Mientras que la guerrilla mantiene lo que los especialistas han querido denominar como un 'repliegue estratégico', el tema de la guerra y la paz se ha tornado álgido en el terreno de la política. La propuesta de paz del presidente Uribe, en la que ofrece libertad efectiva a los desmovilizados, ha generado toda clase de reacciones contradictorias. Uribistas como Rafael Pardo y Germán Vargas Lleras se oponen con argumentos tan drásticos como decir que "a Uribe lo elegimos para capturar a los delincuentes, no para dejarlos en la calle". El delegado de Derechos Humanos de la Onu, por su parte, criticó la impunidad que va a generar esa medida y en otros sectores se habla de 'montaje' para regresar a la legalidad a los líderes de las autodefensas.

Sería muy interesante saber si algunas de estas criticas hubieran surgido de haberse propuesto en el caso hipotético de una negociación con las Farc. Ha dicho claramente el gobierno que la 'Ley de Penas' sería aplicada a todos los actores que están al margen de la ley, por ende, cobija también a los guerrilleros. Se sobreentiende -aún a costa del deseo de todos los colombianos- que los actores armados no van a desmovilizarse si lo que los espera es la cárcel. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez sabe que la correlación de fuerzas existente en la actualidad no es suficiente para propinarle a las guerrillas una derrota estruendosa, para ello habría que aumentar el gasto militar del 4 por ciento del PIB a un once por ciento, como mínimo, lo cual no es factible ante el hueco estructural de unas finanzas amarradas por las transferencias a las regiones, fijadas por la Constitución, y el servicio de una deuda que ya excedió el límite de lo sensato.

De ahí que el gobierno le apueste a un debilitamiento prolongado de las guerrillas haciendo presencia en sus territorios de influencia y forzándola al combate, poniendo a sus miembros en la disyuntiva de morir ante el acoso militar o desertar con la garantía de hacer una nueva vida. El ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos afirma que la guerrilla no podría soportar cuatro años así, sin control territorial ni influencia sobre la población. De ello se deduce también que un cambio radical en la política de mano dura o seguridad democrática le daría un nuevo aire a la subversión: el guerrillero reinsertado Carlos Alberto Plotter relató a la revista Semana (Agosto 24, Ed. 1112) que durante el gobierno de Pastrana su frente combatió muy poco mientras que en el de Uribe los combates se volvieron cosa de todos los días y el Ejército los desplazó a la selva.

Pero volviendo al tema, todo lo anterior entraña una profunda contradicción puesto que se ha pedido entablar diálogos con la guerrilla y los paramilitares pero, en aras de impedir que campee la impunidad, se pretende apabullar a los desmovilizados con un castigo que no los motive a colaborar. Se habla de la necesidad de tres elementos: verdad, justicia y reparación. Valdría la pena ser más prácticos y establecer los mecanismos para que estos grupos no puedan ejercer algún poder intimidatorio y se reedite un nuevo capítulo de la burla que padeció la sociedad con el supuesto presidio de Pablo Escobar. Lo demás no es factible, ni la cúpula de las Farc, ni del Eln, ni los dirigentes de las Autodefensas verán la cárcel a través de un proceso de paz aun cuando todos ellos sean responsables de graves delitos de lesa humanidad porque los procesos de paz ofrecen precisamente eso: amnistía, indulto, perdón… en otras palabras, impunidad. ¿Acaso no hay cabecillas del M-19, el Epl y otros grupos subversivos en el Congreso, en alcaldías, en medios de comunicación, en universidades? ¿Qué reparación prestaron por sus crímenes y qué castigo pagaron? ¡Nada! Ese es el costo de la paz.

Los que contradicen esta política deberían mejor plantear un fortalecimiento militar de mayor calado y dejar de alimentar paradojas que sólo generan confusión; no se puede engañar a nadie sugiriendo que un proceso de paz va a llevar a la cárcel a Castaño y a Jojoy, un proceso sólo es viable si se les indulta a cambio de que ellos desmonten todo el aparato de guerra, lo demás es carreta.

Al margen de ese tema, hay que señalar dos hechos que también demarcan lo confuso y contradictorio de la política colombiana. El primero es el circo en que convirtió la señora Piedad Córdoba al Partido Liberal, llamando a la abstención de un Referendo que ese mismo partido aprobó en el Congreso -tal vez con la esperanza de que la nefanda Corte Constitucional lo reprobara-, violando la Ley Estatutaria de los Partidos (Ley 130 de 1994) y la misma Constitución Política (arts. 95 y 258); y yendo en contra de los postulados de participación que el liberalismo siempre ha promulgado. Todo porque el Presidente no los alza a ver, no les da cuota de poder como se ha acostumbrado ni platica para que se echen a los bolsillos. Si a doña Piedad -como le pasó a Horacio Serpa, su jefe- le ofrecieran la embajada en Liberia o Somalia se volvería la más uribista de todos, pero como no es así está alineando a ese corrupto partido con los opositores de izquierda: "…el diablo los junta".

El otro hecho que atiza toda una serie de contradicciones es el video de Íngrid Betancourt. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, en una declaración insólita, dijo apoyar al presidente Uribe en su posición de no intercambiar secuestrados por delincuentes presos cuando esta organización en el pasado se había mostrado favorable al canje. Ahora sale Íngrid a decir que no canjeen a los políticos pero a los policías y militares sí, y que apoya los rescates militares pero con total éxito, o sea que no. A todas estas ¿cómo permite las Farc una declaración que va en contravía de las que siempre se habían hecho y por qué surge en medio de una oleada de pruebas de supervivencia? Esta sí es fácil: pura estrategia de las Farc para sacar adelante el canje y recuperar tres mil guerrilleros que necesita urgentemente para seguir combatiendo a un Estado que zozobra en un mar de confusiones.