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A FAVOR DE LA COLOMBIA
DEMOCRÁTICA El Universal, Caracas, Venezuela, 11 de
septiembre de 2000
Un claro error de marketing ha tenido el gobierno de
Andrés Pastrana, respecto al Plan Colombia. Pero el errado manejo de imagen,
no puede ser razón para que los demócratas del continente echen al pajón el
más completo esfuerzo político, económico y militar que el Estado colombiano
ha desarrollado para desarraigar la violencia guerrillera de su país.
El Plan Colombia parte de un supuesto clave:
es necesario destruir la red de producción de drogas ilegales, para
debilitar la base de financiamiento de la guerrilla, y más específicamente
de las FARC. Esta concepción se produce en un marco de circunstancias que
deben tomarse en cuenta para entender lo que ocurre al otro lado del río
Táchira.
Hasta ahora la acción del estado colombiano sobre la
violencia ha estado maniatada por un estado de la opinión pública bogotana,
que en ocasiones, parece no percatarse de la gravedad del conflicto militar
que se desarrolla fuera de la capital. En medio de la tranquilidad
capitalina, el tema de la guerrilla suele tornarse tema de abogados,
fiscales, ONG y jueces, quienes al final suelen liberar alegando razones
procedimentales, a combatientes guerrilleros detenidos en medio de
sangrientos combates.
Pareciera que el gobierno colombiano ha definido una
estrategia que entiende al narcotráfico y la guerrilla como dos caras de un
mismo problema, ameritando una respuesta unívoca que pasa por la
militarización del combate contra el narcotráfico. Así surgen dos
componentes importantes: uno, la corresponsabilidad mundial en los costos
del combate contra el narcotráfico; y dos, el reconocimiento de la
guerrilla colombiana como un problema de seguridad para la comunidad
democrática del continente: aspectos que los Estados Unidos tardaron
demasiado en comprender. El cambio de actitud gringa es una victoria
diplomática del gobierno Pastrana, quien logró un giro de percepción del
hecho colombiano tras la desastrosa e inútil confrontación de Washington
contra el gobierno Samper.
El programa colombiano incluye sustitución de cultivos
y creación de bases productivas en las tierras colonizadas por la guerrilla
y el narcotráfico. Hasta ahora lo más publicitado es el contenido militar y
específicamente, el aporte norteamericano de varias decenas de helicópteros
artillados y blindados. De acuerdo con información hecha pública con
motivo del debate del Plan Colombia en el Congreso de EEUU, la entrega total
de los equipos sólo concluirá en año y medio, tiempo necesario para la
producción de los mismos. En definitiva, el desarrollo pleno del Plan
Colombia corresponderá administrarlo al liberal Horacio Serpa, a la
conservadora Noemí Sanin o a cualquier otro que tome posesión de la
Presidencia de Colombia en 2002. Este hecho hace pensar que las reacciones
de la guerrilla colombiana y sus propagandistas y aliados externos es una
temprana respuesta política, ante un plan que pondría en jaque el poderío de
las FARC.
Las últimas informaciones disponibles, indican que el
crecimiento de tropas que las FARC vivió durante el gobierno Samper
(demasiado ocupado en defenderse de Washginton) comienza a revertirse como
un alto costo operativo. Mantener en pie de guerra a 20.000 hombres,
armados, alimentados, vestidos con uniformes y símbolos, tiene altísimos
costos. Un informe anónimo de origen aparentemente militar, que circuló en
Bogotá hace algunas semanas, da cuenta de la preocupación del estado mayor
de las FARC sobre “las dificultades en la situación financiera de los
bloques” y la necesidad de unificar el cobro de los diversos impuestos al
narcotráfico. Por otra parte, ese documento señala ( y ya las noticias
recientes lo han confirmado) que las FARC se disponen a tomar militarmente
los territorios controlados por el ELN y el EPL (zona petrolera de Arauca,
sur de Bolívar y Santanderes), asumir sus fuentes de finanzas e impedir que
esos grupos lleguen a acuerdos con el gobierno que signifiquen entrega de
armamento.
Existe dentro de la élite colombiana, una cierta
esperanza sobre la efectividad de la nueva estrategia colombiana, la cual
podría aprovechar la debilidad logística de la guerrilla cerrándole sus
fuentes primarias de divisas.
Dentro de esas perspectivas debería estar la posición
de Venezuela ante Colombia.
Muchas veces escuché a militares venezolanos
quejarse porque Colombia sólo protegía sus grandes ciudades, permitiendo que
narcocultivadores y guerrilla fijaran operaciones en las áreas fronterizas.
Lejos pueden los militares venezolanos, en sana continuidad de doctrina,
rechazar el actual plan colombiano para confrontar estos elementos de
indiscutible efecto perverso sobre la soberanía nacional. Por el contrario,
las fuerzas armadas venezolanas deberían estar diseñando su propio aporte a
sus colegas colombianos, en continuación de las operaciones coordinadas que
en el pasado se cumplieron.
Lamentablemente el actual gobierno venezolano
posee compromisos internacionales, que hacen que nuestro país esté dando
cobardemente la espalda a Colombia. Esos compromisos figuran en el acta
final del II Congreso Anfictiónico Latinoamericano y del Caribe, celebrado
en Caracas durante 1997. Dicho Congreso, organizado por el Foro de Sao
Paulo, agencia de esa izquierda latinoamericana que ahora se auto proclama
bolivariana, acordó “exigir la neutralidad del gobierno venezolano en el
conflicto interno de Colombia y oponernos a la presencia de asesores
militares extranjeros en nuestra frontera”. Ya en marzo de 1999, el
presidente Chávez en fiel cumplimiento de los acuerdos del Foro de Sao
Paulo, se declaró “neutral” en el conflicto colombiano. Ahora, cuando
Colombia logra concertar los recursos para una acción militar contra la
guerrilla, el presidente Chávez se muestra contrario “a la presencia de
asesores militares” en Colombia.
Gusta el presidente Chávez decir, en
genérico, que su gobierno apoya a Colombia. Eso no basta. Venezuela debe
estar con la Colombia encabezada por sus legítimos dirigentes, que lucha por
el mantenimiento de su democracia.
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