No cabe duda de que la mayoría de colombianos
prefieren que el Ejército arrase a los terroristas
de la guerrilla y a los paramilitares antes que ceder
en cualquier tipo de negociación. Eso no incluye
a las bases, por supuesto, casi todos campesinos puestos
ahí como carne de cañón, pero
sí a los cabecillas cuyo único destino
justo es la cárcel o el cementerio. Por eso,
la propuesta del presidente Uribe, de otorgar libertad
condicional a los autores de delitos atroces, a primera
vista, parece una concesión inaceptable en
un presidente que fue elegido por prometer todo lo
contrario, la mano dura que los colombianos pedían.
Y parece como si al presidente lo hubieran ablandado
a punta de criticas, con el sermón insistente
de que no ha hecho más que proponer guerra
y no se ha visto su "corazón grande",
o con las opiniones y denuncias cínicas de
los colaboradores de las guerrillas como las majaderías
que Amnistía Internacional manifestó
la semana anterior en el sentido de que la política
de seguridad de Álvaro Uribe ha incrementado
la violación de los derechos humanos en Colombia.
Sin
embargo, la propuesta del Presidente se origina en
un escenario donde priman las realidades y no las
conjeturas. Según expertos en la materia, Colombia
requiere una correlación de fuerzas muy superior
a la actual para derrotar a la guerrilla, por lo menos
300 mil hombres, y no los escasos 60 mil que están
haciendo milagros. El Estado no tiene recursos para
ampliar su capacidad militar de manera acelerada y
en las proporciones convenientes; la reestructuración
administrativa apenas permitirá un mínimo
crecimiento presupuestal para las Fuerzas Armadas
y el impuesto al patrimonio, por una sola vez, escasamente
alcanzó para aliviar una parte del déficit
y para una modesta inversión en crecimiento
de la fuerza pública.
La
otra realidad es que es imposible meter a las cárceles
a todos los guerrilleros del país, ni es viable
oxigenar ni mantener latente la perspectiva de un
proceso de paz sin crear leyes que le abran espacios
en la sociedad a los combatientes. Nadie va a firmar
un acuerdo de paz si va a ir a la cárcel, por
tanto no dejará la clandestinidad, ni el fusil,
ni las prácticas criminales. Si algo entiende
el Presidente es que a Colombia hay que sacarla de
la guerra lo antes posible para posibilitar una gran
revolución educativa, restablecer el sector
agropecuario, atraer la inversión privada nacional
y extranjera… Dar pasos hacia el desarrollo,
como lo están haciendo otros países
que no tienen un agente desestabilizador interno,
sólo es posible acabando o aminorando la intensidad
del conflicto.
Y
para ello hay que impulsar estrategias. En lo que
va corrido del gobierno actual se han desmovilizado
700 guerrilleros, incluyendo cabecillas como alias
Fidel, y alias Carlos Ploter, ideólogo del
Frente 9º de las Farc. Lo que en principio fue
diseñado casi como un programa humanitario
para reinsertar niños combatientes, mujeres
y campesinos reclutados por la fuerza se convirtió
en una contundente arma de guerra. Los guerrilleros
se están reinsertando por razones que van desde
el maltrato físico y sicológico o el
incumplimiento en el pago de los salarios prometidos
hasta el hecho simple pero trascendente de que los
combatientes no comparten la ideología o las
razones de ser del movimiento guerrillero, sus motivaciones
casi siempre son personales y se desvanecen tan fácil
como surgieron o como les propongan algo mejor. De
otra parte, muchos comandantes guerrilleros están
dudando ya de poder llegar a viejos como Marulanda
y morirse de vejez como Jacobo Arenas y el cura Pérez
mientras persista la firme decisión del gobierno
para combatirlos, la disposición del Ejército
y el rechazo social. No deben ser muchos los que creen
posible llegar al poder por las armas.
Hay
quienes quieren entregarse pero tienen expedientes
más gruesos que una guía telefónica.
Su reinserción sería un golpe tanto
o más fuerte que capturarlos o darlos de baja,
y si bien puede entenderse como impunidad también
debe entenderse que la reinserción debe conducir
a la cesación de delitos y no a repetir la
historia de Pablo Escobar en La Catedral. Una ley
de este tipo deberá probar su eficacia de dos
maneras: atrayendo desertores en 'calidad' y cantidad;
y, logrando que el beneficiario no delinca más
debiéndose contemplar graves castigos para
los reincidentes.
Causa
extrañeza que algunos vean en esta iniciativa
una salida de gracia para los paramilitares; si se
permiten acuerdos con las guerrillas con mayor razón
han de poderse hacer con quienes surgieron en respuesta
a su barbarie. Causa extrañeza que se critique
esta propuesta por favorecer la impunidad cuando los
jueces lo hacen todos los días: Wildiman David
Quintero, terrorista del frente 18 de las Farc, autor
intelectual y material del asesinato de 24 campesinos
en Tierralta (Córdoba) y el derribamiento de
un helicóptero del Ejército, que cobró
la vida de 24 militares, quedó libre por orden
del juez segundo especializado de Antioquia, quien
a pesar de tener en sus manos documentos probatorios
entregados por la Fiscalía que demostraban
el prontuario criminal de Quintero y además
contar con la confesión del terrorista de haber
participado en las tomas a los corregimientos de La
Rica y San José, municipio de Puerto Libertador
(Córdoba) y a los corregimientos de La Caucana
y Santa Ana, en los municipios antioqueños
de Tarazá y Briceño, ordenó la
libertad de este asesino por considerar que en la
orden de captura no había sido plenamente identificado.
Igualmente, el pasado 10 de mayo, la 'justicia' precluyó
13 procesos en contra de 'Alfredo Arenas', jefe del
frente 22 de las Farc. ¿Qué tal?
