Vemos a diario, con asombro, cómo la moral de la administración pública y de la justicia, pilares fundamentales de la organización social, es ambivalente y elástica; la misma filosofía se aplica para casos opuestos, se emplea el mismo rasero para evaluar cosas muy distintas y, cuando conviene, la norma se ablanda o se endurece en contra del buen juicio y el sentido común.

Curioso, por decir lo menos, es el fallo del Consejo de Estado en el caso de las acciones de Invercolsa, en contra del ex ministro Fernando Londoño Hoyos. Curioso porque de ser presidente de una compañía del Estado, el alto tribunal lo ha dejado como 'consultor', ignorando que para todo efecto actuó por años como representante legal de esa firma con sueldo, con la obligación de rendir cuentas a una junta directiva y con un contrato que si bien era verbal igual validez tuvo para todos los actos administrativos que ejecutó el arrogante Londoño en esa entidad.

Curioso porque el Consejo de Estado se va por las ramas para negar que Londoño tuviera derecho preferencial para comprar esas acciones y, dizque en defensa de la moral administrativa, argumenta interpretaciones acomodadas de la ley para quitarle la calidad de 'trabajador' a quien fuera presidente de una empresa en vez de acudir a verdaderas normas morales que nuestra ley siempre desprecia y que debieran regir los fallos aún cuando no estén literalmente escritas. En este caso, dos a saber: 1º. La intención de vender acciones a los trabajadores era la de socializar la empresa entre sus bases así como se han vendido acciones de Interconexión Eléctrica S.A. (Isa) y otras empresas de energía entre la comunidad, con topes de inversión muy claros para democratizar la propiedad y no resultar privatizando con disimulo una buena tajada entre unos pocos inversionistas. La oferta de Invercolsa no tenía límites expresos pero se hizo con esa filosofía de democratizar la propiedad y es lo que debió defenderse. 2º. La posición privilegiada de Fernando Londoño Hoyos, como presidente de esa firma, debiera juzgarse como un impedimento ético y moral para adquirir las acciones pues contaba con acceso a información confidencial y a facilidades para hacer el negocio. Hasta la empresa más humilde prohíbe a sus miembros participar de esos concursos en que rifan cosas para incrementar las ventas porque podrían aprovechar su posición para adueñarse de los premios.

Entonces, es evidente que si este fallo quiso preservar la moral no lo hizo basándose en juicios morales sino en tecnicismos muy discutibles. Pero lo más curioso es que al ex ministro, de acuerdo con el fallo, no le van a reintegrar su dinero. Es absolutamente lógico que cuando de castigar una falta moral se trata, la sanción pecuniaria haga parte del dictamen. Suena lógico que se le exija la devolución de los dividendos cobrados por el rendimiento de las acciones durante los años que las poseyó y que no se le restituya el valor actual de las acciones -muy superior al precio de compra aunque podría haber sido al contrario- pero dictar un fallo de carácter confiscatorio es una arbitrariedad, es un esperpento jurídico.

Hay que recordar que Fernando Londoño Hoyos no se robó esas acciones sino que las compró con su propio dinero, tal vez sí con un poco de astucia. Pero en un país donde los políticos como el ex ministro Morris Harf y la familia Pastrana se autoprestan dineros del Estado y no los devuelven en los términos pactados, donde los autores de casos de corrupción como el de Fabio Puyo Vasco en la hidroeléctrica de El Guavio no se juzgan inexplicablemente, o salen libres sin reponer casi nada de lo robado como en el caso de Foncolpuertos, es una ironía que a Londoño le sonsaquen 9 mil millones, mediante fallo judicial, dizque en aras de proteger la moralidad administrativa.

Eso se llama inseguridad jurídica y se la van a aplicar a más colombianos porque los jueces fallan sin moral, sino a juicio de su real gana. Qué bueno que fueran igual de intrépidos en contra de los narcos, los paras, los terroristas de la guerrilla y los políticos corruptos. A Londoño le dieron la misma dosis que a Edgar Perea, a quien echaron del Congreso por narrar partidos de fútbol. Como están las cosas es un mal presagio para los dos procesos que abrió la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez. Uno por un contrato que firmó como Gobernador de Antioquia con una empresa de seguridad privada y otro por la liquidación de Telecom a pesar de que la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura habían avalado la legalidad de tal decisión. Todo esto huele mal. Ya sobre la caída de Londoño Hoyos, el ácido columnista y crítico del gobierno, Alberto Aguirre (Cromos, noviembre 19), había dicho: "Aquí hay tramoya".