Al pueblo de México:
A los pueblos y gobiernos del mundo:
A la prensa nacional e internacional:
Hermanos:
Con relación a los comunicados emitidos por la Secretaría
de Gobernación y la Presidencia
de la República del día 28 de diciembre de 1997, el EZLN declara:
PRIMERO.- Informamos a los pueblos y gobiernos de otras naciones que, según
una costumbre de los mexicanos, el día 28 de diciembre de cada año se hacen
bromas con el objetivo de reírse de la ingenuidad de las personas. Se usa
mucho el decir mentiras buscando que el otro las crea. Esto puede explicar que
el día de ayer, 28 de diciembre y día de los Santos Inocentes, tanto la
Presidencia de la República como la Secretaría de Gobernación insistieran
en sus intentos de sorprender a la opinión pública nacional e internacional
y en engañarla sobre la realidad de la matanza de Acteal.
SEGUNDO.- Es evidente que la lectura y comprensión del comunicado
del EZLN, de fecha 26 de diciembre de 1997, requiere un nivel medio de
coeficiente intelectual y que la Secretaría de Gobernación, que ahora se
digna responder, no lo alcanza. Esto puede ayudarnos a comprender por qué el
señor secretario de Gobernación señala ``inexactitudes'' donde no las hay.
Sin embargo, el EZLN considera conveniente precisar lo siguiente:
1. La Secretaría de Gobernación acusa al EZLN de supuestas inexactitudes
en sus investigaciones sobre lo ocurrido en Acteal. Para argumentar, señala
que el EZLN dijo que todos los que intervinieron en la masacre de Acteal
profesan la religión católica, y presenta como ejemplo del error a Jacinto
Arias (presidente priísta de Chenalhó y uno de los intermediarios de los
gobiernos federal y estatal en su relación con grupos paramilitares), que es
de religión presbiteriana; y que el señor Domingo Pérez Paciencia, del
Consejo Autónomo de Chenalhó, no es católico.
No hay inexactitud. El secretario de Gobernación no sabe leer con atención
los comunicados que trata de responder. El comunicado del EZLN dice
literalmente: ``La mayoría de los atacantes (...) profesan la religión
católica''. Así que no hay error. Nunca dijimos que todos los agresores
eran católicos. El argumento de la Secretaría de Gobernación no hace sino
darnos la razón y contradecir las hipótesis que maneja la Procuraduría
General de la República.
2. Las supuestas ``pruebas de paz'' a las que se refiere el secretario de
Gobernación son mentiras. La seguridad en el extinto diálogo de San Andrés
era una obligación del gobierno federal, no una concesión. La liberación de
los presuntos zapatistas (presos ilegalmente) fue posible por la presión de
la sociedad civil y significó para el gobierno una pérdida lamentable porque
sus rehenes se redujeron en número. La presencia de zapatistas en el
extranjero no puede ser impedida por el gobierno federal, porque lo hacen en
uso de su derecho ciudadano y cumplen todos los requisitos legales para sus
viajes. La marcha de los 1,111 zapatistas al DF no contó con seguridad alguna
del gobierno federal o de los estados; la policía del gobierno estuvo
pendiente de la marcha para vigilarla como se vigila a un enemigo, y para ver
si se presentaba alguno de los dirigentes del EZLN. El Ejército federal no sólo
no ha intervenido en el retorno pacífico de desplazados que no sean priístas,
sino que es uno de los principales promotores de los éxodos indígenas.
3. Los hechos que hablan de la voluntad de guerra del gobierno federal son
matanzas como la de Acteal, la ocupación militar de comunidades indígenas (¿alguien
olvidó a los indígenas de Guadalupe Tepeyac?, su pueblo está ocupado
militarmente y es usado como burdel por el Ejército federal, mientras los
habitantes viven en el exilio en las montañas), los miles de desplazados por
las amenazas de paramilitares armados y financiados por el gobierno federal, y
la falta de cumplimiento a la palabra empeñada en San Andrés.
4. Todos estos son algunos hechos cuidadosamente olvidados por el señor
secretario de Gobernación en su comunicado, que muestran que el gobierno está
interesado en aniquilar a los indígenas y que no ha escatimado recurso alguno
para lograrlo.
5. Los gobiernos indígenas autónomos no son ilegítimos ni actúan al
margen de la ley. Su legitimidad (a diferencia del señor secretario de
Gobernación, que carece de ella) la obtienen de las comunidades que los
nombraron y a las que sirven.
Su legalidad está contemplada en los acuerdos de San Andrés, firmados por
el gobierno federal y el EZLN, y por lo tanto tienen sustento jurídico. Son
estos primeros acuerdos de San Andrés los que la Cocopa redactó como
iniciativa de reforma constitucional y el secretario de Gobernación primero
aceptó y luego rechazó.
6. El secretario de Gobernación cuestiona el armamento del EZLN.
Independientemente de que sea cómico que un secretario de Gobernación
pregunte, a estas alturas, de dónde obtuvo sus armas el EZLN, queremos
responder:
A.- El EZLN no obtiene armas desde hace casi cuatro años. El EZLN entró a
un proceso de diálogo, y en consecuencia no siguió acumulando fuerza militar
(al contrario de lo que hizo el gobierno). Los pocos ingresos económicos y el
fondo de guerra del EZLN se han usado para la iniciativas pacíficas de estos
cuatro años, y para aliviar la situación de las comunidades indígenas.
B.- Desde los primeros diálogos en San Cristóbal, en febrero de 1994, las
partes en guerra (el EZLN y el gobierno federal) se reconocieron mutuamente
como interlocutores. Uno y otro aceptaron la existencia de su contraparte. Con
el señor Zedillo en el poder, el diálogo (y por tanto la existencia de las
partes como interlocutores) alcanzó, impulsado por la Cocopa, el rango de ley
federal, y con ella se dio estatus jurídico a las partes en pugna y a sus
características. Por tanto, el EZLN sí tiene la legalidad para estar armado,
mientras no haga uso de esas armas en acciones ofensivas, así como el Ejército
federal tiene la misma legalidad. En cumplimiento de esta Ley es que el EZLN
no ha atacado militarmente al gobierno y a sus fuerzas, ni ha procedido al
desarme de sus efectivos militares y policiacos.
C.- Al contrario de lo que afirma el secretario de Gobernación, el EZLN no
usa sus armas. Desde el inicio del diálogo con el gobierno federal, en
1994, el EZLN no ha llevado a cabo ningún ataque ofensivo contra posiciones
gubernamentales y, a diferencia del gobierno federal, el EZLN no ha realizado
ninguna matanza de indígenas como la que patrocinaron Zedillo y Chuayffet en
Acteal.
D.- Las armas de los zapatistas, en su inmensa mayoría, son de palo y
provienen de diversos tipos de árboles de la selva. Las hay de caoba, de
cedro, de hormiguillo, de canté, bayalté, de huapác, de palo amarillo, y de
otras maderas.
E.- El arma principal de los zapatistas, y es la que molesta más al
gobierno federal, es la palabra. Para ``desarmarnos'' de la palabra lo han
intentado todo: comprarla, encarcelarla, asesinarla, enmudecerla, empequeñecerla,
ignorarla, deformarla y, como ahora hace de nuevo el gobierno, amenazarla.
Todo ha sido inútil; seguimos hablando, es decir, seguimos peleando.
7.- Sobre las agresiones a la Conai, el gobierno pregunta cuáles y por qué
se le adjudican a él. Por ahora mencionamos sólo dos: la expulsión de
sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal (que dirige el también
presidente de la Conai), realizada por la Secretaría de Gobernación; y el
atentado en contra de los señores obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera,
perpetrado por elementos de ``Paz y Justicia'' (organización paramilitar
financiada por el gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social).
8.- El resto de las afirmaciones de la Secretaría de Gobernación sólo
refleja, en el mejor de los casos, una lectura descuidada de nuestro mensaje.
Y, en el peor, una franca intención de hacer a la opinión pública partícipe
de la confusión que impera en el gobierno federal.
TERCERO.- Como es evidente en los avances de nuestras investigaciones, la
relación de los gobiernos federales y estatal con la matanza de Acteal no es
de omisión. Se trata de una evidente complicidad.
CUARTO.- Con sus amenazas, el secretario de Gobernación trata de desviar
la atención de un hecho innegable: su responsabilidad y la del señor Ernesto
Zedillo Ponce de León en la masacre de Acteal.
QUINTO.- La amenaza de una acción militar en contra nuestra, con el
pretexto del desarme, no es nueva ni es sólo declarativa. El Ejército
federal ha reforzado notoriamente sus guarniciones en la zona de las Cañadas,
particularmente en aquellas que rodean la comunidad de La Realidad. Entre el
palabrerío gubernamental, el Ejército prepara el siguiente golpe.
SEXTO.- La Secretaría de Gobernación sabe que, si sobrevive impune a
Acteal, el gobierno federal podrá dar el siguiente paso de guerra sin que le
preocupen mayormente las presiones nacionales e internacionales. Y el
siguiente paso lo saben ya (y se preparan para ello) los soldados federales
que están en la selva Lacandona: atacar a los zapatistas.
SEPTIMO.- Al final del extenso y visceral texto de la Secretaría de
Gobernación, después de amenazas veladas y descaradas, el gobierno federal
declara, otra vez sólo de palabra, su disposición al diálogo.
OCTAVO.- El EZLN no hace declaraciones sino que lo demuestra en los hechos.
Desde que inició el diálogo no hemos usado las armas. A pesar de las
continuas provocaciones gubernamentales (entre las que se incluyen la traición
de febrero de 95 y la matanza de Acteal 97), los zapatistas hemos permanecido
a la espera, cumpliendo, todavía, el compromiso que hicimos con la sociedad
civil.
NOVENO.- El EZLN llama a la sociedad civil nacional e internacional para
que insista en su exigencia de justicia para los asesinados en Acteal; para
que presione al gobierno en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés
(con la aceptación de la iniciativa de la Cocopa), y para que detenga ya su
maquinaria de guerra en contra de los indígenas.
DECIMO.- El cumplimiento de los acuerdos y el fin de la militarización (o
paramilitarización), y no las amenazas o las matanzas, son el camino para
regresar a la mesa de negociaciones y alcanzar la paz que merecemos y
necesitamos.
¡Democracia!
¡Libertad!
¡Justicia!
Desde las montañas del Sureste Mexicano
Comité Clandestino Revolucionario Indígena
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, 29 de diciembre de 1997.
