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Si se hace el ejercicio de leer las ediciones
de la revista 'Cien Días' del Cinep, publicadas
a finales de los ochenta o los informes anuales
de la Comisión Andina de Juristas -de la
misma época-, se puede encontrar un factor
común: denuncias por doquier de violaciones
de los Derechos Humanos. Hasta ahí todo
parece 'normal', sólo que, con contadas
excepciones, todas las violaciones se le imputan
a los paramilitares y, de paso, se culpa al Estado
casi siempre con argumentos novelescos; que los
'paracos' que cometieron la masacre aquí
o allá, pasaron por todo el frente del
batallón x o y en un camioncito, o que
la masacre fue a ocho kilómetros de una
guarnición militar, o que el Ejército
solía tener un retén en la carretera
y el día de la masacre no lo hubo. Con
tales argumentos se concluye tajantemente que
hubo complicidad del Ejército.
Ahora, si se leen con detenimiento esos textos
no es difícil advertir una gran preocupación
por el exterminio sistemático de líderes
de la Unión Patriótica y la situación
de Urabá y el Magdalena Medio en esos años,
donde la guerrilla estaba siendo desplazada por
las Autodefensas con sus mismos métodos
de terror. Pero, ¿dónde estas publicaciones
incluían las violaciones de los Derechos
Humanos que hacían las guerrillas? ¿En
qué lugar repudiaban el asesinato de líderes
liberales y conservadores a manos de las guerrillas?
¿Por qué el secuestro nunca ha sido
repudiado con la misma magnitud y despliegue con
que se condenaban las masacres de los 'paras'?
¿Por qué tampoco se condenaba el
exterminio que las Farc practicó con los
reinsertados del Epl en Urabá ni las purgas
internas?
Pero hay más: ¿Quién recuerda
las condenas de estos 'defensores' de los Derechos
Humanos por las masacres de soldados en Puerres,
Patascoy, Las Delicias y El Billar, ya en los
noventas? ¿Quién recuerda alguna
condena, algún llamado de atención
por los atropellos que las Farc cometió
en la zona del Caguán durante el despeje
concedido por el gobierno de Pastrana, aparte
de un señalamiento muy tímido de
Human Rights Watch? ¿Quién recuerda
alguna denuncia vertical en contra de las Farc
por la masacre de Bojayá en la que la mayoría
de 'defensores' terminaron fue culpando al Estado
colombiano y a sus Fuerzas Militares dizque por
su incapacidad para defender a la población?
¿Por qué los 'defensores' de los
Derechos Humanos de Medellín no dijeron
nada cuando la Comuna 13 estaba en poder de la
guerrilla de las Farc y sus habitantes pedían
auxilio a gritos porque tenían allí
un paraestado totalitario que les imponía
la moda, les prohibía las costumbres navideñas,
echaban de los barrios a familias enteras y se
apoderaban de sus propiedades, y asesinaban al
que les venía en gana?
Se necesitaron casi veinte años para que
un presidente se dejara de eufemismos y de hipocresía
y dijera muy clarito a qué es que se dedican
las Ong dizque de 'derechos humanos'. Hace años
que estas denuncias contra estos supuestos 'defensores'
del derecho de las gentes se han venido haciendo
mientras los presidentes -tal vez sin derecho
moral para sacudirse- han aprovechado el Día
de los Derechos Humanos para ensalzar unas organizaciones
que merecen el repudio de los colombianos, cuando
menos, por falta de imparcialidad y rectitud.
Hasta las más reconocidas organizaciones
internacionales como Naciones Unidas y la Cruz
Roja Internacional, le han quedado mal al pueblo
colombiano al preferir la defensa de los terroristas.
El Comisionado de la Onu para los Derechos Humanos
ha sido una figura terrible para el país
desde que enviaron una delegada española
de nombre Almudena Mazarraza. Desde entonces,
todos han sido defensores a ultranza de la guerrilla
como el sueco Anders Kompass y el actual comisionado
Michael Frühling, quien duda que el acto
terrorista de Chita (Boyacá), ocurrido
la semana anterior, sea obra de las Farc. Y recuérdese
la diligencia de la Cruz Roja Internacional para
sacar en helicópteros hacia Venezuela y
Cuba a guerrilleros heridos o para pagar cirugías
al líder del Eln Felipe Torres, preso en
la cárcel de máxima seguridad de
Itagüí.
Bien les ha dicho el presidente Uribe que se
quiten la careta, que actúen de frente
como corresponde. Estas organizaciones están
plagadas de comunistas que apoyan la idea de la
revolución a sabiendas de que democráticamente
jamás alcanzarán el poder, que no
es suficiente con los chistecitos flojos de Lucho
Garzón. No se puede seguir tolerando la
farsa de unas organizaciones que son escuchadas
en el extranjero bajo el supuesto de que se rigen
con altos índices de objetividad e imparcialidad;
que no tienen quién las ronde cuando, desde
hace años, han sido desenmascaradas bien
como organizaciones de apoyo de la guerrilla -por
aquello de practicar "todas las formas de
lucha"-, como organizaciones políticas
de la izquierda y como meros negocios de garaje
montados por avivatos que aprovechan la compleja
situación de la violencia colombiana para
tramitar recursos en el exterior a cambio de transcribir
boletines de prensa y sacar conclusiones superficiales.
Este país es una democracia, tal vez una
muy imperfecta pero democracia al fin y al cabo.
Por eso, las Organizaciones No Gubernamentales
que tienen alguna orientación política
-como las que dicen defender los Derechos Humanos-
no pueden venir a remplazar olímpicamente
a estamentos como la Procuraduría General
de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía,
las Altas Cortes, el Congreso de la República,
los Partidos Políticos, etc. Nadie los
ha nombrado y nadie los reconoce como voceros
de nada.
Las Ong que publicaron el libro 'El embrujo autoritario',
tratan de desconocer la decisión mayoritaria
del pueblo colombiano que eligió a Álvaro
Uribe Vélez como Presidente de la República
por sus tesis de autoridad, su propuesta de Seguridad
Democrática y su promesa de luchar incansablemente
contra el terrorismo. La otra cara de la moneda
es el llamado Informe Nacional de Desarrollo Humano,
elaborado por el Pnud (Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo) y la Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional, que bajo el título 'El conflicto,
callejón con salidas', presenta un texto
propositivo que conviene analizar detenidamente,
siendo un esfuerzo teórico realizado con
buen juicio y sin intereses oscuros. Los autores
de informes como este son bienvenidos, los defensores
de los derechos humanos de la guerrilla, en cambio,
bien pueden irse con su música a otra parte.
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