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El Mundo / Miércoles / Caracas ,
24 de
Noviembre
de 2004 |
Mirando el vecindario
Estatismo para
exportación
Las elecciones presidenciales dominicanas
estuvieron marcadas por una crisis energética agudizada por el
embargo petrolero que el gobierno venezolano impuso en el 2003.
Por ello, Leonel Fernández durante su campaña mostraba sus
especiales relaciones con Venezuela como parte de su oferta
electoral. Iniciado su segundo mandato en agosto, Fernández designó
emisarios especiales quienes durante largas estadías en Caracas
escucharon los términos que Venezuela exigía para reactivar el
suministro y financiamiento petrolero. Entre los emisarios estaba
Miguel Mejía, parte del nuevo gobierno como secretario de Estado sin
cartera, y conocido en los medios dominicanos como el ministro para
las Relaciones con Venezuela. Mejía es secretario general del
Movimiento Izquierda Unida y forma parte de la internacional
comunista denominada “Congreso Bolivariano de los Pueblos”. Mejía
junto a Evo Morales y otros militantes suscribieron en septiembre
del 2003 un pronunciamiento calificando a Carlos Andrés Pérez como
“prófugo de la justicia” en el cual exigían que el gobierno
dominicano lo expulsara para así mantener “las buenas relaciones
diplomáticas, comerciales y de amistad entre los dos pueblos y
gobiernos”.
Mejía fue el vocero ante la prensa dominicana de las condiciones
impuestas por el gobierno venezolano para activar los envíos
energéticos: Caracas vetó por razones políticas a un grupo de
empresas dominicanas y exigió que el negocio petrolero sea a nivel
estatal.
Mejía quien actuó en su doble rol de negociador dominicano y de
aliado del gobierno venezolano afirmó que “Lo que sí está claro es
que Dominicana no puede poner en juego esas facilidades que está
ofreciendo Venezuela”.
Quedó en evidencia así una abierta intervenci&oac! ute;n ve nezolana
en la pequeña economía dominicana que se ha reflejado en enredos
políticos entre diversos actores afectados.
Los acuerdos petroleros de Venezuela con Argentina y Paraguay y el
sorpresivo anuncio de inversión venezolana en la refinería de
Cartagena igualmente están creando reacciones contrarias en esos
países. La venta de combustibles a Paraguay con un modelo similar al
impuesto a los dominicanos desató agrias críticas contra el gobierno
de Nicanor Duarte. El diario ABC de Asunción editorializó
calificando al acuerdo como “una peligrosa fuente de rápido
endeudamiento, expansión estatal descontrolada y corrupción”. El
convenio es claramente estatista y contradice las promesas de Duarte
para poner fin al monopolio de Petropar.
En Buenos Aires, donde el gobierno Kirchner creó una nueva empresa
petrolera estatal, Enarsa, han surgido señalamientos sobre las
compras sin licitación, los precios y el verdadero origen del gasoil
vendido por Venezuela.
En Colombia diversos analistas comentan que la inversión de Pdvsa
en Cartagena, además de ilusoria, está en contravía con la
desestatización petrolera en ese país. En lista de espera estaría
Uruguay para recibir su cuota de estatismo petrolero venezolano.
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