La semana anterior resultó particularmente agitada en el campo de la política por tres situaciones trascendentales: la reglamentación incongruente que el Consejo Nacional Electoral ha dado a la Reforma Política, el anuncio de un faltante presupuestal de 3,3 billones de pesos para el año 2004 y la luz verde que la Corte Constitucional dio al Referendo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Temas todos de grave importancia.

El Consejo Nacional Electoral reversó la interpretación que inicialmente se había hecho acerca de la supervivencia de los partidos políticos como consecuencia de la enmienda hecha a la Constitución a través de la Reforma Política. Ésta auguraba la desaparición de pequeños partidos sin representación en el Parlamento, incluyendo los movimientos del general Harold Bedoya y la mosquetera Ingrid Betancur. En total eran 14 las microempresas electorales que iban a desaparecer de un plumazo y de manera acertada por cuanto la profusión de pequeños partidos sin capacidad de influir en grandes decisiones ha sido, según concuerdan casi todos los analistas, un factor de desinstitucionalización democrática. No hay más democracia al haber más partidos porque esta atomización no propende por el bienestar común sino por el bienestar de unos grupos privilegiados por esa representación. No obstante, el CNE concluyó que no puede aplicar la norma retroactivamente sino a partir del 2006, aun cuando el Legislativo esperaba su aplicación inmediata, dando ejemplo con el anuncio de varios colectivos de conformar partidos (Polo Democrático) y devolver las credenciales de los grupúsculos, o la vuelta al redil madre de microempresas que han logrado éxitos en solitario como el llamado grupo del Coraje, de Fabio Valencia Cossio.

Por su parte, el faltante presupuestal de 3,3 billones de pesos no ha sido tema menos polémico. No le falta razón a quienes se preguntan por qué no fue suficiente la reforma tributaria tramitada el año anterior -ya en este gobierno- y el apretón fiscal hecho desde agosto 7. A pesar de ello hay más razones para asombrarse por la falta de tino de quienes pensaron que el asunto ya estaba solucionado. Si en el cuatrienio de Andrés Pastrana la deuda externa se duplicó es inaudito que haya incautos convencidos de que el inmenso hueco se tapó con una reforma tímida. La deuda se duplicó en cuatro años porque el gasto estatal es inmenso frente a los ingresos, principalmente por las excesivas transferencias de ley que debe hacer la Nación a los entes territoriales y otros conceptos surgidos todos de la delirante Constitución de 1991. No quedó otro remedio que endeudarse pero el grado de endeudamiento ya llegó a un nivel crítico que no resiste mayor abuso. Por eso se proponen impuestos a las pensiones, a la telefonía celular, el Iva del 2% a la canasta familiar y bonos de inversión forzosa para los industriales, alternativas de no muy buena acogida por parte de los contribuyentes y que cargan con el mal augurio de que podrían contraer una economía que parece levantarse. Sin embargo, hay que entender que los impuestos redistribuyen el ingreso pues en buena parte van a suplir necesidades comunes (salud, educación, etc.); es el dinero de todos y mientras más nos duela más atentos debemos estar para denunciar el despilfarro y la corrupción.

Finalmente, es importante reconocer que la Corte Constitucional, cuyos fallos son a menudo contrarios a las necesidades del país y muy dogmáticos frente al articulado de una Constitución que es letra muerta si no puede cumplirse, emitió una sentencia muy favorable que apenas excluye cuatro preguntas del texto inicial: la penalización de la dosis personal de droga, la prórroga del mandato de alcaldes y gobernadores, la eliminación de personerías y el voto en bloque de todas las preguntas. Eso cuando se esperaba una decisión que lo aniquilara en el mismo sentido del concepto expresado por el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, quien adujo la inconstitucionalidad de casi todo el texto.

Incluso las razones que motivaron a la Corte para rechazar las cuatro preguntas son todas de forma, de trámite. El tema de la desaparición de las personerías no fue correctamente aprobado en el Congreso según consta en las actas; el del consumo de drogas fue adicionado por la Casa de Nariño al documento inicial lo cual, según la Corte, no es permitido; la prórroga de mandatarios regionales y la pregunta para votar en bloque todo el Referendo se cayeron porque le daban características de plebiscito, que es el instrumento indicado para confirmar el respaldo a un gobernante o a su gestión y no para hacer unas reformas particulares. Lo importante es que la Corte -a diferencia del Procurador- señaló que todos los temas de la Constitución pueden reformarse por esta vía y, en general, todos los asuntos de gobierno.

Como bien dice el presidente, el Referendo no es la panacea pero sí ayuda mucho. Las encuestas realizadas por algunos medios demuestran que las mayorías están de acuerdo con casi todas las preguntas pero, paradójicamente, se nota también una gran apatía para votarlo, aparte de que sus enemigos declarados están trabajando denodadamente para desprestigiarlo. Como la votación será a fin de año -seguramente en noviembre- queda mucho tiempo para analizarlo y hablar de él con más calma; por ahora, hay que insistir en que el Referendo es bueno, lástima que sea tan costoso (120 mil millones de pesos) y lástima que no incluya el único tema que podría llevar medio país a las urnas: la revocatoria del Congreso.