Podría
decirse que para un país que tiene una clase
política corrupta y un pueblo inmaduro para
la política, cualquier sistema electoral es
malo. Eso es lo que se deduce si se escucha con atención
a los amigos y los enemigos del llamado 'voto preferente'
que se discute por estos días en el marco de
la Reforma Política que cursa en el Congreso.
El llamado 'voto preferente' consiste en que una vez
se promulguen listas únicas por partido, el
elector pueda escoger por cuál renglón
de la lista desea votar. Así, si un liberal
quiere dar su voto por Germán Vargas Lleras
lo hace directamente sin favorecer a algún
político indeseable que esté por delante
en la lista como decir (sólo por dar un ejemplo),
Piedad Córdoba.
La
génesis de este asunto de la Reforma Política
no es otra que la de entorpecer el Referendo del presidente
Álvaro Uribe; de hecho, la Reforma, en principio,
quiso hacer las mismas transformaciones contenidas
en el Referendo a pesar de que este último,
en opinión de los contradictores del Polo Comunista
"no sirve para nada". El punto más
importante de la Reforma Política es, precisamente,
el de las listas únicas de partido dado que
en Colombia la actividad política se convirtió
en un asunto mercantil y en una rapiña que
persigue los cargos de elección popular no
sólo por las jugosos estipendios económicos
legales que se perciben sino por el lucro que puede
obtenerse en los presupuestos de contratación.
Lo
anterior, dicen los expertos, ha dado al traste con
los partidos y ha fomentado la desinstitucionalización
del país. Hoy se registran cerca de setenta
partidos políticos pero ninguno de ellos tiene
la suficiente seriedad y fuerza para señalar
un mejor rumbo de gobierno, ni representan fielmente
el deseo de las mayorías de colombianos. Esta
proliferación de listas se ha prestado, incluso,
para la llegada de un montón de gente sin ninguna
preparación a las corporaciones públicas
-actores, deportistas, cantantes, etc.- de quienes
se llegó a pensar que oxigenarían la
democracia pero cuyos resultados han sido desastrosos.
Por
todo eso se ha insistido en que la solución
a esta problemática es darle fin a la llamada
'operación avispa' (la proliferación
mencionada) y volver a la disciplina de los partidos
con listas únicas, lo cual en teoría
es aceptable pero en la práctica revive el
viejo fantasma del 'bolígrafo', como era llamada
la elaboración de listas a puerta cerrada,
donde primaban los pactos secretos y cada renglón
tenía su precio. Al interior de los partidos
no existe la democracia ni de fondo ni de forma como
para adelantar consultas internas. El colombiano de
a pie no tiene madurez política y la apatía
hacia los partidos es cada vez mayor por sus nulos
resultados y por la evidente corrupción que
sigue siendo el pan de cada día.
Tanta
razón tienen los que apoyan el voto preferente
como quienes no lo apoyan. Sin esta opción
el mismísimo presidente Uribe no estaría
en el Palacio de Nariño pues lo que él
hizo fue ni más ni menos que saltarse el orden
de la fila de presidenciables del Partido Liberal,
violando su disciplina, cosa que ahora se propone
combatir tratando de evitar la aprobación del
voto preferente. Los enemigos de la iniciativa -incluyendo
al Presidente- creen que éste mecanismo sirve
para mantener tal y como están las 'microempresas
electorales', pues quienes se sirven de toda clase
de artimañas para comprar sus curules mantendrían
así la opción de que su clientela votase
por ellos aunque estén de últimos en
las listas. Claro que sería muy interesante
ver si en las listas de los partidos Liberal y Conservador,
hechas con 'bolígrafo', no aparecen los mismos
cafres de siempre en los primeros 20 ó 30 renglones.
Esto
más bien trae a colación de nuevo el
tema de la utilidad de las corporaciones públicas
en Colombia y su incidencia en la democracia. La Rama
Legislativa en general -concejos municipales, asambleas
departamentales y el Congreso de la República-
no son más que un botín para los partidos
y los políticos de profesión, tan afectos
al poder y al dinero del erario. Como tales corporaciones
no cumplen ninguna función útil deberían
desaparecer para usar los recursos que en ellas se
dilapidan en inversión social: más educación,
más vivienda, más salud…
Es
hora, incluso, de mirar nuevas experiencias y ensayar
opciones diferentes como la que se está desarrollando
en Tarso, un pequeño pueblito de Antioquia.
Allí se estableció la Asamblea Constituyente
Municipal, un ente compuesto por 50 miembros sin salario
alguno, algunos de los cuales llegan por derecho propio
como el cura párroco, el comandante de Policía,
el comandante del Ejército, el director del
Hospital, el director de la escuela, los presidentes
de las juntas de acción comunal, etc., y el
resto por elección popular. Ellos toman las
grandes decisiones en el pueblo, las que los afectan
a ellos mismos, como los gastos del presupuesto. Aquí
no hay vanidad de poder ni codicia de dinero; no puede
haber un órgano más legítimo
que el que se conforma por mera vocación de
servicio, eso que tanta falta le hace a la política.
