Los argumentos esgrimidos por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), para reclamar ajustes sobre la cifra del censo electoral que determinó los resultados del referendo son inapelables. Tal censo incluye 51.148 cédulas de difuntos, 32.980 de miembros de la fuerza pública -que, como es sabido, están inhabilitados constitucionalmente para votar-, y 342.077 cédulas que no habían sido entregadas a sus titulares por la Registraduría Nacional. De manera que el presidente Uribe no se fue por las ramas.

Si bien es cierto que no resulta muy elegante que un estudiante pase el año raspando y, menos aún, que sea empujado por profesores relajados, como tampoco es muy bien visto que un partido de fútbol o cualquiera otra competición deportiva se gane en un escritorio, al calor de las demandas por un mal juzgamiento, también lo es que cuando hay evidencias de que faltó una calificación rigurosa y acertada, ceñida a las normas y a la verdad, la razón obliga a realizar las reclamaciones que sean necesarias.

De ninguna manera puede entenderse esto como una actitud autoritaria del Primer Mandatario pues, en este caso, no se está pidiendo un cambio de reglas sino su justa aplicación. Otra cosa fueron las reacciones iniciales del entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, quien con argumentos si bien razonables, pedía un cambio absoluto de reglas, cosa inaceptable. Hay que recordar que primero se refirió a un censo inflado que no correspondía a la realidad de millones de colombianos que no pueden votar por impedimentos de todo orden como estar en el exterior (miles de ellos en cárceles), por escollos de salud física o mental, por razones de edad, por vivir a horas de camino de una mesa de votación, etc. También se refirió el ahora ex ministro a la actitud descabellada de la Corte Constitucional de considerar como no sufragantes -y, por tanto, 'abstencioncitas'- a quienes no marcaron la tarjeta pero introdujeron su voto en la urna. No obstante, esta fue una regla previamente establecida y no daba lugar a cambios posteriores, aunque sí permite dudar de la moralidad de la Corte Constitucional para imponer trabas a un mecanismo que perjudicaría notablemente los ingresos económicos, presentes y futuros, de sus magistrados.

Los reclamos presidenciales no son extemporáneos si se considera que la registradora, Almabeatriz Rengifo, tampoco cumplió con el plazo que estipula el Código Electoral y presentó la cifra del censo a tan sólo dos días de los comicios, dejando al Gobierno y a los amigos del referendo sin margen de tiempo para hacer cualquier consulta. De hecho, los datos sobre las cédulas de fallecidos, militares y las que no se habían entregado, que hacen parte del censo, se conocieron casi un mes después de la votación.

Extemporáneo es, más bien, que a estas alturas todavía esté habilitado para votar el ex presidente Alberto Lleras Camargo, fallecido en 1990; el ex presidente Virgilio Barco, fallecido en 1997; la ex ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera, asesinada por las Farc en el 2000. Extemporáneo es, por ejemplo, que doña Piedad Córdoba haya reconocido su derrota en las elecciones del 10 de marzo de 2002 y, cuatro meses después, antes de posesionarse el 20 de julio, hayan salido miles de votos de las selvas del Chocó para darle su curul.

Como bien dice el presidente Uribe, ¿que tal que los 50 mil muertos o los 30 mil militares o los 340 mil colombianos que no habían recibido la cédula hubieran votado a favor del referendo? El escándalo internacional sería impresionante, hasta la renuncia le estarían pidiendo a Uribe. Aquí los que deberían renunciar -como lo anota el jurista Jesús Vallejo Mejía (El Colombiano, 21 de diciembre)- son la registradora, los magistrados del CNE y los de la Corte Constitucional. Todos ellos le han mentido al país en materia grave; en tanto, lo del presidente es la actitud que le ha ganado el favor de las tres cuartas partes de los colombianos: una persistencia admirable.

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1339 magistrados de todo el país ganaron una demanda ante el Consejo de Estado, por 250 mil millones, para que se haga efectivo el aumento salarial que les decretó Ernesto Samper en 1998 como una más de sus desesperadas medidas para no caerse de la presidencia. A cada magistrado le corresponde, en promedio, 186 millones pagaderos en cuatro años, o sea un incremento de casi cuatro millones mensuales. ¿Estos funcionarios son los que aplican justicia?