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Lunes 30 de junio de 2003 - Edición 212
De overol y corbata
El sindicalismo colombiano perdió su capacidad de orientar las políticas laborales para el beneficio social y se volvió un refugio de intocables deseosos de privilegios.

No es fácil explicar por qué existen los sindicatos. A la gente le cuesta trabajo creer que alguien quiera explotar a sus semejantes y que haya, al tiempo, quienes se dejan explotar. También cuesta trabajo creer que las quiebras de las empresas casi nunca afectan a sus dueños, sólo a los trabajadores, y que las utilidades rara vez se socializan; las pérdidas las absorben los de abajo, las ganancias los de arriba…

Este -aunque cierto- es el típico discurso cargado de rencor y resentimiento que genera deseos de reivindicación, reclamos y pretensiones. De ahí nace el sindicalismo, de un ánimo y una necesidad de justicia. Sin embargo, las condiciones históricas que determinaron la aparición del sindicalismo son muy diferentes a las de hoy y por eso el comportamiento actual de los sindicalistas genera repudio y animadversión, porque la experiencia de las mayorías frente a los sindicatos es negativa.

Según el ministerio de Seguridad y Protección Social, la población laboral sindicalizada en Colombia es de apenas el 5%, un porcentaje muy bajo que refleja la escasa credibilidad de estas instituciones. ¿Por qué? Hay muchas razones que pueden enunciarse pero casi todas tienen relación con los privilegios insensatos de los sindicalistas y la poca o nula reciprocidad de estos en relación con lo que ellos llaman los 'derechos adquiridos'. Bástese tener en cuenta que los sindicalizados pocas veces son ejemplo de actitudes y aptitudes sobresalientes en el trabajo, es de sobra conocido que el sindicalismo es una mampara tras la que se protegen muchos mediocres.

Las relaciones de los sindicalistas con sus compañeros no sindicalizados -que son la mayoría- es conflictiva; bajo el amparo del fuero sindical, los trabajadores sindicalizados suelen exhibir comportamientos impropios para un individuo que está inmerso en una sociedad que pretende llamarse 'civilizada'. A menudo maltratan de hecho y de palabra a sus compañeros y superiores, ejecutan actos de sabotaje, se auto infligen lesiones para cobrar indemnizaciones -desde simples contusiones hasta mutilaciones con la maquinaria-, son negligentes e ineficientes en sus puestos de trabajo y exigen prebendas inauditas que desangran a las empresas.

El caso de las prebendas es el que genera las más graves secuelas, no pocas firmas se han ido al traste por la intransigencia de los sindicatos. Las exigencias pueden ser justas cuando la empresa, por las condiciones de mercado que la favorecen de manera particular, alcanza fabulosas ganancias que, en justicia, deben beneficiar de manera efectiva a las bases. Sin embargo, los mercados cambian y esas prebendas terminan por convertirse en un lastre insostenible que no da más salida que renunciar a ellas o hundirse con el barco. La mayoría de los sindicatos prefieren hundirse.

No cabe duda de que la causa del deterioro del movimiento sindical es la descomposición moral de los sindicalistas. Los dirigentes sindicales de las empresas persiguen un lucro particular que consiguen manejando abusivamente los recursos del sindicato y obteniendo gratificaciones por la negociación de los pliegos de peticiones, cediendo exigencias a favor de los propietarios pero a cambio de beneficios personales. Como si fuera poco, muchos líderes sindicales no trabajan porque se les concede lo que se conoce como 'licencia sindical', un permiso para no trabajar y dedicarse a atender de tiempo completo el sindicato, lo que no hace honor a la esencia misma del sindicalismo que es honrar la capacidad laboral.

A todo esto se suman dos problemáticas más graves: la infiltración guerrillera en los sindicatos, principalmente los de las entidades del Estado; y la falta de madurez, compromiso social y escasez de propuestas. El caso de Hernando Hernández, ex presidente de la USO (Unión Sindical Obrera), acusado de pertenecer al Eln y actualmente con detención domiciliaria no es una casualidad, su hermano también pertenece a la guerrilla. En cuanto a lo segundo, el sindicalismo en Colombia demuestra su inmadurez política al limitarse a la crítica y a la protesta; no hay análisis ni iniciativas ni participación razonable en las transformaciones promovidas por el Estado o por la realidad circundante. Se les llama a participar en una empresa como propietarios y desisten porque no quieren riesgos, el sindicalismo quiere que le den todo en la boca y masticadito. Será porque el overol y la corbata no combinan bien, no se pueden usar ambas prendas, ni ser ambas cosas, al mismo tiempo.

 

 
Entre el tintero....

- Las Farc asesinaron a la ex reina Doris Gil Santamaría y a su esposo, el empresario Helmut Bickenbach. La pareja permanecía secuestrada desde finales del año pasado en una vereda de Villeta (Cundinamarca).

- Negocio de la salud del Seguro Social se divide en siete regionales. Durante los próximos tres años, la entidad contratará servicios de salud con las instituciones estatales y regionales que además podrán prestarle servicios de salud a las entidades privadas para ser rentables.

- Polo Democrático inicia tránsito para convertirse en un partido político a partir de julio. El debate lo iniciaron el ex candidato presidencial Luis Eduardo Garzón, varios parlamentarios que integran esta corriente y un número representativo de sectores alternativos.

- Juez especializado de Cali absolvió a Álvaro Leyva del delito de enriquecimiento ilícito. Los 49 millones de pesos que entraron en una cuenta del ex ministro conservador provenían de una "fuente lícita", según el fallo.

- Comisión exploratoria de proceso de paz con las autodefensas recomienda avanzar en la negociación. En un comunicado de diez puntos, la comisión designada por el presidente Álvaro Uribe en diciembre pasado llamó al gobierno a "continuar con el proceso de paz, previo cumplimiento total y verificable del cese de hostilidades".

- Pacientes descalifican la atención de las Empresas Promotoras de Salud. En encuesta de la Defensoría del Pueblo, los usuarios calificaron de mediocres la atención de urgencias, la entrega de medicamentos y la prevención.

- Gobierno decidió dividir la Empresa Colombiana de Petróleos en dos empresas. La nueva Ecopetrol SA se dedicará a la exploración, explotación, refinación y comercialización del crudo y sus derivados mientras que la nueva Agencia Nacional de Hidrocarburos será responsable de fijar las políticas.

- Contraloría denuncia caos creciente en los 47 mil bienes incautados al narcotráfico. El organismo de control sostiene que la deficiente gestión de la Dirección de Estupefacientes y demás entes encargados del tema, ha generado demandas por $ 122 mil millones.

- Tribunal de Cundinamarca ordenó suspender las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos. Mientras el fallo ordena suspender de inmediato las aspersiones aéreas, el Gobierno anuncia que apelará el fallo y esperará la decisión final del Consejo de Estado para acatarlo.

- Consejo Electoral tiene un mes para reglamentar la Reforma Política. Los temas sensibles que deben ser adoptados en tan poco tiempo son la cifra repartidora, las listas únicas y el voto preferente opcional.

- Cámara de Representantes de E.U. pide bloquear 37,1 millones de dólares de ayuda a Colombia. Estarán congelados hasta que el gobierno colombiano, la DEA y el Departamento de Estado de E.U. den explicaciones convincentes sobre las dos toneladas de cocaína que se "perdieron" en Barranquilla el año pasado.

- Sorpresivo salto del empleo en mayo con la creación de 630.000 puestos de trabajo. El fenómeno de creación de empleos es consistente con el crecimiento económico del primer trimestre, según el Dane.

- "Estados Unidos financiará desmovilización de 3.000 paramilitares", asegura Anne Patterson. La saliente embajadora de E.U. en Colombia dice que su gran frustración durante los tres años que estuvo en el país, es no haber ayudado a capturar a un gran líder guerrillero o paramilitar.


 
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