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La
barbárica sentencia Nº 1013 del Tribunal Supremo de Justicia que restringe
el derecho de información no es un hecho aislado y puntual. Forma parte de
un operativo general del régimen chavista en contra de los medios de
comunicación. Planificado y estimulado desde Miraflores, en especial por el
hermano y secretario privado del presidente, Adán Chávez, con el fin de
utilizar todos los artilugios institucionales del Estado para arrinconar la
crítica mediática.
Se trata de una campaña
bien orquestada que incluye el terrorismo tributario, la amenaza de
instrumentos legales que regulen la actividad informativa, la revisión del
régimen de concesiones para el espacio radio-televisivo, y el
aprovechamiento de los tribunales en función punitiva. Los tres principales
poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, actuando de manera
coordinada para controlar a los medios y doblegar la libertad de expresión.
No es casual que casi de
manera simultánea hayan "coincidido" la sentencia del TSJ, las supuetas
"denuncias" tributarias del presidente Chávez a determinadas televisoras, y
el anuncio de que muy pronto de presentará a la Asamblea Nacional un
proyecto de Ley para "regular los contenidos de radio y televisión". Por si
todo esto fuera poco, debe recordarse que el "derecho de información" es una
de las materias incluídas en la notoria Ley Habilitante, cuya vigencia sólo
termina en noviembre 2001.
La estrategia del
régimen chavista parece una fotocopia de la puesta en práctica por Fujimori-Montesinos
en el Perú. Nada de mandar a la Disip a ponerle un candado a un periódico o
a una estación de radio. Eso sería demasiado burdo y explicítamente
arbitrario. Preferible es aprovechar los mecanismos "institucionales" de
presión legal y psicológica para que sean los propios medios quienes decidan
censurar la información y la opinión negativa hacia el "proceso
bolivariano".
Los jerarcas de la "nomenklatura"
gobernante están convenidos que el "gran enemigo" de la revolución es el
sector empresarial de los medios. El mismo primer-mandatario viene
desarrollando un plan personal de descalificación en contra de editores,
periodistas, columnistas y hasta de caricaturistas. No le ha dado el
resultado esperado, más bien lo contrario, pero la intención ha sido "concientizar"
a la opinión pública sobre el carácter "contrarrevolucionario" del conjunto
comunicacional.
El 7 de octubre de 1999,
en cadena nacional, Chávez afirmaba que "es el momento del respeto a los
demás, el respeto a cualquier crítica por más ácida que nos parezca y desde
el gobierno hemos dado ejemplos de diálogo y tolerancia". Palabras que se
las llevó el viento, como bien documenta el analista Edgar Otálvora en su
publicación "El pez muere por la boca", página 91.
En cambio, la tempestad
autoritaria del dueño de Miraflores está queriendo imponer un contexto de
hostilidad y hostigamiento hacia la prensa libre e independiente. Al
respecto, qué podrá decir el otrora adalid de la libertad opinática, José
Vicente Rangel, hoy convertido en un fiel servidor de los caprichos
presidenciales.
La guera anti-medios ha
sido declarada por la llamada Quinta República. No van a escatimar esfuerzo
alguno para tratar de acallar la denuncia. Pero no podrán tapar el sol con
un dedo. Menos ahora que la cultura democrática de la sociedad venezolana se
crece ante la amenaza y se fortalece ante la intimidación. Vamos a ver qué
dura más si la libertad de expresión o la actual hegemonía.
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