La caída del régimen priísta y el acceso al poder de la
administración foxísta no significa el arribo de México a la democracia.
Lo que presenciamos este 1º de diciembre, en México y el mundo,
es el desplazamiento, tras 71 años en el poder, del viejo partido de estado y su
sistema corporativo en pleno desgaste y descomposición, por otro bloque de
fuerzas, de origen empresarial, reorganizado y fortalecido para garantizar la
misma función que el anterior: defender los intereses y acrecentar la riqueza de
las fracciones industriales y financieras de la burguesía mexicana, así como de
las grandes empresas transnacionales y de las potencias imperialistas.
Lo que presenciamos, asimismo, es el remozamiento y la
reorganización del sistema de control y dominación por medio del cual los
grandes capitalistas pretenden seguir dando continuidad, en el marco de la
globalización, a la estrategia neoliberal de expansión y reestructuración
capitalista, instrumentada en nuestro país desde hace 18 años.
Pero la caída del régimen priísta y la alternancia en el poder,
hacia la que parece apuntar el relevo entre fracciones industriales y
financieras de la burguesía mexicana, no es un hecho fortuito. Es resultado del
deseo de cambio y de la lucha que el pueblo mexicano y sus organizaciones
sociales y políticas han desarrollado desde la revolución traicionada de 1917 y
cuyas expresiones más relevantes, en el plano nacional, han sido las luchas
obreras y sindicales de fines de los 50, el movimiento estudiantil del 68, las
luchas campesinas, magisteriales, obreras, estudiantiles y populares de los 70 y
los 80, y la insurgencia electoral del 88. Pero también es resultado del
surgimiento y presencia ininterrumpida de la lucha armada revolucionaria, en los
últimos 35 años. Lucha desarrollada por distintos agrupamientos revolucionarios
ante la explotación, la miseria, la marginación, el autoritarismo y la represión
ejercida históricamente por la clase en poder.
Arturo Gámiz, Pablo Gómez, Pablo Alvarado Barrera, Raúl Ramos
Zavala, Carlos Sarmiento, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos, José
Luis Martínez, Germán Yañes, Héctor Eladio Hernández Castillo, entre otros
revolucionarios, son una expresión representativa de cientos de combatientes
armados caídos en combate por la democracia y por el socialismo en nuestra
patria.
Aunque los agrupamientos armados revolucionarios no nos
propusimos, como tarea fundamental, abrir espacios de participación política y
ciudadana en los marcos de la sociedad capitalista, resulta imposible negar el
papel desempeñado por la lucha armada en la apertura y en la ampliación de
márgenes legales que, finalmente, han contribuido y siguen contribuyendo a
fortalecer la resistencia popular, la desobediencia civil y la lucha política
del pueblo mexicano, posibilitando, incluso, el acceso de distintas fuerzas de
izquierda a puestos de elección y de gobierno. Pero dichos espacios siguen
siendo del todo insuficientes para dar solución a la problemática económica,
política y social existente en el país.
La apertura democrática, la reforma política, el cofippe, la
ley de la cocopa, la iniciativa de ley orientada a garantizar la autonomía de
los pueblos originarios y el proyecto de reforma de Estado, entre otras medidas
políticas instrumentadas desde los 70, han sido resultado de la lucha del pueblo
mexicano, así como de los intentos de la clase en el poder por mediatizarla. Es
decir, han sido resultado de la lucha de clases y, por tanto, mediaciones
concretas entre dos proyectos de Nación diametralmente opuestos. Mediaciones que
tienden a democratizar formalmente el ejercicio del poder, pero que no resuelven
el problema de la explotación asalariada y de la dominación política que ejerce
la burguesía y, particularmente, sus fracciones industriales y financieras sobre
el pueblo trabajador.
La clase en el poder y su actual administración, tratan de
cristalizar un proyecto de Nación subordinado por entero a los intereses del
gran capital. Por su parte, el pueblo y sus organizaciones intentan cristalizar
un proyecto de Nación que garantice la organización de una sociedad
verdaderamente humanizada.
Desde nuestro punto de vista, la clave para acceder a la
realización del proyecto Pueblo-Nación se encuentra en la fase de transición
democrática, popular y antiimperialista; se encuentra en la construcción de un
nuevo poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, así como en la
combinación y generalización de todas las formas de lucha para lograrlo. Sólo de
este modo será posible pasar de las reformas a las transformaciones sociales
profundas que liberen al pueblo y a la Nación del estado opresor y del yugo del
poder de las grandes empresas capitalistas.
Por lo pronto, mientras persista la impunidad frente a las
masacres del 68 y del 71; mientras persista la impunidad frente a los más de 800
desaparecidos políticos de la guerra sucia desatada por la burguesía y el Estado
contra el movimiento armado revolucionario en los años 60 y 70; mientras
persista la impunidad frente a los más de 600 perredistas asesinados durante la
administración salinista; mientras persista la impunidad frente a las masacres
de Aguas Blancas, Acteal, El Charco y El Bosque; mientras persista el
encarcelamiento de cientos de luchadores sociales y militantes revolucionarios;
mientras persista la represión militar, policíaca y paramilitar; mientras
persista, el hambre, la injusticia y la falta de oportunidades para todos los
mexicanos; mientras nuestra dignidad y nuestra libertad siguen siendo
pisoteadas; mientras más de 70 millones de mexicanos seguimos viviendo en la
pobreza, la marginación, la opresión política y la explotación asalariada, la
lucha armada revolucionaria seguirá siendo parte de la lucha del pueblo mexicano
por la conquista de su soberanía e independencia nacional.
El gabinete foxísta está integrado, en su mayor parte, por
empresarios beneficiados por la estrategia neoliberal y por funcionarios que en
el sexenio anterior fueron clave en la instrumentación de dicha estrategia. Por
ello, resulta imposible no advertir, la contradicción existente entre la
composición empresarial de la nueva administración y el discurso populista de
Vicente Fox. Evidentemente, en la lucha por el control ideológico, político y
cultural, la oligarquía financiera e industrial ha consentido el discurso
populista, porque lo necesita, pretendiendo garantizar la continuidad de la
estrategia neoliberal y hacer creer que hemos arribado a la democracia.
No es casual el apoyo y beneplácito expresado por magnates
nacionales y extranjeros a la administración foxísta, pues dicha administración,
al constituir el relevo del régimen príista en descomposición, garantiza la
continuidad del régimen económico neoliberal.
El pueblo mexicano no debe permitir el ‘borrón y cuenta nueva’
o la impunidad frente a los crímenes, corrupción, saqueo, fraude,
enriquecimiento ilícito, de funcionarios y gobiernos anteriores.
La administración foxísta está obligada a fijar su posición
frente a exigencias populares, ignoradas y reprimidas, históricamente, por los
gobiernos priístas. Exigencias que, por elemental justicia, deben ser resueltas
y que se expresan, entre muchas otras, en los siguientes puntos:
1. Juicio político y castigo a Luis Echeverría Álvarez y
demás responsables de las masacres del 68 y del 71, así como de la guerra
sucia contra el pueblo y el movimiento armado revolucionario de los años 60’s
y 70’s.
2. Juicio y castigo a Miguel Nassar Haro, Arturo Acosta
Chaparro, Wilfrido Castro, Francisco Quiroz Hermosillo y Ulises Acosta Viques,
responsables operativos de la guerra sucia de los años 60’s y 70’s.
3. Juicio y castigo a los responsables, en los tres últimos
sexenios, de la detención, tortura, asesinato y desaparición de militantes
revolucionarios y luchadores sociales; concretamente, juicio y castigo a Rubén
Figueroa Alcocer, Diódoro Carrasco, Wilfrido Robledo Madrid, Jesús Murillo
Karam, Julio Cesar Ruiz Ferro, Héctor Vicario, Rubén Robles Catalán, Ignacio
Morales Lechuga, Gustavo Olea Godoy, Francisco Vargas Nájera y al General
Alfredo Oropeza Garnica.
4. Juicio político y castigo a Miguel de la Madrid, Carlos
Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, responsables de
instrumentar la estrategia neoliberal de expansión y reestructuración
capitalista, así como la Guerra de Baja Intensidad, que han acentuado, en
grado extremo, la explotación, miseria, marginación y represión en que se
encuentra el pueblo mexicano. Particularmente, juicio y castigo a Carlos
Salinas de Gortari por el asesinato de más de seiscientos perredistas y
luchadores sociales, así como a Ernesto Zedillo por las masacres de Aguas
Blancas, Acteal, El Bosque y El Charco.
5. Presentación con vida de los más de 800 desaparecidos
políticos, capturados por los cuerpos policíacos y militares, durante la
guerra sucia gubernamental desarrollada contra el pueblo y el movimiento
armado revolucionario de los años 60’s y 70’s.
6. Presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, Gregorio
Alvarado López, Benito Bahena y Fredy Nava Ríos, acusados de pertenecer al
Ejército Popular Revolucionario (EPR) y desaparecidos por los cuerpos de
inteligencia militares y policíacos del Gobierno Federal.
7. Libertad de los presos políticos y de conciencia acusados
de pertenecer al EPR y a otros agrupamientos armados revolucionarios,
particularmente, de los presos indígenas de la región Loxicha del estado de
Oaxaca.
8. Presentación y entrega del cuerpo del comandante
guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
La administración foxísta está obligada a dar respuesta con
hechos concretos a estas exigencias. A su vez, el pueblo mexicano está obligado
a vigilar que sus exigencias se cumplan; está obligado a proseguir la lucha por
recuperar y ejercer su soberanía; a seguir participando de manera activa y
directa en la vida política nacional, acotando el poder del gobierno federal,
así como de los gobiernos estatales y municipales, independientemente del
partido que procedan.
Por nuestra parte, las organizaciones democráticas
revolucionarias, armadas y no armadas, estamos obligadas a remontar la crisis
ideológica, política y organizativa que ha golpeado a la izquierda socialista en
México y el mundo. Estamos obligados a superar la interpretación cientificista,
dogmática y doctrinaria de la teoría revolucionaria que ha dado lugar a la
intolerancia, la descalificación, la confrontación, la ruptura y la
fragmentación política. Estamos obligados a elaborar teórica y prácticamente un
Programa, una Línea Política Común y una dirección política compartida, que nos
permita unificarnos y construir un nuevo poder del pueblo, con el pueblo y para
el pueblo.
Asimismo, las organizaciones democráticas revolucionarias,
armadas y no armadas, estamos obligadas a impulsar, en México y el mundo, la
construcción de una coordinadora insurgente y de un frente común contra el
neoliberalismo y la guerra de baja intensidad.