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Lunes
21 de julio de 2003 - Edición 215
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De
Castaño a oscuro
El
paramilitarismo, en Colombia, sólo se
acabará cuando se derrote su causa, la
subversión.
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Nadie
puede negar que sacar de circulación a cualquier
actor armado ilegal es un verdadero alivio para el
país; por tanto, las negociaciones iniciadas
entre los grupos paramilitares y el gobierno nacional
deben aplaudirse y verse como un camino de esperanza
en pos de la anhelada paz y la convivencia necesaria
entre los colombianos. Sin embargo, es un proceso
que debe mirarse también con realismo y cautela.
No
es en vano que diversos periodistas y analistas indagaron
con alguna procacidad, tras el anuncio de las conversaciones,
que ante el abandono en que quedarán las zonas
de influencia de los paras ¿quién va
a cuidarlas de la arremetida guerrillera? El asunto
de la desmovilización de los paras no puede
tomarse con ingenuidad ni permitir que semejante paso
se dé sólo por presiones internacionales
de amigos de la guerrilla y gobiernos que hablan mucho
pero colaboran poco, debe verse como un asunto de
seguridad nacional que compromete las estrategias
diseñadas para vencer a los grupos terroristas.
El
paramilitarismo no puede eliminarse de un plumazo
cuando existen grupos terroristas de una crueldad
ilimitada y una insuficiente capacidad militar del
Estado para contenerlos. Tal y como están las
cosas, el desmonte del paramilitarismo, hoy por hoy,
sólo favorece a la guerrilla y a los líderes
paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore
Mancuso que intentan con la negociación, evitar
su extradición a los Estados Unidos. A sus
patrocinadores y a los habitantes de las regiones
que han dominado por años, no les conviene
porque la guerrilla se torna más feroz en donde
las autodefensas han perdido el dominio.
Sin
embargo, Colombia necesita desmovilizar a las autodefensas
por dos razones básicas: la primera es que
estas organizaciones le restan legitimidad al Estado
en su lucha contra la subversión debido a una
supuesta connivencia entre las Fuerzas Armadas y los
grupos paramilitares, que se explica en vista de que
nadie ataca a quien no es su enemigo; y, la segunda,
porque no todos los ejércitos privados que
existen en Colombia son organizaciones antisubversivas
o contraguerrilleras o cualquier tipo de organización
que tenga por objeto el de la autodefensa. Muchas
de ellas son simple delincuencia organizada que encubre
y justifica sus actividades criminales en ese rótulo,
y con unos fusiles, unos kilos de dinamita y unas
matas de coca se creen con el derecho de tener un
estado feudal como ha dicho el presidente Uribe.
Aun
así, mientras haya guerrilla las autodefensas
resurgirán una y otra vez, a menos que el Estado
-con cooperación internacional- logre ocupar
las tierras que queden desprotegidas, habitadas por
los ex combatientes. En este caso es muy probable
que la Onu pueda participar con una fuerza multinacional
de paz que asegure las zonas como lo hiciera en Bosnia,
o que lo hagan países amigos. Sin embargo,
a pesar de cualquier esfuerzo que se haga, es imposible
garantizar la desaparición de las autodefensas
sin que desaparezca su causa, que es la guerrilla.
Las autodefensas no son un grupo en sí ni un
movimiento cohesionado sino, mas bien, una facultad
que se deriva del instinto de conservación
y, por tanto, ningún ser humano puede renunciar
a tal virtud. Los paramilitares en Colombia serán
historia cuando la guerrilla también lo sea.
En este caso, el orden de los factores sí altera
el producto.
El
impuesto a las pensiones
Dado
el inmenso déficit fiscal que afronta
el país surgió la idea, en el
seno del alto gobierno, de gravar todas las
pensiones con un impuesto que, en principio,
se pensó que podría ser del
2%. No obstante, en los últimos días
se ha precisado que el impuesto estaría
entre el 2 y el 5%; y, lo que es peor, que
probablemente se remplazaría por el
retiro a los pensionados de una de sus 14
mesadas del año.
Un impuesto del 2% a las pensiones no es muy
lesivo y podría funcionar como un 'seguro'
que garantice el pago de las pensiones. Sin
embargo, un impuesto mayor o el retiro de
una mesada vulnera la estabilidad de muchas
familias que se sostienen con la pensión
del jefe de hogar, principalmente de aquellos
que ganan entre uno y tres salarios mínimos.
Es importante recordar que la pensión
equivale al 75% del salario que el trabajador
tuvo en sus últimos años y que
al resultado se le resta otro 12% por otros
conceptos. Si se impone un impuesto del 5%
a una pensión de 1 salario mínimo
(332 mil pesos) se le descontarían
más de 16 mil pesos mensuales que son
vitales para las familias pobres. Esto representa
alrededor de 230 mil pesos al año y
si se le resta una mesada completa sería
mucho peor.
El presidente Uribe ha demostrado ser sensato
y en este tema se requiere un verdadero equilibrio.
No es lo mismo un 5% para quien devenga el
mínimo que para quien devenga 20 millones;
el uno desmejora su menguada calidad de vida,
el otro aplaza un viaje a Hawaii. Valdría
la pena que un impuesto como éste,
que estaría indexado a los ingresos,
se estratifique con criterio social. Un ejemplo
sería: pensiones de 1 salario mínimo,
1%; entre 2 y 5 mínimos (1.6 millones
de pesos), 2%; entre 6 y 25 salarios mínimos
(8.3 millones de pesos), 5%; y más
de 26 salarios mínimos, una mesada
completa.
La reelección presidencial
Muy
temprano se abrió el debate acerca de
la reelección del presidente Álvaro
Uribe Vélez. Un grupo de parlamentarios
radicó un proyecto de reforma al artículo
197 de la Constitución Nacional para
permitir la reelección inmediata de presidentes,
gobernadores y alcaldes por una sola vez. Eso
encendió la polémica por parte
de los enemigos de Uribe.
No cabe duda de que si los parlamentarios, diputados
y concejales pueden perpetuarse en sus cargos
sin un límite sensato que debiera existir
¿por qué no pueden hacerlo en
el periodo sucesivo los presidentes, gobernadores
y alcaldes? Si los gobernadores y alcaldes pueden
repetir en periodos no consecutivos como lo
han hecho Antanas Mockus en Bogotá, Juan
Gómez Martínez en Medellín
y muchos otros, ¿por qué los presidentes
no pueden, máxime si han sido buenos
mandatarios?
Esa posibilidad debe abrirse porque la presidencia
no puede seguir siendo una carrera de relevos
para satisfacer las vanidades de unos cuantos.
Si a Uribe lo sigue acompañando el favor
ciudadano después de hacer las dolorosas
reformas a que está obligado por la grave
situación del país será
apenas natural que sea encargado para regir
los destinos de la Nación por otro periodo
como ocurre en los países más
avanzados en los que se ha superado el fantasma
de la politiquería.
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| Entre
el tintero.... |
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Bancos no pueden exigir judicial o extrajudicialmente
pagos a deudores que estén secuestrados. Así
lo establece un fallo de la Corte Constitucional que
le concedió una tutela al ciudadano alemán
Jurgen Huelsz.
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Procuraduría formuló pliego de cargos
contra dos generales y un coronel por la masacre de
Bojayá (Chocó). Según el Ministerio
Público, los comandantes de la Primera División
del Ejército, de la Brigada IV y del Batallón
Manosalva no actuaron adecuadamente para impedir la
muerte de 119 personas, el 2 de mayo del 2002.
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Gobierno descarta, por ahora, emisión de bonos
forzosos para cubrir el hueco fiscal. Los gremios recibieron
con alivio el anuncio, en el que también se promete
no aumentar el impuesto a la renta o un nuevo gravamen
al patrimonio.
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Referendo se votará el 25 de octubre, víspera
de la elección de alcaldes y gobernadores. Con
la decisión, por primera vez en la historia del
país, los colombianos irán dos veces a
las urnas con 24 horas de diferencia.
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El Gobierno rastrea los bienes de 1,4 millones de colombianos
en busca de los evasores de impuestos. Tras ocho reformas
tributarias en los últimos 13 años, este
delito no es derrotado y se mantiene en 30 por ciento,
es decir, ronda los 7 billones de pesos.
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Habitantes y autoridades de Urabá y el sur de
Córdoba temen que concentración de paramilitares
se convierta en zona de despeje. Urabá ya tiene
experiencia en este tipo de procesos, ya que hace 10
años prestó su territorio para los diálogos
que terminaron con la reinserción y dejación
de armas de casi todos los integrantes del Epl (más
de 600).
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Gobierno y poder judicial le dan los últimos
retoques a la reforma del sistema penal. Uno de los
cambios sustanciales autoriza al Gobierno para que extradite
a ciudadanos colombianos sin concepto previo de la Corte
Suprema de Justicia. Empezará a aplicarse desde
el 2005.
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Revista brasileña asegura que el gobierno francés
negoció con las Farc la liberación de
Ingrid Betancourt. Los contactos se hicieron en Brasil
y sin conocimiento del gobierno de Lula. El reportaje
aparece en la edición de 'Carta Capital', que
circuló el fin de semana.
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Corelca podría colapsar si prosperan demandas
en su contra. Finqueros e indígenas le exigen
$ 1,2 billones como 'indemnización' por usar
sus tierras para instalar líneas de transmisión
eléctrica, mientras hay versiones de 'manejos
oscuros' en lo administrativo.
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Importantes firmas nacionales salieron de la quiebra
al pasar a dominio de sus trabajadores. Croyfast, compañía
creada en septiembre del 2001 por los trabajadores de
Croydon, con las acreencias laborales que les dejó
el proceso de liquidación que duró seis
años, hoy vive con éxito.
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