La cultura tributaria integral

Según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el nivel de recaudación nacional tendría un ascenso, de 4.086 millones en el año 2001 a 4.479 millones en el 2002, para cerrar el 2003 con aproximadamente 5.000 millones de bolivianos y la evasión se habría reducido de un 40% al 32%. Un hecho digno de destacar, sobre todo si consideramos la grave crisis fiscal por la que Bolivia atraviesa como resultado de la aplicación de políticas de ajuste estructural que, paradójicamente, han conducido al desequilibrio de sus variables macroestructurales.
El crecimiento de las recaudaciones y la disminución del nivel de evasión pueden ser atribuidos ya sea a la eficiencia administrativa o a la actitud de los ciudadanos. En el primer caso, estaríamos frente al fortalecimiento de la capacidad recaudadora del Estado, y, en el segundo, ante el desarrollo de una cultura tributaria.
Desde un punto de vista pragmático podría afirmarse que no interesa de quién es el mérito, pues lo que importa es el resultado: más recaudación y menos evasión. Sin embargo, si aspiramos a que ese logro sea sostenible en el tiempo y no tenga un carácter cortoplacista, debiéramos preguntarnos cuáles son los factores que hacen posible esa dinámica.
Obviamente el factor principal es el proceso productivo nacional y la actividad económica, en general. Sin embargo no se debe dejar de lado los aspectos subjetivos. En este sentido, uno de ellos es la cultura tributaria integral que no es el conocimiento sobre las responsabilidades contributivas sino el conjunto de imágenes, valores y actitudes que tienen los individuos sobre el tema de los impuestos y que se hallan asociados con la acción y el desempeño del Estado, es decir, la afirmación de una conciencia en los sujetos pasivos y una conducta sólida de responsabilidad y probidad de los administradores de la hacienda pública. Este elemento es importante porque tiene que ver con los cánones que guían la conducta de gobernados y gobernantes frente al erario nacional.
Tradicionalmente el Estado exige el cumplimiento de las obligaciones impositivas y ejecuta campañas al respecto bajo el supuesto de que la variable decisiva para el incremento de las recaudaciones y el descenso de la evasión es el desarrollo de la conciencia tributaria de los ciudadanos.
Pero deja de lado el tema de la responsabilidad y la probidad pública de todos aquellos que de una u otra forma están implicados en la administración, uso y disposición de los ingresos fiscales en general.
Los estudios actuales sobre el fenómeno impositivo señalan que existe una relación dialéctica entre los ciudadanos, que son la fuente de las recaudaciones, y los gobernantes, que cumplen la función de administrar los recursos públicos. Ambos actores interactúan en este proceso: la conducta de los contribuyentes sostiene el funcionamiento del sistema impositivo y las acciones de los responsables influyen decisivamente sobre el comportamiento de los primeros. Sin embargo, la actuación de los administradores parece tener mayor influencia en esa interacción. Veamos por qué:

a) La corrupción de los gobernantes puede inducir a prácticas de evasión impositiva porque estimula la idea de que las obligaciones fiscales están destinadas al beneficio personal de ellos y no del pueblo.
b) La inoperancia de los responsables de las políticas públicas también incentiva esas actuaciones porque los ciudadanos sienten que sus contribuciones no tienen retorno bajo la forma de bienes públicos.
En consecuencia, un proceso sostenido de acrecentamiento de la recaudación y contracción de la evasión no depende sólo y exclusivamente de la comunidad, sino también de lo que hagan o dejen de hacer los gobernantes.
De ahí que la cultura tributaria integral debe entenderse como la articulación de una sólida conciencia impositiva, probada responsabilidad, probidad pública y capacidad de gobernar en beneficio de la sociedad.
Este paradigma puede plasmarse en 1) transparencia fiscal, es decir, normas jurídicas y códigos éticos que excluyan la posibilidad de enriquecimiento ilícito de quienes administran la hacienda pública, 2) mecanismos institucionales de control social sobre el monto, origen y aplicación de los recursos con los que debe contar el Estado para cumplir su responsabilidad ante la sociedad y, 3) métodos de evaluación de los impactos de la inversión pública para establecer en qué medida el uso de los recursos está destinado al bienestar de la colectividad y a qué sectores de la misma.
Definida y plasmada así la cultura tributaria, ésta debe inducir a los ciudadanos no sólo al cumplimiento de las obligaciones sino también a controlar a los administradores de las recaudaciones; debe obligar a los gobernantes a ser responsables, probos y capaces, pero también, a ser facilitadores y animadores del control social. Es evidente que hay que desarrollar un modelo sostenible que nos conduzca hacia mejores resultados tributarios, pero para ello es necesario establecer políticas incluyentes mediante un gran pacto fiscal.