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Caracas - Venezuela

 

 

 

VIAJE AL AMANECER

Columna de información sobre política y economía de Latinoamérica, publicada en el diario EL NUEVO PAÍS de Caracas, Venezuela

Edición del 22 de junio de 2001


***Nuevas razones de incertidumbre entre inversionistas extranjeros ***Diplomáticos colombianos preocupados por suerte de inversiones hechas en Venezuela.*** Inhabilitación política para militares chilenos.

 

 En 1993 Ramón J. Velásquez delimitó mediante un decreto presidencial, las “zonas de seguridad fronteriza”. De esa forma se resolvió un vacío legal que existía desde 1975 cuando fue aprobada la Ley de Seguridad y Defensa. Aquella Ley creó medios para que las Fuerzas Armadas tuvieran información y control sobre la presencia y propiedades de extranjeros en las franjas fronterizas. Los gobiernos CAP I, Luis Herrera y Lusinchi y CAP II no cumplieron con la responsabilidad de delimitar  las zonas de seguridad fronteriza, y fue Velásquez quien creó las mencionadas zonas apoyándose en estudios del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

En aquel año, como parte del proceso de privatización de los centrales azucareros, se produjo una situación novedosa. Se cumplió la licitación para la venta del central azucarero de Ureña, situado dentro de la zona de seguridad fronteriza decretada por el propio gobierno. La mejor oferta fue presentada por un grupo de empresarios vallecaucanos, es decir, colombianos. En aquellos días los grandes empresarios del campo venezolanos no se mostraban interesados en hacerse de un ingenio en la zona fronteriza.

Cumplidos los trámites legales, el ahora extinto Fondo de Inversiones de Venezuela procedió a la venta del central.

La historia del negocio a manos de los empresarios colombianos no ha sido la mejor. Los gobiernos de Rafael Caldera y Hugo Chávez  olvidaron los programas de desarrollo fronterizo, entre ellos los planes de expansión de las áreas de cultivo para caña de azúcar, imprescindibles para la rentabilidad del central.

Ahora la Procuraduría General  de Venezuela en representación del Ministerio de Producción, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de nulidad de la venta del central. Fuentes diplomáticas colombianas consultadas, mostraron preocupación ya que los empresarios azucareros podrían perder su inversión debido a la acción del gobierno venezolano.

En San Cristóbal se dice que el central está en la mira de empresarios agropecuarios del estado Portuguesa, muy cercanos al Ministro Luis Miquilena.

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AL CIERRE: En Chile, país que regresa de una larga y sangrienta dictadura militar, el gobierno propuso el pasado martes 19JUN01, una reforma constitucional para que los altos oficiales militares que pasen a retiro, no puedan optar a cargos de elección pública. La inhabilitación sería por tres años: ejemplo de medicina que llega de donde ya hubo un enfermo grave...

 

 

 

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