Toda la información incluida procede de fuentes verificables.
Para indicar que las transcripciones o reproducciones son literales, se
han colocado entre comillas todos los textos, identificándose debidamente la
fuente de cada cita. En las transcripciones de discursos o declaraciones
verbales, se ha mantenido la forma original como fueron emitidos dichos
mensajes.
Los comentarios del autor aparecen el letra cursiva.
DERECHOS HUMANOS
El gobierno negó reiteradamente los ajusticiamientos
que los organismos policiales habrían cometido durante la operación de rescate
en el estado Vargas, en diciembre de 1999.
“Chávez calificó de
'superficial e irresponsable' el informe de Provea que denunció supuestas
violaciones a los DDHH en Vargas.
La agencia DPA indicó que la molestia del Presidente es
porque Provea decidió divulgar el informe antes de pedir confirmación
oficial. 'Todo el mundo sabe que este Gobierno es defensor a ultranza de los
derechos humanos' señaló, tras afirmar que no ha recibido ni una sola
denuncia.
Agregó que no está dispuesto a que se ponga en tela de juicio
una operación en la que mucha gente dio su vida en medio de la tragedia.
Apuntó que no quiso declarar un toque de queda porque 'eso sí daría pie para
que se aflojen los resortes del respeto a la dignidad' y señaló que el
'sospechoso' informe, publicado en el diario El País de Madrid, acepta que
no puede demostrar sus afirmaciones porque los denunciantes rehusaron dar
sus nombres por temor a represalias, lo cual le resta credibilidad. También
llamó a cualquiera que sepa o que haya sido testigo de una violación de
derechos humanos a que lo denuncie, y se puso a la orden de Provea para
cualquier consulta.”
El Universal del 08 de enero de 2000
“El presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena,
aseguró que hasta los momentos no existen denuncias concretas de testigos
presenciales de los presuntos ajusticiamientos cometidos en el Estado Vargas
por efectivos de seguridad y, por ello, resaltó que los testimonios anónimos
que han sido publicados en la prensa pudieran ser producto 'del invento de
algunas personas y de una cloaca periodística que está armada en Caracas'”.
El Universal del 19 de enero de 2000
Luego
de un año, el Tribunal Supremo de Justicia aprueba una decisión que deja en
evidencia el encubrimiento de los actos de violación de los derechos humanos.
“TSJ insta a sancionar
a agentes de la Disip involucrados en desapariciones forzadas. La Sala
Constitucional ordenó la reanudación de la investigación y cuestionó el
comportamiento del director de la Disip, Eliézer Otaiza, por ocultamiento de
pruebas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la
base del proyecto de decisión elaborado por el magistrado Moisés Troconis,
ordenó la reanudación de las investigaciones para identificar y sancionar a
los agentes de la Disip presuntamente responsables de la desaparición de
Marcos Monasterio y otros ciudadanos detenidos en medio del caos que provocó
el deslave que afectó a la población del estado Vargas en diciembre de
1999.”
El Nacional del 20 de
diciembre de 2000. Posteriormente, Moisés Troconis fue uno de los pocos
magistrados no ratificado en su cargo como parte del Tribunal Supremo de
Justicia. La selección de los magistrados fue realizada por la Asamblea
Nacional controlada por el partido oficialista MVR
