Casi nadie está en contra de la
justicia social, eso sería insensato,
pero el asistencialismo del Estado tiene
sus peligros. Es lógico que una
sociedad deba asegurarse de que los más
desprotegidos estén cubiertos en
sus necesidades básicas, ello incluye
a ancianos, limitados físicos y
mentales, y a la niñez de los grupos
sociales más vulnerables. Si es
indignante dejar morir a animales en la
calle, con mayor razón si se trata
de personas en estado de indefensión.
Por fortuna, es evidente que la conciencia
social de la opinión pública
ha crecido y en las últimas elecciones
puso muchos votos. Ante tanta pobreza
es apenas normal que el discurso populista
cale entre la gente. Uno de los programas
banderas del alcalde de la capital, Lucho
Garzón, es 'Bogotá sin hambre',
una propuesta justiciera y reivindicativa
que recuerda sus jornadas de sindicalista.
El nuevo alcalde de Medellín, Sergio
Fajardo, fue elegido en buena parte por
el cansancio de padecer una administración
que hizo muchas obras costosas e inútiles
que no alcanzan a paliar la desazón
de ver las hordas de miserables pidiendo
limosna por toda la ciudad. Muchos otros
de los nuevos alcaldes ofrecieron lo mismo,
pensar más en las necesidades básicas
de la gente y no tanto en el cemento.
Sin embargo, es importante evaluar hasta
qué punto es sano y conveniente
el asistencialismo estatal a ultranza.
Los efectos negativos de una solidaridad
mal entendida, de la conmiseración
insana y desatinada, están bien
diagnosticados. Numerosos estudios realizados
por entidades muy serias han demostrado
cosas como que pedir limosna es un buen
negocio y mejora si se explota la sensibilidad
humana; los lisiados, los niños,
las viejitas achacosas, entre otros especimenes,
son los más socorridos. Se usan
estrategias como la de alquilar niños
de brazos, autoinfringirse heridas o fingir
cojeras.
También se ha demostrado que en
las grandes ciudades de Colombia nadie
se muere de hambre (y eso está
bien) pues, gracias a la caridad de los
colombianos pululan grupos de asistencia
y amparo que, desinteresadamente, dan
de comer al hambriento y de beber al sediento.
La Iglesia católica también
ha implementado lo que se llama "Banco
de Alimentos" para dar en donación
a las personas pobres.
Está claro igualmente que la mendicidad
genera dependencia y, a menudo, tiene
fines menos altruistas que alimentar a
la familia, se pide para sostener vicios.
Incluso, indígenas de diversas
etnias suelen desplazarse a ciudades capitales
con sus familias, en contra del mandato
de sus gobernadores, para poner a sus
mujeres e hijos a pedir la limosna que
después derrochan en borracheras
interminables.
Este panorama empeora cuando es el Estado
el que provee de asistencia a los desamparados
y se vuelve garante incondicional de las
necesidades básicas y de otras
que no lo son tanto. ¿Es aceptable
que una pareja con doce hijos resigne
sus obligaciones y sea el Estado el que
alimente a sus críos en los restaurantes
escolares? Tal acto que parece de la más
mínima justicia social termina
prohijando actitudes de exagerada condescendencia
que rayan en la alcahuetería.
Por eso, el populismo del que muchos
políticos se valen para alcanzar
el favor del pueblo en las urnas conlleva
el peligro de desintegrar el sustento
real de una sociedad, que es su riqueza.
Y la riqueza no es de caucho, no basta
con lanzar frases de cajón como
"este país es inmensamente
rico" o "en este país
la riqueza está mal repartida",
para que de manera automática broten
los recursos. La economía es dinámica,
si el asistencialismo que se practica
se limita a alcahuetear la pereza y la
sinvergüencería de algunos
es como tirar la plata por un caño.
No es que se deba suprimir la asistencia
del Estado; por el contrario, se debe
incrementar y dirigir hacia allá
grandes esfuerzos, pero debe haber algo
a cambio, no puede ser sin contraprestación
alguna. Los favorecidos deben aceptar
algunos compromisos para ser acreedores
de las ayudas como la ejecución
de trabajos comunitarios, el no ejercer
la mendicidad, el no invadir el espacio
público con ventas callejeras,
etc. Pero además se le debe restar
asistencia a quien más hijos tenga,
a quienes tengan problemas de adicción
o a quien perpetre algún delito.
Hay que motivar comportamientos deseables
y disuadir de aquello que provoque daño
social.
El alcalde que impulse el asistencialismo
tendrá que ejecutar una labor muy
ardua en materia educativa. Si está
pensando más en aumentar los comedores
escolares que en implementar una campaña
que le ponga freno a la altísima
taza de embarazos entre adolescentes solteras
de las clases marginadas, es un populista
sin remedio que terminará empeorando
los problemas sociales que padecemos.
