El congresista Pedro Morales refirió que los inversionistas desean que las relaciones dentro de una economía de mercado sean transparentes y equitativas y la actitud del Congreso es la mejor póliza de seguro para una estabilidad justa que garantice la inversión. Señaló que si hubieron coimas o distorsiones en los procesos de privatización serán las personas involucradas en dichos casos quienes asuman la responsabilidad penal correspondiente, pero los contratos de privatización seguirán vigentes.
El congresista de Acción Popular Pedro Morales afirmó que su grupo político se encuentra en contra de la privatización o concesión de Sedapal y la Central Hidroeléctrica del Mantaro. Según el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski estos procesos se llevarían a cabo el 2003 y 2004, respectivamente.
Morales consideró que la solución al problema de Sedapal no implica privatizarla o entregarla en concesión, pues si el Estado ha otorgado US$ 300 millones para reflotar un banco (Latino), puede destinar la misma cifra para reflotar Sedapal e iniciar los estudios y las operaciones que eviten el desperdicio del 53% de la producción de agua.
El parlamentario manifestó que sus declaraciones responden a la línea política de Acción Popular, pues si bien su agrupación política busca que el Estado se modernice mediante la privatización, también considera que se deben guardar para la administración y propiedad del Estado actividades económicas sustanciales.
Interrogado si el ex presidente Valentín Paniagua comparte con dicha opinión, manifestó que sí, ya que inclusive Acción Popular ha presentado un proyecto ley para que se excluya de los alcances del Decreto Legislativo 724 ( Ley de Promoción de la Inversión Privada) a Sedapal y a la Central Hidroeléctrica del Mantaro.
Respecto a si dicha opinión también sería compartida por el primer vicepresidente de la República, expresó que "Raúl Diez Canseco está integrando las filas de Perú Posible y por lo tanto tiene que respetar el plan de gobierno que le ofrecieron al país y en dicho plan y en las ofertas electorales se dijo claramente que no se iba a privatizar Sedapal y Mantaro", declaró Morales a CPN Radio.
Respuesta
De otro lado manifestó que el Gobierno está usando una escopeta de dos cañones" ya que por un lado el Presidente de la República, Alejandro Toledo, y parte del Consejo de Ministros hacen los esfuerzos por concertar con el Congreso, mientras que el titular del MEF, Pedro Pablo Kuczynski califica a los parlamentarios que vienen evaluando y fiscalizando los contratos de concesión y privatizaciones como una especie de agitadores.
Morales reiteró que las funciones del Congreso no solamente se circunscriben a la acción de legislar, sino también a fiscalizar.
Negó además que los parlamentarios deseen revisar los contratos de privatización, pues lo que se quiere es evaluar el cumplimiento de los mismos al margen del sistema legal de que gozan estas empresas.
"El Estado tiene la obligación de honrar los contratos porque no pueden haber cambios a la mitad del partido y porque una de las características del Estado de derecho, sobre todo de seguridad para los inversionistas es que haya seguridad jurídica, por lo tanto no es cierto lo que dice Kuczynski cuando dice que los congresistas quieren revisar los contratos", manifestó.
Respetar contratos
Señaló que las instancias y poderes del Estado tienen que respetar los contratos de privatizaciones escrupulosamente, incluso si se llegara a demostrar que algunas empresas obtuvieron mejores condiciones en los contratos, debido a influencias en el Gobierno de turno.
"Los contratos se deben respetar, lo que no quiere decir que no se deba juzgar denunciar según corresponda a los funcionarios del Estado y de las empresas que firmaron esos contratos. Esa es una figura jurídica que está al margen de la validez o no del contrato. Estamos en la obligación de respetar los contratos porque eso nos dará la seguridad jurídica que requieren los inversionistas para invertir en el país.
El también presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso señaló que si hubieron coimas, distorsiones, o incumplimiento de la ley, serán las personas que resulten involucradas en dichos casos quienes asuman la responsabilidad penal correspondiente, pero los contratos seguirán vigentes.
Morales enfatizó que la creación de comisiones y subcomisiones investigadoras en el Congreso no ahuyentarán las inversiones, todo lo contrario, ya que los inversionistas desean que las relaciones dentro de una economía de mercado sean transparentes y equitativas y la actitud del Congreso es la mejor póliza de seguro para una estabilidad justa que garantice la inversión.