Las Farc no han dado el brazo a torcer en su aspiración de alcanzar un canje o intercambio humanitario con el gobierno, en pie de igualdad. Después de un largo periodo de ostracismo y opacamiento político, ahora pretenden tomar la iniciativa política divulgando videos de los secuestrados y rehenes. A través de ellos han dejado en claro su amenaza de muerte en caso de operativos de rescate por parte de la fuerza pública y han refirmado intención de negociar un intercambio. ¿Qué hay tras toda esta ofensiva publicitaria? Lo primero que cabe destacar es que las Farc no quieren aceptar pasivamente ser sacados del juego político como unos burdos terroristas que es como se sienten percibidos por la opinión nacional e internacional. Lo que buscan al permitir el contacto de los secuestrados y rehenes con los medios es aparecer como los verdaderos interesados en un acuerdo y al gobierno en el plan de obstaculizarlo.

La jugada política del grupo insurgente no es fácil de detectar. Los pasos que han dado tienen toda las trazas de obedecer a un plan meticulosamente preparado que tiene por objeto descargar en el gobierno la prolongación del dolor de las víctimas. Desde cuando comenzaron a desarrollar su estrategia de secuestrar personalidades y mantener a oficiales y suboficiales en calidad de rehenes, los comandantes de la guerrilla advirtieron al gobierno y a la fuerza pública que cualquier operativo de rescate culminaría con la muerte de aquellos. De esta manera pretendían, con la mayor de las astucias, responsabilizar al gobierno por la vida de quienes estaban en sus manos y eludir el hecho de que eran ellos los secuestradores. Esto constituye una clásica jugada de distorsión según la cual si la víctima de un agresor muere la culpa no es de éste sino de aquella por haber forcejeado.

El segundo paso de la estrategia consiste en aprovecharse del lógico sentimiento de dolor de los familiares de los secuestrados y rehenes para impulsarlos a presionar al gobierno para que acceda a firmar el canje y para que renuncie a la obligación constitucional de buscar su libertad. La tercera etapa de la estrategia es la de guardar silencio por largos periodos, hay retenidos que llevan cinco y seis años en sus manos y varias familias no han recibido una sola prueba de supervivencia de sus familiares secuestrados. Así se dosifica la angustia para acrecentar la presión sobre el gobierno, de tal forma que es éste el que aparece como el intransigente, el reacio, el indolente.

En la fase actual en que se han entregado entrevistas con Ingrid Betancourt, videos de militares y de los tres norteamericanos, la guerrilla especula hábilmente el síndrome de Estocolmo, ese sentimiento paradójico y contradictorio que lleva a las víctimas y a sus familiares a sentir gratitud y hasta simpatía con los captores por el hecho de que les hayan respetado sus vidas. El objetivo de la guerrilla es aparecer como bondadosa y transigente: "aquí están, vivos aún" y "si algo fatal les sucede la culpa será del gobierno". El síndrome de Estocolmo impide que la víctima reconozca en su victimario un agresor y termine mirándolo como un benefactor porque no lo tortura o porque le da de comer o le proporciona medicinas o le hace llegar mensajes a sus seres queridos. Se le da el nombre de síndrome de Estocolmo a una conducta o sentimiento alterado de quien está secuestrado que pone las cosas en el orden inverso: por ejemplo sentir rabia con sus amigos, rechazar la ley, sentir abandono de sus familiares y protección de sus captores. Si las autoridades legítimas no responden al chantaje entonces ellas son las que no quieren una salida, si las fuerzas del orden actúan ellas y sólo ellas serán las responsables. El síndrome de Estocolmo tiene la característica de invertir el orden lógico de los hechos y de las culpas. Más aún, termina por ocultar el sufrimiento, cosa que se aprecia con toda claridad en la estupidez que subyace en la pregunta que muchos comunicadores le hacen a un secuestrado una vez ha recobrado su libertad: "¿Y lo trataron bien?" como si la privación forzosa de la libertad no fuese ya en sí misma un maltrato o pudiera ser atenuada por un mendrugo de pan o una frazada.

Es razonable pensar que los pasos que viene dando la guerrilla con respecto al asunto de secuestrados y rehenes son la expresión de una astuta maniobra que encubre su verdadero objetivo: recibir un trato de estado por parte de la opinión nacional e internacional. Se entiende por qué aceptan a la ONU como mediadora después de haberla rechazado. Claro que ahora se pide la intermediación de otro país (Brasil) para que les cedan allí una porción de territorio para perfeccionar el intercambio, resultado: ser tratados como contraparte por el gobierno y como fuerza beligerante por la Onu y Brasil. Es igualmente lógico pensar que lo que hay detrás de la entrega de videos con declaraciones duras contra la guerrilla, es una hábil maniobra a tres bandas: el gobierno es el que no quiere negociar, si el gobierno intenta un rescate será el culpable de la muerte de los secuestrados y finalmente ellos son los que sí quieren un acuerdo. No hay lugar a duda, las Farc intentan recuperar las grandes franjas de terreno político que vienen perdiendo desde fines del 2001 y lo están haciendo apelando a un recurso poco ortodoxo: explotando en su favor el síndrome de Estocolmo que tratan de estimular en la opinión pública y a fe que algunos resultados les viene produciendo. De qué otra manera se puede interpretar por ejemplo la intervención de los ex presidentes liberales y la andanada crítica de las Ong que produjeron el pomposo informe "El embrujo autoritario" según el cual en la violación de los derechos humanos la responsabilidad principal recae en el Estado y en el gobierno y no en los grupos armados irregulares.

*Historiador, profesor titular Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín