Grave complot se ha levantado ya contra el referendo del presidente Uribe, alimentado por políticos corruptos y la izquierda colaboracionista de las guerrillas. Pretenden pescar en río revuelto quienes llaman a la abstención en un país abstencionista por naturaleza y políticamente apático. En las elecciones comunes, el abstencionismo no tiene valor matemático práctico alguno, tan sólo genera alguna duda moral acerca de la legitimidad de un funcionario elegido en las urnas con muy pocos votos. En el Referendo, en cambio, por norma constitucional que debería regir para cualquier tipo de votación, es necesario que el 25% de los electores potenciales vayan a las urnas.

Eso supone, en nuestro país, que alrededor de 6 millones de personas deben votar sí o no para que el efecto del Referendo sea válido. Por lo general, en Colombia hay una abstención promedio del 55%, o sea que votan unas 11 millones de personas sin distingos de filiación política. Lo anterior haría pensar que el futuro del Referendo está garantizado con un porcentaje de participación superior al 25% requerido; sin embargo, está amenazado por varias razones (podrían ser más): nunca antes se ha usado y, por tanto, la gente no está acostumbrada; no tiene dolientes, no hay un político que dé almuerzos o rife televisores a quienes voten por él; es largo y tiene temas sin relación alguna; contiene preguntas de carácter económico que siempre generan rechazo; y se retiró el principal gancho: la revocatoria del Congreso.

Estos tropiezos bastarían para preocuparse por la incertidumbre de que la sociedad colombiana lo vote en masa y lo apruebe pero, como si fuera poco, los mismos enemigos del candidato Uribe, se han unido en contra del Referendo por el mero placer de propiciarle una derrota. Las estrategias que vienen empleando para torpedear la consulta son rastreras y los argumentos que esgrimen son infantiles. Llamar al abstencionismo es antidemocrático; lo ideal sería, para quienes no están de acuerdo, hacer un llamado para votar negativamente pero lo único que buscan es estropear un proceso democrático que pedían a gritos muchos de los que hoy se oponen.

La oposición del Gobierno hace cálculo político al pedir abstención porque saben que es un obstáculo mayúsculo pero también pretenden debilitarlo mediante otras argucias como las de estimar que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña por el Referendo o la de pedir que se elimine la última pregunta para que no se pueda votar en bloque. Si bien es cierto que el Referendo mezcla temas políticos con económicos -y hasta tiene dos ruedas sueltas en lo que tiene que ver con el consumo de drogas y la prórroga del mandato de los alcaldes- un sí general se puede interpretar como un espaldarazo íntegro y legítimo al programa de gobierno del Presidente, el que se había aceptado ya el 26 de mayo y, por tanto, no hay razón para que sea de otra manera. Quitar esa pregunta equivaldría a que cientos de miles de colombianos decidan no amargarse la vida yendo a votar un tarjetón complejo, muy susceptible de equivocaciones y, por tanto, de anulación.

Propuestas como las del senador Rafael Pardo Rueda rápidamente son anuladas por la oposición con los argumentos rastreros de la clase política corrupta, tal vez por aquello de que "el ladrón juzga por su condición". Dice el senador que se podría ampliar la votación a tres días y la oposición reniega por improcedente, alegan que pueda haber manipulaciones y toda clase de componendas y que es imposible garantizar el orden público por tres días y paralizar el país tanto tiempo. De lo primero habría que decir que el Referendo está en marcha porque se duda de la probidad de ellos y no la del Gobierno -si las elecciones del 11 de marzo hubieran durado tres días Piedad Córdoba sería presidenta-. Lo otro podría ser una manifestación de madurez que Colombia está en mora de dar viviendo elecciones en días laborales, simplemente es como ir a fútbol los miércoles.

También propuso el senador Pardo enviar un tarjetón por correo a cada elector, tarea minuciosa, costosa y difícil de cumplir oportunamente. Pero se podrían repartir en universidades, iglesias, empresas y hasta en almacenes porque la democracia es de todos. Ello con el fin de que los votantes se familiaricen con el tarjetón, puedan estudiar minuciosamente su contenido y lo voten a conciencia. Los opositores aducen que llegar con el tarjetón marcado revive las prácticas clientelistas del pasado cuando los caciques le entregaban el sufragio armado a los electores comprados; les dolería que Uribe les diera otra estocada con una triquiñuela antaño efectiva.

Los opositores pretenden impedir también que el tarjetón de muestra se emplee como una ayuda en la urna con el pretexto de que es en el momento de sufragar cuando el elector toma conciencia y elige lo que desea, no importa si se demora media hora impidiendo que otros voten. ¿Acaso se ha visto que para votar por el Senado uno tenga que repasar mentalmente la hoja de vida y las propuestas de cada uno de los más de cien candidatos? Lo que quieren los críticos, movidos por la mezquindad y quién sabe qué intereses ocultos, es hacer abortar una buena propuesta a la que no han podido desvalorizar con argumentos sólidos. Ya Uribe se sacó a su peor enemigo -Horacio Serpa- con una manoletina magistral: lo comisionó en la OEA; Noemí Sanín ha dicho que Lucho Garzón se calla si le dan otra embajada; y los demás quieren puestos y contratos, por eso critican tanto, porque si el Referendo se aprueba se les van a complicar sus sucias carreras políticas.

La respuesta selectiva: una alternativa para votar el referéndum
Por Darío Acevedo Carmona

Considerar el referéndum como instrumento favorito de las dictaduras y de los autoritarios en razón de algunas experiencias históricas, equivale a pensar que el sufragio universal es antidemocrático por el hecho de que algunos dictadores hayan alcanzado el poder valiéndose del mismo. La Unión Europea, la experiencia de integración más importante del mundo contemporáneo, ha sido posible en gran medida gracias al referéndum. En nuestro caso, la propuesta del actual gobierno constituye el primer ensayo desde que este mecanismo fue incorporado a la Constitución Política de 1991 y es paradójico que las principales críticas y la oposición a su realización provengan de quienes siempre han enarbolado la defensa de la democracia participativa. Se alega en su contra, por ejemplo, su carácter autoritario, sin embargo, el punto que se podría considerar de tal talante, a saber, la revocatoria del Congreso de la República, quedó por fuera. Lo curioso es que dirigentes de la izquierda democrática como Navarro Wolf hacen campaña contra la consulta porque no estipula la revocatoria del legislativo.

Otra de las críticas consiste en señalar la carencia de unidad y de homogeneidad de sus contenidos. Las 19 preguntas que aluden a temas de orden político, fiscal y económico, revelan el afán del gobierno y en particular del ministro Londoño, de abarrotarlo como si se tratara de colgar regalos en un árbol de navidad, convirtiéndolo en un auténtico galimatías. Pero, a pesar de los problemas mencionados y de la confusión que ha creado su farragoso articulado, pienso que no es razonable llamar a la abstención que siempre ha constituido una expresión de atraso político. Así por lo menos pensaba la izquierda democrática en sus debates rupturistas de los años 70 y 80 respecto de quienes pensaban que participar en las elecciones era una traición a la lucha revolucionaria. Lo recomendable para acrecentar la cultura de la participación es invitar a la ciudadanía a votar en conciencia, de modo crítico, cada una de las preguntas o incluso a votarlo íntegramente de modo negativo. No cabe acá la disculpa de que la desmedida extensión impide el juicio y análisis de los votantes, puesto que tal peligro se puede conjurar organizando con suficiente anterioridad una campaña educativa de amplia cobertura para que las gentes disciernan acerca de cuáles puntos son positivos o negativos para el país.

La polarización maniquea, tan propia de nuestra dirigencia política, le ha dado al debate una coloración que desdice de la necesaria sindéresis con la que se debe abordar asunto tan delicado. Se pretende encasillar falsamente a los colombianos entre uribistas y antiuribistas por medio de una retórica, originada en algunas dependencias y autoridades oficiales como en la llamada oposición, que niega el ejercicio sensato de proporcionar a los electores los elementos de juicio sobre los pro y los contra de cada una de las preguntas. En esa medida, el referéndum se pretende convertir en un plebiscito de apoyo o de rechazo al gobierno de Uribe .

Otro asunto que cabe considerar es el relativo a lo que pueda suceder en la Corte Constitucional con la revisión de constitucionalidad en curso. Hay quienes consideran que la Corte sólo puede pronunciarse sobre vicios de forma o de procedimiento, otros en cambio, piensan que puede ir más allá, dentro de lo que ya es una tradición, y modificar su contenido. En esta última perspectiva, cabe especular sobre la factibilidad de que varias preguntas puedan ser declaradas inexequibles en razón de su impertinencia o porque entran en choque con preceptos o fueros de referencia del constituyente primario. Me refiero en concreto a la pregunta que estipula el voto en bloque que es bastante problemática pues el referéndum, como ya se ha dicho, tiene un contenido bastante diverso, es decir, carece de unidad de materia y por tanto al ciudadano no se le puede ni siquiera insinuar que tenga sobre temas tan disímiles una misma posición. Otra pregunta que puede ser objeto de rechazo en la Corte es la que alude a la prórroga del mandato de gobernadores, alcaldes diputados y concejales, ya que el constituyente nacional entra en choque con el que eligió para cada municipio y departamento a sus respectivos mandatarios y no es coherente que los ciudadanos de Monguí o de Bogotá o Cundinamarca -por ejemplo- se pronuncien sobre lo que compete en sentido estricto a los habitantes de Barranquilla, Cali o Meta. El evidente interés político que subyace en esta pregunta puede ser mal visto por los magistrados que perfectamente pueden pensar que lo que hay allí no es otra cosa que puro cálculo político para que los mandatarios locales y regionales entren a terciar a favor del referéndum, cosa que desluciría el objetivo de hacer coincidir el período de estos con el del ejecutivo y los cuerpos de representación nacional. Distinto habría sido que la ampliación del mandato se hubiese propuesto con vigencia a futuro.

Sobre las otras preguntas lo deseable para el bien de nuestras costumbres políticas es que se adelante un profundo debate, en el que primen las razones, los argumentos y el análisis documentado. Teniendo en cuenta que ya el espectro se ha polarizado entre los que llaman a votar en bloque y los que pregonan la abstención, creo que bien vale la pena jugársela a favor de una participación crítica para votar cada pregunta por separado. Negar el carácter progresista y urgente de varias de las propuestas, en particular de las relativas al combate a la corrupción y a la politiquería no es sensato. Nuestro país vive una dramática situación que hace inaplazable la refundación de la política y cambios profundos en la actitud de los funcionarios con los electores y con los recursos públicos. Si bien es cierto que muchas de las propuestas se hubiesen podido tramitar por la vía del Congreso, no lo es menos que allí estaríamos presenciando un calvario y el duelo de micos y enmiendas a que nos tiene acostumbrados. Es mejor entonces que el constituyente primario le dé un elevado valor simbólico y que arrope con un amplio manto de legitimidad las medidas en contra de las suplencias, los auxilios, los carruseles, la operación avispa, y a favor de la muerte política por corrupción, del voto nominal, del cambio en el manejo administrativo de las cámaras, de la reducción del Congreso, de la pérdida de investidura y de la supresión de contralorías y personerías.

Hay otros puntos en los que tendremos motivos para votar negativamente, me atrevo a señalar sumariamente dos: el que se refiere a la congelación de salarios por su carácter inequitativo y porque viola el principio de la concertación entre la instancia empleadora y las organizaciones sindicales. Y el relativo a la penalización del consumo personal de drogas, que a pesar de haber sido seriamente modificado con respecto a la propuesta inicial, no deja de ser un retroceso en materia de interferencia del Estado en la vida privada de los asociados. El artículo que hace referencia al Plan de Desarrollo podría ser objeto de un riguroso análisis para establecer si sirve o no a la descentralización. Si bien el referéndum no es la panacea de todos nuestros males -en sentido estricto no existen medidas o leyes alternativas que lo sean- no se puede avalar una actitud de parálisis frente a los retos que tiene el país. Hay que mirar el referéndum, por tanto, como parte de un largo proceso de refundación y relegitimación del Estado colombiano, de sus instituciones y de las actitudes y costumbres de la ciudadanía.

Darío Acevedo Carmona
Historiador, profesor Titular Universidad Nacional de Colombia
Medellín, enero 28 de 2003.