Si alguno de los helicópteros de la Gobernación de Antioquia fue prestado o no para transportar guerrilleros enfermos es un hecho anecdótico y prácticamente intrascendente frente a todo lo que ha ocurrido de fondo y que, tal vez, nunca se sepa. En Colombia no existe el cargo de 'primera dama', es apenas una formalidad que se mantiene por puro folclorismo político y que rara vez ha servido para realizar obras de caridad que no hubieran sido posibles con la cooperación de las reinas de belleza o de las damas grises. En los últimos dos años y medio, ese cargo decorativo ha sido un dolor de cabeza para los antioqueños y antioqueñas.

Desde que el asesinado gobernador Guillermo Gaviria asumió su cargo, el primero de enero de 2001, doña Yolanda Pinto de Gaviria -con quien el gobernador había contraído matrimonio, en segundas nupcias, pocos meses atrás-, se tomó su papel muy a pecho, considerándose a sí misma como un miembro más del gabinete departamental que opinaba, daba órdenes y salía en los medios a hablar de los más diversos temas como si fuera un vocero oficial.

Mientras el gobernador Gaviria ejerció su cargo no hubo mayor problema por cuanto se sobreentendía que ella era algo así como su alter ego, y que lo que decía u ordenaba estaba en concordancia con el deseo legítimo del gobernador. Pero, una vez secuestrado su esposo, esta especie de 'Evita' se dedicó a ser el poder tras el trono que ocupó Eugenio Prieto Soto en calidad de encargado, y su injerencia fue directa en materia de contratos y en asuntos tan delicados como la política de paz.

La Gobernación de Antioquia y los demás entes del departamento favorecieron a varios contratistas de Santander -el terruño de la señora Pinto-, cosa que jamás había sucedido, con contratos lesivos para la comunidad como aquél en el que se le entrega a una empresa de mentiritas el manejo del formulario para la cancelación del impuesto departamental de tránsito, un vil papel que antes valía 3 mil pesos y que de la noche a la mañana los favorecidos de doña Yolanda lo elevaron a más de 10 mil pesos. Por eso no es de extrañar que la señora Pinto haya sostenido en contra de todo al señor Carlos Wolff Isaza después de que el Procurador General de la Nación lo suspendiera por cinco años. En marzo pasado el mismo Wolff agradeció el apoyo de la señora Pinto como si ella fuera gobernadora legítima.

Pero más grave aún es el manejo doméstico que quiso darle al asunto de la paz promoviendo actos en favor de la liberación de su esposo -él sí, el gobernador- que le costaron al presupuesto departamental, ignorando acaso que cualquiera, en una democracia, no puede ir disponiendo de los dineros públicos a su amaño ni puede tampoco valerse de su posición privilegiada para recurrir a facilidades que les son ajenas a los ciudadanos de a pie. Lo máximo a lo que la ley facultaba a doña Yolanda era a pararse en el atrio de la iglesia de La Calendaria, en el parque de Berrío -corazón de Medellín-, donde semana a semana se reúnen familiares de secuestrados y desaparecidos a darse esperanzas los unos a los otros mientras las fotos gigantes de sus seres queridos se van poniendo amarillas.

Las Farc han demostrado por años que no son bobos y si algo estaban pactando con doña Yolanda era algo muy fructífero para ellos. ¿Por qué no se ha dicho con claridad en qué consistía el pacto? ¿Qué tiene que ver en todo esto el proyecto de Asamblea Constituyente de Antioquia y por qué se le enseñó este proyecto a la guerrilla? Se recordará que en diciembre de 2001, en las conversaciones de paz entre Pastrana y las Farc, estuvo a punto de firmarse una propuesta elaborada por la autodenominada "Comisión de Notables" -que no eran más que tres guerrilleros-, donde se invocaba una Asamblea Nacional Constituyente de 50 miembros, la mitad de la guerrilla y el resto del Establecimiento. ¿Qué país podría haber surgido de ahí, algo parecido estaba preparando doña Yolanda a cambio de la liberación de su marido? ¿Qué hubieran pensado Guillermo y Gilberto -sobre todo el buen Gilberto- de una barbaridad como esta?

Es entendible que la señora Pinto, en medio de la desesperación, haya prestado -sin tener derecho a ello- un helicóptero para trasladar guerrilleros enfermos a Medellín, porque realmente sucedió y fuentes de entero crédito aseguran que fueron atendidos en clínicas privadas con cargo a empresas de seguridad social (EPS) a las que están afiliados como supuestos trabajadores de finca. Lo que no puede entenderse ni permitirse es que el departamento más importante de Colombia sea manejado precisamente como una finca por quien no es dueño ni mayordomo, ni es res nacida en el hato. Que levante vuelo doña Yolanda y con ella Eugenio, un hombre con futuro si adquiere temple para no dejarse quitar las riendas.