Afirma ex congresista Alva Orlandini
Perído de transición requiere un gobierno de consenso
El gobierno no actuará con propósitos revanchistas en relación con el anterior régimen, pues lo que necesita la población en este periodo de transición es un Poder Ejecutivo de consenso, que no busque la represalia política ni se deje llevar por pasiones subalternas al interés del país.
Así es como debe
entenderse la conducta del actual régimen, aunque ello no significa en modo alguno
permitir la impunidad, sostiene Javier Alva Orlandini, ex legislador y miembro del Comité
Político de Acción Popular.
En
la siguiente entrevista, este destacado dirigente de amplia trayectoria política, afirma
que la mesa de diálogo auspiciada por la OEA ya cumplió sus objetivos. No descarta,
además, su participación en las próximas elecciones al Congreso y asegura que una
candidatura única ya no tiene sentido en este momento.
¿La designación de Valentín Paniagua como Presidente de la República fue una salida democrática a la crisis?
Su
elección no es sólo una solución constitucional a la crisis, sino que es una buena
solución. LA promoción en el cargo de presidente de la República de un hombre que tiene
cualidades excepcionales, no solo como político, demócrata y como constitucionalista,
sino como hombre proclive al diálogo, lo confirma.
Además,
la designación de Javier Pérez de Cuaellar es un acierto por sus vinculaciones
internacionales que vana ser valiosas para mejorar la imagen del Perú y reprogramar la
deuda externa.
Hay quienes sostienen que por tratarse de un gobierno transitorio sólo le corresponderá garantizar elecciones libres y transparentes. ¿Qué piensa de esto?
No porque sea un
gobierno de transición, el Presidente dejará de asumir las atribuciones que la
Constitución le confiere. El hecho de que el periodo sea relativamente breve significa
que el Congreso deberá cumplir con su función legisladora y fiscalizadora de este
régimen de transición.
Creo,
si, que no debe haber invasión de las atribuciones presidenciales por parte del
Legislativo, ni viceversa, como sucedió en el régimen anterior.
Sentar las bases para el gobierno que surja de las elecciones del 8 de abril...
La vida del país no puede interrumpirse. El Gobierno de transición debe ejercer plenamente las funciones que le corresponden. Naturalmente, considerando que su vigencia es breve y dejando para la próxima administración el tratamiento de otras medidas de largo aliento.
Pienso
que no sólo se debe garantizar elecciones libres y transparentes, sino, además, buscar
la estabilidad del país. Debe asegurarse que los recursos del Estado se distribuyan
adecuadamente para que lleguen oportunamente a los municipios, avanzar en la
descentralización.
Creemos
que debe haber un gobierno de consenso, no reclamamos ni exigimos que exista un
sometimiento del Presidente al partido por ser miembro de Acción Popular.
Algunos representantes de la alianza Perú 2000 advierten el riesgo de un revanchismo político.
Cuando el arquitecto Fernando Belaunde asumió el mando del país en 1980 no hubo ninguna medida revanchista contra el régimen militar. Lo mismo debe esperarse ahora con el régimen del decenio fujimorista. Al contrario, pienso que se tiene que buscar que la población sea gobernada sin pasiones subalternas, sin propósito de represalia, pero sí con la necesaria investigación del manejo de los recursos del estado.
Sin
revanchismo pero tampoco con impunidad...
Se
tiene que luchar contra la corrupción. Lamentablemente, durante la administración pasada
se produjeron muchos actos de corrupción y los más notorios son los cometidos por el ex
asesor del SIN. Sin embargo, se debe describir la verdad y sancionar con el debido proceso
y en un Poder Judicial autónomo, a quienes también estén comprometidos con estos
hechos.
Ocho
meses puede ser un lapso corto para cumplir con todas las tareas de investigación y
desactivación del aparato de corrupción, pero en todo caso hay que comenzar la tarea con
mucho rigor.
¿La tarea de largo alcance será la recuperación de la credibilidad de las instituciones del país?
La función pública ha sido degradada durante los últimos diez años. Reconozco que pueden haber personas de buena fe, pero hay muchos otros que actuaron con propósitos subalternos, de utilizar la función publica para incrementar patrimonios privados, pasando por encima de los principios más elementales, eso es lo que debe cambiar.
Ahora
en este esfuerzo para solucionar la crisis actual tiene que participar toda la sociedad y,
especialmente, la Iglesia, pues sus opiniones servirán para recuperar los valores y
principios éticos.