CONSTRUCCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO EN EL ESPACIO DE LO PÚBLICO EN VENEZUELA. UNA APROXIMACIÓN HIPOTÉTICA[1]

 

Omaira De León

 

Resumen

 

El artículo tiene como objetivo formular algunas proposiciones hipotéticas sobre la construcción del control ciudadano en el espacio de lo público en Venezuela, considerando las experiencias de control ciudadano, desarrolladas por las organizaciones públicas y comunitarias, como estrategia de redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa hacia la construcción de la nueva relación Estado-Sociedad. Concluye que de las realidades participativas han surgido un conjunto de datos, en los cuales se sustenta la premisa de que el control ciudadano en el espacio de lo público representa una estrategia de redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa hacia la construcción de la nueva relación Estado-Sociedad. Esto significa que las experiencias de control ciudadano desarrolladas por las organizaciones públicas y comunitarias han definido un conjunto de variables normativas, institucionales, sociológicas y psicológicas, a través de las cuales se puede formular o reformular la estructura lógica y formal de las teorías sobre la participación ciudadana existente en la actualidad.

 

 

Palabras Clave: Ciudadano, democracia participativa, gestión pública.

 

 

Introducción

Durante los últimos veinte años, el aumento de la participación de los ciudadanos en el espacio de lo público fue creando las condiciones para el redimensionamiento y revalorizaación de la democracia en la gran mayoría de los países europeos, latinoamericanos y asiáticos (Cunill, 1991; Levy, 1998; Cardozo, 2005; Sintomer, 2005; Blanco y Font, 2005), despertando gran interés en los políticos, gobernantes, académicos y en los organismos internacionales. Se trata por lo demás, de un proceso que ya ha sido incluido en numerosas constituciones y legislaciones de diversos países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. No obstante, su implementación se encuentra todavía en sus inicios, por lo cual las experiencias desarrolladas en el espacio de lo público han creado diferentes modelos de control ciudadano, como se esta experimentando en los actuales momentos en Venezuela.

El presente artículo tiene como objetivo formular algunas proposiciones hipotéticas sobre la construcción del control ciudadano en el espacio de lo público en Venezuela, considerando las experiencias de control ciudadano, desarrolladas por las organizaciones públicas y comunitarias, como estrategia de redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa hacia la construcción de la nueva relación Estado-Sociedad. Estas proposiciones hipotéticas parten de la premisa de que los ciudadanos ahora pueden participar, no sólo en el diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas, sino también en el control de gestión de esas políticas.

 

1. Teoría y método

    1.1. Direccionalidad teórica

1.1.1.     Control y participación ciudadana

Es importante aclarar el uso del término control ciudadano y no el de control social. La gran mayoría de los autores del tema de participación ciudadana se refieren al control ciudadano como el control social, diferenciando su uso del ámbito político al exclusivamente social, otros lo utilizan para enfatizar la relevancia de lo social en el espacio de lo público, reconociéndole al individuo su capacidad de interactuar con el Estado sin mediador. Para nosotros estas concepciones se recogen en el término control ciudadano, pero éste se diferencia de las mencionadas, en cuanto considera al ciudadano-individuo lleno de valores y principios que le otorga la facultad de intervenir en el espacio de lo publico, partiendo de su mundo subjetivo de vida, para la construcción o reconstrucción de las interacciones inter-subjetivas en el redimensionamiento y revalorización de la relación Estado-sociedad.

Podría definirse el concepto de participación como toda acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de determinados objetivos, individuos adultos que actúan sobre la base de su mundo subjetivo de la vida. La consecución de tales objetivos supone la existencia de una identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y motivaciones inter-subjetivas que dan sustento a la existencia de un grupo.

De esta manera, se puede definir la participación como un proceso que involucra activa y equitativamente a los agentes interesados en la formulación de políticas y estrategias de desarrollo de las comunidades que conforman su mundo subjetivo de vida y en el análisis, planeación, implementación, monitoreo y evaluación de actividades del desarrollo.

Así, compartimos los planteamientos de Castells(1986), en cuanto considera a la participación como un esfuerzo organizado que se lleva a cabo dentro de las instituciones para incrementar el acceso y el control sobre los recursos por parte de los agentes interesados, así como la toma de decisiones relacionada que contribuye a lograr sistemas de vida y desarrollo sostenibles. Aún más, la participación es contemplada como un proceso interactivo que lleva hacia un continuo proceso de reajuste de las relaciones entre los diferentes agentes involucrados en una sociedad, para incrementar el control e influencia de estos agentes sobre las iniciativas de desarrollo que afectan sus vidas.

La participación comprende tanto a los entes colectivos organizados con cierta permanencia, como a las agrupaciones coyunturales y transitorias que se formen, también a la posibilidad de intervención de carácter individual que pueda plantearse de acuerdo a las circunstancias de cada caso. A fin de desagregar el concepto, una primera instancia de la participación es la información: con ella, las personas dejan de ser objetos pasivos de las políticas, porque aparecen ante nuestro discernimiento con formas definidas, y esto abre la posibilidad de promoverlas, favorecerlas o interpelarlas. Pueden, incluso, caer en el área de desinterés, pero este desinterés será fruto de una decisión y no del desconocimiento. La metodología que favorece esta instancia participativa son las propias de una política de comunicación institucional, incluidas las reuniones informativas o ámbitos de recepción de consultas, a fin de abrir la posibilidad de esclarecer conceptos.

Una instancia superior de participación es la consulta: el sujeto es consultado acerca de la decisión a tomar, y esto puede ser, según lo haya diseñado el decisor, vinculante o no vinculante con la decisión que finalmente tomará. El viejo derecho administrativo, que propone informes técnicos y dictámenes legales antes de producir el acto administrativo, reflejo legal de la decisión, se ve así enriquecido por una instancia que, superando la cuestión legal y la cuestión técnica, se instala en la gobernabilidad: en la aceptación social de la decisión.

Una tercera instancia participativa se refiere al protagonismo social: los participantes son protagonistas del destino de la comunidad, de su proyecto colectivo, y por lo tanto hacen su aporte desde el mismo momento de gestación del proyecto de gobierno comunitario en relación directa a la gestión pública. Estos conceptos como compromiso y militancia están íntimamente vinculados a este protagonismo, ya que en estos casos el proyecto de vida personal, familiar y/o grupal, son parte del proyecto comunitario.

A estas tres instancias propuestas por Castells, le agregamos una, la cual sería realmente la primera instancia, moviendo secuencialmente las posiciones de las demás instancias. Esta instancia es la socialización de la ciudadanía, desde la infancia y la niñez, abarcando la adolescencia y la juventud, hasta la edad adulta. En este proceso, el individuo internaliza el mundo subjetivo de vida en el tiempo y espacio de una comunidad (Berger y Luckman, 1968).

            Estas instancias en la práctica configuran modelos participativos. De manera que las teorías y los métodos facilitan factores conceptuales/empíricos que definen el redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa.

 

1.1.2. Participación ciudadana en el redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa

            El discurso de la participación ciudadana no puede separarse de su entorno histórico; así ha sido concebido por los estudiosos de la materia, entre ellos Castells (1986) y Cunill (1997). Este concepto esta inserto en la modernidad, es decir, en el logro de una sociedad donde la participación se construye a través de la representatividad democrática. Los teóricos de la marginalidad tal como Harnecker (2000), lo plantearon como un instrumento para incorporar a los sectores marginados a la dinámica del desarrollo. Y finalmente para otros autores, como Volvió (1996) y Darherndof (1992), plantean la participación ciudadana como elemento que hace frente a la pérdida de representatividad del sistema político. Por estos motivos, los gobiernos y los partidos la plantean como un instrumento óptimo para crear una nueva relación concertada entre sociedad-Estado.

            La participación ciudadana desde el punto de vista conceptual y práctico puede considerarse también un concepto polisémico que carece de una conceptualización univoca y que se vincula a categorías teóricas como ciudadanía, Estado, democracia, sociedad, poder, entre otras, donde sobre abundan posiciones teórico practicas muchas veces en abierta contradicción, es decir, con una alta carga valorativa a la participación ciudadana (Baño, 1997).

            Visto así, se define la participación ciudadana como “todas aquellas experiencias que remiten a la intervención de los individuos en actividades públicas para hacer valer intereses sociales” (Cunill 1991: 49). Es importante destacar que la participación ciudadana se reinstaló con fuerza como concepto en la comunidad académica y política a partir de la década del ochenta y en especial, en la década del noventa del siglo XX (Soteldo, 2006). La incorporación del tema de la participación en la agenda de los distintos gobiernos de América Latina ha sido progresiva y por varias motivaciones. Una de ellas, fue el reconocimiento de la incapacidad del Estado para atender de manera eficaz y eficiente la diversidad de demandas y problemas de su entorno específico.

            Otra causa promotora de la participación, fue la necesidad de democratizar las relaciones entre el Estado y la sociedad como un elemento modernizador y de refrescamiento de la democracia como sistema político. Una tercera vía, resultó del propio desarrollo de la sociedad que, en combinación con el surgimiento de nuevos liderazgos políticos en Latinoamérica contribuyeron de igual manera, a abrir espacios para la participación de particulares en la gestión pública, en cuanto a la formulación, control y evaluación de las políticas públicas.

De esta manera, la democracia y su sistema representativo ven en la participación un elemento clave para el fortalecimiento de las oportunidades que la misma ofrece, se justifica un proceso de transformación que tienda a una verdadera participación de los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos, rescatando el espacio de lo público de las manos de los políticos y los tecno-burócratas.

            Igualmente, la aparición de nuevos enfoques gerenciales y de reforma del Estado, propiciaron nuevas formas de rendición de cuentas y de control de la gestión pública; mediante incorporación de las comunidades y de sectores sociales específicos, lo que se conoce como la nueva gestión pública, a partir de los años noventa, profundizándose éste nuevo enfoque gerencial en los primeros años del Siglo XXI.

            En total, la situación planteada ha definido un conjunto de factores que convierten a la participación ciudadana en la gestión pública como la forma que promueve el redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa, construyendo los caminos hacia la democracia participativa, es decir, el fin del Estado democrático-representativo, y el advenimiento del Estado democrático-participativo; construcción que se puede convertir en una realidad en el mundo subjetivo de la vida, cuando la socialización del ciudadano-individuo comience arrojar sus resultados.

            1.2. Método

El método mas completo es el método hipotético-deductivo, diferenciando su uso en el paradigma positivista, ya que en él se plantea una hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar en el mundo subjetivo de la vida de los individuos, es decir, que se busca que la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad, sin prender modificarla, sino comprenderla (Ochoa: S/A). Así, los fundamentos del método hipotético-deductivo se relacionan los lineamientos metodológicos de una de las corrientes hermenéutica. En otras palabras, el método de estudio que se utilizará en la investigación pertenece a la corriente hermenéutica. En esta corriente J.G. Droysen (citado en Rodríguez de Rivera: S/A) distingue tres tipos de métodos:

a.  El método especulativo, orientado al conocimiento puro para describir la realidad del mundo (filosofía y teología).

b.      El método explicativo, tal como se practica en la física al referir efectos a causas, estudios causales.

c. El método del comprender, tal como se realiza en el conocimiento histórico, de textos del pasado, al asociarlo directamente con la fenomenología nos da como resultado la comprensión del mundo subjetivo de la vida.

            El último método de la corriente hermenéutica, presenta una de las características para abordar el realidad subjetiva objeto de estudio de la presente investigación, ya que incluye otros métodos, el inductivo o el deductivo, de manera opcional.  De esta manera, se puede formular hipótesis partiendo de premisas generales o particulares que describen o explican la participación ciudadana en el control de la gestión pública.

 

2. La nueva realidad sociedad-Estado en las normativas jurídicas

Venezuela no escapa a las tendencias de cambio político e institucional, se ha iniciado un proceso de reflexión y búsqueda de mecanismos que permitan ampliar y habilitar espacios, para que dicha participación se haga realidad, proporcionándoles a los ciudadanos los medios necesarios para su implementación Se espera, de este modo, fortalecer la democracia como régimen político y hacer de ella una cultura, un sistema de vida, para brindarle una mayor legitimidad a la acción gubernamental.

Si bien  la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  (CRBV) contempla en los  artículos 28, 51, 62 y 70; igualmente la  Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y el decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación, al igual que en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, incentivan  la participación  y el control ciudadano en  los diferentes niveles de decisión del Estado, haciendo de ella una herramienta indispensable para fortalecer los procesos democráticos en las instituciones públicas, no establece de manera clara y precisa la socialización del control ciudadano, pero hermenéuticamente se puede interpretar y darle legalidad a la estrategia de creación de una cultura participativa.

 

 

3. Control ciudadano y democracia participativa

En la actualidad venezolana en particular y latinoamericana en general, es imposible no hablar de participación ciudadana cuando se trata al tema de gobierno y/o de la sociedad. Y ello es así, porque este concepto es consustancial al de democracia y gestión pública con el crecimiento, en cuanto colabora, en términos generales, en el acceso de mayores niveles de transparencia y legitimidad de las autoridades gubernamentales y las decisiones que éstas toman con las políticas públicas (Paz, 2003).

Lo anterior parece demostrar, por una parte, que la ciudadanía tiene un enorme deseo de intervenir en el espacio de lo público estatal y pasar a formar parte de los actores e individuos involucrados en el diseño, formulación, control y evaluación de las políticas públicas, y por otra, que los esfuerzos que durante años han venido realizando distintas entidades e individuos de la sociedad por promover el acercamiento entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía, comienzan a dar los frutos que se buscaban con el reconocimiento jurídico de la participación ciudadana (Viciano, 2006).

 

4. Control ciudadano

            4.1. Conceptualización

            El control ciudadano se puede entender como una forma de intervención de los ciudadanos en el espacio público, especialmente en lo referente a la fiscalización, inspección y vigilancia de las obras de infraestructuras y programas  sociales administradas y ejecutadas por los gobiernos de los diferentes niveles territoriales, asumiendo así la responsabilidad y compromiso de gobernar conjuntamente con los gobernantes.

 

            4.3. Características del control ciudadano

            La forma como se concibe e implementado el control ciudadano en los diferentes niveles territoriales de gobierno, se ha configurado en el espacio de lo público las siguientes características:

a) La corresponsabilidad en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas;

b) La búsqueda de la transparencia de las políticas públicas;

c) El ejercicio de los derechos ciudadanos en la función pública;

d) La legitimación de las accione gubernamentales están en el reconocimiento de la ciudadanía.

c) Redimensionamiento de la democracia representativa.

 

4.2.  Modelos de Control Ciudadano

4.2.1. Modelo normativo-institucional

            Las organizaciones públicas venezolanas han implementado el control ciudadano en los diferentes sectores populares, dando cumplimiento a las normativas constitucionales y legales. Se trata de que la gran mayoría de las dependencias, órganos y entes públicos han implementado estrategias y acciones para fomentar y promover la participación de los ciudadanos, comunidades organizadas y organizaciones sociales en la gestión pública, instruyendo y capacitando en la ciudadanía en los métodos y técnicas de control social, resaltando en ellos los principios de corresponsabilidad, transparencia y legalidad.

            En Venezuela los Órganos de Control Externo, entre ellos el de los estados Aragua, Bolívar, Lara, Trujillo y Zulia, consideran en la práctica gubernamental este modelo normativo-institucional como un cumplimiento normativo a través del cual han creado en su estructura organizativa unidades orgánicas de atención y/o participación ciudadana; concibiendo así a la ciudadanía como actor estratégico para la reconstrucción de la estructura funcional del Estado, construyendo así los caminos institucionales y culturales para la instauración de la democracia participativa, pero partiendo siempre del deber ser.  

 

                        3.2.2. Modelo de construcción comunitario

            Los habitantes de los barrios, caseríos y poblados, comprometidas con su desarrollo comunitario, ahora con el reconocimiento normativo-institucional de la participación ciudadana en el control de la gestión pública, han tomado la iniciativa de la creación de la figura de la Contraloría Social, más allá de la aprobación de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y ordenanzas sobre la materia[2]. En los espacios públicos donde las comunidades organizadas y las organizaciones sociales interactúan fueron creando la figura de la contraloría social, designada o eligiendo en una asamblea de ciudadanos al vecino que ejercería tal cargo.

Los ciudadanos y comunidades organizadas deciden la creación de la figura de la contraloría social en los barrios y/o caseríos de las principales ciudades de Venezuela, en las cuales los ciudadanos consideran necesario el establecimiento de mecanismos de control a la administración pública. Así, en los espacios públicos donde las comunidades organizadas y las organizaciones sociales interactúan fueron creando la figura de la contraloría social, designada o eligiendo en una asamblea de ciudadanos al vecino que ejercería tal cargo.

 

                        4.2.3. Modelo de socialización del control ciudadano

Los académicos, políticos y gobernantes  abordan con enfoques diferentes, o en algunos casos similares, la ciudadanización de lo público, pero dejan a un lado, con las normativas jurídicas y las acciones gubernamentales, la asociación teórica y/o empírica de la participación ciudadana, la socialización del control ciudadano, como verdadero proceso de cambio y transformación del modelo de Estado democrático-representativo por un Estado democrático-participativo: construir las condiciones socioculturales para el ejercicio del control fiscal de las nuevas generaciones de ciudadanos.

En el paso de una generación a otra, los agentes de socialización pueden considerar el proceso de redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa como asunto axiológico y ontológico para que los actores estratégicos e individuales del sistema político puedan reconstruir realmente la estructura funcional de la gobernabilidad democrática, donde el individuo, en su proceso de crecimiento (infancia, niñez, adolescencia) internalice los principios y valores del sentimiento de control para actuar, al asumir su rol de ciudadano, en la construcción de la legitimidad y credibilidad de las instancias y espacios participativos en relación Sociedad-Estado.

En visto de esta óptica, la socialización del control ciudadano en los
individuos de los diferentes estratos sociales, se ha convertido en un modelo de internalización y externalización de los valores y principios de la gestión pública, bajo la concepción de la democracia participativa. Este modelo nació en la
Contraloría
del Estado Táchira (CET, 2006), cuando se crea a finales de diciembre del año 2003 la figura del Contralor Escolar, implementándose a partir de enero de 2004 en un grupo de unidades educativas estadales seleccionadas. La idea se fue extendiendo a otras contralorías venezolanas, entre ellas las pertenecientes al nivel estadal, como la de los estados Nueva Esparta en el 2005 (CGNE, 2006) y Portuguesa en el 2006 (CGEP, 2006).

A través de éste modelo la socialización y participación ciudadana en el control de la gestión pública de los gobiernos, se manifiesta como un elemento central para la consolidación de la democracia participativa. Ello, en virtud de que permiten la creación de una cultura de control ciudadano en la relación Estado-Sociedad, una ciudadanía con valores y principios más claro entorno al manejo de los recursos públicos y su corresponsabilidad en el mismo, y el fortalecimiento del pluralismo requerido por la democracia. Pero para que la ciudanización de lo público sea efectiva se requiere, entre otros asuntos, una nueva forma de pensar, obrar y actuar de los ciudadanos en el diseño, formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, además de los marcos institucionales necesarios para su desarrollo y aplicación.

 

Conclusiones

            El proceso de cambio y transformación de la relación Sociedad-Estado experimenta en diferentes espacios territoriales innovaciones en las prácticas participativas, que pretenden generar una intervención directa de la ciudadanía en la gestión pública de los gobiernos regionales y locales, pero sobre la base de los valores y principios del control fiscal. Por ello, los Órganos de Control Externo de los estados han puesto en marcha un conjunto de estrategias y acciones, mediante las cuales se fueron creando condiciones para el desarrollo de tres tipos de experiencias de control ciudadano: normativa-institucional, comunitaria y socialización del control ciudadano.

            De las realidades participativas han surgido un conjunto de datos, en los cuales se sustenta la premisa de que el control ciudadano en el espacio de lo público representa una estrategia de redimensionamiento y revalorización de la democracia representativa hacia la construcción de la nueva relación Estado-Sociedad, dando uno de los aportes más significativos al proceso de consolidación de la democracia participativa. Esto significa que las experiencias de control ciudadano desarrolladas por las organizaciones públicas y comunitarias han definido un conjunto de variables normativas, institucionales, sociológicas y psicológicas, a través de las cuales se puede formular o reformular la estructura lógica y formal de las teorías sobre la participación ciudadana existente en la actualidad.

 

 

 

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RESUMEN CURRICULAR

 

datos personales

apellidos

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

lugar de nacimiento

profesion

DIRECCION HABITACION

direccion oficina

TELEFONOS

e-mail

 

De León Osorio

Omaira Elena

15 de Noviembre de 1.947

Barquisimeto Edo. Lara

Abogado

Calle Principal Los Kioscos, Urb. La Rosareña Nº 49, San Cristóbal

7ma Avenida, Edificio Centro Cívico, Torre “B”, Piso 2

(0276)3416898 – (0276)3415236

[email protected]

formacion profesional

UNIVERSITARIA

 

Universidad Católica Andrés Bello. Ext. Táchira

Título Obtenido ABOGADO

POSTGRADO

Diplomado en Control de la Administración Pública

Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)

Experto en Dirección y Gestión Pública Local

Universidad Carlos III, Madrid, España

Especialista en Gerencia Pública

Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)

Magíster en Dirección y Gestión Pública Local

Universidad Carlos III, Madrid,  España

Especialista en Derecho Administrativo

Universidad Católica del Táchira (UCAT)

 

 



[1] El presente artículo se suscribe a la sección de perspectiva de la Revista de Investigación “Hallazgo”, referida a una idea o hipótesis.

[2] En la Asamblea Nacional se discute la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, véase www.asambleanacional.gov.ve.

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