- Meterle mano a los paraísos fiscales residentes en la Zona Euro. Y, o bien estos aceptan (en tanto no haya un Gobierno económico europeo que los custodie) fuertes tasas sobre transferencias de capital, o bien se les anexiona (como estuvo apunto de hacerlo De Gaulle con el Principado” de Mónaco). Más allá, lo que es ya imprescindible, tasar los movimientos de capital que salgan en la “Zona Euro”, y si el Capital no colabora, restablecer restricciones a la libre circulación de capitales desde la “Zona Euro” hacia afuera.
- No se autorizará el establecimiento de Bancos de la “Zona Euro” en los paraísos fiscales que queden fuera del alcance de dicha Zona, so pena de sanciones que pueden llevar a la nacionalización de dichos bancos.
- Los fondos especulativos presentes en las empresas deberán presentar un responsable directo. Todo interviniente financiero en una operación debería disponer de un porcentaje suficiente de fondos.
- Abolición de los créditos LBO ya mencionados (34).
- Crear, o recrear, una banca pública o semi-pública consistente, autorizada para la concesión de créditos al 0% de interés a PYMES.
- Nacionalizar cualquier banco al que el Estado se viera incitado/obligado a prestarle el equivalente de sus fondos propios.
- Establecer algún tipo de penalización para aquellos responsables bancarios que han conducido su establecimiento a la quiebra: algo así como un permiso de operar por puntos en función del grado de deterioro de la institución; y es que si el Estado puede retirar permisos de conducir por comportamientos temerarios, no se ve por qué algo parecido no sería aplicable a los banqueros…
- Fijación de un tope a las remuneraciones hacia abajo (Salario Mínimo) donde no lo haya; y máximo: 500.000€ por ejemplo.
- Volver a una fiscalidad progresiva y al impuesto sobre sucesiones.
- Autorización administrativa para despido.
- Sustitución de los Stocks Options por un interés generalizado de todos los trabajadores (35).
- Lanzamiento de una política intensa de obras públicas (36).
- Indiciación salarial.
- Abandono del principio del equilibrio presupuestario.
- Lucha contra la desinflación-deflación. Es evidente que si los salarios estuvieran indiciados (es decir, aumentaran automáticamente conforme subiese el coste de la vida), y siempre y cuando el grado de utilización del aparato productivo pudiera ser sensiblemente aumentado (lo cual es el caso dado de la contracción de la actividad económica), entonces cabría (dado que “por debajo de un determinado umbral la inflación tiene un efecto más bien positivo sobre el crecimiento económico) (37) dejar las riendas sueltas hasta un máximo de un 8% de inflación anual. Y es que la inflación opera redistribuciones entre los agentes económicos: por ejemplo, se trata de una punción que afecta a los titulares de rentas no indiciadas (es decir, básicamente a los que perciben rentas del capital). Sin embargo, si las rentas del trabajo están indiciadas, ello puede favorecer a las parejas endeudadas jóvenes… Sólo hay un límite que es el de la rigidez salarial y que se practique una “inflación dirigida” (38) para que “introduzca aceite en los rodamientos al facilitar el ajuste de los precios” (39).
- Devolución a sus países de origen de todos aquellos inmigrantes ilegales de origen extraeuropeo, e incitación al retorno de aquellos inmigrantes de origen extraeuropeo en paro. Es decir “preferencia europea” en materia de empleo.
- Decretar la inembargabilidad de las primeras viviendas.
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