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EN DESMEDRO DE LA FRONTERA
Venezuela Analítica, Caracas, Venezuela, 13 de junio de 2000 El Universal, Caracas, Venezuela,
26 de junio de 2000
En septiembre de 1992, se
realizó en Santafé de Bogotá la reunión ordinaria de los representantes
alternos ante el Acuerdo de Cartagena (hoy CAN), dedicada a aspectos
fronterizos de la integración andina, que aquel año iniciaba una apertura
sin precedentes. El personal de la Junta del Acuerdo (antecedente de la
actual Secretaría General de la CAN), presentó a consideración de los países
miembros, un proyecto de resolución que buscaba crear normas comunitarias
sobre el desarrollo fronterizo. Lo sustantivo del planteamiento JUNAC,
consistía en la creación de zonas de integración fronteriza ZIF en cada una
de las fronteras de los países andinos, como epicentros de acciones
nacionales, bilaterales y comunitarias para el desarrollo económico de las
áreas de frontera.
En aquella oportunidad,
Venezuela fijó una posición firme: el tema del desarrollo fronterizo tiene
aspectos de carácter estratégico que lo hace particularmente sensible en
términos políticos para cada uno de nuestros países. En consecuencia,
Venezuela no aceptó la intención de los técnicos de la JUNAC de establecer
normas obligatorias en materia fronteriza, que posteriormente pudieran
contradecir las opciones nacionales en las negociaciones con Colombia.
Venezuela dejó sentado el sentido primariamente bilateral de las
negociaciones de integración y desarrollo fronterizo, abortando la propuesta
de los técnicos de la JUNAC.
El tema de las ZIF había sido
originalmente introducido por Venezuela en el debate integracionista andino.
En concreto, la ZIF para la frontera Táchira-Norte de Santander, era objeto
de estudio por el gobierno venezolano desde 1989, en medio de las
negociaciones fronterizas y limítrofes con Colombia. Los análisis
adelantados por técnicos venezolanos, muchos de ellos residentes en zonas
de frontera, sirvieron para desatar un rico debate sobre el papel de los
estados fronterizos en la nueva realidad de apertura económica. Esos
debates eran el marco de referencia que Venezuela estaba considerando en
1992, y que la llevaron a no comprometerse en la liberalización de los
factores productivos (más allá de lo estrictamente comercial) en el espacio
de la frontera.
Siete años después, el mes de mayo
de 1999 en Cartagena de Indias, la burocracia de la Secretaría General de la
Comunidad Andina CAN, presentó nuevamente a consideración de los cancilleres
andinos, un proyecto que buscaba comprometer a los gobiernos en una política
común fronteriza. Esa vez, la CAN ganó la partida, ya que los cancilleres
andinos aprobaron la Decisión 459, sin oposición de los diplomáticos que
representaban a Venezuela.
La Decisión aprobada por el gobierno de Hugo Chávez, compromete seriamente
la capacidad de negociación fronteriza de Venezuela ante Colombia, ya que
automáticamente se convirtió en norma legal interna, de obligatorio
cumplimiento.
La Decisión 459 coloca en manos
comunitarias (es decir, extranacionales) las políticas fronterizas
aplicables en Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, sobre temas tan diversos
como infraestructura sanitaria, tránsito de personas, carreteras, puentes,
estimulo a pequeñas empresas, formación de mano de obra, conservación
ambiental, educación y... pare de contar. Ahora, por obra del gobierno
bolivariano, las políticas para el desarrollo fronterizo venezolano serán
decididas en una instancia internacional, bajo la misma lupa de las
fronteras de Ecuador, Perú, Bolivia o Colombia.
La creación de zonas de
integración fronteriza, que hasta 1992 eran sólo tema de análisis con
Colombia, es ahora una pesada obligación, adquirida imprudentemente por el
actual gobierno venezolano en desmedro de los intereses y especificidades
de las regiones fronterizas venezolanas. |
