuenten con los recursos para procesar más de 20 millones de toneladas de caña. Sin embargo, es claro que lo único que protege la administración foxista con la  supuesta expropiación o, mejor dicho. ‘rescate azucarero’, son los intereses patronales, así como el saneamiento de las finanzas de los ingenios quebrados (que en poco tiempo volverán a ser privatizados), fortaleciendo a los grupos de poder más cercanos a la presente administración.

La deuda de los industriales rescatados por el gobierno federal es de aproximadamente 25 mil millones de pesos, misma que debería pagarse a instituciones como Hacienda, Seguro Social, Bancos (comerciales y de desarrollo), Financiera Nacional Azucarera (FINASA), así como a los trabajadores del campo explotados por dichos industriales y a quienes se les adeudan 4 mil 500 millones de pesos.

Los ingenios ‘expropiados’ son los siguientes: nueve del Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE), seis del Grupo Azucarero mexicano (GAM), cuatro del Grupo Machado, seis del Grupo Santos y dos del Fideicomiso Liquidador (FIDELIQ); quedando 32 ingenios en manos de otros grupos empresariales, pero también con deudas millonarias.

Todos estos grupos fueron los favorecidos en las administraciones pasadas. Algunos de ellos ayudaron a financiar la campaña del ex presidente Ernesto Zedillo, vía GEPLACEA, empresa en la que participó Rodolfo Zedillo, hermano ‘incómodo’ del ex presidente, quien fue responsable de introducir alta fructuosa al país. Así, los créditos otorgados por FINAZA para fortalecer la industria azucarera fueron desviados por los propios empresarios para su enriquecimiento y fortalecimiento político.

La ‘expropiación’ de los 17 ingenios azucareros tiene por objeto entregar a las grandes empresas nacionales y transnacionales tanto los ingenios como las tierras aledañas que aseguran el abastecimiento de la industria azucarera. Así, muy pronto veremos nuevas y extensas plantaciones concentradas en unas cuantas empresas, que se beneficiarán con la explotación de la mano de obra barata.

Aunado a esto, el pueblo mexicano habrá de enfrentar la burla de la administración foxista consistente en amparar su ‘decreto expropiatorio’ en el artículo 27 constitucional (que prevé “otorgarle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”), pero sólo para hacer pasar el rescate de los empresarios azucareros como un hecho de “utilidad nacional” y, por consiguiente, legal. 

Los más de 12 millones de mexicanos productores y cortadores de caña de azúcar, establecidos en 227 municipios en 15 estados de la república, que viven en condiciones precarias similares a los que se utilizaron en el porfiriato, han padecido falta de crédito, agotamiento de la tierra, rentismo de las parcelas y la imposición de servir con sus tierras como zona obligatoria de cultivo de caña de azúcar. De este modo, los productores del campo viven en permanente zozobra, así como en un círculo de dudas sobre su futuro.

Por un lado, ante la expectativa de recibir pronto los pagos que venían reclamando desde principios de julio (como sucedió en la ciudad de México) y que corresponden a cosechas ya entregadas y procesadas, les preocupa que el gobierno pretenda modificar las condiciones de pago que actualmente reciben: el 57% de la ganancia obtenida en el proceso y que los industriales habían tratado de reducir. Por otro lado, a los trabajadores de la industria azucarera les preocupa la escueta mención que hace el artículo 2º transitorio del decreto expropiatorio que se refiere a que sus derechos serán respetados conforme a la legislación laboral, expresión que no corresponde a las condiciones de una actividad productiva que tiene un “contrato ley” cuyas prestaciones deberían quedar garantizadas en el decreto, así como en el pago de adeudos que tenían los industriales con la representaciones sindicales para la cobertura de sus pensiones.

Así, con todas estas dudas no sería extraño que estos productores del campo engrosaran las filas de mexicanos que a diario salen del país, en búsqueda de mejores oportunidades, arriesgando su vida, pero seguros de que podrán darle a sus familias un mejor nivel de ingresos.

Militante: Rogelio.