La irresponsabilidad política que reina en Colombia es lo que se ha puesto de manifiesto esta semana tras el anuncio que hiciera el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, del llamado 'Plan B' en respuesta al fracaso del referendo. Son pocos los que quieren darse la pela y reconocer la quiebra económica del país y la obligación de hacer esfuerzos comunes para salvarlo. Cada sector le quiere chutar el balón a los otros: los sindicatos critican el impuesto a las pensiones; los gremios, el impuesto al patrimonio (que en Colombia no se cobra desde 1992); y el Banco de la República no ve con buenos ojos que se quiera echar mano a las reservas de divisas para pagar deuda. Todo esto en un marco ya viciado por las interferencias de la Corte Constitucional que fijó para el año entrante el mínimo de aumento del salario mínimo -valga la redundancia-, como si los miembros de esta corte hubiesen sido elegidos por voto popular o tuviesen poder legislativo, ¡qué insensatez!

Un desorden institucional parecido vivía Colombia hace 100 años cuando perdió a Panamá por un simple conflicto de intereses, por no aprobar el tratado Herrán-Hay que le concedía a Estados Unidos el dominio de una franja de cinco kilómetros a cada lado del canal interoceánico. Colombia recibiría 10 millones de dólares -algo así como mil millones de hoy- pero nuestros glotones dirigentes querían 25 y aducían razones patrióticas para no ceder a las 'pretensiones imperialistas' de los norteamericanos. Desde hace cuatro años, en virtud del tratado Torrijos-Carter, el Canal es ciento por ciento panameño pero Colombia sigue siendo un país amputado e institucionalmente conflictivo, y con depredadores más voraces a su alrededor: hay mucho qué perder si todos siguen halando para un lado distinto.

Según el periodista Germán Jiménez Morales (El Colombiano, agosto 24 de 2003), la situación financiera del país es la siguiente: el presupuesto para 2004 es de 77.6 billones que equivalen al 32 por ciento del PIB (243.8 billones). Los ingresos del Gobierno Central serán de 45.4 billones (58 por ciento del presupuesto), de los cuales el 91 por ciento se originan a través del pago de impuestos. Queda entonces un faltante de 32.2 billones (42 por ciento del presupuesto) por llenar. ¿Cómo los va a cubrir? A los financistas locales el Gobierno les pedirá 14.3 billones de pesos y a los extranjeros 9.2 billones, para un endeudamiento fresco de 23.5 billones. Lo irónico es que en el mismo 2004 les tenemos que pagar a los banqueros 27.7 billones de pesos, por concepto de amortizaciones e intereses.

Aún así quedarían faltando 9 billones que el Gobierno conseguiría vendiendo activos como Bancafé (600 mil millones de pesos), echándole mano a 2.5 billones de utilidades de entidades como Ecopetrol (1.1 billones) y el Banco de la República (773.000 millones), y a transferencias de la Dirección del Tesoro Nacional. Sigue quedando un hueco de 3.2 billones que el Gobierno no ha especificado cómo va a liquidar.

Pero ¿por qué Colombia gasta más de lo que gana? En primer lugar porque debe mucho y somos 'buenas pagas', generándose un círculo vicioso que parece no tener fin: nos endeudamos para pagar deuda, por eso ésta ya llegó a un inmanejable 53.4 por ciento del PIB. De otro lado están las pensiones del Gobierno Nacional y las entidades territoriales, cuyo cálculo actuarial hasta el 2050 ha sido estimado por Planeación Nacional en la fabulosa cifra de 400 billones de pesos. Ahí se incluyen todas las inadmisibles pensiones del sector público logradas sin la menor legitimidad a través de los regímenes especiales exigidos por los delincuentes de overol que pululan en los sindicatos; las pensiones de 70 u 80 salarios mínimos, las pensiones otorgadas a los 40 años de edad con apenas 20 de labores, las pensiones de 'invalidez' a quien se ha tronchado un dedo aunque tenga 20 años. Para el año entrante, el Presupuesto contempla por ese concepto un gasto de 9.5 billones de pesos.

Se suman a lo anterior las partidas del Presupuesto que van a los municipios y departamentos por mandato constitucional. Esas transferencias ascienden a 14.2 billones; el 6 por ciento del PIB, cuando en el 90 pesaban el 2.5 por ciento. Lo malo es que según Planeación Nacional tales transferencias se han usado de manera tan deficiente como las famosas regalías, se despilfarran en asuntos suntuarios o se las 'traga' el aparato político a través de los más diversos mecanismos creados por la clase política para ese efecto. Deuda, pensiones y transferencias suman 51.4 billones que están amarrados por ley y, por tanto, su destinación es inmodificable, o sea el 66.2 por ciento del Presupuesto Nacional.

El 33.8 por ciento restante contiene los recursos que el Gobierno emplea en su funcionamiento, en la salud, en la educación, en el gasto militar, en la inversión social (9.2 billones para esta última el año próximo). No es cierto que el gasto militar sea excesivo, apenas es de 7.8 billones equivalentes a un ridículo 3.1 por ciento del PIB, como si Colombia fuera Suiza o Costa Rica. Hay que recordar que Estados Unidos empleó en gastos militares durante la Segunda Guerra Mundial, el 40 por ciento de su PIB, convirtiéndose en una 'economía de guerra' que le permitió el triunfo. Colombia requiere incrementar notablemente el gasto militar para vencer al terrorismo; por eso, la caída de un referendo mediante el cual se quería reordenar el gasto estatal es también un triunfo de los terroristas.

Pero, volviendo al tema, el caso es que existe un desbalance presupuestal larvado desde la Constitución misma que ha aumentado la carga fiscal del 8 por ciento del PIB (en 1990) al 14.6 por ciento. Nada de esto se lo ha inventado Álvaro Uribe Vélez. Gaviria, Samper y Pastrana tuvieron la facilidad -y hasta la ligereza- de acudir a préstamos casi únicamente, sin aumentar impuestos ni hacer recortes estatales. Ahora no queda margen para endeudarse más y si existen exigencias del Fondo Monetario Internacional no es porque se estén implementando políticas neoliberales ni porque se esté 'vendiendo' la soberanía ni nada de eso. Es, simplemente, porque debemos dinero y estamos en la obligación de pagarlo. El referendo ponía en orden buena parte de las finanzas, ahora vendrá una cascada de impuestos para aliviar el déficit fiscal del año que viene pero son necesarias las reformas de fondo para corregir este absurdo y que no se vuelva un calvario de todos los años que termine poniendo a los colombianos en contra del Estado como sucede siempre que los impuestos dejan de ser un medio para convertirse en un fin. Es la debacle que esperan los violentos y si hace un siglo se perdió una provincia la próxima vez podría perderse todo.