El fallecimiento en el 2003 del cardenal Ignacio Velasco, arzobispo de Caracas, avivó el enfrentamiento entre el Gobierno venezolano y la Santa Sede. Las tensiones entre el gobierno izquierdista y la Iglesia comenzaron seis años atrás, cuando tras esperar varios meses por una audiencia presidencial, la Conferencia Episcopal fue sede para una tensa conversación entre el Presidente y la alta jerarquía eclesiástica venezolana. “Se está con el gobierno o contra el gobierno”, habría sido la posición oficial.

“La Iglesia tiene más de 2.000 años de historia”, habría sido la respuesta de los obispos. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Baltasar Porras, fue sumado a la lista oficial de “enemigos del gobierno”, siendo tema de airados discursos presidenciales y blanco de agresiones físicas y procesos judiciales en la ciudad de Mérida, donde ejerce como arzobispo. Las relaciones con el Vaticano han estado también en tensión desde entonces. La diplomacia del Papa debió rechazar el amago para designar a un militar como embajador venezolano ante la Santa Sede, violando viejas reglas vaticanas.

Este hecho, sumado a la posición crítica de la Nunciatura que ejerce la vocería del Cuerpo Diplomático acreditado en Caracas, sirvió de argumento para gruesos ataques presidenciales, ante las cámaras de TV, contra el nuncio. Pese a que en el interior de la Iglesia se cumplió el usual proceso de consultas para escoger al nuevo arzobispo de Caracas, su designación fue paralizada ante la amenaza de veto gubernamental, basándose en el convenio que norma las relaciones entre los dos Estados. El Gobierno abiertamente promovió obispos que considera ideológicamente leales, mientras activaba acciones de desprestigio contra quienes señala como “enemigos”.

Con el inicio del gobierno de Benedicto XVI, la usualmente discreta diplomacia vaticana, hizo público el conflicto existente para la designación del arzobispo de Caracas. El derecho de la Iglesia a designar sus autoridades fue exigido directamente por el Papa, en un discurso público de finales de agosto. Todo indica que para ese momento ya el Vaticano, con el impulso del nuevo Papa, había decidido poner fin a la ausencia de titular en la principal arquidiócesis de Venezuela. Desde que comenzaron las diferencias entre el Gobierno y el Vaticano por la designación caraqueña, en Roma se asomó una opción: el Papa designaría un administrador apostólico para Caracas, figura no vetable por el Gobierno. Al parecer, la Santa Sede fijó el próximo día de San Miguel, el 29 de septiembre, como fecha límite para decidir al respecto. Según fuentes confiables, el Vaticano decidió hacer valer los resultados de la designación hecha por Juan Pablo II y confirmada por Benedicto XVI en la persona del arzobispo de Valencia, monseñor Jorge Urosa. La diplomacia revolucionaria habría fracasado en su intento de torcer el brazo del Vaticano, así como se enteró tarde de la descertificación impuesta por Washington la semana pasada.