Bolivia: un explosivo depósito de gas

La situación boliviana está nuevamente en los titulares de la prensa internacional. El país ha entrado en una telaraña de conflictos que colocan una vez más al presidente Carlos Mesa ante la disyuntiva de continuar o abandonar el cargo.

Mesa quien ya ha presentado en dos ocasiones su renuncia, ahora ha ordenado que la policía disperse con gases a los manifestantes que retan su débil mandato. El gobierno que comenzó tras la salida abrupta de Sánchez de Lozada en el 2003, ha sido una larga sucesión de protestas de la izquierda radical y de sectores democráticos modernizadores, ambos en puja por el control del futuro del país, el cual depende en alto grado de la política gasífera.

NO SE VENDE GAS

Las calles de centro de La Paz y la vía que comunica a la ciudad con el aeropuerto internacional, permanecen esta semana otra vez, afectadas por manifestaciones que suman a grupos campesinos y organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Los manifestantes exigen la nacionalización de los hidrocarburos.

Esa es una consigna que esconde una confusa maraña de posiciones sobre el tema del gas. Algunos simplemente quieren aumentar las regalías cobradas a la empresa extranjera, otros proponen que todo el negocio esté en manos estatales, y algunos incluso rechazan que el gas sea exportado. La ley de hidrocarburos aprobada y promulgada por el Congreso a inicios de mayo, ha sido convertida por la oposición radical, en nuevo motivo para protestas callejeras. Evo Morales exige un aumento en las regalías y pone como ejemplo la legislación venezolana. Un editorial del diario El Nuevo Día de Santa Cruz, intentaba explicar que la legislación venezolana es menos rígida que las exigencias de Morales y se preguntaba “Si Venezuela es el ejemplo, ¿por qué se pretende imponer un régimen fiscal más pesado, y menos competitivo?”.

Las marchas convocadas esta semana sobre La Paz, además del tema petrolero, exigen la convocatoria de una Asamblea Constituyente, carta con la cual Morales pareciera aspirar a abrirse paso a la Presidencia antes del cambio previsto para el 2007.

¿DESCENTRALIZACIÓN IMPERIALISTA?

La constitución boliviana es altamente centralista. Los mandatarios departamentales son designados por el Presidente de la República, y los Departamentos carecen de autonomía fiscal. Lo que en otros países se denomina descentralización administrativa o transferencia de poderes a las regiones, en Bolivia se ha llamado autonomía. Desde Santa Cruz, la próspera capital de las tierras llanas bolivianas, surgió un movimiento autonómico que ha ido ganando apoyos en otros departamentos. Tras una sucesión de paros cumplidos desde el año 2004, el presidente Mesa se comprometió a aceptar la elección de alcaldes departamentales. El próximo 12 de agosto deberán realizarse elecciones cuyo resultado sería asumido por Mesa para la respectiva designación. Pero los autonomistas no sólo quieren nombrar prefectos, sino que buscan el manejo de los recursos fiscales, incluyendo las rentas de hidrocarburos. En el Congreso se está discutiendo la convocatoria a un referendo autonomista, pero la inclusión del tema fiscal abortó la decisión de fijar fecha a la consulta. Ante la indecisión parlamentaria, “dirigentes cívicos” de cuatro de los siete departamentos bolivianos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) acordaron   auto-convocarse a un referendo que se celebrará en paralelo a las elecciones de agosto. Curiosamente, la izquierda boliviana encabezada por Evo Morales se opone a las autonomías regionales, rechaza la realización del referendo y quiere que todo debate sea llevado a la Constituyente. La izquierda boliviana alega que la descentralización administrativa es un invento del neoliberalismo, de la oligarquía y del imperialismo, y por lo tanto se oponen a ella. Este mensaje ha hecho que las autonomías sean vistas erróneamente como movimientos secesionistas.

LOS MILITARES SE ASOMAN

Lo único que faltaba para completar el cuadro llegó a mediados de la semana anterior. Las noticias sobre preparativos para un golpe de estado militar se expandieron tras la confirmación del Ministro del Interior sobre susurros a oídos militares. El presidente Mesa dijo que no renunciará. Evo Morales rechazó un golpe militar del cual supone que no será beneficiario. Mientras desde el mundo castrense se suceden declaraciones políticas polémicas. El lunes pasado, el Ministro de la Defensa general Gonzalo Arredondo negó los rumores de golpe, pero advirtió a los diversos sectores que deben conducir sus reclamos por vías constitucionales, en alusión al movimiento autonomista de Santa Cruz y a las marchas de protesta de la izquierda. El miércoles los tenientes coroneles Julio Herrera y Julio César Galindo difundieron mensajes en los medios de comunicación a nombre de un “Movimiento Generacional Militar” exigiendo la renuncia de Mesa y la constitución de un gobierno cívico-militar. La agenda política expuesta por los dos militares es exactamente la misma que vienen exponiendo Morales y otros sectores radicales bolivianos: convocatoria a una Asamblea Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos y rechazo a los movimientos autonómicos. La aparición en la TV vestidos en traje de campaña de Herrera y Galindo, coincidió con declaración de Jaime Solares, cabeza de la Central Obrera Boliviana COB, quien anunció su apoyo a una salida militar al estilo del actual presidente de Venezuela. El jefe de las fuerzas armadas de Bolivia, almirante Luis Aranda, negó los aprestos de golpe de Estado y anunció medidas disciplinarias contra Herrera y Galindo. La emergencia del llamado “Movimiento Generacional Militar” pone en tensión al aparato castrense boliviano, el cual hasta ahora se ha mostrado institucionalmente centrado alrededor del gobierno de Mesa y delata la presencia de grupos de izquierda con ropaje nacionalista en el seno militar.

 PERÚ SACA PROVECHO

La radicalización política sobre el manejo del gas en Bolivia afectó el mercado de energéticos de la región.  Argentina que sufre una caída de la producción interna de gas, se ha visto obligada a reducir sus ventas gasíferas a Chile, país que depende enteramente de sus compras al exterior. Para aliviar su propia situación, Argentina recibe gas de Bolivia pero tiene prohibida su reexportación a Chile. Con la bonanza económica chilena comprometida, el presidente Ricardo Lagos planteó en el Congreso, el pasado 21 de mayo, el inicio de programas para generación de energía atómica.

Ya desde el último gobierno de Hugo Banzer, Bolivia se comprometió a exportar gas con destino a México y la costa oeste de Estados Unidos. Estos proyectos se esfumaron con la caída de Sánchez de Losada y con el recrudecimiento de los ataques contra Chile por el tema de la salida al mar. El beneficiario de la crisis boliviana pareciera que será el Perú. Diversos informes dan cuenta de los contactos que México y Chile realizan para adquirir gas peruano a la brevedad. Repsol, Chevron y el consorcio Sempra-Shell estarían en negociaciones con Perú LNG, la comercializadora del gas peruano propiedad de la estadounidense Hunt Oil y la coreana SK Corporation. Mientras en Bolivia los sectores radicales escriben en las paredes “El gas no se vende”, los peruanos aceleran la construcción de una planta de licuefacción de gas para arrancar con la exportación hacia los ansiosos puertos chilenos, mexicanos y californianos.

Por su parte, las empresas petroleras presentes en Bolivia han reaccionado con malestar ante la nueva ley de hidrocarburos. Hasta el gobierno de Brasil arrugó la frente y Petrobrás anunció que “no tiene ningún interés en retirarse de Bolivia, pero ahora escalonará o desfasará sus proyectos”.