Por: Dr. Miguel Antonio Bernal


HACE  HOY, 25 AÑOS…
    La llegada del Sha de Irán a Panamá, el sábado 15 de diciembre de 1979, fue recibida con desagrado por la población panameña.  A todas luces era una imposición  del Gobierno de Carter, aceptada con sumo agrado por Torrijos y su gobierno.
    Esta indebida intervención del Gobierno norteamericano y el historial de crímenes que acompañaba al autotitulado "rey de Reyes", fueron razón suficiente para que los panameños interpretaran su presencia en nuestro país como de "visitante non grato".
    Diversos comentaristas radiales expresamos nuestro repudio a la presencia del Sha a través de la radio y convocamos a una manifestación pacífica para el miércoles 19 ante la Iglesia Don Bosco.  Poco antes de las cuatro de la tarde de ese día, varias decenas de personas habían comenzado a reunirse en el atrio de la Iglesia y sus alrededores.  Muchos de los periodistas extranjeros que se encontraban en nuestro país también se apersonaron para cubrir la marcha.  Simultánemente fueron concentrándose, a cierta distancia, numerosos radiopatrullas y motociclistas de la Guardia Nacional, todos con arreos de combate.  Se notaba también la presencia de un sinnúmero de agentes del G-2, la mayoría de ellos díficiles de identificar pues vestían de civil.
    Los, entonces, mayores Julián Melo y Armijo se apersonaron para comunicar que "por órdenes superiores la manifestación no podía celebrarse".  Se les solicitó que mostraran la orden legal que servía de fundamento a la prohibición, al tiempo que se les respondió que, de acuerdo con las normas constitucionales y legales, la manifestación pacífica podía realizarse.  Su sola respuesta, repetida varias veces, fue que eran "órdenes superiores" y que si había manifestación, "pagarán las consecuencias".  Ante la clara y contundente amenaza de los oficiales, se les manifestó que se consultaría con los presentes si la manifestación se llevaría a cabo o no y que se les transmitiría de inmediato la decisión.
    El numeroso público ya para entonces reunido, reiteró su decisión de marchar pacíficamente, pero se acordó retardar la salida de la manifestación y mientras se iniciaba la misma, colocarnos todos en la calle para ir organizándonos.
    No bien habíamos empezado a hacerlo, se dejó oir el ruido ensordecedor de más de 20 motocicletas, al tiempo que las mismas avanzaban hacia el público.  Como consecuencia se produjo el pánico y los manifestantes corrieron hacia las aceras.  Las motocicletas se detuvieron a escasos metros de dónde yo me encontraba. Megáfono en mano, caminé hacia los guardias con el propósito de parlamentar.  En fracciones de segundo, con una ferocidad inaudita, manguera en mano y vociferando un torbellino de vulgaridades y a los gritos de:"Aquí está Bernal, pegale, matalo", los motociclistas se me echaron encima apoyados por numerosos G-2 y otra serie de elementos armados y en civil.  Unos a otros se empujaban para poder golpearme.  Los manguerazos, puñetazos, puntapies, cayeron sobre mí con furia brutal.  Eran demasiados, era una mancha inmensa con uniformes y mangueras que golpeaba y golpeaba sin ningún escrúpulo, que levantaba a su víctima cuando caía para seguir golpeándola, que la arrastraba de un lado a otro impacientemente sin dejar de agredir una sola vez por todo el cuerpo.
    La brutal golpiza alcanzó también a Victor Navas King, quien intervino en forma desesperada para tratar de sacarme del círculo mortal, como también lo hiciera Doña Elvia Lefevre de Wirz y otra dama desconocida.  A lo lejos se escuchaban los gritos del público indignado e inerme que se confundían con las voces de los verdugos que repetían hasta el cansancio: "¡Pégale, Mátalo!".  El más feroz de todos era el que comandaba la agresión y que luego se supo era conocido con el significativo apodo de "Sangre".
    Luego, en estado de inconciencia se me condujo al Cuartel Central y mucho tiempo después, al Hospital Santo Tomás dónde los médicos de ese centro me dieron, durante varios días, la asistencia médica que me salvaría la vida.
    La represión violenta que aquí narramos no fue, lamentablemente, un hecho aislado que pueda archivarse en la memoria por indiferente que se quiera ser. Fue un capítulo que años más tarde se repetiría, con igual o mayor crueldad, contra numerosas víctimas.
    Los responsables directos de la agresión fueron debidamente denunciados públicamente por mí en numerosas oportunidades y, finalmente, ante las autoridades judiciales en 1990. A pesar de todas las pruebas testimoniales, fotográficas, médicas, videos y demás, la Juez Octava del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto calendado 29 de abril de 1993, decretó la prescripción de la acción penal por los delitos contra las libertades públicas, libertad individual, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos, de asociación de malhechores y de lesiones personales. Por su parte, el dos de febrero de 1994, el Segundo Tribunal de Justicia, "administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley", haciendo suyo el adagio "summum ius, summa iniuria", negó la apelación formulada por la representante del Ministerio Público y confirmó la decisión de la Juez, dejando así en la más absoluta impunidad los delitos perpetrados.
    Hace veinte años  en un escrito público sobre este mismo hecho, me preguntaba si la impunidad que reinaba entonces sería igual en el futuro. La respuesta es obvia. Doloroso es constatar que aún no hay jueces en Berlín.

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