Presentación
El 08 de febrero de
1999, Hugo Chávez Frías quien asumiera la presidencia de la República de
Venezuela seis días antes, llegaba a Jamaica para asistir a la IX Cumbre del
Grupo de los Quince (G15), grupo derivado del Movimiento de los Países No
Alineados el cual tiene como propósito la cooperación entre sus miembros,
dentro de la óptica Sur-Sur de moda en los años setenta.
Durante las
conversaciones oficiales y en declaraciones a los medios de comunicación, el
presidente Chávez anunció la posibilidad de extender a todos los países del
Caribe los beneficios del Acuerdo de San José, mecanismo establecido en 1989
mediante el cual Venezuela y México suministran petróleo a países del área
caribeña en condiciones especiales de financiamiento. El anuncio del nuevo
gobierno venezolano fue ratificado en el segundo viaje oficial de Chávez,
realizado en abril de 1999, para atender la II Cumbre de la Asociación de
Estados del Caribe (AEC). En Santo Domingo, donde se celebró el encuentro de
la AEC, Chávez fue el orador durante el acto de clausura del evento. En esa
oportunidad planteó la creación de una confederación de naciones
latinoamericanas y convocó a un nuevo Congreso Anfictiónico a celebrarse en
Venezuela. Durante sus conversaciones con otros mandatarios, reiteró su
ofrecimiento para extender el Acuerdo de San José “a los países del Caribe
que estuvieran interesados” (López, 2000, 49-53). De esta forma, Venezuela
retomó una línea de acción internacional que ya había experimentado en los
años setenta: la de apelar a sus disponibilidades financieras para generar
programas de cooperación económica hacia el Caribe, procurando influencia
política en la región.
En el lapso de los dos
primeros años de gobierno “bolivariano”, Venezuela ejecutó la política
hacia el Caribe dibujada en aquellos pronunciamientos iniciales de 1999. El
interés venezolano en la ampliación del Acuerdo de San José estaba en sus
deseos de incluir al gobierno de Cuba entre los beneficiarios. La Habana se
transformó en aliado internacional de primer orden del gobierno venezolano,
y éste en consecuencia, creó una nueva versión de los programas de apoyo
económico y financiero hacia el Caribe.
Por otra parte, el tema
del contencioso que Venezuela mantiene ante la vecina Guyana, miembro
natural de la comunidad caribeña anglófona, fue puesto nuevamente en el
tapete de la agenda externa venezolana a partir de 1999. Las aproximaciones
de Chávez hacia el Caribe debieron confrontarse con el conflicto territorial
entre Venezuela y Guyana, conflicto en el cual la comunidad caribeña
anglófona no se ha mantenido neutral. El gobierno “bolivariano” intentó en
el año 2000, relacionar su acción de cooperación con el Caribe al tema del
contencioso con Guyana, en medio de una polémica pública escenificada por
Caracas y Georgetown.
El presente artículo
reconstruye la política exterior de Venezuela en relación al contencioso
ante Guyana, entendida como parte de la acción exterior del Estado
venezolano hacia el Caribe, con especial acento en las relaciones con los
estados anglófonos y pasa revista a la institucionalización multilateral en
el Caribe como escenario de acción venezolana. El texto se ha estructurado
de forma tal que permita contrastar la política seguida por el gobierno
“bolivariano” (1999-2001) con la adelantada por Venezuela durante el período
democrático representativo (1959-1999).[1]
El Contencioso Venezuela - Guyana
El contencioso
Venezuela – Guyana está referido al reclamo que Venezuela hace del
territorio localizado al oeste del río Esequibo, actualmente bajo dominio
guyanés. Se trata de un conflicto territorial heredado por la actual
República de Guyana del pasado colonial en el cual se mantuvo hasta el año
1966. En otras palabras, el contencioso Venezuela – Guyana es un reflejo en
el siglo XXI del proceso de ocupación territorial que las potencias europeas
efectuaron en América desde el siglo XV.
El contencioso con Guyana durante el período
democrático
El inicio de la década
de los años sesenta del siglo XX, es el momento de un proceso político
novedoso en Venezuela. En 1959 se estableció un régimen democrático basado
en la existencia de partidos, el cual quedó consagrado en la Constitución
aprobada en 1961.
El primer gobierno del
período democrático (1959-1964) en su tratamiento de las relaciones
internacionales, adelantó una política de alto contenido ideológico en
rechazo a las opciones dictatoriales o totalitarias y esencialmente, como
ratificación en el ámbito internacional de los valores democráticos que
soportaban el nuevo proceso venezolano. En ocasiones, por visiones
limitadas o producto de la intensa polémica política del período, se ha
expresado que la acción internacional del gobierno de Rómulo Betancourt
habría sido pasiva, defensiva o hasta inexistente. Sin embargo, los temas
de política petrolera, la descolonización, la integración latinoamericana,
la definición de los nuevos esquemas mundiales de comercio, el respeto a la
soberanía (Venezuela rechazó la invasión a Cuba conocida como “Bahía de
Cochinos” o “Playa Girón” de 1961) y la activación del reclamo contra el
Laudo sobre la Guyana Británica son ejemplos de la temática de la agenda
exterior del gobierno Betancourt. (Cardozo, 1989, 475-480).
“Durante el mismo lapso
[presidencia de Rómulo Betancourt n.a.], el gobierno reinició
gestiones para recuperar la zona del Esequibo que había formado parte del
territorio colonial pero cuya absorción por Gran Bretaña había sido
formalizada en 1899 por el cuestionado Laudo de París. Precipitada por la
inminente independencia de la Guayana Británica, así como por las esperanzas
puestas en una intervención favorable del Presidente norteamericano a favor
de Venezuela –basada en la simpatía hacia el experimento democrático
venezolano, manifestada por John Kennedy, y la amistad personal que éste
sostenía con Betancourt y, posiblemente, por un deseo de desplazar la
atención pública de los problemas internos, la reclamación venezolana
condujo, en 1966, al Acuerdo de Ginebra”. (Guerón, 1992, 49)
El mencionado acuerdo
fue suscrito en febrero de 1966, luego de un proceso de conversaciones entre
Gran Bretaña y Venezuela cumplidas desde 1963. A los pocos meses, en mayo de
1966 la colonia Guayana Británica recibía su independencia pasando a
denominarse República Cooperativa de Guyana y heredando los compromisos
adquirido a su nombre en el Acuerdo de Ginebra. En lo sucesivo, el reclamo
de Venezuela para recuperar territorios al oeste del río Esequibo ya no
tendrá como contraparte a una potencia imperial europea, sino a una nación
pobre, recién creada en el proceso de descolonización de los años sesenta y
con evidente identidad caribeña. En lo sucesivo, Venezuela no sería el país
víctima del expansionismo colonial europeo, sino el país rico que pretende
apropiarse de una extensión equivalente a dos terceras partes del territorio
de la nueva República Cooperativa de Guyana.
Lo pactado en Ginebra establecía la
creación de una Comisión Mixta de Límites, la cual tendría un plazo de
cuatro años para definir una solución al conflicto territorial. En caso de
cumplirse el plazo sin haberse arribado a una solución limítrofe, las partes
contratantes estarían obligadas a escoger, sin demora, uno de los
procedimientos de solución de controversias contempladas en la carta de las
Naciones Unidas. El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, J.A.
Zambrano Velasco diría ante el Congreso de la República, el 17 de junio de
1982, que “Durante los cuatro años de operación de la Comisión Mixta,
entre 1966 y 1970, Guyana obstinadamente rehusó considerar cualquier
posibilidad de dar una solución práctica y satisfactoria a la disputa; se
limitó a declarar que la Decisión de 1899 era un hecho consumado y que en
tanto Venezuela no obtuviese su anulación no había nada más que discutir”(
citado en Romero, 1986, 267)
Consumido
infructuosamente el lapso de cuatro años, Caracas y Georgetown suscribieron
el Protocolo de Puerto España, mediante el cual se suspendió por un plazo de
doce años la obligación fijada en el Acuerdo de Ginebra, de escoger un
mecanismo para la solución de la controversia. La firma del Protocolo
durante el primer gobierno de Rafael Caldera, el 18 de junio de 1970, fue
fuente de intensa polémica interna, por quienes vieron en el congelamiento
del contencioso la oportunidad para que la naciente Guyana fortaleciera su
posición negociadora basada en el status quo de su efectiva posesión
territorial. En contrario, el gobierno de Rafael Caldera alegó que el
Protocolo daba tiempo para que el país se preparara para una mejor defensa
de sus intereses. Simultáneamente el gobierno se vio obligado a dedicar
esfuerzos de política exterior al tema de la reclamación colombiana sobre el
Golfo de Venezuela. “Las dificultades asociadas con la apertura de un
“segundo frente” en las negociaciones limítrofes, así como la naturaleza de
las demás prioridades del gobierno –incluyendo, en especial, la política de
acercamiento al Caribe- condujeron a la decisión de “congelar la reclamación
del Esequibo” (Guerón, 1992, 51)
El primer gobierno de
Carlos Andrés Pérez (1974-1979) enfocó su política hacia el Caribe, dando
prioridad a la cooperación económica. Sin embargo, el tema del contencioso
fue objeto de iniciativas diplomáticas. Durante este período se cumplieron
visitas oficiales del primer ministro guyanés, Forbes Burham a Caracas en
1975 y de Carlos Andrés Pérez a Georgetown en 1978, con lo cual el manejo de
la agenda bilateral se colocó en el más alto nivel, dentro de una naciente
diplomacia directa aplicada por Venezuela. Por lo menos dos intentos de
negociación directa sobre el contencioso territorial se produjeron durante
el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
En primer término debe
reseñarse la propuesta hecha oficialmente por el primer ministro Forbes
Burham a Caracas, contentiva de una oferta de transacción sobre el reclamo
territorial venezolano. Burham había logrado el compromiso del Banco Mundial
para financiar parcialmente un importante proyecto hidroeléctrico, a ser
desarrollado sobre el curso del Alto Mazaruni, en medio del territorio
reclamado por Venezuela. Habiendo el Banco Mundial condicionado su aporte a
que Guyana obtuviera el capital restante y garantizara clientes para la
energía eléctrica, Burham propuso a Carlos Andrés Pérez canjear parte del
territorio Esequibo a cambio del compromiso venezolano de adquirir
electricidad guyanesa. “Importantes núcleos de poder dentro de Guyana se
oponían al otorgamiento de concesiones territoriales por parte de ese país.
Por su parte, también en Venezuela se generó una fuerte resistencia dentro
de importantes sectores del partido de gobierno. La razón de esto último era
simple: la represa del Alto Mazaruni se encontraba enclavada dentro del
territorio Esequibo en reclamación. Motivo éste por el que se argumentaba
que su construcción cerraría definitivamente las puertas a la recuperación
del territorio en disputa. A finales del período de Pérez se había llegado,
por tanto, a un punto muerto en relación al tema” (Toro, 1991, 34)
El Embajador Isidro
Morales Paul da testimonio de un segundo intento de negociación directa.
“Fui designado por el Presidente Pérez como negociador en el problema
limítrofe con ese país. Como resultado de ese esfuerzo se intercambiaron
puntos de vista con el Ex -presidente de Guyana, Forbes Burham, sobre la
posibilidad de someter a estudio de ambos países un proyecto de solución que
contemplaba una amplia área marítima en el área Atlántica unida a una
moderada solución en el área terrestre, que podía fluctuar entre
14.000 y 18.000 kilómetros cuadrados, de no poca importancia estratégica
para nuestro país. Los cambios políticos ocurridos en ambos países
congelaron el proyecto” (Morales, 1993, 114)
La llegada a la
Presidencia de la República del socialcristiano Luis Herrera Campins
(1979-1984), marcó cambios en la política exterior del país. El tema del
Esequibo fue retomado como parte de la agenda exterior de dominio público,
ratificando la aspiración venezolana de recuperar el territorio bajo
reclamación. Caracas notificó a Georgetown su intención de no prorrogar la
vigencia del Protocolo de Puerto España, de no aceptar soluciones
transaccionales como la propuesta por Burham y de reiterar el compromiso
establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. En consecuencia, el gobierno
venezolano procedió, en septiembre de 1982, a solicitar al Secretario
General de las Naciones Unidas su intervención en el contencioso mantenido
con Guyana. Este país, tras largos debates políticos internos, haría lo
propio en febrero de 1983. Desde entonces el caso se encuentra de mutuo
acuerdo en manos de la Secretaría General de la ONU.
La política exterior
sufre un nuevo cambio de intensidad y agenda durante el gobierno del
socialdemócrata Jaime Lusinchi (1984-1989). La crisis de la deuda externa,
la reducción de la capacidad financiera de estado venezolano, acompañado de
la notoria atenuación de la pugna este-oeste en la región, hicieron que el
gobierno Lusinchi asumiera una política de bajo perfil, continuando el
esquema de acercamiento cooperativo hacia el Anglocaribe. En este ambiente,
Venezuela dejó en manos del Secretario General de las Naciones Unidas la
selección del mecanismo para la solución del contencioso por el Esequibo,
lo que contribuyó a un clima de distensión con Guyana y con la región. De
este período data (1986) un acuerdo bilateral mediante el cual Venezuela
comenzó a suministrar hidrocarburos a Guyana, en condiciones análogas a las
aplicadas en el Pacto de San José.
Ya durante el segundo
gobierno de Carlos Andrés Pérez, ambos gobiernos “saludaron” la designación
de Alliston McIntyre, como representante personal del Secretario General de
la ONU, con carácter de Buen Oficiante en el contencioso Venezuela –
Guyana.
En junio de 1993, Ramón
J. Velásquez fue designado por el Congreso Nacional para concluir el período
presidencial, ante la apertura de un juicio a Carlos Andrés Pérez. El
gobierno de Velásquez asumió en política internacional el criterio de
transición. “RJV llegó a Miraflores entendiendo la política exterior como
una de las áreas temáticas argumentales de la crisis política del año 93. La
política exterior no podía privar sobre los graves problemas nacionales. Los
aspectos críticos en materias limítrofes debían posponerse hasta que
existiera un nuevo gobierno nacido de la voluntad popular, los compromisos
internacionales debían honrarse, la apertura económica debía respaldarse, y
el país debería mantener un perfil discreto y serio ante la comunidad
internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores volvería a ser el
operario de la política exterior y se declaraba el receso definitivo de la
diplomacia directa, en tanto significara la salida reiterada del Presidente
de tierra patria” (Otálvora, 1994, 79).
El segundo gobierno de
Rafael Caldera (1994-1999) nació bajo el estigma de los temas de política
exterior, como parte de la crisis política iniciada tras los fallidos
intentos de golpe de estado del año 1992. Importantes funcionarios del
gobierno de las áreas militares y ambientales, no así desde la Cancillería,
expresaron posiciones de alta beligerancia contra el gobierno de Colombia, y
en general, sobre los temas de integración. Las comisiones de integración y
de negociación limítrofe con Colombia prácticamente cesaron en sus
funciones, hasta que fueran reactivadas como respuesta a un sangriento
ataque que la guerrilla colombiana (ELN) realizara contra el puesto fluvial
“Cararabo” de la Armada venezolana, en las orillas del limítrofe río Meta.
En tanto, el tema de los reclamos territoriales ante Guyana se mantuvieron
en un perfil bajo, con reclamos diplomáticos eventuales en rechazo a
concesiones forestales otorgadas por Georgetown que llevaron a Caracas a
proponer la firma de un acuerdo de protección ecológica del territorio.
En mayo de 1994, recién
iniciado el gobierno Caldera, el Buen Oficiante Allister McIntyre visitó
Caracas, para iniciar una ronda de contactos. De acuerdo a la Memoria y
Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente al año 1994,
“En esa oportunidad, el Dr. McIntyre declaró a la prensa nacional que el
gobierno de Guyana había manifestado su voluntad para lograr un
entendimiento con Venezuela pero igualmente indicó que «lo más probable es
que el proceso se prolongue, porque se trata de un asunto delicado y
sensible para ambos gobiernos»” (MRE, 1995, 177).
El gobierno Caldera
propuso aplicar al contencioso con Guyana un esquema similar al practicado
en las negociaciones con Colombia por la delimitación de áreas marinas y
submarinas en el Golfo de Venezuela. Dicho mecanismo establecido en 1989,
consiste en la ampliación de la agenda de negociación bilateral para impedir
que el asunto territorial frustre otros temas de potencial mutuo interés.
Esta tesis oficialmente fue denominada durante el segundo gobierno de Carlos
Andrés Pérez como de “globalidad” asumiendo un concepto expuesto por Juan
Carlos Rey a lo largo de la década de los ochenta (Rey, 1988, 177) y
continuó siendo una guía en las negociaciones con Colombia durante el
segundo gobierno de Rafael Caldera (Burelli, 2001, 221-222).
En marzo de 1995, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela de visita en Georgetown
presentó a Guyana la propuesta de nuevo esquema. “Se propuso la adopción de
un nuevo esquema para las relaciones entre ambos países fundamentado en un
enfoque global, que permita reformular los mecanismos existentes para tratar
diversas alternativas de cooperación e integración, tomando en cuenta la
Reclamación Territorial”. (MRE, 1996, 121)
En julio de 1998, la
Presidente de Guyana Janet Jagan realizó una visita oficial a Venezuela. En
dicha ocasión ambos gobiernos dispusieron la creación de una Comisión
Binacional de Alto Nivel (COBAN), que vendría a reemplazar la preexistente
Comisión Mixta Venezolano-Guyanesa, repitiendo Caracas un esquema
relativamente exitoso existente con otros países de la región. El tema de la
controversia territorial se mantuvo, durante el período de Rafael Caldera,
dentro del mecanismo de buenos oficios. Al final del período dicho mecanismo
no había logrado resultado alguno en cuanto a una resolución del
contencioso, pese a los esfuerzos de la diplomacia venezolana para
desentropezar las negociaciones. El gobierno Caldera, retomando la línea
intentada por el negociador Isidro Morales Paul a finales de los años
setenta, invitó insistentemente al gobierno de Guyana a “delimitar el mar
territorial como aproximación a otros entendimientos” (Burelli, 2001, 10),
lo cual no prosperó.
El contencioso en el gobierno “bolivariano”
El gobierno
“bolivariano” es la concreción de un proyecto político organizado
inicialmente dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales con el apoyo de
militantes de organizaciones de extrema izquierda, quienes planearon y
ejecutaron dos intentos de golpes de Estado contra el gobierno de Carlos
Andrés Pérez en 1992 (Garrido, 2000, 5-13). Ese movimiento se transformó en
gobierno, a partir de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez Frías toma
posesión de la Presidencia de la República. Probablemente la primera
declaración de política exterior de ese movimiento, se encuentre en el
Programa Mínimo del MBR-200, cuya autoría generalmente se remite a Kleber
Ramírez, elaborado en alguna fecha entre 1990 y 1992. “En política
internacional nuestra posición se fundamentará en los principios universales
de Paz, Amistad, colaboración y libre determinación de los pueblos. Los
objetivos bolivarianos de la integración Continental serán prioridad de
nuestra política, en especial con Colombia”. Entre las acciones a cumplir en
materia de “política internacional”, el documento del MBR-200 enuncia:
“fortalecer las relaciones con los países de nuestras áreas de influencias
natural, así como con los principales mercados del mundo, como son el
norteamericano, el alemán y el japonés”. (citado en Garrido, 2000, 221-280)
El segundo documento
sobre la visión de política exterior del grupo de militares insurrectos del
año 1992 fue emitido el 28 de marzo de aquel año. Los firmantes del texto
permanecían en aquel momento, presos en instalaciones militares, como
consecuencia del proceso disciplinario que se les seguía. El documento fue
esencialmente un pronunciamiento sobre las negociaciones con Colombia. Los
militares golpistas acusaban al presidente Carlos Andrés Pérez de “traición
a la patria”, y exigían la disolución de las comisiones de negociación de
temas limítrofes y fronterizos que desde 1989 se mantenían con el gobierno
de Colombia.[2]
El movimiento “bolivariano” se mostraba así, poco amigo de las negociaciones
territoriales, en sintonía más con posiciones radicales anti
integracionistas existentes dentro de las Fuerzas Armadas y menos con el
credo integracionista “bolivariano” expresado por el movimiento.
En la Memoria y Cuenta
del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a 1999, el primer
año del gobierno de Hugo Chávez, se presenta una definición de la forma como
el gobierno “bolivariano” entiende el contencioso con Guyana. “La cuestión
del reclamo del Territorio Esequibo es un problema de primordial importancia
para Venezuela y para Guyana, razón por la cual es un elemento siempre
presente en las relaciones bilaterales, así como en las relaciones
internacionales de ambos países. Hoy en día, la reclamación sigue
manteniendo para Venezuela el mismo valor que en el pasado, pero en el
devenir de las relaciones con este vecino país, se han vigorizado las
acciones en otras áreas, lo que ha permitido crear un clima de confianza y
entendimiento, en beneficio tanto de la reclamación, como de otros objetivos
nacionales en la región” (MRE, 2000, 165).
Con motivo de la
presencia de la Presidente de Guyana en los actos de la toma de posesión de
Hugo Chávez, en febrero de 1993, ambos gobiernos acordaron impulsar la
Comisión Bilateral de Alto Nivel COBAN creada durante el gobierno Caldera.
Con relación al
contencioso, el gobierno Chávez confirmó el mecanismo preexistente del Buen
Oficiante y ratificó la posición de calificar como nula e írrita la
sentencia contenida en el Laudo de París. El 20 de septiembre de 1999, se
produjo en New York un encuentro de los ministros de relaciones exteriores
y los facilitadores de ambos países, para revisar junto al Buen Oficiante
Alister Mclntyre el estado de las actividades del mecanismo. Casi
simultáneamente Mclntyre presentó su renuncia al cargo, siendo reemplazado
en octubre por el diplomático de Barbados Oliver Jackman, designado por el
Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Jackman realizó una visita a
Caracas en marzo de 2000 para cumplir una nueva ronda de consultas.
Pese a la continuidad
del mecanismo del Buen Oficiante, las relaciones entre el gobierno
“bolivariano” y el guyanés han sido conflictivas. Así, el 13 de julio de
1999, el gobierno de Hugo Chávez emitió una Nota de Protesta ante
Georgetown, como respuesta a concesiones costa afuera otorgadas a empresas
petroleras por Guyana, frente al Estado venezolano de Delta Amacuro y en la
zona bajo reclamación. En octubre de 1999, se produce un intercambio de
notas entre ambas cancillerías, referidas a la preocupación del gobierno
guyanés por movimientos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en zonas
fronterizas.
En 2000, el gobierno
guyanés anunció su disposición para suscribir un contrato con la empresa
norteamericana Beal Aerospace Tecnologies, mediante el cual se
otorgaba una concesión territorial para la instalación de una base destinada
al lanzamiento de cohetes espaciales. El tema fue ampliamente difundido
durante la campaña electoral presidencial de mediados de año. El presidente
Chávez en procura de la reelección, en acto proselitista ante 400 militares
retirados “exhortó al pueblo y a la Fuerza Armada a presionar contra la base
en Guyana”. En cuanto a la práctica diplomática, la Cancillería venezolana
emitió “un Comunicado de Prensa en el cual expresaba su rechazo al referido
contrato y dirigió una nota de protesta al Canciller guyanés en términos
enérgicos” (MRE, 2001, 206). La base finalmente no fue construida ya que la
empresa texana Beal se declaró en quiebra en octubre del año 2000,
alegando dificultades para obtener subsidios oficiales estadounidenses, así
como permisos ambientales y de transferencia tecnológica.(Otálvora, 2001,
70-73).
A la fecha, no se
conoce avances sobre el contencioso dentro del mecanismo del Buen
Oficiante, durante el gobierno “bolivariano”.
La Política venezolana
hacia el Caribe
Pareciera usual y
necesario que en la literatura sobre el tema “Caribe”, deba partirse de una
definición inicial específica del concepto. A los efectos del presente
análisis, se asume el concepto de Caribe insular, buscando ahondar en la
relación de Venezuela con la realidad geopolítica nacida a partir de la
creación de pequeños estados en el Caribe oriental, a lo cual se agregarían
las Guyanas y Belice. “La idea del Caribe como región insular comprende,
además de las Antillas, a las Guayanas y a Belice, por asimilación de la
«insularidad de la geografía humana» a la «insularidad de la geografía
física»” (Gimenez, 1991, 98-99). A nuestros efectos el enfoque básico se
hará sobre la comunidad de países de habla inglesa, conocida como el
Anglocaribe.
Las relaciones con el Caribe durante el período
democrático
Interés estratégico y cooperación económica
Las relaciones de
Venezuela hacia el Caribe se iniciaron en fecha temprana con respecto al
proceso de conformación del espacio geopolítico del Caribe, en medio de los
procesos de descolonización de la década de los sesenta. Ya a finales de
dicha década, Venezuela comenzó a perfilar una política de aproximación
privilegiada hacia el Caribe no hispánico. “Yo siempre fui partidario de la
idea, expresada a finales de la década de los sesenta y principios de los
setenta por el Canciller Arístides Calvani en el primer gobierno de Rafael
Caldera, de que la presencia venezolana en el Caribe oriental
principalmente, es de gran importancia geopolítica para el país. En primer
lugar, la Antillas Menores constituyen una zona de paso hacia Venezuela y
desde Venezuela hacia el exterior, por ello es una zona de seguridad donde
debemos tener amigos y no enemigos. Para aquel momento los países de habla
inglesa eran países nuevos, que necesitaban protección. Si Venezuela
lograba, en aquel momento histórico, convertirse en la gran amiga y
protectora de esas islas teníamos ganada una zona de influencia admirable,
cerca de nuestras costas, una primera línea de defensa contra cualquier
ataque de fuera, un trampolín nuestro hacia fuera, un mercado para productos
no tradicionales. Así lo veíamos en aquellos años.”[3]
La política de
acercamiento al Caribe anglófono iniciada durante el primer gobierno
Caldera, sería fortalecida durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La
política exterior venezolana se sumó a una línea de acción política
internacional que procuraba disminuir las notables diferencias en los
niveles de bienestar entre las poblaciones de los países pobres y
desarrollados. Así, alimentada por el sensible aumento en su capacidad
financiera de origen petrolero, Venezuela procuró un liderazgo regional
enmarcado en los discursos tercer mundistas que aupaban la cooperación
Sur-Sur y exigían el diálogo Norte-Sur.
Desde la década de los
setenta, Venezuela adelantó una permanente política de cooperación económica
hacia la Cuenca del Caribe en general, y hacia el Caribe anglófono en
particular. Esta cooperación sólo se modificaría en cuanto a la modalidad
(multilateral o bilateral), a los montos (dependiendo de las posibilidades
fiscales en razón de la coyuntura petrolera) y a los destinatarios
(dependiendo de la circunstancia política), pero manteniéndose como una
tendencia de la política exterior venezolana.
El primer gobierno de
Carlos Andrés Pérez convocó en 1974 a una Cumbre de Jefes de Estado de
Centroamérica y el Caribe. A partir del encuentro celebrado en Puerto Ordaz,
Venezuela definió el “Primer Programa de Cooperación Financiera con América
Central y el Caribe”, con el cual buscaba institucionalizar su decisión de
apoyar financieramente a los países de la región. Este programa es un
antecedente directo para el Acuerdo de San José, suscrito con México en 1980
y renovado anualmente hasta el presente, mediante el cual se suministra
hidrocarburos a los países centroamericanos y del Caribe, en condiciones
financieras preferenciales.
El aparato
gubernamental venezolano se actualiza para atender esas líneas de acción
exterior. Una de las modificaciones fue la creación del Fondo de Inversiones
de Venezuela (FIV). Esa institución financiera, creada en 1974 y liquidada
en 2001, tenía tres objetivos, uno de ellos el de realizar programas de
cooperación financiera internacional. El FIV se transformó en la caja de
caudales para los aspectos financieros del apoyo venezolano directo a
diversos gobiernos, básicamente del Caribe. Además del FIV, diversas
instancias del Estado venezolano adelantaron acciones hacia el Caribe, en
procura de crear, mantener e incrementa la presencia en los pequeños países
anglófonos. En las tres últimas décadas del siglo XX, dichas acciones
abarcaron un abanico amplio de modalidades, desde la presencia cultural por
medio de la creación de sedes del “Instituto Venezolano de Cultura y
Cooperación”, hasta acuerdos comerciales no recíprocos de claro beneficio
para los países caribeños. En diversos momentos, Venezuela garantizó vuelos
aéreos a Guyana, transporte marítimo periódico a las islas orientales,
construcción de parques infantiles, gimnasios deportivos y una Facultad de
Medicina.
El contenido ideológico
Desde los años setenta,
el contenido ideológico ha sido uno de los determinantes del esquema de las
relaciones de Venezuela hacia el Caribe.
El interés de la
política exterior venezolana por el Caribe, iniciado por Rafael Caldera y
seguido por Carlos Andrés Pérez, respondió a razones de interés estratégico,
tal como se comentara previamente. Pero adicionalmente, se corresponden con
un giro general en la orientación ideológica de la política exterior
venezolana de los años setenta, con respecto a la vigente en la década
anterior.
Durante los primeros
dos gobiernos del período democrático (Rómulo Betancourt y Raúl Leoni), la
política exterior estuvo signada por el criterio central de consolidación y
preservación del sistema recién establecido. Este criterio quedó estipulado
en la “Doctrina Betancourt”, mediante la cual Venezuela ejecutó políticas
de distanciamiento y ruptura con todo gobierno no nacido de la voluntad
popular. “Entre quienes han escrito sobre relaciones internacionales de
Venezuela es común afirmar, al referirse a la Presidencia de Rómulo
Betancourt, que durante ese período no sólo se dio primacía a la política
interior sobre la exterior, sino que esta última fue concebida como un
simple instrumento al servicio de los objetivos de la primera. Dentro de
esos objetivos, el prioritario había sido la defensa del régimen democrático
frente a las graves amenazas de golpe militar de derecha o de insurrección
izquierdista; y la Doctrina Betancourt, en la que se expresaría lo
fundamental de la política exterior del período, debería ser entendida como
un instrumento (para muchos poco efectivo) al servicio de ese objetivo. Es
más, de acuerdo a tal interpretación, la Doctrina Betancourt, que podía, si
no justificarse, al menos explicarse a partir de tales propósitos
defensivos, pierde toda razón de ser a medida que la democracia se
consolida, lo cual llevó a que fuera abandonada a partir de la Presidencia
de Caldera” (Rey, 1989, 465)
El gobierno Caldera
impulsó en lo interno el proceso de reinserción a la actividad política
legal, de sectores radicales de izquierda alzados en armas durante la década
de los años sesenta. Reflejo de ello, ese gobierno iniciaría los primeros
pasos que luego concretaría Carlos Andrés Pérez, en el sentido de
restablecer relaciones con el gobierno comunista de Cuba, el cual había
apoyado política, financiera y técnicamente a la guerrilla venezolana. La
política exterior de los primeros años setenta se basó en un sentido de
amplitud ideológica, (“pluralismo ideológico” de Caldera) con aproximación
a regímenes no democráticos e incorporación del temario de reivindicaciones
del Tercer Mundo como parte de la agenda internacional venezolana. El país
dio sus primeros pasos hacia el Caribe oriental con la perspectiva de un
país del Sur, coyunturalmente favoreciendo por los precios internacionales
del petróleo y que protegía a sus hermanos del Sur buscando reducir el
impacto que sobre ellos tenían los precios petroleros. Como parte de esta
línea analítica y argumental, Venezuela a mediados de los años setenta, se
convirtió en uno de los abanderados del diálogo Norte-Sur en la búsqueda de
mejor valoración para las exportaciones de los países pobres.
A propósito, Demetrio
Boersner en la entrevista realizada, afirmó que “Durante los primeros
gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, concebíamos a Venezuela
como una tercera fuerza entre la influencia cubana y la influencia
norteamericana. Nacionalista frente a los Estados Unidos, y al mismo tiempo,
defensiva contra el radicalismo extremista cubano. Esa orientación
ideológica no quedó muy clara. Se diluyó cuando el gobierno de Luis Herrera
Campins se inclinó a una alianza ideológica completa con el Occidente, en la
visión más o menos maniqueísta de Occidente contra el comunismo.”
El gobierno de Luis
Herrera Campins (1979-1984) asumiría una política exterior que reflejaba
directamente la renovada pugna Este – Oeste, con lo cual se dejó a un lado
la visión Norte-Sur del primer gobierno de Pérez. La acción hacia el Caribe
se hizo menos multilateral, para convertirse en parte de una nueva
estrategia venezolana en defensa de la democracia continental. Este
direccionamiento ideológico fue perdiendo fuerza a medida que la presencia
soviética en la región fue mermando.
El inicio del segundo
período presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1989 marcó un nuevo giro de
la política exterior venezolana, afectando igualmente su reflejo sobre el
Caribe. El programa de liberalización económica impulsado por Pérez tenía
entre sus presupuestos, los procesos de integración económica con los países
vecinos. Lo económico adquirió alto rango en los objetivos de la política
exterior y Venezuela a la vez que adelantaba reformas estructurales
internas, comenzó a abrir sus puertas comerciales profundizando el esquema
integracionista con Colombia. El sentido de esta línea de pensamiento, común
a diversos países de la región, quedó patente en las acciones tanto de la
comunidad del Caribe como de Venezuela, Colombia y México para dar cuerpo
institucional a una alianza donde lo económico fuera su razón de ser.
La institucionalización de las relaciones con el
Caribe
Como parte de la acción
venezolana hacia el Caribe se produjo un proceso de institucionalización
creciente de las relaciones intergubernamentales. El mismo queda en primer
término referido al reconocimiento de los nuevos estados caribeños en la
década de los sesenta, seguido de los intentos venezolanos para ingresar a
la naciente estructura multilateral caribeña y finalmente, se centraría en
la creación de un aparato multilateral con participación del Caribe ampliado
en el cual Venezuela tuviera participación efectiva.
A mediados de la década
de los años setenta, Venezuela ingresa al Banco de Desarrollo del Caribe,
siendo éste el primer paso de presencia institucional venezolana en la
organización de los estados anglocaribeños.
En agosto de 1989 se
produce en Tobago, una reunión conjunta a nivel de los jefes de Estado de
Venezuela, Barbados, Guyana, Jamaica, San Vicente y Granadinas, y Trinidad
y Tobago, estos últimos como miembros del Caricom[4].
En dicha oportunidad, Carlos Andrés Pérez solicitaría el ingreso de
Venezuela a la organización caribeña, con carácter de observador. En esta
reunión donde sus participantes no conformaban un grupo formal, fueron
suscritos dos documentos: uno de ellos referido a la vigencia de la
democracia, y el segundo, acordando establecer un grupo de trabajo entre
Caricom, Venezuela y “otros países latinoamericanos” para estudiar la
integración de América Latina y el Caribe. A finales de julio de 1990, la
Cumbre del Caricom reunida en Jamaica, aprobó el ingreso de Venezuela como
observadora en los comités permanentes de agricultura, educación y cultura,
ciencia y tecnología, trabajo, transporte, salud y medio ambiente. Igual
decisión tomaría el Caricom con respecto a México y Puerto Rico.
Venezuela, junto a
Colombia y México acodados dentro del llamado Grupo de los Tres (G3),
convinieron en 1990 una estrategia de aproximación hacia el Caribe, con lo
cual la institucionalización de las relaciones venezolanas con el Caribe
adquirió un carácter multilateral. Por su parte, los países miembros del
Caricom venían estudiando estrategias para la profundización y ampliación de
dicho mecanismo. En un informe presentado en 1992 a consideración de los
jefes de Estado del Caricom, la Comisión Independiente de las Indias
Occidentales planteó la creación de la AEC. Al asumir la propuesta, los
Jefes de Estado caribeños definieron al Caricom como “el centro del
proceso de integración del Caribe”. “Para darle forma y contenido a este
compromiso, Caricom acordó lanzar propuestas para el establecimiento de una
Asociación de Estados Caribeños, con miras a lograr la integración económica
y cooperación funcional con los otros países de la Cuenca del Caribe y que
“dicha asociación” sería abierta a todos los Estados Miembros de Caricom,
los otros Estados Insulares del Caribe, Suriname, los Estados de
Centroamérica y los latinoamericanos del litoral caribeño y permitiría un
abanico de arreglos que corresponden a su membresía”(Carrington, 1994, 1-4)
La creación de la AEC
fue, en definitiva, producto de la confluencia de intenciones del G3 y de
Caricom.
En octubre de 1993 se
celebró en Puerto España, la “Reunión Cumbre Presidencial del G3 y de
Caricom”, a la cual asistió Ramón J. Velásquez en su condición de Presidente
de Venezuela. De esta Cumbre emanó la decisión de crear una organización
bisagra entre los países del G3 -los de mayor desarrollo dentro de la
Cuenca del Caribe- y los miembros del Caricom. El 24 de julio de 1994 se
produce en Cartagena, Colombia, la “Reunión Constitutiva de la Asociación de
Estados del Caribe” (AEC). Dicha asociación fue definida por el gobierno
venezolano en los siguientes términos:“La AEC tiene como objetivo principal
fomentar la creación de un espacio económico ampliado que contribuya a
incrementar la competitividad en los mercados internacionales, mediante la
liberalización comercial, de inversiones, la discusión de asuntos de interés
común que faciliten la participación activa y coordinada de la región en los
foros multilaterales; la formulación e instrumentación de políticas y
programas para cooperación; la preservación del medio ambiente y
conservación de los recursos naturales de la región, en particular del Mar
Caribe y el fortalecimiento de las relaciones amistosas entre los pueblos y
gobiernos del Caribe” (MRE, 1995, 413)
Si bien los planes
iniciales de Caricom contemplaban la participación de Puerto Rico y las
Islas Vírgenes, dichos propósitos quedaron frustrados básicamente como
rechazo a la inclusión de Cuba dentro de la AEC.[5]
En agosto de 1995 se
realizó en Trinidad la “Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
la AEC”. La delegación venezolana estuvo encabezada por Rafael Caldera. En
esta reunión se formalizaría un primer temario de trabajo para la naciente
organización. Dichos temas fueron el turismo, el comercio y el transporte,
a los cuales se sumarían los de medio ambiente, ciencia, tecnología,
educación, cultura. El venezolano Simón Molina Duarte fue designado como el
primer Secretario General de la AEC, por un período de cuatro años.
Las relaciones con el Caribe durante el gobierno
“bolivariano”
El contenido ideológico
El gobierno
“bolivariano” de Hugo Chávez promueve una expresa modificación de los
contenidos ideológicos del Estado venezolano, con alta incidencia en su
acción exterior, la cual además ha retomado un intenso ritmo de “diplomacia
directa” y “en la cumbre”. La política exterior venezolana durante el
gobierno presidido por Hugo Chávez ha estado ideológicamente signada por
tres elementos no del todo coherentes entre sí: la hermandad política con
el “Foro de Sao Paulo”[6],
del alineamiento del presidente con el gobierno comunista de Cuba y los
aportes teóricos del sociólogo argentino Norberto Ceresole.[7]
“La evidencia sugiere que el Jefe del Estado simpatiza con las tesis del
sociólogo argentino. Así lo pone de manifiesto, por un lado, el anti-yanquismo
de nuestra actual política exterior, la defensa de la revolución castrista,
la búsqueda de un mundo geopolíticamente “multipolar” (contra Estados
Unidos), y la fantasiosa concepción de una “OTAN del Sur” para responder
ante amenazas que nadie parece tener claras, y que más bien apuntan hacia la
famosa unidad de los “ejércitos revolucionarios” en América Latina. Por otro
lado, desde luego, el impacto ceresoliano se plasma en la visión de la
“postdemocracia” plebiscitaria del caudillo-ejército-pueblo, en franca
ruptura con la tradición occidental de la democracia representativa.”
(Romero, 2000, 12)
El epicentro del
discurso “bolivariano” en materia de política exterior se encuentra en la
promoción de la “multipolaridad”,
entendida como una estrategia que denuncia el carácter hegemónico de los
Estados Unidos y promociona la creación de otro u otros polos. El concepto
de multipolaridad ingresó al discurso “bolivariano” desde la obra de
Norberto Ceresole. Sin embargo, el concepto entendido como la propuesta de
crear un polo alterno desde Suramérica, en medio de un mundo que tendería a
la multipolaridad, se encuentra por lo menos desde principios de los años
noventa, en la obra del sociólogo brasileño Helio Jaguaribe, cuyo
pensamiento ha influido en las estrategias diplomáticas brasileñas
orientadas, entre otros aspectos, a la modificación del esquema de la
Organización de las Naciones Unidas.[8]
La multipolaridad al
menos en los contenidos discursivos usuales en el presidente Hugo Chávez, se
ha ido transformando en una versión renovada de las propuestas de alianza
Sur-Sur y de diálogo Norte-Sur ya comentadas arriba y que señalaron el rumbo
de la política exterior venezolana durante el primer gobierno de Carlos
Andrés Pérez. Al efecto, en mayo del 2001 al asumir la presidencia rotatoria
del G15, Hugo Chávez hizo un llamado para retomar el diálogo Norte-Sur.
La alianza con el
gobierno de Cuba[9],
junto al discurso izquierdista de los movimientos asociados al
bolivarianismo, han agregado a la política exterior venezolana expresiones
de nacionalismo socialista, de oposición a la “globalización” representada
regionalmente en la concreción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), y de aproximación a regímenes con líneas duras contra los Estados
Unidos, tales como Libia, Irak e Irán.
La política exterior
venezolana hacia el Caribe tuvo durante el período democrático como uno de
sus propósitos, compensar la proyección cubana (“el peligro cubano”) sobre
los pequeños países del área.[10]
Incluso, la apertura hacia Cuba a principios de los años setenta y los
programas de ayuda económica que se aplicaron a favor de ese país, se
hicieron bajo el criterio de que ello facilitaría el reingreso cubano a la
comunidad latinoamericana, lo que a su vez, permitiría un pronto cambio
político en la isla.[11]
Con el arribo de Hugo Chávez y la aplicación de su línea ideológica,
Venezuela se tornó un aliado político de Cuba en su proyección hacia el
mundo. En paralelo, la ayuda económica venezolana se ha incrementado
notablemente como garantía para mantener al ahora “hermano” régimen de
Cuba, el cual además forma parte junto a Venezuela de la Asociación de
Estados del Caribe.
Pese al cambio
ideológico, el gobierno de Hugo Chávez no ha puesto en entredicho la
institucionalidad regional pre-existente, y por el contrario, ha tendido a
utilizar sus foros a los efectos de la difusión de su pensamiento
“bolivariano”.
La II Reunión Cumbre de
la Asociación de Estados del Caribe, realizada en abril de 1999 en República
Dominicana, contó con la presencia de Hugo Chávez. En aquella oportunidad,
Venezuela votó favorablemente la “Declaración y el Plan de Acción” de la
AEC, documentos donde se desarrollaron los temas usuales a la Asociación.
Posteriormente, en julio del mismo año, el presidente venezolano asistió a
la XX Cumbre Anual de Caricom. Para diciembre de 2001 está prevista la
realización de la III Cumbre de la AEC, la cual tendrá como sede a
Venezuela.
La cooperación “bolivariana”
El gobierno
“bolivariano” desde el primer momento, manifestó su intención de retomar el
esquema diplomático hacia el Caribe basado en ayuda y cooperación. Así,
durante la II Cumbre de la AEC y en la XX Reunión de Caricom, Hugo Chávez
expuso su intención de ampliar la lista de países beneficiarios del Pacto de
San José. Igualmente anunció la creación de la “Universidad Regional del
Caribe”, la cual tendría sede en Venezuela y estaría destinada a la
formación de recursos humanos para la región caribeña. En señal de lo que
sería su política exterior hacia la región, realizó en junio de 1999, un
préstamo de emergencia por un monto de US$100 millones al gobierno de Leonel
Fernández en República Dominicana[12].
Consultado por los medios de comunicación sobre dicho préstamo, el
presidente Hugo Chávez afirmó: “Esa pregunta también puede hacérsela al
presidente de los Estados Unidos que también le han prestado dinero a muchos
países” (Otálvora, 2001, 16).
De esta forma, el
gobierno “bolivariano” dejó establecida su disposición para utilizar
recursos fiscales dentro de programas de ayuda financiera directa, emulando
las acciones de los países más ricos del planeta. Como consecuencia de
movimientos sísmicos en India y El Salvador en el año 2000, Venezuela
realizó donaciones de US$1 millón en cada caso, además de enviar personal
civil y militar a El Salvador en tareas de salvamento y reconstrucción.
Desde los primeros días
del gobierno, la diplomacia venezolana intentó infructuosamente un cambio en
la posición mejicana, país reacio al ingreso de Cuba en el Pacto de San
José. Igualmente desde el primer día de gobierno, los medios de comunicación
comenzaron a informar sobre la inminencia de acuerdos de cooperación que
Venezuela suscribiría con Cuba, en materia de suministro petrolero en
condiciones preferenciales, así como en asuntos tales como salud y
educación.
En noviembre de 2000,
Hugo Chávez recibe a los mandatarios de Centroamérica y del Caribe, en una
nueva versión de la reunión convocada por Carlos Andrés Pérez en 1974. El
propósito de la reunión del año 2000 fue suscribir el “Acuerdo Energético de
Caracas”, mediante el cual Venezuela se comprometió a vender petróleo en
condiciones financieras especiales a Belice, Barbados, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República
Dominica. Grenada solicitó su ingreso al Acuerdo a los pocos días de
suscrito. Luego de la reunión presidencial de Caracas con los mandatarios de
Centroamérica y el Caribe, el Presidente del Consejo de Estado de Cuba,
Fidel Castro, realizó una Visita Oficial a Venezuela. En esa oportunidad se
suscribió el “Convenio Integral de Cooperación” entre ambos países. El
suministro petrolero a Cuba quedaba así garantizado, en tanto que el
gobierno venezolano calificaba la ayuda petrolera como cooperación con
“pueblos hermanos”. De esa forma, la negativa mexicana fue obviada por el
gobierno venezolano, creando su propio programa petrolero para el Caribe,
el cual funcionaría en paralelo al preexistente Pacto de San José y sin
reemplazar a éste.
El esquema de
cooperación bolivariana hacia el Caribe, privilegia lo bilateral ante lo
multilateral, y pareciera estar en proceso de revisar los acuerdos
comerciales suscritos por Venezuela con el Caricom. Así, en el marco de
negociaciones comerciales que se siguen en el 2001 entre Venezuela y
Dominicana, el gobierno de Caracas ha manifestado su deseo de modificar los
términos de los acuerdos no recíprocos por considerarlos como
“desequilibrados”. En tanto, la Armada venezolana mantiene aún el servicio
de transporte marítimo hacia puertos del Caribe, el cual se institucionalizó
a principios de la década de los años noventa, como un servicio autónomo del
Ministerio de Defensa.[13]
El Contencioso Venezuela –
Guyana como parte de la agenda hacia el Caribe
El período democrático
Las relaciones entre
Venezuela y el Caribe, pese a la permanente política de cooperación
económica, y en ocasiones a causa de esa misma política, no han sido
generalmente armónicas.
En primer término, la
cooperación hacia el Caribe fue señalada como muestra de una intención
imperialista hacia las pequeñas economías del Caribe. Quien fuera Primer
Ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, fue el principal publicista de
una definición insular del Caribe que rechazaría la inclusión de países de
origen hispano dentro de los límites de la región caribeña. Igualmente sería
Williams quien vocearía intensas denuncias contra las supuestas pretensiones
de “recolonización del Caribe” por parte de Venezuela. Amén de una posible
incomprensión de la política de cooperación venezolana hacia el Caribe en
los años setenta, en la postura de Williams se reflejaba las aspiraciones
trinitarias de atender la demanda caribeña de hidrocarburos. Consideraba el
gobierno de Trinidad y Tobago que el rosario de islas del Caribe era el
mercado natural para sus exportacions energéticas, por lo cual Venezuela
aparecía como una amenaza económica. “Para algunos, los vecinos caribeños
continentales, especialmente Venezuela, México, Brasil y Colombia eran
percibidos, hasta los primeros años de la década de los 80, como potencias
regionales y, en el mismo sentido, como amenazas latentes para la afirmación
de la soberanía política de las jóvenes repúblicas caribeñas” (Gimenez,
1991, 113)
La imagen de potencia
con aspiraciones de dominación territorial, se hizo patente en lo tocante al
tema del contencioso de Venezuela ante Guyana. Las respuestas negativas que
Forbes Burham obtuvo de Caracas en sus intentos por negociar territorio a
cambio de ayuda económica, tuvieron como respuesta una intensa movilización
diplomática guyanesa en los diversos foros multilaterales en los cuales
Guyana participaba activamente, y a los cuales Venezuela procuraba acceso.[14]
Ejemplo de ello fue la acción diplomática de Guyana mediante la cual
impidió a finales de los años setenta, el ingreso de Venezuela al
Movimiento de los Países No Alineados. Guyana alegó la conducta belicosa,
racista e imperialista venezolana. Esta reacción de los No Alineados a favor
de la posición de Guyana se reproduciría permanentemente en el foro regional
por excelencia, el Caricom.
La reducción del
poderío financiero del Estado venezolano, la ampliación progresiva de la
agenda de temas entre Venezuela y cada país del Caribe, la firma del Tratado
de Áreas Marinas y Submarinas con Trinidad y Tobago en 1989, la desaparición
de la influencia de las posiciones de Williams y Burham, y la distensión con
Guyana durante los gobiernos de Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez y Ramón
J. Velásquez, lograron aparentemente compensar la imagen negativa que a
Venezuela le habían enrostrado. La creación de la AEC pareciera ser la
prueba al respecto. Sin embargo, el permanente acercamiento venezolano hacia
el Caribe no pareciera haber servido para obtener respaldos coherentes hacia
iniciativas venezolanas. Esta apreciación fue palpable en 1994 cuando
Venezuela optaba a la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos, con la candidatura de Miguel Ángel Burelli Rivas. El Caribe en
bloque votó a favor de la candidatura del colombiano Cesar Gaviria, en lo
que se entendió como un claro apoyo del gobierno estadounidense a la opción
colombiana y el seguimiento por parte de los países anglocaribeños de la
seña emanada desde Washington. El Caribe ha sido parte, además, del juego
no declarado de posiciones estratégicas y geopolíticas de Venezuela ante
Colombia.[15]
En lo atinente
directamente al contencioso con Guyana, Venezuela ha buscado tener acceso
al Caribe quizás procurando un cambio de posición, pero esencialmente
tratando de neutralizar el impacto que la solidaridad caribeña puede tener
a favor de Guyana. En opinión de Demetrio Boersner: “Cuando nos ponemos a
pelear con Guyana, peleamos con el Caribe de habla inglesa. Es una ilusión
y un desconocimiento de la realidad caribeña, creer que esos países podrían
abandonar a Guyana, que es su hermana, que es parte de su patria grande. A
pesar de que los caribeños de habla inglesa tienen divergencias entre ellos,
rivalidades entre una isla y otra, pero ante el exterior de habla española,
de una cultura, un idioma y una etnia distinta, ellos cierran filas y
actúan como una sola comunidad. Eso ha sido así desde su independencia
política, a pesar incluso de las diferencias ideológicas de los gobiernos.”
En definitiva, la
aproximación venezolana al Caribe no ha favorecido su posición negociadora
en el contencioso ante Guyana. Por el contrario, el reclamo territorial
venezolano ha sido motivo para frenar el acercamiento venezolano hacia el
Anglocaribe, lesionando o frustrando el logro de otros objetivos que
Venezuela tendría en el área.
El gobierno “bolivariano”
El reinicio de la
cooperación económica como principal filón de aproximación al Caribe, trajo
como consecuencia una renovación del discurso anti-venezolano en el área.
A mediados del año
2000, ante el anuncio del gobierno venezolano de pretender extender la
aplicación del Pacto de San José a otros países del Caribe, surgió en Guyana
el interés por beneficiarse de dicho programa. La disputa alrededor del
contrato que Guyana se disponía a suscribir con la empresa Beal
sucede en paralelo a los contactos que Venezuela realiza con los países del
área para definir el “Acuerdo Energético de Caracas”.
La exclusión de Guyana
en la oferta venezolana originó reacciones oficiales por parte del Caricom y
del gobierno guyanés. Este último mantuvo la posición de denuncia contra
Venezuela, calificando la decisión del gobierno de Caracas como "altamente
discriminatoria” y urgiendo a las naciones caribeñas favorecidas para que
rechazaran el ofrecimiento petrolero “bolivariano”. A juicio de Georgetown,
Venezuela pretendía dividir al Caricom buscando aislar a Guyana.
En esta coyuntura, el
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestó expresamente el
carácter que el gobierno “bolivariano” da al petróleo como “arma política”.[16]
Esta declaración oficial sirvió como prueba a manos de Guyana, sobre las
intenciones venezolanas para debilitar su posición negociadora utilizando el
chantaje petrolero.
La respuesta obtenida
por el gobierno “bolivariano” ante su maniobra, fue el apoyo incondicional
de la comunidad caribeña del Caricom a Guyana. Finalmente, Venezuela dejó
abierta la puerta para que Guyana ingresara al Acuerdo Energético de
Caracas. El gobierno venezolano señalaría en su evaluación del estado de las
relaciones con Guyana, que la posición fuerte ante ese país había permitido
bloquear la construcción de la base aeroespacial. Pero el fracaso de esa
concesión no se debió al uso del arma petrolera por parte de la diplomacia
bolivariana, sino a una ajena realidad financiera: las cuentas en rojo de
una desahuciada empresa texana que se la jugó en una operación de alto
riesgo y dudosa materialización.
ALGUNAS conclusiones
La política exterior
venezolana hacia el Caribe ha procurado diversos objetivos estratégicos,
tanto económicos como referidos a la seguridad y defensa del país. En ese
sentido, el interés hacia el Caribe ha sido una constante de la agenda
exterior venezolana, modificándose en cuanto a intensidad e interlocutores.
Durante los primeros
diez años del período democrático, la acción externa hacia el Caribe tuvo un
fuerte acento ideológico, de rechazo a los regímenes no democráticos, de
contención a los intentos de penetración cubano-comunista en la región,
luego se fue produciendo una relativa distensión del conflicto ideológico
que procuraba estimular la democratización de la región, incluso en el caso
cubano. El gobierno “bolivariano” ha realizado modificaciones de fondo en el
tratamiento venezolano hacia el Caribe. Esencialmente, se ha producido un
cambio ideológico y político como efecto de la alianza del gobierno de Hugo
Chávez con el gobierno comunista de Cuba. Si durante el período 1959-1999 la
acción exterior venezolana en el Caribe procuraba compensar y frenar la
proyección política y militar cubana sobre el área, esa línea ha sido
invertida, transformándose en una alianza política a la visión política y
estratégica cubana, con apoyo financiero venezolano.
En cuanto herramienta
de política exterior, la cooperación económica se ha practicado en relación
directa con las disponibilidades fiscales del estado venezolano. Así, los
gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez son muestra de iniciativas
hacia el Caribe nacidas en momentos de crecientes ingresos petroleros
venezolanos.
El esquema de atención
diplomática al contencioso Venezuela – Guyana a partir de los años ochenta
se ha mantenido inalterado, ya que todos los gobiernos han aceptado el
mecanismo del Buen Oficiante designado por el Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas. Un cambio ocurrido durante el gobierno
“bolivariano” ha sido la declaración del petróleo como “arma política” que
Venezuela aplicaría a Guyana como presión en las negociaciones
territoriales. Dicha arma no ha provocado algún cambio favorable en el ánimo
y la posición de la contraparte y por el contrario, ha servido para
ratificar viejas acusaciones provenientes de las elites gobernantes en el
Caribe sobre pretensiones hegemónicas de Venezuela en la región.
La presencia venezolana
en organismos regionales caribeños no pareciera haber compensado la
inclinación de los gobiernos del Caribe de apoyar a Guyana en su causa ante
Venezuela. Por el contrario, la institucionalización de las relaciones
multilaterales en El Caribe, han significado nuevos apoyos formales a la
posición guyanesa de negarse a adelantar conversaciones concretas sobre las
aspiraciones territoriales venezolanas. La estrategia guyanesa de dar largas
a las negociaciones, mientras consolida acciones concretas de ejercicio
soberano en la zona en reclamación, pareciera ser la situación dominante,
ante la cual Venezuela pareciera no contar con opciones de respuesta.
Notas
[1]
La periodización implícita en esta afirmación
corresponde con los límites temporales impuestos por la vigencia de la
Constitución Nacional de 1961 oficialmente vigente hasta diciembre de
1999, fecha a partir de la cual entró en vigencia la llamada
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución
de 1961 definía un sistema de gobierno democrático representativo y
responsable, mientras que la Constitución de 1999 impuso un
sistema de gobierno definido como democrático participativo.
[2]
El documento fue originalmente
publicado por el diario El Globo de Caracas en marzo de 1992. Puede
encontrarse en Alberto Garrido, De la guerrilla al militarismo
(2000). Para un contraste de este documento con la posterior política
exterior del gobierno bolivariano ver: Edgar C. Otálvora.
“COPIAFotostafica
con Colombia” en El Universal, Caracas 13 de junio 2000.
[3]
Entrevista al diplomático venezolano Demetrio Boersner realizada por el
autor en Caracas durante el mes de mayo de 2001. Boersner es el autor de
“Venezuela y el Caribe: presencia cambiante”, libro pionero en
el tratamiento del tema del Caribe desde una perspectiva venezolana.
[4]
El Caribbean Community and Common Market (CARICOM) fue creado mediante
el Tratado de Chaguaramas, suscrito por Barbados, Jamaica, Guyana y
Trinidad Tobago, el cual entró en vigencia el 01 de agosto de 1993.
Actualmente está conformado por 15 miembros: Antigua y Barbuda, las
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
Monseratt (dependencia británica), San Cristóbal y San Nevis, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam. Para
información sobre el Caricom ver: The Caribbean Community (CARICOM)
Secretariat Home Page en www.caricom.org (mayo 2001)
[5]
La AEC está conformada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Aruba, Antillas Neerlandesas y
Francia. Para documentos constitutivos, programas, actividades,
organización, ver: ACS-AES Home Page en www.acs-aec.org (mayo de 2001).
[6]
En julio de 1990, bajo el patrocinio del gobierno cubano y con la organización del Partido de los Trabajadores PT de Brasil,
se realizó en Sao Paulo el "Encuentro de Partidos y Organizaciones de
Izquierda de América Latina y el Caribe". El propósito del Encuentro era
“realizar el intercambio de puntos de vista sobre el impacto que el fin
de la bipolaridad de la segunda posguerra tendría en la lucha de los
partidos y movimientos de la izquierda de América Latina y el Caribe”.
En este evento se decidió la creación del Foro de Sao Paulo,
organización que nace como respuesta al llamado “Consenso de
Washington”, es decir, como una organización contraria al
“neoliberalismo”. En 1995, Hugo Chávez viajó a San Salvador para
participar en la reunión anual del Foro. En dicho Foro participan
organizaciones legales e ilegales de izquierda del continente. En 1997
el Foro promovió la realización del II Congreso Anfictiónico
Latinoamericano y del Caribe en Caracas, bajo la organización de Hugo
Chávez. Entre las resoluciones de dicho evento, acordaron exigir del
gobierno venezolano la declaración de neutralidad en el conflicto
interno colombiano. En 1999, al poco tiempo de haber tomado posesión de
la Presidencia, Hugo Chávez procedió a declarar la neutralidad en el
conflicto que el gobierno colombiano mantiene con fuerzas
insurreccionales de las FARC y el ELN. Ambas organizaciones forman parte
del Foro de Sao Paulo. Para información sobre el Foro de Sao Paulo,
desde el punto de vista de sus miembros ver: http://www.nodo50.org/hijos-madrid/articulos/forosaopaulo.htm
(junio de 2001)
[7]
Sobre las relaciones personales de Hugo Chávez y Norberto Ceresole ver
López, Un seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Chávez
Frías (2000). El principal documento producido por Ceresole sobre
Venezuela quizá sea “Caudillo, ejército, pueblo. El modelo
venezolano o la posdemocracia, el cual se encuentra disponible en
www.analitica.com/bitblioteca (página consultada en junio de
2001). Una larga entrevista a Norberto Ceresole se encuentra en: Alberto
Garrido. Mi amigo Chávez. (2001).
[8]
En una entrevista que Alberto Garrido realizara a Norberto Ceresole a
mediados del 2001, el entrevistado dejó constancia de sus vinculaciones
personales con Jaguaribe, de donde se podría deducir que la fuente
básica de la propuesta oficial del gobierno bolivariano, es el sociólogo
brasileño. Al respecto del pensamiento de H. Jaguaribe ver:
www.mre.gov.br/ipri/papers/alca/artigo01.doc (junio de 2001)
[9]
Hugo Chávez a finales de 1994, poco tiempo después de ser indultado del
proceso que se le seguía por rebelión militar, visitó Cuba donde fue
recibido con honores por el gobierno de ese país. La presencia de Fidel
Castro en el aeropuerto de La Habana recibiendo al fracasado golpista
venezolano fue, al menos públicamente, el primer momento de una relación
que con Hugo Chávez en la presidencia se ha transformado en una
alianza política entre Caracas y La Habana.
[10]
Para una visión cubana de la política exterior de ese país hacia el Caribe ver: Gerardo
González. “El caribe anglófono en la política exterior de Cuba”
(1992).
[11]
Ya desde los inicios del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el
gobierno cubano buscó el apoyo energético venezolano. En reciente
declaración, Pérez comentó: “En una reunión de los presidente Salinas,
Gaviria y yo con Castro en Conzumel, México, poco después de la
desaparición de la URSS y en el ambiente de hacerle comprender las
dificultades que iba a padecer de ahí en adelante, le dije que no
aspirara a que Venezuela lo pudiera comprender en el Acuerdo de San
José. El presidente Salinas enseguida agregó que tampoco México.” Ver:
Revista Zeta, No.1315, Caracas, Abril, 2001.
[12]
Leonel Fernández es miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
fundado por Juan Bosch en 1973, luego de la invasión promovida por Cuba
y encabezada por Francisco Caamaño. La fundación del PLD fue
consecuencia de la ruptura de Bosh con su partido el PRD, al cual acusó
de haberse movido a la derecha abandonando las ideas socialistas.
Durante la campaña electoral venezolana de 1999, diversos medios
informaron sobre supuesta ayuda en “asesores” que el candidato Chávez
estaría recibiendo del gobierno dominicano, el cual habría servido de
fachada para el apoyo del gobierno cubano. Hugo Chávez en su condición
de presidente electo visitó al Presidente Fernández en lo que se
consideró una sorpresiva visita. Ya en su condición de Presidente de la
República, Chávez en Visita Oficial a República Dominicana en el año
2000, realizó un acto en homenaje al guerrillero pro-cubano Francisco Caamaño. Sobre el proceso político de República Dominicana.
ver: Frank Moya Pons. Historia Contemporánea de República Dominicana.
(1999).
[13]
La Oficina de Apoyo Marítimo OCAMAR del Ministerio de Defensa venezolano
ofrece transporte marítimo rutinario atendiendo los puertos de Foint
Lisas (Trinidad), San Vicent, Barbados, Martinico, Montserrat, Anguila,
Grenada, Guadalupe, Antigua, Santa Lucía, Dominica, Saint Kitts, Río
Haina (República Dominicana), Aruba y Curaçao.
[14]
Guyana fue aliado de Cuba, permitiendo el uso de su territorio para
reaprovisionamiento de los aviones que transportaban tropas y material
militar cubano hacia África. Este hecho colocó a Guyana en proximidad
especial con los movimientos pro-soviético existente en los países
recién descolonizados y en países pobres, que formaban el quórum del
Movimiento de Países No Alineados en su momento estelar de los años
setenta.
[15]
Sobre la visión colombiana hacia el Caribe, ver: Martha Ardila. “La
Política de Colombia hacia el Caribe” (1993)
[16]
El enunciado fue
hecho por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, José Rangel
Vale, en declaraciones a la prensa. En lo que puede entenderse como un
paso atrás en la posición venezolana, pocos días después el ministro
Rangel negó que estuviera condicionando el apoyo en materia energética a
Guyana a una solución en el contencioso. Ver las ediciones de El
Universal del 03 de octubre de 2000 y del 10 de octubre de 2000.
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