Coinciden la mayoría de analistas en señalar que la no aprobación del Referendo pondría en riesgo la gobernabilidad del país, debilitaría las políticas de seguridad del presidente Uribe y fortalecería a los grupos terroristas. Es más, se especula que en círculos muy cercanos al presidente de la República se ventila una posible dimisión del Primer Mandatario si es derrotado en las urnas este 25 de octubre, convocando a elecciones anticipadas para elegir su reemplazo. Uribe no es de los que se esconden y tiran la toalla, por eso tal hipótesis parece improbable; sin embargo, ello se apoya en el sin sentido de que el mismo electorado que el 26 de mayo del año anterior lo acompañó con vehemencia a las urnas ahora lo abandone en un momento tan crítico para el futuro del país.

Valdría la pena analizar a conciencia qué es lo que se está poniendo en juego este 25 de octubre al margen de unas reformas muy diversas que no son tan de fondo como se quisiera pero que, valga decirlo, si tuvieran gran calado no habrían pasado el cedazo del Congreso ni el de la Corte Constitucional ni el de los deformadores de opinión y los enemigos del Gobierno. Si siendo una reforma liviana tiene tanta resistencia ni pensar qué sería si se tratara de algo radical.

En primer lugar está en juego la política de Seguridad Democrática que tan buenos resultados ha dado a pesar de las voces disidentes. Eso dejaría en el aire el Estatuto Antiterrorista que se está tramitando en el Congreso, el programa de soldados campesinos, el regreso de la Policía a todos los municipios de Colombia, los programas de fumigación de cultivos ilícitos, el proyecto de ley de Alternatividad Penal, el programa de reinserción de combatientes y muy probablemente el apoyo económico internacional al Plan Colombia. Pero sobre todas las cosas, tendríamos de nuevo a nuestro Ejército acantonado en los cuarteles mientras los terroristas retoman su 'soberanía' en las carreteras, los campos, las periferias de las ciudades y vuelven a azotar las cabeceras municipales con sus tomas sangrientas y crueles, además de incrementar los secuestros a niveles insospechados.

En segundo lugar está en juego la estabilidad económica del país. Muchos colombianos parecen no entender, o no quieren hacerlo, el tema del déficit fiscal. La macroeconomía es como una economía doméstica pero en mayor escala y un país, al igual que una familia, no puede vivir al debe ni eterna ni ilimitadamente. Igual que una familia recorta gastos o se acomoda a sus ingresos, los estados deben hacer lo mismo. El empleo no productivo del Estado, llamado 'burocracia', es nocivo para toda la sociedad. Los regímenes especiales de salarios y pensiones y los jugosos salarios de los altos funcionarios del Estado constituyen un descarado desangre de los recursos públicos. Baste recordar que la semana anterior el corrupto Congreso de la República subió los salarios de los miembros del Consejo Nacional Electoral de once a catorce millones de pesos mensuales.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió torpemente que si los salarios oficiales no se congelan vía Referendo el Gobierno tendrá que hacerlo mediante decreto. El presidente Uribe lo contradijo pero al mismo tiempo admitió que tendría que haber más recorte laboral en el Estado. Aún tenemos la manía, asociada al clientelismo y la corrupción política, de creer que el Estado es una fábrica que da puestos a cambio del voto, y que si necesita recursos para mantener esa inoficiosa clientela -incluyendo las famosas 'nóminas paralelas' de funcionarios que sólo van cada quince días por el cheque- debe endeudarse o incrementar los impuestos en detrimento de todos y afectando el desempeño de toda la economía, creando una incertidumbre que el efecto 'Uribe' había despejado.

Y, en tercer lugar, para mencionar sólo los tres efectos más desastrosos, está en juego la inversión social. En este rubro, la Nación tiene unos limitantes gigantescos. El Presupuesto Nacional apenas contempla unos escasos recursos para lo social pues casi todo se va en funcionamiento, transferencias a las regiones y servicio de la deuda. El Referendo comprende que los ahorros suscitados por la eliminación de las contralorías regionales irán a educación; que las regalías del Fondo Nacional irán también a educación, a saneamiento básico y a pensiones; que la congelación de salarios y pensiones del Estado, la eliminación de regímenes especiales y el tope pensional para altos funcionarios irán al fondo pensional y evitarán retrasos en el pago de maestros y empleados de la salud; que los salarios se le congelarían sólo al 17 por ciento de los trabajadores del Estado que son los que ganan más de dos salarios mínimos; que a los maestros se les respetara su régimen especial -cosa que no se merecen- hasta el 2007, etc.

Mejor dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Darle la espalda al presidente Uribe en estos momentos será desastroso, no tendrá armas ni contra el terrorismo ni contra la quiebra del país ni contra la pobreza. Será un melancólico entierro de la esperanza.